DEBATE SOBRE URDANGARÍN EN COPE MALLORCA

Hoy he participado en el programa "Así son las mañanas en Baleares" que presenta y dirige Gabriel Torrens en COPE Mallorca. He tenido la oportunidad de debatir intensamente con José Francisco Alomar sobre la inminente declaración judicial del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, mañana por la mañana en los juzgados de Palma. Aquí os dejo el corte de voz del programa, a partir del minuto 18'08".
http://mallorca.cope.es/audios/audiolocal-asi-son-las-mananas-en-baleares-con-gabriel-torrens-188064

ÉS IGUAL PER A TOTS LA JUSTÍCIA?

El dimecres de la setmana passada vaig ser convidat al debat del programa de Canal 4 TV 'Tot 4', que presenta Beatriz Díez Mayans, per parlar de l'actualitat judicial que passa, inevitablement, per la declaració com a imputat el proper dissabte 25 de febrer als jutjats de Palma de Iñaki Urdangarín, marit de la infanta Cristina de Borbón i duc de Palma. Vaig compartir un agradable temps de debat i reflexió amb Jaume Sastre, Xavi Bonet i Marc González.

Com que pel que m'han dit, el programa va agradar bastant, aquí el teniu en 5 bocins:

NUESTROS POLÍTICOS NOS ROBAN

Ayer en el Congreso de los Diputados, PP, PSOE y CiU se concertaron una vez más para evitar que, como había propuesto UPyD con el apoyo del resto de grupos minoritarios de la cámara, los ex presidentes del Gobierno no puedan compatibilizar la pensión con un sueldo privado. Los tres grupos mayoritarios no están dispuestos a suprimir los privilegios de que vienen disfrutando los ex presidentes y equipararse con el resto de mortales, que no pueden percibir una pensión pública y una retribución privada. Recordemos que tanto José María Aznar como Felipe González cobran una pensión vitalicia de 80.000 euros, al margen de los 200.000 euros anuales que percibe Aznar de Endesa y los 126.000 euros al año que recibe González de Gas Natural, al margen de otros ingresos varios por conferencias, actos públicos, derechos literarios, etc. Por descontado que a los interesados ex presidentes no se les ha pasado por la cabeza en estos momentos críticos para la economía del país, renunciar a sus respectivas pensiones. ¡Hasta ahí podíamos llegar!


Luego el Gobierno trata de lavarse la cara anunciando una homogeneización de los sueldos de los cargos electos municipales, pero no deja de ser propaganda barata recubierta de mucha hipocresía. Luego se preguntarán por qué el CIS tiene cuantificado que los españoles consideren un grave problema a la clase política en general.

Lo cierto es que todo suma. La prejubilación como profesor universitario del ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aprobada un mes antes de abandonar el poder, cuesta un pastón que no tenemos. El retiro dorado de ex presidentes autonómicos en el templo español de la inutilidad, el Senado (Francesc Antich, José Montilla, Juan José Lucas, Joan Lerma o el recientemente fallecido Manuel Fraga) ahonda en la percepción de que estamos pagando cantidades importantes de dinero que no tenemos para cosas que de nada nos sirven a los ciudadanos, aunque sí permiten vivir del cuento a los políticos. El tema de los sueldos indecentes de los directivos de las cajas de ahorros intervenidas es tema aparte, aunque igualmente enojoso. Y lo mismo cabría decir de la multimillonaria asignación presupuestaria a la Casa Real, a la que encima y como recochineo algunos aduladores y cortesanos califican de "de las más baratas de Europa", cuando es gente que vive a todo lujo y sin pegar un palo al agua.

Mientras esto sucede, los enfermos se amontonan en las urgencias de los hospitales, los estudiantes se manifiestan para pedir calefacción en los institutos en el peor invierno de las últimas décadas, o las organizaciones asistenciales de personas discapacitadas liquidan programas por falta de pago de la Administración. Y aún se atreven a decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades… y es verdad porque pagamos pensiones vitalicias a ex presidentes que no lo necesitan con dinero que, a tenor del déficit que arrastra el país, no tenemos.

¡CLARO QUE HAY TRATO DE FAVOR CON URDANGARÍN!

Cuando en su mensaje de Navidad el rey dijo aquella obviedad de “afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”, aunque días más tarde se apresuró a precisar ante los periodistas que no se refería a su yerno, Iñaki Urdangarín, mucha gente creyó que sus palabras eran sinceras. La decisión de apartar de los actos oficiales al duque de Palma reafirmaba esta teoría. Pero ahora sabemos que no era verdad.

Viendo con cierta perspectiva el estrambote protagonizado por la Casa Real para anunciar que Urdangarín quedaba apartado de los actos oficiales de la familia del rey, con el patético cruce de comunicados y desmentidos que hace unos días le ha costado el cargo al jefe de prensa Ramón Iribarren, nadie en su sano juicio puede creer que ante la catarata de informaciones aparecidas sobre la hija del rey, la infanta Cristina y su marido, en Zarzuela se estén quietecitos y sin hacer nada, confiando en la Justicia, en la profesionalidad del juez Castro y en que pronto todo se aclare convenientemente. No es sensato pensar eso. Y menos cuando el jueves día 2, en un acto de la Federación de Colegios de Abogados de Europa el rey dijo “Quiero subrayar la especial protección que merece el derecho de defensa, del que deben gozar todos los ciudadanos en cualquier Estado de Derecho”. ¡Qué casualidad!

Es natural que el rey mueva todos los resortes a su alcance (y nadie puede dudar que son muchos y muy poderosos) para defender a su familia. Se busca que en primer lugar, el estropicio no vaya a más. Y después que su yerno salga lo mejor parado posible. Es absolutamente comprensible. Pero no lo es tanto como para que al resto de simples mortales, que diría el juez Castro, nos creamos que no hay trato de favor con Urdangarín. El cortafuegos creado por Zarzuela y materializado por la fiscalía anticorrupción, se ha mostrado eficaz hasta ahora para evitar que la infanta Cristina sea siquiera llamada a declarar en calidad de testigo, cuando más de 110 empleados del Instituto Nóos han sido interrogados por el fiscal Pedro Horrach en Barcelona y seguro que tenían infinitamente menos implicación que la esposa de Urdangarín, quien por lo demás es propietaria al 50% y secretaria de Aizoon, una de las empresas que habrían servido para vaciar patrimonialmente el citado Instituto Nóos. El ministerio fiscal tampoco considera necesario interrogar al tesorero de Nóos, Carlos García Revenga, quien además es secretario personal de las infantas Elena y Cristina, y por tanto alto funcionario de la Casa Real. Lo dicho va totalmente en contra de toda lógica, como ya ha apuntado a título particular el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano. Además, el sindicato de funcionarios Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, ha manifestado su intención de pedir que la infanta Cristina sea citada como imputada al ser “beneficiaria de los supuestos ingresos fraudulentos”. Por tanto, la fiscalía está plenamente imbuida de la importancia de su misión y del mantenimiento del robusto cortafuego que impida a las llamas alcanzar a la hija del rey, a su secretario y alto funcionario Carlos García Revenga y/o al propio monarca.

Pero como sucede que el magistrado titular del juzgado de instrucción nº 3 de Palma, José Castro, parece ser alguien que se escapa de todo control por su conocida independencia y profesionalidad, en previsión de que se le pudiese ocurrir en el ejercicio de su labor instructora cruzar las líneas rojas antes citadas, en los últimos días se le envían mensajes atronadores que él no ha podido ignorar. Que la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, diga públicamente en TVE que “no todos los imputados son iguales”, que “no todos los asuntos judiciales tienen la misma relevancia y no en todas las ocasiones se puede estigmatizar tanto la imagen o el honor de una persona” y que “no se trata de adoptar estas medidas por ser quien es sino por las circunstancias que concurren en este caso, derivada por esas dimensiones mediáticas del asunto”, es un mensaje de una contundencia brutal. Reforzado, si cabe, por el anuncio de la apertura de una investigación por parte del propio CGPJ sobre las filtraciones habidas en este caso. Eso supone colocar convenientemente la espada de Damocles sobre el pescuezo del magistrado, quien parece haber captado el mensaje. Porque si ha caído un juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, ¡qué no podrán hacer con un humilde juez de pueblo de las islas adyacentes a poco que se lo propongan! Como se separe lo más mínimo del guión establecido, le cortan el cuello de forma inmisericorde. ¿Se atreverán los indómitos fiscales Horrach o Carrau a pedir una fianza millonaria y la retirada del pasaporte, como hicieron con tantos otros? ¿Se atreverá Castro a imponerla?

Las repetidas admoniciones sobre la ausencia de trato de favor al duque de Palma han sido rotundamente desmentidas por los hechos: se le cita a declarar un sábado para evitar que los medios de comunicación entren en los juzgados de Vía Alemania y capten imágenes del yerno del rey entrando a testificar. No se le grabará en vídeo para que no podamos ver sus respuestas, lo cual es una verdadera lástima porque nos divertimos mucho viendo el vídeo del propio juez Castro increpando a Jaume Matas y diciéndole aquello de que “ha venido a reírse de los simples mortales” o “si quiere que su mujer trabaje, la pone de cajera en el Mercadona”. Ahora estas escenas no estarán a nuestra disposición, aunque sospecho que además, José Castro se conducirá con más respeto y mesura. Otro trato de favor que no dispensa al resto. Y además, el coche del duque podrá entrar en el aparcamiento del juzgado, situado en su parte trasera, aduciendo motivos de seguridad (como si les hubiese importado alguna vez la seguridad, la integridad moral y el honor del resto de imputados que han desfilado por allí), aunque la verdadera razón es para evitar que la gente le increpe y las cámaras inmortalicen el momento. Pero que nadie se despiste, que este no es el tema. No se trata de si Urdangarín deberá bajar la rampa a pie o lo hará en coche. Se trata de que el juez Castro sepa desde el minuto uno que “no todos los imputados son iguales”. No todos los días hay una cumbre de policías y jueces con un comisario de la Casa Real.

¿Le ha preocupado en algún momento al juez Castro, al decano de los jueces de Palma, Francisco Martínez Espinosa o a la portavoz del CGPJ la seguridad, la integridad moral, la intimidad o la dignidad de alguno del centenar largo de imputados que han pasado por los juzgados de Palma y que fueron vejados con la ‘pena del telediario’? ¿Con alguno de ellos se han tomado las prevenciones que se están tomando con Urdangarín? ¿Trataron de evitar que los ciudadanos increparan a Jaume Matas a su llegada a los juzgados o recientemente en la Audiencia Provincial de Palma? Seguramente ya nadie recuerde cómo exhibieron a otros imputados encadenados como leones de feria en el patio del juzgado.

Claro que está habiendo trato de favor. Claro que no se está llevando este asunto como los demás. Claro que está habiendo presiones intolerables sobre el juez Castro. Y claro que con su comportamiento absolutamente impresentable se burlan de los ciudadanos y se está haciendo saltar por los aires su confianza en la Justicia, si es que en algún momento la tuviesen. Francamente, no es mi caso.

EL ABISMO SOCIALISTA

Terminado el 38º Congreso del PSOE celebrado en Sevilla el fin de semana pasado, cabe preguntarse ¿qué ha hecho el principal partido de la oposición que ahora lidera Pérez Rubalcaba para iniciar su recuperación, o lo que es más importante, su credibilidad? La respuesta es descorazonadora: absolutamente nada. En la sede del PP deben estar de fiesta porque si sus 168 escaños ya se lo ponían ciertamente fácil, el resultado del conclave socialista les libra de una oposición que merezca tal nombre.

Es imposible que quienes han llevado al partido a la mayor debacle electoral de su historia, sean capaces de darle la vuelta a la tortilla convenciendo a la ciudadanía de su aptitud para Gobernar en tiempos difíciles, ofrecer una alternativa a las políticas liberales impuestas desde la Unión Europea y recobrar la cantidad necesaria de credibilidad para que sus propuestas y sus críticas no suenen a cruel sarcasmo. La ciudadanía emitió un veredicto suficientemente contundente en las pasadas elecciones municipales y autonómicas (en mayo 2011) y en las generales (marzo pasado). No aprobaron ni los candidatos ni mucho menos el proyecto que defendían, pues no era creíble y además, había fracasado y muchos votantes se sintieron engañados.

El PSOE no ha hecho el menor atisbo de autocrítica. No ha planteado alternativas e incluso tenemos que ver cómo es el gobierno del PP quien limita el salario a los directivos de las cajas de ahorro intervenidas, mientras el PSOE y sobre todo su gobernador del Banco de España miraban hacia otro lado o ¡hacían llamadas a la moderación salarial! Los delegados del Congreso han votado pensando en ellos mismos, no en conquistar a sus futuros votantes. Han planteado el congreso, una vez más, como una guerra de familias y una pugna por el poder. En absoluto han pensado en los 4.300.000 electores que en 2007 votaron por Zapatero y en 2011 no quisieron a Rubalcaba. Y con esta arrogancia inexplicable, que demuestra su falta total de autocrítica y mucho menos de asunción de responsabilidades por parte de alguien, su alienación de la realidad y su alejamiento de la ciudadanía, el PSOE liderado por el viejo tiburón Rubalcaba se prepara para gestionar la nada, la irrelevancia más absoluta.

Igual sucede en Baleares. Cosechados 20.000 votos menos en las municipales y 95.000 votos menos en las generales, de los que sí les otorgaron su confianza en anteriores elecciones, su propuesta será calcada a la ofrecida en Sevilla. "Lo hemos hecho lo mejor posible. Nuestros candidatos son los mejores que podemos poner. No hemos hecho nada mal. Nadie tiene la culpa del desastre en el que está sumido el país y la comunidad autónoma". Nadie se da por aludido, nadie asume el fracaso y, por tanto, condenan a su partido al descrédito, a la falta de credibilidad y consiguientemente a la irrelevancia política, para gozo del PP.

Aina Calvo tira la toalla. Su apoyo visible a la perdedora del Congreso de Sevilla, Carme Chacón, le ha servido de sepultura política. La jefa de la oposición en Baleares, como hasta ahora. será Francina Armengol, quien controla el aparato del partido. Los afiliados al PSIB-PSOE escogerán entre ella y el miembro de la corriente Renovación Socialista, Carles Bona. Pero sus posibilidades son muy pocas, aunque su candidatura servirá para oír algo de crítica interna y no sólo críticas al PP.

Cabe imaginar que el objetivo prioritario de Armengol es devolver al PSIB al gobierno de las principales instituciones de las islas, pero ¿es ella la persona idónea? Claramente no. Si quienes han llevado al partido a la debacle total son los mismos que deben liderar la oposición con la mayoría más absoluta del PP, no cabe esperar tal milagro. La euforia en el PP debe ser incontenible. Por mal que lo hagan (y lo están haciendo pésimamente mal) la alternativa que los ciudadanos verán a sus errores les conducirá presas del pánico a no moverse de su lado. La desazón entre los votantes socialistas debe ser desoladora, pero sólo podemos culpar a los delegados que los militantes envían a los congresos, quienes inexplicablemente votan pensando en ellos y en nadie más. Como está de moda. Si la luctuosa foto que encabeza este artículo no les dice nada, pues con su pan se lo coman...

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA LEY DE MATRIMONIO HOMOSEXUAL

A cuenta de la polémica por las declaraciones en la Cadena Ser del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la constitucionalidad de la Ley 13/2005, de modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, viene al caso que recordemos que el año pasado por estas fechas, concretamente en una entrevista concedida a TVE el 14 de febrero, el presidente del Tribunal Constitucional manifestó al ser preguntado sobre si sería deseable que este recurso de inconstitucionalidad estuviera resuelto antes del final de la legislatura, respondió: “Naturalmente que sí, antes del final de la legislatura pienso que sí, no depende exclusivamente de mí, pero sí claro”. Comprobamos entristecidos que no ha sido así y que es cierto que hubo elecciones anticipadas, pero en cualquier caso el Tribunal Constitucional está absolutamente fuera de todo plazo razonable y lógico. Es inaudito que hayan transcurrido más de 6 años sin un pronunciamiento al respecto. No es propio de un país serio. No hablaré del PP porque me remito a lo que escribí en este blog el 17 de febrero del pasado año [http://www.jmperpinya.blogspot.com/2011/02/el-pp-y-el-matrimonio-homosexual.html].

La Ley entró en vigor a mediados de 2005. Desde entonces se han casado casi 20.000 parejas del mismo sexo hasta 2010, a falta de contabilizar los matrimonios constituidos en 2011. Se trata de un porcentaje muy pequeño del total de matrimonios, de media 1,77% y ningún año superior al 2,16%. Pero no es menos cierto que son numerosos los estudios que evidencian la amplia aceptación social de los matrimonios homosexuales, especialmente entre personas jóvenes. No ha habido ninguna respuesta social desfavorable a esta nueva realidad jurídica y familiar, a excepción de la Conferencia Episcolpal y los grupos ultracatólicos que pretenden imponer al Parlamento y al resto de la sociedad su minoritaria, antidemocrática y sectaria visión de las cosas.

El Tribunal Constitucional está para solucionar problemas, no para crearlos. Imaginemos por un momento las consecuencias de una eventual sentencia desfavorable al matrimonio de gays y lesbianas. Desde el punto de vista jurídico serían brutales. Y desde el punto de vista social serían devastadoras, pues tras más de seis años de vigencia de la Ley y de aplicación con absoluta normalidad, con una amplia aceptación social, se estaría colocando a los homosexuales al margen de la Constitución de 1978 de cara a formar su propia familia de acuerdo a su orientación sexual. Y no les quedaría más remedio que trabajar para la modificación de la Constitución, con el daño que eso produciría a nuestra Carta Magna, ya suficientemente debilitada por mor de la última reforma constitucional impulsada por los dos partidos mayoritarios antes de concluir la pasada legislatura. Y por mor, también hay que reconocerlo, de un Tribunal Constitucional absolutamente politizado e incapaz de hacer su trabajo con un mínimo de dignidad y solvencia, lo cual incluye demorar deliberadamente una sentencia en más de 6 años. ¡Intolerable! Sólo espero que los magistrados tengan en cuenta esta mayoritaria realidad social favorable al matrimonio homosexual y no contribuyan a la liquidación de la Constitución que tienen el deber de proteger. Es lo último que les quedaría por hacer antes de lanzarnos a todos por el precipicio.

PRÁCTICAS MAFIOSAS DE LA FISCALÍA

El jueves pasado el periódico El Mundo/El Día de Baleares publicó la siguiente noticia: “Anticorrupción y Vicens retoman la negociación para ‘tirar de la manta’. Ya sabíamos por anteriores informaciones periodísticas que a finales de 2010 Bartomeu Vicens recibió la visita en la cárcel de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, quienes le ofrecieron materializar un pacto si implicaba a otros imputados en el caso Can Domenge, Son Oms y Maquillaje. Desde que Vicens ingresó en el centro penitenciario de Palma el 6 de julio de 2010 para cumplir una condena de 3 años por malversación de 12.000 euros, no le ha sido concedido ningún permiso penitenciario de salida y ya son dos las navidades que ha pasado interno.

El Diario de Mallorca publicó el 16 de junio de 2010 una información que titulaba así: “Nadal rechazó una oferta del fiscal para rebajarle la pena si implicaba más a Munar. Anticorrupción le propuso en marzo que confesara y que involucrara a la ex presidenta de UM y del Parlament en una trama urdida para vender a bajo precio los terrenos de Can Domenge”. Este titular explicaría la noticia que publicó el mismo rotativo pocos meses después, concretamente el día 15 de octubre de 2010: “El fiscal rechaza reducir la pena a Nadal pese a que confesó junto a otros acusados. Los tres gestores de la productora Vídeo U evitaran la cárcel gracias a su colaboración”.

He aquí la prueba palpable de que la fiscalía no se ajusta al espíritu de la Ley y asume conductas típicamente mafiosas, posiblemente más ilícitas que las que dice perseguir. La diferencia entre ir a la cárcel o no ir estriba para muchos imputados, como hemos visto en el juicio de la primera pieza separada del caso Palma Arena, en que algunos de los implicados señalen directamente a quienes los fiscales quieren abatir, a las piezas más grandes, las más codiciadas: sus superiores jerárquicos. En este caso, el ex presidente Jaume Matas. En los anteriores ejemplos, la señora Munar.

Sostengo que este modo de conducirse en contrario a la Ley porque una cosa es lo que esta prevé en el caso de que alguien quiera colaborar con la Justicia por su propia iniciativa y voluntad y repare el daño causado, para lo que existe la atenuante correspondiente de colaboración con la Justicia. Sin embargo, otra cosa muy distinta es que sean los propios representantes del ministerio público quienes mediante coacción directa o indirectamente logren la colaboración, siempre que digan lo que ellos quieren oír y que implique a quienes ellos consideran responsables. Sin más pruebas que el testimonio de un co-imputado que además, logra eludir la cárcel gracias a su colaboración. Y en caso contrario, ni moderación en las peticiones de pena, ni siquiera permisos penitenciarios de navidad.

Sostengo que los pactos con la fiscalía son la antesala de la fabricación de pruebas falsas. Y los ofrecimientos de los fiscales a Bartomeu Vicens son una prueba contundente. “Colaborando con la Justicia y confesando las claves que subyacen en el amaño de Can Domenge (…) Vicens podría ver mejorada ostensiblemente su situación. Especialmente en lo que respecta a un calendario para conocer cuando podría salir de prisión. No es un movimiento casual. El ex dirigente político debe sentarse la semana que viene en el banquillo de los acusados de la Audiencia por segunda vez. Y por segunda vez tiene un oscuro panorama judicial por delante.” No lo digo yo. Lo dice el periódico El Mundo. Hoy empieza el juicio al que se refería la información sin que, al parecer, Bartomeu Vicens haya sucumbido a la seducción tramposa de los fiscales. Veremos qué tal le tratan los fiscales por no obedecerles y decir lo que ellos quieren oír, al margen de su veracidad, que eso parece no importarles en absoluto.

CREUADA CONTRA LA NOSTRA LLENGUA

La dura polèmica que hi ha ara mateix a les Illes Balears per les iniciatives del Govern del Partit Popular que presideix José Ramón Bauzá, està envoltada d’una gran dosi de confusió ja que es barregen molts d’arguments amb prou desconeixement. El Govern vol que els pares puguin triar la llengua en que els seus fills seran escolaritzats, al manco en educació infantil i primària. No així en secundaria i batxillerat, ja que al·lega dificultats pressupostàries per fer-ho. Es parla de que el Govern ho vol fer per donar compliment a una sentència del Tribunal Constitucional. Però aquesta sentència només faria referència justament a això. No te res a veure malgrat es barregin els arguments, amb la modificació de la Llei de la funció pública per eliminar el deure de conèixer el català per part del treballador públics, la qual du implícita la modificació de la Llei de normalització lingüística, trencant el consens que hi havia en la matèria des de l’any 1986. Es molt obvi que quan el PP parla de que vol que les dues llengües, català i castellà, es pugin utilitzar indistintament a l’Administració, el que fa és justament el contrari quan els opositors només hauran d’acreditar el coneixement del castellà i no del català, el que introdueix un element de discriminació molt clar. Això és el que vaig provar d’explicar el dimecres passat al programa ‘Tot 4’ a Canal 4 Business quan es varen barrejar els arguments perversament...

EQUIPARACIÓN POR ABAJO

Durante mis años de dirigente sindicalista en la Guardia Civil, recuerdo que pedíamos la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra, quienes como trabajadores de la administración autonómica ganaban bastante más que los funcionarios del Estado, policías nacionales y guardias civiles, con mucha menor movilidad geográfica y menores competencias. Han transcurrido los años y prácticamente ya no hay equiparación salarial que reivindicar porque la brecha se ha reducido considerablemente. Pero no porque los guardias hayan visto incrementadas sus retribuciones, sino porque los policías autonómicos catalanes las han visto sensiblemente reducidas. Y parece que a todo el mundo le parece bien, excepto a los afectados, claro está, quienes protagonizan sonoras protestas junto a otros trabajadores públicos como bomberos, personal sanitario y maestros. Quienes aplauden los recortes a estos trabajadores públicos les tildan de privilegiados ¡por ser funcionarios y tener un trabajo fijo! Se dice: “Y los demás ¿qué? ¿Y los autónomos? ¿Y los trabajadores de la empresa privada?” De los parados ya ni hablemos… Siendo así las cosas, la mayoría de la ciudadanía ha visto bien la equiparación por abajo e incluso algunos la han aplaudido, sin darse cuenta de que los siguientes serán ellos...

Esto no dejaría de ser una anécdota si no fuera porque revela la realidad de la situación general de los trabajadores en España. En los últimos años se han perdido derechos laborales y sociales a velocidad de vértigo. Y el conjunto de la masa trabajadora lo ha asumido callada y resignadamente, cuando no aplaudiendo convencidos por la riada de mensajes catastrofistas. Ha calado el mensaje tan repetido últimamente de “¡Es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades!”. Aceptemos la premisa siempre que consideremos un lujo que nuestros hijos tengan calefacción en los institutos o que nuestros padres y abuelos “solamente” tengan que esperar una media de 180 días para operarse de cataratas o de piedras en el riñón. Pero convengamos en que no es el conjunto de la ciudadanía quien gestionaba el dinero de los impuestos, sino los políticos que con cara de circunstancias ahora nos endosan la responsabilidad del desastre. Somos a la vez sujetos activos y sujetos pacientes. Parece que nadie más tiene responsabilidad alguna: ni el FMI, ni el BCE, ni nuestros gobernantes, ni el Banco de España, etc. Sólo los ciudadanos son los culpables. Y algunos se lo han creído.

En junio de 2004, el consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, abogaba por “desmontar el Estado del bienestar”. http://www.elpais.com/articulo/economia/Alfredo/Saenz/insta/desmontar/urgencia/estado/bienestar/europeo/elpporeco/20040602elpepueco_16/Tes.
Afirmaba que el crecimiento económico estaba unido a “las reformas laborales y eso significa seguridad social, subsidios, horas trabajadas, subsidio de desempleo, movilidad... No es posible pensar que el Estado del bienestar europeo pueda continuar, mucho menos después de la entrada de los 10 nuevos miembros en la UE”. Este señor, el ejecutivo mejor pagado de la banca española, cobraba más de 7 millones de euros al año cuando lo dijo (en 2010 se embolsó 9,17 millones) y cuando se jubile cobrará 26,4 millones de euros o 3,42 millones anuales, lo que él prefiera, todo junto o separado. Recordemos que fue indultado por el Gobierno de ZP en su último Consejo de Ministros, lo que le evitó la pena de inhabilitación y la pena de 3 meses de arresto impuesta por el Tribunal Supremo.



El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (nombrado por el PSOE cuando era Secretario de Estado de Hacienda con Pedro Solbes), lleva años predicando la moderación salarial. Parece haberse salido con la suya a tenor del acuerdo suscrito hace unos días entre patronal y sindicatos, que limita el aumento de los salarios al 0,5% para este año 2012. Aplauso general. No queda más remedio, dice todo el mundo.



A la par que moderación salarial, MAFO ha procurado en lo posible ocultar sus retribuciones. Casi 190.000 euros al año hasta que en 2010 se acordó reducir los salarios en las Administraciones Públicas y tras un recorte del 15% quedó fijado en “solamente” 165.000 euros anuales (algo más de 27 millones de pesetas), más 50.000 euros de gastos de representación, claro. Un generoso sueldo mientras consentía desde el organismo regulador que los directivos de las cajas de ahorro hayan estado saqueando las entidades que dirigían y llevándose sueldos insultantes e indemnizaciones millonarias cuando dejaban sus cargos, sin importar la situación financiera en que quedasen sus entidades, muchas de ellas en quiebra técnica e intervenidas. La moderación salarial no era para todos, por lo visto. Actualmente medio centenar de directivos y consejeros de las cajas de ahorro se niegan a decir lo que cobran y a detallar sus blindajes y planes de pensiones que ellos mismos se han adjudicado, mientras MAFO miraba hacia otro lado. http://www.eleconomista.es/publicidad/superdirect/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html

No menos famosa fue la receta que nos extendió el ínclito y celebérrimo Gerardo Díaz Ferrán, entre 2007 y 2010 presidente de la gran patronal CEOE: “Sólo se puede salir de la crisis trabajando más y cobrando menos”.



Esta fue su recomendación en octubre de 2010. Y aunque fue sonoramente criticado por los sindicatos, ha acabado cumpliéndose su encargo. No se tuvo muy en cuenta su fracaso empresarial en Viajes Marsans, entonces en concurso de acreedores. A sus colegas de la CEOE les pareció que era un ejemplo para todos los empresarios y un modelo a seguir. Años más tarde se encuentra procesado por delito fiscal en el caso Aerolíneas, por un supuesto fraude en el impuesto de sociedades de 99 millones de euros.

En los últimos años, a fuerza de multiplicar la duración de la sección de economía de los telediarios, de enviar continuos y reiterados mensajes catastrofistas y de traspasar la responsabilidad de lo que está sucediendo a los ciudadanos “que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” o que “cobran excesivas indemnizaciones por despido” o que "cobran del paro mientras podrían estar haciendo servicios a la Comunidad", se ha logrado poner en práctica los dictados de los tres gurús que he citado anteriormente: contención salarial en el ámbito privado, reducción salarial a los funcionarios, reducción del número de trabajadores públicos, aumento de la jornada laboral, reforma laboral, incremento de la edad de jubilación, congelación de las pensiones, reducción de las inversiones públicas y reestructuración del mercado financiero (desaparición de las cajas de ahorro, convertidas en bancos) e incremento de impuestos (IVA y más recientemente IRPF).

Ahora se anuncia una nueva reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo, reducir los costes del despido y simplificar la negociación colectiva. Y también una nueva reestructuración financiera. Quizá se revisará la protección social por desempleo. Algunos plantean estudiar el copago sanitario. La alcaldesa de Madrid propone que algunos servicios públicos los presten voluntarios, como las bibliotecas municipales. El ministro de Justicia ya ha anunciado la introducción del copago en su área, ya veremos cómo y de qué manera, aunque ya hemos sabido siempre que sólo pueden pleitear quienes tienen mucho dinero. A partir de ahora pues aún más.

Como se puede ver, siempre los recortes son a la baja. Todos un poco más pobres. Los de arriba no se muestran muy preocupados, porque a ellos nada de todo esto les afecta en absoluto. Y encima, todos los ciudadanos convencidos de que “no hay más remedio”, que "el sistema no es sostenible". Resignadamente todos de cabeza al matadero, a liquidar el Estado de bienestar. El liberalismo económico se impone: que cada cual se las apañe como pueda. Y encima aplaudimos.

Nos dijeron que sin reformas no habría recuperación. Hemos asumido resignadamente todas las imposiciones de los mercados y los organismos internacionales, y sigue sin haber recuperación. Ya nos vaticinan que no será hasta 2013 o 2014 cuando habrá un cierto crecimiento económico. Pero lo cierto es que cada día estamos peor y parezca que se ha retrasado el reloj ya que según nos dicen, que para volver a los niveles de prosperidad de 2008 tendremos que esperar al menos a 2016 o 2017 y asumir aún más sacrificios y más duros.

Con un paro desbocado (5.200.000 españoles sin trabajo y aumentando) y un paro juvenil que roza el 50%, pretenden que esto sirva de justificación para que sigamos renunciando a todo, admitiendo la destrucción del Estado del bienestar, porque “no queda más remedio”. Y yo me pregunto ¿hasta cuando? Las noticias de protestas y manifestaciones son convenientemente silenciadas en los telediarios, incluso las internacionales, no vaya a cundir el ejemplo en España. Pero estoy convencido de que tarde o temprano, la paciencia acabará por agotarse ante tanto engaño y tanta mentira para destruir nuestro modelo de sociedad y convertirla al cruel sistema anglosajón, donde cada cual haga lo que pueda por sí mismo y los más ricos sean cada vez más ricos y los más pobres pues que se aguanten en su miseria. Equiparando por abajo y todos conformes y aún dando gracias.

AUDIENCIA NACIONAL: ¡DADLES DE DURO!

Cuando nueve días después de la liberación del funcionario de prisiones Juan Antonio Ortega Lara, los terroristas de ETA secuestraron el día 10 de junio de 2005 al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, la banda exigió para respetar su vida “el fin de la dispersión de los presos políticos vascos”. Entonces el Gobierno no cedió al chantaje y los etarras le asesinaron vilmente de un tiro en la cabeza, a pesar de las peticiones masivas de clemencia. Con una crueldad extrema.

No hace ni tres semanas decenas de miles de personas se manifestaron en Bilbao pidiendo el acercamiento de los presos vascos a las cárceles de Euskadi y la derogación de la doctrina Parot. ¿Qué ha ocurrido para que ahora haya que acercarlos, cuando no se hizo antes? Que ETA anunció que dejaba su actividad criminal. Sin embargo sigue existiendo como organización criminal y no da muestras de pretender su auto-disolución. Muy al contrario. Trata de recaudar dinero en comercios del País Vasco “de forma voluntaria”, aunque anotando aquellos que no “colaboran”. Sigue dando instrucciones a sus integrantes que están cumpliendo condenas y les ha ordenado que bajo ningún concepto pidan perdón por sus crímenes ni busquen individualmente acogerse a los beneficios penitenciarios a los que todo delincuente penado tiene derecho por Ley. Por supuesto, expulsan a aquellos que se apartan de estas instrucciones. Continúan estando en posesión de armas y explosivos. Algunos de ellos las llevan encima, como se ha comprobado con las últimas detenciones en Francia. Y continúan teniendo unos objetivos políticos muy precisos y conocidos por todos, a los cuales no han renunciado ni consta que hayan modificado un ápice los medios para conseguirlos.

En estas condiciones y a la vista de lo acontecido ayer en la Audiencia Nacional, donde los terroristas del comando Otazua que iban a ser juzgados por colocar una bomba lapa e intentar asesinar en octubre de 2007 en Bilbao al concejal del PSE de Galdakao Juan Carlos Domingo y a su escolta, Gabriel Ginés, insultaron al tribunal y a un testigo, mientras el público asistente (una decena de familiares y amigos de los acusados que muy posiblemente estuvieran en la manifestación del día 7 en Bilbao) me parece que es absolutamente acertada la decisión del Gobierno de España de no moverse ni un ápice de su posición. Cualquier cambio en la política penitenciaria en las actuales circunstancias es absolutamente improcedente.

ETA no ha desaparecido de Euskadi. No ha hecho nada más que afirmar que no atentará más y pretende que eso tenga contrapartidas. ¿Hay que premiar a ETA por no asesinar a más gente? De ningún modo. Y mientras en el entorno de la izquierda abertzale haya gente manifestándose a favor de los presos, a quienes continúan denominando “presos políticos” (y a los huidos de la Justicia “refugiados políticos”), a la par que dan gritos de “¡gora ETA!” y “¡jo ta ke!”, que no es otra cosa que una exhortación a atentar (dale duro), solo cabe plantearse la derrota total de ETA con la Ley y el Estado de Derecho. No hay proceso que valga porque ellos no quieren. Y en esta coyuntura no puede haberlo. Continúan yendo de víctimas, cuando los tres que eran juzgados ayer presuntamente intentaron asesinar a un responsable político municipal solo por no pensar como ellos.
Solo espero que la Audiencia Nacional les de duro a los que está juzgando y les condene a pudrirse en la cárcel muchos años. Y a los que daban vivas a ETA, confío en que sean juzgados y condenados por enaltecimiento del terrorismo. Y luego, que sigan en su papel de víctimas.