EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA LEY DE MATRIMONIO HOMOSEXUAL

A cuenta de la polémica por las declaraciones en la Cadena Ser del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la constitucionalidad de la Ley 13/2005, de modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, viene al caso que recordemos que el año pasado por estas fechas, concretamente en una entrevista concedida a TVE el 14 de febrero, el presidente del Tribunal Constitucional manifestó al ser preguntado sobre si sería deseable que este recurso de inconstitucionalidad estuviera resuelto antes del final de la legislatura, respondió: “Naturalmente que sí, antes del final de la legislatura pienso que sí, no depende exclusivamente de mí, pero sí claro”. Comprobamos entristecidos que no ha sido así y que es cierto que hubo elecciones anticipadas, pero en cualquier caso el Tribunal Constitucional está absolutamente fuera de todo plazo razonable y lógico. Es inaudito que hayan transcurrido más de 6 años sin un pronunciamiento al respecto. No es propio de un país serio. No hablaré del PP porque me remito a lo que escribí en este blog el 17 de febrero del pasado año [http://www.jmperpinya.blogspot.com/2011/02/el-pp-y-el-matrimonio-homosexual.html].

La Ley entró en vigor a mediados de 2005. Desde entonces se han casado casi 20.000 parejas del mismo sexo hasta 2010, a falta de contabilizar los matrimonios constituidos en 2011. Se trata de un porcentaje muy pequeño del total de matrimonios, de media 1,77% y ningún año superior al 2,16%. Pero no es menos cierto que son numerosos los estudios que evidencian la amplia aceptación social de los matrimonios homosexuales, especialmente entre personas jóvenes. No ha habido ninguna respuesta social desfavorable a esta nueva realidad jurídica y familiar, a excepción de la Conferencia Episcolpal y los grupos ultracatólicos que pretenden imponer al Parlamento y al resto de la sociedad su minoritaria, antidemocrática y sectaria visión de las cosas.

El Tribunal Constitucional está para solucionar problemas, no para crearlos. Imaginemos por un momento las consecuencias de una eventual sentencia desfavorable al matrimonio de gays y lesbianas. Desde el punto de vista jurídico serían brutales. Y desde el punto de vista social serían devastadoras, pues tras más de seis años de vigencia de la Ley y de aplicación con absoluta normalidad, con una amplia aceptación social, se estaría colocando a los homosexuales al margen de la Constitución de 1978 de cara a formar su propia familia de acuerdo a su orientación sexual. Y no les quedaría más remedio que trabajar para la modificación de la Constitución, con el daño que eso produciría a nuestra Carta Magna, ya suficientemente debilitada por mor de la última reforma constitucional impulsada por los dos partidos mayoritarios antes de concluir la pasada legislatura. Y por mor, también hay que reconocerlo, de un Tribunal Constitucional absolutamente politizado e incapaz de hacer su trabajo con un mínimo de dignidad y solvencia, lo cual incluye demorar deliberadamente una sentencia en más de 6 años. ¡Intolerable! Sólo espero que los magistrados tengan en cuenta esta mayoritaria realidad social favorable al matrimonio homosexual y no contribuyan a la liquidación de la Constitución que tienen el deber de proteger. Es lo último que les quedaría por hacer antes de lanzarnos a todos por el precipicio.