La gente detesta a los partidos políticos a los cuales no vota. Si aquellos partidos, además, son minoritarios y desde el centro político han podido pactar con la derecha o con la izquierda, según conviniera, (como también lo ha hecho Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria), eso genera odios imperdonables. Justamente esto es lo que ha sucedido con Unió Mallorquina.
Por lo que podemos leer en la prensa, en los blogs, en diversas páginas webs y en redes sociales de internet, Unió Mallorquina (UM) personifica todos los males de la política balear. “Ya era hora de que los echasen del Govern”, dicen unos. “Son todos unos corruptos”, dicen otros, en una generalización que humilla no a los militantes de UM, sino a toda la clase política. Pero ya está. PSOE y Bloc han echado a los miembros de UM de todas las instituciones: Govern, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma. Pero ¿gracias a los votos de quién ellos ocupan la presidencia de esas instituciones? ¿Tienen legitimidad para seguir al frente de ellas? En todo caso, el gobierno en minoría deviene, con el transcurso del tiempo, primeramente en ineficaz y más tarde, en inviable. Un hundimiento a cámara lenta.
En abril del año próximo, como tarde, habrá elecciones autonómicas. Y con toda certeza el PSOE no las ganará con mayoría absoluta, por lo que volverá a necesitar de todos los demás partidos –y desconocemos en qué situación estarán el Bloc y sus integrantes, o si concurrirán juntos o separados, porque ningún partido está muy pletórico últimamente–. Más allá de las fobias de cada cual, el panorama político balear volverá a ser el de siempre: si el PP no gana por mayoría absoluta, sólo la unión de todos los demás impedirá que formen gobierno. Y tengo para mí que en esa coyuntura, el president Antich y los socios del Bloc volverán a cortejar al partido al que ahora desprecian y humillan, tachando de corruptos a todos sus integrantes y expulsándoles del gobierno en todas las instituciones.
Durante muchos años hemos visto en UM a un partido denostado por muchos, pero a cuyas faldas se acudía para lograr el poder. El PP de Matas y Estarás conocieron el coste de sus campañas de desprestigio a sus socios de gobierno, especialmente durante 2006-2007. Es posible que UM haga saber al PSOE y en menor medida al Bloc, el coste de su prepotencia. Porque ¿no quedamos en que no había partidos corruptos, sino personas corruptas? Entonces, ¿a qué este castigo colectivo contra todos los integrantes de UM? ¿De verdad alguien piensa que tan drástica medida no va a traer consecuencias en el futuro? Seguro que Antich lo sabe, y quizá por eso quiere agotar su mandato. Es posible que no vuelva a entrar en el Consolat de Mar cuando esto termine.
11 febrero 2010
19 diciembre 2009
ACTOR AMATEUR
Fa quatre anys els amics de Taula Rodona Teatre em varen demanar que interpretés un paper a la tradicional representació de l'obra “L'Adoració dels Tres Reis d'Orient”, de Llorenç Moyà. Aquesta és una obra teatral que es representa cada any el dia 6 de gener a Ses Voltes, a Ciutat. Té la particularitat de que el repartiment està format per personatges de la vida pública de Mallorca: artistes, polítics, escriptors, empresaris, periodistes i gent del carrer. Aquell any varen participar a l'elenc persones tan conegudes com Josep Benedicto, Josep Lliteres, Jordi Bayona, Gabriel Janer Manila, Joan Carles Palos, Sebastià Serra, Josep Oliver, etc.
Enguany es compleixen 25 anys d'ençà que el grup Taula Rodona Teatre, amb el suport de l'Ajuntament de Palma, du a terme aquest espectacle. I un altre cop em varen demanar la meva col•laboració. Si l'any 2005 vaig fer el paper de Criat del Rei Melcior, en aquesta ocasió interpret al majordom del Rei Herodes. Els companys de repartiment son, entre d'altes, Antoni Alorda, Joan Lladó, Bàrbara Mesquida, Antoni serra, Bernat Vicens, Miquel Àngel Vidal, Vivian Caoba, Àngela Alfaro, Josep Lliteres, etc. Tots ells, noms ben coneguts a l'escena pública mallorquina i excepcionalment, actrius i actors amateurs.
La representació serà el dia del reis, 6 de gener, a les 12:30 hores a Ses Voltes i durarà aproximadament un poc més d'una hora. En cas de pluja, l'obra es representarà a les 13 hores a l'església dels Sagrats Cors (carrer de Sant Gaietà, 7).
Vos convit que vingueu a veure, si no la heu vist mai, aquesta divertida i tendre obra teatral. Estic ben segur que vos agradarà, malgrat les previsibles errades dels artistes que actuarem, però que ho farem el millor possible perquè tothom gaudesqui d'aquesta representació tan tradicional a Ciutat pel dia dels reis.
20 noviembre 2009
LA GUARDIA CIVIL EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE GESA
Todo el mundo sabe lo mal que están las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Palma. Desde que finalizó su construcción en la calle Manuel Azaña, en el año 1983, la inmensa mayoría de unidades de atención al público y también la residencia de solteros ocupan dependencias que están en el sótano del cuartel, sin ventanas y por tanto sin ventilación adecuada y con una deficiente iluminación. Y además, por si lo dicho fuera poco, cuando llueve hay goteras. Cualquiera que haya entrado en la comandancia recordará que hay más cubos con papel de periódico esparcidos por el suelo, que plantas, que no hay ninguna porque su supervivencia sin luz natural es inviable.
Reconozcamos de entrada que el coronel Basilio Sánchez Rufo ha intentado solucionar algunos de estos problemas, aunque sólo sea porque estos han alcanzado una magnitud que impide mirar hacia otro lado, que siempre es lo más cómodo. Se ha mejorado la ventilación de algunas dependencias y se ha trasladado aquellas que ha sido posible a la planta superior, dado el hacinamiento que sufría el personal en el sótano, pero esto sólo ha servido para paliar la situación ligeramente. A la espera de que se acometan obras de reforma en el inmueble del número 10 de la calle Manuel Azaña, que en todo caso habrán de ser largas y costosas, leemos en la prensa que el coronel Sánchez Rufo solicitó a la alcaldesa Calvo que le ceda el antiguo edificio de Gesa de la calle Joan Maragall, catalogado como Bien de Interés. Y la alcaldesa ha dicho que no.
Sánchez Rufo se ha mostrado como un hábil solicitador a los ayuntamientos, de inmuebles ajenos donde ubicar unidades de la Guardia Civil. Ya lo demostró al conseguir sacarle gratis total al alcalde de Calvià el recinto de la nueva estación de autobuses de Magaluf. Entonces, el alcalde popular Carlos Delgado se quejó públicamente de que esa gestión no la hubiese hecho el delegado del Gobierno, Ramón Socías, o incluso el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien les compete hacer estas diligencias mucho más que al coronel de la Guardia Civil. A la vista de su destreza a la hora de conseguir de otras Administraciones lo que no obtiene de la suya propia, viendo la proximidad del edificio de Gesa a su actual sede y el abandono en el que parece hallarse, le ha pedido a la alcaldesa Aina Calvo que se lo preste, es de suponer que en iguales condiciones que el de Calvià, o sea gratis. Y Calvo pone excusas de mal pagador, como que el edificio no es suyo. ¿Puede alguien creerse tal cosa? Si no fuese suyo, ¿por qué iba a ir a pedirle el coronel Sánchez Rufo que se lo ceda? Que argumento más ridículo ¿No pretenderá la alcaldesa Calvo que la creamos a ella antes que al coronel de la Guardia Civil?
Pero miren por donde que la Guardia Civil en esta ocasión ha puesto de manifiesto una vez más su infinita austeridad y su gran vocación de servicio, dado que pudiendo pedir el edificio histórico de Cort, o el moderno complejo de piscinas de Son Hugo, o el suntuoso Palau Solleric, sólo se demandaba el edificio abandonado de Gesa. Y ni siquiera entero y para siempre, sino que se conformaba con dos plantas y de forma temporal. Y la alcaldesa se excusa diciendo que no va a tomar en cuenta la petición porque el edificio no es de titularidad municipal.
Mientras el problema se soluciona, no creo que sea mala idea que el coronel Sánchez Rufo solicite al Ayuntamiento de Palma la cesión temporal y gratuita del Castillo de Bellver. Aquí no hay dudas sobre su titularidad, y además ¿qué mejor emplazamiento para que la Guardia Civil vigile toda la ciudad de Palma? La otra solución es que el Gobierno provea a la Guardia Civil de lo que esta necesita para desarrollar eficaz y dignamente su trabajo, como es su obligación y a quien le compete hacerlo. Los ayuntamientos ya tienen suficiente con lo suyo.
14 noviembre 2009
UNA PICA EN CAN DOMENGE
Lograr que la presidenta del Parlament y presidenta del Consell de Mallorca en la anterior legislatura, Maria Antònia Munar, deba acudir el lunes próximo al TSJB para declarar en calidad de imputada, no es poca cosa y desde este punto de vista, los autores de la demanda están de enhorabuena. Pero al margen de esto, creo que es conveniente huir de planteamientos habituales en ciertos medios de comunicación, donde unos son muy buenos y otros muy malos. Y opino que hay ciertos aspectos relativos a Can Domenge que sería bueno analizar, dejando de lado nuestras simpatías políticas, si es que tal cosa es posible hoy en día, de lo cual tengo mis dudas.
¿Alguna otra empresa de las que se presentaron al concurso de Can Domenge, ha presentado querellas criminales por la adjudicación a Sacresa? De los 13 proyectos presentados, ninguno de los concursantes lo hizo, a excepción de la constructora barcelonesa Núñez y Navarro, aunque únicamente tras saberse perdedora. ¿No es extraño que aprecie indicios de responsabilidad penal y se considere gravemente perjudicada una única empresa de las concursantes, cuando supuestamente el proceso fue, según argumentan algunos, tan plagado de irregularidades?
Núñez y Navarro es una potente empresa inmobiliaria, promotora y constructora. Tenía previsto ejecutar una fase de la fachada marítima, donde tras derribar el antiguo edificio de GESA, construiría una nueva muralla de Palma con cuatro bloques de viviendas de lujo en primera línea de mar. Tras la declaración del edificio como Bien Catalogado en mayo de 2007 por parte del Consell de Mallorca, presidido por Munar, a instancias, entre otros, del Colegio de Arquitectos, Núñez y Navarro debió sentirse gravemente perjudicada económicamente por tal decisión. Tanto o más que por no ganar el concurso de Can Domenge. Y ha podido utilizar Can Domenge como venganza contra los responsables de aquella decisión. Esto es sólo una teoría, claro está.
En el concurso por el solar de Can Domenge, se especificaba que la cuantía máxima a pagar al Consell de Mallorca por los terrenos era de 30 millones de euros. Las pujas superiores a dicha cuantía no puntuarían más. Todos los concursantes lo sabían y sin embargo, Núñez y Navarro extrañamente ofreció 57 millones de euros por el solar. ¿Es lógico que una empresa se comprometa a pagar casi el doble de la cantidad máxima exigida en el concurso, sabiendo que lo que sobrepasase los 30 millones no sería tomado en consideración ni puntuaría más para hacerse con el proyecto? Cuesta creerlo.
Finalmente, la ganadora del concurso fue la UTE Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur, que además de ofertar la cantidad económica máxima marcada por el Consell de Mallorca, aportó un proyecto arquitectónico solvente y emblemático para la ciudad, avalado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel. El pleno del Consell aprobó por amplia mayoría la concesión del proyecto a Sacresa, como acertadamente argumenta Fernando Rubio, quien entonces era portavoz del PP en la institución insular, con todos los informes jurídicos favorables. ¿Tenemos que pensar que los 19 consellers que votaron a favor de declarar vencedor del concurso a Sacresa son todos unos corruptos? Cuesta creer algo semejante.
Planteadas estas cuestiones, y al margen de lo que se esclarezca en la instrucción judicial, albergo más dudas sobre la bondad de las actuaciones de Núñez y Navarro, que sobre la legalidad de las decisiones del Consell de Mallorca. Porque no todos son tan buenos, ni otros son tan malos. Pero Núñez y Navarro ya ha conseguido lo que quería y ha colocado una pica en Flandes. O mejor sería decir en Can Domenge.
¿Alguna otra empresa de las que se presentaron al concurso de Can Domenge, ha presentado querellas criminales por la adjudicación a Sacresa? De los 13 proyectos presentados, ninguno de los concursantes lo hizo, a excepción de la constructora barcelonesa Núñez y Navarro, aunque únicamente tras saberse perdedora. ¿No es extraño que aprecie indicios de responsabilidad penal y se considere gravemente perjudicada una única empresa de las concursantes, cuando supuestamente el proceso fue, según argumentan algunos, tan plagado de irregularidades?
Núñez y Navarro es una potente empresa inmobiliaria, promotora y constructora. Tenía previsto ejecutar una fase de la fachada marítima, donde tras derribar el antiguo edificio de GESA, construiría una nueva muralla de Palma con cuatro bloques de viviendas de lujo en primera línea de mar. Tras la declaración del edificio como Bien Catalogado en mayo de 2007 por parte del Consell de Mallorca, presidido por Munar, a instancias, entre otros, del Colegio de Arquitectos, Núñez y Navarro debió sentirse gravemente perjudicada económicamente por tal decisión. Tanto o más que por no ganar el concurso de Can Domenge. Y ha podido utilizar Can Domenge como venganza contra los responsables de aquella decisión. Esto es sólo una teoría, claro está.
En el concurso por el solar de Can Domenge, se especificaba que la cuantía máxima a pagar al Consell de Mallorca por los terrenos era de 30 millones de euros. Las pujas superiores a dicha cuantía no puntuarían más. Todos los concursantes lo sabían y sin embargo, Núñez y Navarro extrañamente ofreció 57 millones de euros por el solar. ¿Es lógico que una empresa se comprometa a pagar casi el doble de la cantidad máxima exigida en el concurso, sabiendo que lo que sobrepasase los 30 millones no sería tomado en consideración ni puntuaría más para hacerse con el proyecto? Cuesta creerlo.
Finalmente, la ganadora del concurso fue la UTE Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur, que además de ofertar la cantidad económica máxima marcada por el Consell de Mallorca, aportó un proyecto arquitectónico solvente y emblemático para la ciudad, avalado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel. El pleno del Consell aprobó por amplia mayoría la concesión del proyecto a Sacresa, como acertadamente argumenta Fernando Rubio, quien entonces era portavoz del PP en la institución insular, con todos los informes jurídicos favorables. ¿Tenemos que pensar que los 19 consellers que votaron a favor de declarar vencedor del concurso a Sacresa son todos unos corruptos? Cuesta creer algo semejante.
Planteadas estas cuestiones, y al margen de lo que se esclarezca en la instrucción judicial, albergo más dudas sobre la bondad de las actuaciones de Núñez y Navarro, que sobre la legalidad de las decisiones del Consell de Mallorca. Porque no todos son tan buenos, ni otros son tan malos. Pero Núñez y Navarro ya ha conseguido lo que quería y ha colocado una pica en Flandes. O mejor sería decir en Can Domenge.
25 octubre 2009
ESPAÑOLES BUENOS Y ESPAÑOLES MALOS
Precisamente ayer hizo 17 años que juré bandera en un solemne acto militar en la Academia de guardias de la Guardia Civil de Baeza (Jaén). Reconozcamos que la efeméride no merece una celebración por todo lo alto, ni cumple soltar fuegos artificiales, pero sí invita a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar y para aquellos que no lo sepan, conviene explicar qué es jurar bandera. Las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra (al que paradójicamente la Guardia Civil no pertenece desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978) en su artículo 428 y el artículo 59 del Reglamento de Actos y Honores Militares (RD 834/1984) regulaba dicho acto castrense hasta la aprobación de la Ley de la Carrera Militar en 2008.
La fórmula que se usaba hasta ese año era esta: “¿Juráis por Dios y por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre?” Todos los presentes debían responder en voz alta: “¡Sí, lo juramos!”. Continuaba el oficial que tomaba juramento: “Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá y premiará y si no, mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella”. Añadía los correspondientes vivas de rigor (a España y al Rey), y a continuación el capellán castrense añadía la siguiente invocación: “ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido”. Este ceremonial se celebraba de forma muy habitual en muchos cuarteles de toda España y millones de españoles lo han llevado a cabo, unos de forma voluntaria y feliz, y otros contra su voluntad.
Como ya he dicho, tras la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar el 1º de enero de 2008, su artículo 7º estableció una nueva fórmula para el juramento, con relevantes modificaciones en el fondo: el jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciara la siguiente formula: “¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?” Los soldados contestarán: “!Sí, lo hacemos!”. Y el jefe de la unidad militar replicará: “Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiara y si no, os lo demandara”.
Cuento esto porque hace tan solo unos pocos años este país se dividía en buenos españoles y malos españoles, aquellos que habían hecho la mili y los que no la habían hecho ni querían hacerlo, bien por declararse objetores de conciencia, bien por declararse insumisos. Recordemos que gracias a estos y aquellos, al movimiento social que generaron, a sus polémicas protestas y también al sacrificio que algunos de ellos hicieron incluso ingresando en la cárcel, desapareció la mili obligatoria y universal.
En el discurso que el coronel director de la Academia de guardias pronunció el día de mi jura de bandera, Antonio López López, quien años más tarde acabó como general mandando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se expresó en estos términos: “(…) su juramento no ha sido fruto de irreflexión inconsciente ni frivolidad de juventud sino que, plenamente asumido y valorado, absolutamente aceptadas sus consecuencias y la vinculación permanente que de ello se deriva, se convierte en ejemplo de la generosidad y de desprendimiento que nos gustaría ver seguido por toda la juventud española”. Y añadió: “Todos los que hoy han prestado juramento merecen el reconocimiento social, pero hay un núcleo, dentro de ellos, que merece concreta referencia por cuanto su gesto tiene especial relevancia dentro de un punto de vista comparativo: me refiero al de nuestras mujeres alumnas, que con el mayor entusiasmo, vienen a asumir deberes y obligaciones tradicionalmente asignados a los hombres según el viejo reparto de los papeles sociales. ¡Curiosos espectáculo y maravilloso ejemplo el que nos brindan, y que brindan a otra juventud esta vez masculina y ausente de aquí, que parece resistirse a aceptar que el servicio a la sociedad dignifica y engrandece a quien lo asume! Así lo exigen el buen sentido, la tradición, la solidaridad, la natural defensa de lo que nos es propio, el respeto a los demás y, también, la Ley. El artículo 30 de nuestra Constitución afirma que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”; concepto este, el de la defensa de España, que nosotros asumimos hasta sus últimas consecuencias, pero que debe ser también interpretado en sentido amplio, como una prestación personal no necesariamente cruenta que la Carta Magna define tanto como derecho como deber. Sin embargo, desgraciadamente no todos los españoles hacen la misma definición. Muchos hay que reivindican terca y obstinadamente sus derechos haciendo dejación de sus obligaciones con la misma terquedad y firmeza. En esto nos distinguimos: en que aquellos, cuando del servicio a España se trata lo interpretan como una desgraciada obligación mientras que nosotros lo reclamamos como un derecho irrenunciable. Por eso no podemos ser iguales. Por eso somos españoles privilegiados, porque hacemos pública reclamación del derecho a ser generosos en el servicio a quienes lo precisan”.
La sociedad española ha superado estos planteamientos arcaicos y su mentalidad caduca y rancia en muy pocos años. Españoles patriotas y buenos cristianos. Prácticamente nadie se acuerda ya del servicio militar obligatorio, de los sorteos anuales, de las juras de bandera masivas en los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR) ubicados en la mayoría de capitales de provincia. Pero para que existan las Fuerzas Armadas actuales, algunas voces fueron acalladas de forma totalmente injusta. Me estoy acordando del ex coronel Amadeo Martínez Inglés, quien fue expulsado del Ejército en 1990 por reclamar la desaparición de la mili obligatoria y por pedir públicamente la profesionalización del Ejército. Y qué curioso, eso lo hizo el PSOE. Contra todo pronóstico, quienes eliminaron la mili fueron los Populares de José María Aznar, no los socialistas de Felipe González. Paradojas de la política que es justo no olvidar.
Pero volviendo a mi jura de bandera, debemos reconocer lo mucho que ha cambiado la sociedad española, las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Civil. Hoy en día, un discurso desentonado, rancio y mohoso como el que pronunció el coronel López López sería motivo de escándalo. Aunque lo pensase, un funcionario público no puede expresarse de este modo, porque no hay españoles buenos y españoles malos. O al menos, no los hay desde esa muy peculiar, simplista, obtusa y sectaria visión de la realidad.
La fórmula que se usaba hasta ese año era esta: “¿Juráis por Dios y por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre?” Todos los presentes debían responder en voz alta: “¡Sí, lo juramos!”. Continuaba el oficial que tomaba juramento: “Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá y premiará y si no, mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella”. Añadía los correspondientes vivas de rigor (a España y al Rey), y a continuación el capellán castrense añadía la siguiente invocación: “ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido”. Este ceremonial se celebraba de forma muy habitual en muchos cuarteles de toda España y millones de españoles lo han llevado a cabo, unos de forma voluntaria y feliz, y otros contra su voluntad.
Como ya he dicho, tras la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar el 1º de enero de 2008, su artículo 7º estableció una nueva fórmula para el juramento, con relevantes modificaciones en el fondo: el jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciara la siguiente formula: “¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?” Los soldados contestarán: “!Sí, lo hacemos!”. Y el jefe de la unidad militar replicará: “Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiara y si no, os lo demandara”.
Cuento esto porque hace tan solo unos pocos años este país se dividía en buenos españoles y malos españoles, aquellos que habían hecho la mili y los que no la habían hecho ni querían hacerlo, bien por declararse objetores de conciencia, bien por declararse insumisos. Recordemos que gracias a estos y aquellos, al movimiento social que generaron, a sus polémicas protestas y también al sacrificio que algunos de ellos hicieron incluso ingresando en la cárcel, desapareció la mili obligatoria y universal.
En el discurso que el coronel director de la Academia de guardias pronunció el día de mi jura de bandera, Antonio López López, quien años más tarde acabó como general mandando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se expresó en estos términos: “(…) su juramento no ha sido fruto de irreflexión inconsciente ni frivolidad de juventud sino que, plenamente asumido y valorado, absolutamente aceptadas sus consecuencias y la vinculación permanente que de ello se deriva, se convierte en ejemplo de la generosidad y de desprendimiento que nos gustaría ver seguido por toda la juventud española”. Y añadió: “Todos los que hoy han prestado juramento merecen el reconocimiento social, pero hay un núcleo, dentro de ellos, que merece concreta referencia por cuanto su gesto tiene especial relevancia dentro de un punto de vista comparativo: me refiero al de nuestras mujeres alumnas, que con el mayor entusiasmo, vienen a asumir deberes y obligaciones tradicionalmente asignados a los hombres según el viejo reparto de los papeles sociales. ¡Curiosos espectáculo y maravilloso ejemplo el que nos brindan, y que brindan a otra juventud esta vez masculina y ausente de aquí, que parece resistirse a aceptar que el servicio a la sociedad dignifica y engrandece a quien lo asume! Así lo exigen el buen sentido, la tradición, la solidaridad, la natural defensa de lo que nos es propio, el respeto a los demás y, también, la Ley. El artículo 30 de nuestra Constitución afirma que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”; concepto este, el de la defensa de España, que nosotros asumimos hasta sus últimas consecuencias, pero que debe ser también interpretado en sentido amplio, como una prestación personal no necesariamente cruenta que la Carta Magna define tanto como derecho como deber. Sin embargo, desgraciadamente no todos los españoles hacen la misma definición. Muchos hay que reivindican terca y obstinadamente sus derechos haciendo dejación de sus obligaciones con la misma terquedad y firmeza. En esto nos distinguimos: en que aquellos, cuando del servicio a España se trata lo interpretan como una desgraciada obligación mientras que nosotros lo reclamamos como un derecho irrenunciable. Por eso no podemos ser iguales. Por eso somos españoles privilegiados, porque hacemos pública reclamación del derecho a ser generosos en el servicio a quienes lo precisan”.
La sociedad española ha superado estos planteamientos arcaicos y su mentalidad caduca y rancia en muy pocos años. Españoles patriotas y buenos cristianos. Prácticamente nadie se acuerda ya del servicio militar obligatorio, de los sorteos anuales, de las juras de bandera masivas en los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR) ubicados en la mayoría de capitales de provincia. Pero para que existan las Fuerzas Armadas actuales, algunas voces fueron acalladas de forma totalmente injusta. Me estoy acordando del ex coronel Amadeo Martínez Inglés, quien fue expulsado del Ejército en 1990 por reclamar la desaparición de la mili obligatoria y por pedir públicamente la profesionalización del Ejército. Y qué curioso, eso lo hizo el PSOE. Contra todo pronóstico, quienes eliminaron la mili fueron los Populares de José María Aznar, no los socialistas de Felipe González. Paradojas de la política que es justo no olvidar.
Pero volviendo a mi jura de bandera, debemos reconocer lo mucho que ha cambiado la sociedad española, las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Civil. Hoy en día, un discurso desentonado, rancio y mohoso como el que pronunció el coronel López López sería motivo de escándalo. Aunque lo pensase, un funcionario público no puede expresarse de este modo, porque no hay españoles buenos y españoles malos. O al menos, no los hay desde esa muy peculiar, simplista, obtusa y sectaria visión de la realidad.
13 octubre 2009
La otra Guardia Civil
Ayer se celebró la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de España y de la Guardia Civil. Las autoridades correspondientes se encargaron de hacer un triunfal y autocomplaciente balance oficial de lo ocurrido en la Benemérita durante este último año. Como nadie las ha mencionado en sus discursos, plantearé yo algunas de las inquietudes que atenazan a muchos guardias civiles, esencialmente aquellos que no están en los despachos sino en la calle.
El asesinato en atentado terrorista de Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada, marca y marcará para siempre a la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma. Este hecho dramático y triste para todos, especialmente para sus familiares y sus compañeros de Palmanova, puso en evidencia que tampoco aquí estamos libres de sufrir los zarpazos de ETA. Pero este atentado también puso en evidencia las condiciones de seguridad (o mejor sería decir la ausencia de ellas) con que en muchos lugares se trabaja, que cabe calificar, siendo muy benevolentes, de manifiestamente mejorables. Es inadmisible a estas alturas de la lucha contra ETA que siga habiendo, no sólo en Baleares, sino en toda España, cuarteles sin las adecuadas medidas de seguridad. Tampoco se puede admitir la carencia de medios materiales adecuados a la labor que se desempeña y aún menos si esos medios materiales son equipos de seguridad individual como chalecos antibalas o guantes anti corte.
También es muy importante avanzar a mayor ritmo en la mejora de las instalaciones y en la construcción de nuevos cuarteles que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos. Actualmente no se progresa como sería deseable y muchos ofrecen un estado deplorable. Palmanova es el ejemplo más lastimoso, pero hay otros, como Formentera y Sóller.
En un escenario de recesión económica, el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas de contención del gasto que afectan a los funcionarios. Los guardias civiles no se escapan de esta realidad. Sin embargo, se corre el riesgo de aumentar aún más las diferencias salariales ya existentes, que son causa de oprobio para las Fuerzas de Seguridad dependientes del ministerio del Interior. El esfuerzo por reducir las diferencias salariales entre guardias civiles-policías nacionales por un lado, y policías autonómicas-policías locales por otro, realizado durante la legislatura pasada, se ha demostrado insuficiente ya que no se ha producido la equiparación salarial y es difícil que con la crisis actual se pueda plantear algo similar. Sin embargo, sigue habiendo muchos aspectos en los que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los funcionarios, que no significan aumento de las partidas presupuestarias. Hablo de la ampliación y mejora de derechos de representación colectiva, la mejora de la carrera profesional, el desarrollo de la regulación de las asociaciones profesionales y de la Ley de derechos y deberes, la mejora de los turnos y horarios de servicio, mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Todo esto redundaría en una mayor motivación del personal y por tanto, en mayores índices de eficacia.
Dos asuntos muy importantes que afectan a los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares: insularidad y policía autonómica. Urge equiparar la indemnización de residencia de los funcionarios de Baleares con la percibida por los de Canarias. En el actual contexto económico, el problema es más grave que nunca. El goteo incesante de agentes que se marchan a la península en cuanto pueden, es un mal ya endémico para nuestras plantillas que hay que atajar. Y ya hace demasiados años que se reclama sin ningún éxito, porque Madrid no demuestra la sensibilidad necesaria.
Durante el último debate de política general en el Parlament, fueron muchas las fuerzas políticas que plantearon la necesidad de crear la policía autonómica, de acuerdo con la previsión contemplada en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía del año 2007. Muchos agentes, a la vista de cómo nacieron y cómo se han desarrollado otros cuerpos de policía autonómicos (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), contemplan este fenómeno con natural preocupación. Este es un asunto que puede afectar a muchas familias y en ningún caso debería hacerse a espaldas y/o en perjuicio de los agentes de las Fuerzas de Seguridad que ya trabajan en las islas.
Al recibir la orden para que la escuadra que comandaba zarpase de Cádiz con destino a Cuba, a combatir contra la muy superior, moderna y poderosa flota norteamericana en 1898, el almirante Pascual Cervera Topete, cerciorado de que estaban siendo enviados a la segura destrucción de los navíos y al sacrificio de centenares de vidas, como así sucedió, escribió al ministerio en los siguientes términos: “Aun cuando estoy seguro de que nada nuevo digo a V.E. (…) En cambio de este deficiente estado de material, tengo la satisfacción de hacer constar que el espíritu del personal es inmejorable y que la patria encontrará en él cuanto quiera exigirle. ¡Lástima que mejor y más numeroso material con más recursos y menos trabas no ponga a este personal en condiciones de llevar cumplidamente su cometido! Y sin alargar más este escrito doy a V.E. la seguridad de que sean cuales fueren las contingencias del porvenir, estas fuerzas llenarán cumplidamente sus deberes”. No diré yo que en tan dramática situación se encuentre la Guardia Civil, pero el espíritu de las palabras de Cervera bien lo suscribirían muchos agentes. Que la Virgen del Pilar nos proteja y nos guarde, ya que parece que nadie más está dispuesto a hacerlo, por más que a algunos se les llene la boca de adulaciones y alabanzas en el día de hoy.
El asesinato en atentado terrorista de Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada, marca y marcará para siempre a la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma. Este hecho dramático y triste para todos, especialmente para sus familiares y sus compañeros de Palmanova, puso en evidencia que tampoco aquí estamos libres de sufrir los zarpazos de ETA. Pero este atentado también puso en evidencia las condiciones de seguridad (o mejor sería decir la ausencia de ellas) con que en muchos lugares se trabaja, que cabe calificar, siendo muy benevolentes, de manifiestamente mejorables. Es inadmisible a estas alturas de la lucha contra ETA que siga habiendo, no sólo en Baleares, sino en toda España, cuarteles sin las adecuadas medidas de seguridad. Tampoco se puede admitir la carencia de medios materiales adecuados a la labor que se desempeña y aún menos si esos medios materiales son equipos de seguridad individual como chalecos antibalas o guantes anti corte.
También es muy importante avanzar a mayor ritmo en la mejora de las instalaciones y en la construcción de nuevos cuarteles que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos. Actualmente no se progresa como sería deseable y muchos ofrecen un estado deplorable. Palmanova es el ejemplo más lastimoso, pero hay otros, como Formentera y Sóller.
En un escenario de recesión económica, el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas de contención del gasto que afectan a los funcionarios. Los guardias civiles no se escapan de esta realidad. Sin embargo, se corre el riesgo de aumentar aún más las diferencias salariales ya existentes, que son causa de oprobio para las Fuerzas de Seguridad dependientes del ministerio del Interior. El esfuerzo por reducir las diferencias salariales entre guardias civiles-policías nacionales por un lado, y policías autonómicas-policías locales por otro, realizado durante la legislatura pasada, se ha demostrado insuficiente ya que no se ha producido la equiparación salarial y es difícil que con la crisis actual se pueda plantear algo similar. Sin embargo, sigue habiendo muchos aspectos en los que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los funcionarios, que no significan aumento de las partidas presupuestarias. Hablo de la ampliación y mejora de derechos de representación colectiva, la mejora de la carrera profesional, el desarrollo de la regulación de las asociaciones profesionales y de la Ley de derechos y deberes, la mejora de los turnos y horarios de servicio, mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Todo esto redundaría en una mayor motivación del personal y por tanto, en mayores índices de eficacia.
Dos asuntos muy importantes que afectan a los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares: insularidad y policía autonómica. Urge equiparar la indemnización de residencia de los funcionarios de Baleares con la percibida por los de Canarias. En el actual contexto económico, el problema es más grave que nunca. El goteo incesante de agentes que se marchan a la península en cuanto pueden, es un mal ya endémico para nuestras plantillas que hay que atajar. Y ya hace demasiados años que se reclama sin ningún éxito, porque Madrid no demuestra la sensibilidad necesaria.
Durante el último debate de política general en el Parlament, fueron muchas las fuerzas políticas que plantearon la necesidad de crear la policía autonómica, de acuerdo con la previsión contemplada en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía del año 2007. Muchos agentes, a la vista de cómo nacieron y cómo se han desarrollado otros cuerpos de policía autonómicos (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), contemplan este fenómeno con natural preocupación. Este es un asunto que puede afectar a muchas familias y en ningún caso debería hacerse a espaldas y/o en perjuicio de los agentes de las Fuerzas de Seguridad que ya trabajan en las islas.
Al recibir la orden para que la escuadra que comandaba zarpase de Cádiz con destino a Cuba, a combatir contra la muy superior, moderna y poderosa flota norteamericana en 1898, el almirante Pascual Cervera Topete, cerciorado de que estaban siendo enviados a la segura destrucción de los navíos y al sacrificio de centenares de vidas, como así sucedió, escribió al ministerio en los siguientes términos: “Aun cuando estoy seguro de que nada nuevo digo a V.E. (…) En cambio de este deficiente estado de material, tengo la satisfacción de hacer constar que el espíritu del personal es inmejorable y que la patria encontrará en él cuanto quiera exigirle. ¡Lástima que mejor y más numeroso material con más recursos y menos trabas no ponga a este personal en condiciones de llevar cumplidamente su cometido! Y sin alargar más este escrito doy a V.E. la seguridad de que sean cuales fueren las contingencias del porvenir, estas fuerzas llenarán cumplidamente sus deberes”. No diré yo que en tan dramática situación se encuentre la Guardia Civil, pero el espíritu de las palabras de Cervera bien lo suscribirían muchos agentes. Que la Virgen del Pilar nos proteja y nos guarde, ya que parece que nadie más está dispuesto a hacerlo, por más que a algunos se les llene la boca de adulaciones y alabanzas en el día de hoy.
09 octubre 2009
TRAPOS SUCIOS
Hoy el periódico Última Hora publica en su página 14 este artículo de opinión:
TRAPOS SUCIOS
Dos agentes de la Guardia Civil de Inca han denunciado a su sargento en el juzgado de guardia por haberles vejado, insultado y finalmente, por encañonarles con su pistola y amenazarles con pegarles dos tiros. Parece que hay testigos de la conducta del suboficial y tanto los denunciantes como los testigos, han sido dados de baja médica por causas psicológicas. Al sargento le ha sido retirada el arma de fuego, lo que viene a ser la confirmación tácita de la existencia de irregularidades, aunque inexplicablemente no ha sido apartado del servicio y, por tanto, continúa ocupando una posición de superioridad jerárquica sobre los denunciantes y los testigos y, lo que es peor y más alarmante, sigue teniendo acceso a las armas de fuego del cuartel.
A la espera de que por parte de la Autoridad Judicial se aclare lo sucedido, el más elemental sentido de la prudencia aconseja adoptar las medidas cautelares que la ley prevé en estos casos y que según denuncia la asociación mayoritaria de guardias civiles AUGC, no se han implementado aún. Y además, leemos que algunos mandos de la comandancia están disgustados pues consideran que los guardias han hecho mal denunciando los hechos en el juzgado, con el argumento de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Me pregunto ¿cuánto tiempo tardarían esos mismos mandos en ordenar la detención y puesta a disposición del juzgado togado militar, de un guardia que echara mano a su arma de fuego para amenazarles a ellos? ¿Hablarían entonces de lavar los trapos sucios en casa? Debería ser motivo de reflexión la circunstancia de que los guardias habitualmente consideren inútil denunciar algo de forma interna, y opten por acudir a la vía jurisdiccional. Y en cualquier caso, ¿cómo puede reprocharse a un trabajador que acuda a los juzgados cuando presuntamente ha sido víctima de acoso laboral y de amenazas, lo que pudiera ser constitutivo de delito?
No es la primera vez, ni será la última, que se pretenda hacer pasar al agresor por víctima y a las víctimas por agresores. Y eso es lo que a buen seguro hubiera sucedido si se optara por “lavar los trapos sucios en casa”.
Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general deAUGC
TRAPOS SUCIOS
Dos agentes de la Guardia Civil de Inca han denunciado a su sargento en el juzgado de guardia por haberles vejado, insultado y finalmente, por encañonarles con su pistola y amenazarles con pegarles dos tiros. Parece que hay testigos de la conducta del suboficial y tanto los denunciantes como los testigos, han sido dados de baja médica por causas psicológicas. Al sargento le ha sido retirada el arma de fuego, lo que viene a ser la confirmación tácita de la existencia de irregularidades, aunque inexplicablemente no ha sido apartado del servicio y, por tanto, continúa ocupando una posición de superioridad jerárquica sobre los denunciantes y los testigos y, lo que es peor y más alarmante, sigue teniendo acceso a las armas de fuego del cuartel.
A la espera de que por parte de la Autoridad Judicial se aclare lo sucedido, el más elemental sentido de la prudencia aconseja adoptar las medidas cautelares que la ley prevé en estos casos y que según denuncia la asociación mayoritaria de guardias civiles AUGC, no se han implementado aún. Y además, leemos que algunos mandos de la comandancia están disgustados pues consideran que los guardias han hecho mal denunciando los hechos en el juzgado, con el argumento de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Me pregunto ¿cuánto tiempo tardarían esos mismos mandos en ordenar la detención y puesta a disposición del juzgado togado militar, de un guardia que echara mano a su arma de fuego para amenazarles a ellos? ¿Hablarían entonces de lavar los trapos sucios en casa? Debería ser motivo de reflexión la circunstancia de que los guardias habitualmente consideren inútil denunciar algo de forma interna, y opten por acudir a la vía jurisdiccional. Y en cualquier caso, ¿cómo puede reprocharse a un trabajador que acuda a los juzgados cuando presuntamente ha sido víctima de acoso laboral y de amenazas, lo que pudiera ser constitutivo de delito?
No es la primera vez, ni será la última, que se pretenda hacer pasar al agresor por víctima y a las víctimas por agresores. Y eso es lo que a buen seguro hubiera sucedido si se optara por “lavar los trapos sucios en casa”.
Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general deAUGC
15 septiembre 2009
LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS
El Diario de Mallorca de hoy, publica el siguiente artículo de opinion mío. Es la respuesta a otro artículo que a su vez fue publicado el pasado día 9 de septiembre y que se puede leer en este enlace.
LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS
El miércoles 9 de septiembre, leímos un artículo de opinión del Sr. Antonio Pizá, titulado “Estrellas en la bocamanga”, referido a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial, contra dos coroneles y un capitán de la Guardia Civil. No es necesario que el autor del artículo fuerce su imaginación en absoluto. Basta con que lea la sentencia que tan frívola y demagógicamente critica.
Resulta contradictorio aseverar por un lado que le “resulta imposible ver en esos dos coroneles de la Guardia Civil a un par de delincuentes”, y por otro lado, afirmar que “los coroneles idearon, en maldita la hora, la chapuza, obviamente ilegal, de simular unas facturas no reales”. Los coroneles García Peña y Cuadri fueron condenados a tres años de prisión como autor e inductor-cooperador necesario, respectivamente, de un delito de falsificación en documento público. Para tratar de apaciguar en lo posible el desasosiego del Sr. Pizá, debemos apuntar que no vemos en la citada sentencia “un punto de desproporción, de decaimiento de la relación causa-efecto, y de menoscabo del sentido común”, como tampoco lo ven los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, donde en una sentencia jurídicamente impecable, señalaron que los condenados infringieron la ley de forma “libre y voluntaria”, y además “de un modo personal y directo”. Y ahora, tras estudiar la sentencia –y aquí radica la novedad– tampoco lo ven como el Sr. Pizá la Fiscalía y concretamente los fiscales del Supremo.
Pasa por alto el articulista la circunstancia no desdeñable que los coroneles García Peña y Cuadri, y el capitán López García Trujillo, eran y son a día de hoy funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. De ahí que su voluntad inequívoca de transgredirla, o de tolerar su trasgresión, desoyendo en repetidas ocasiones las indicaciones del comandante interventor de la Comandancia, que así testificó en el juicio, les colocara voluntaria y completamente en el ámbito de la actuación delictiva. Fueron avisados –como si no lo supieran por ellos mismos– de que lo que pretendían hacer era ilegal. Y sin embargo, decidieron hacerlo.
El Sr. Pizá parece sostener la tesis de que la vivienda oficial donde iba a ser obligado a residir el coronel García Peña era una especie de infravivienda, que estaba en un estado lamentable y era, por tanto, prácticamente inhabitable. Me resulta difícil creer que su antecesor en el cargo, el coronel Cristóbal Santadreu, actualmente general jefe de la zona de Valencia, residiera junto a su esposa y sus dos hijos en una pocilga inhabitable e indigna. Diré más: cualquier guardia civil de Baleares cambiaría inmediatamente y con los ojos cerrados su vivienda oficial o particular por el pabellón del coronel; el cual, como sugiere el sentido común, es el mejor, el más grande, el más equipado y el que se encuentra en mejor estado –en óptimo estado, diría yo– de los varios centenares de pabellones oficiales existentes en las islas. Sin embargo, la “rigidez interna y la racanería presupuestaria por parte del poder político”, según el peculiar criterio del Sr. Pizá, le obligó a delinquir para poder habitar dignamente una pocilga. Porque pocilga seguirá siendo, suponemos, dado que el presupuesto aprobado para hacer obras de reforma no se ejecutó, contrariamente a lo certificado en falso por el coronel García Peña, y se destinaron los fondos recibidos a la compra de muebles y electrodomésticos. Por tanto, pocilga pero bien amueblada, con dinero de todos los contribuyentes –por tanto sí hay un daño a terceros y un detrimento en las arcas públicas–, aunque no fueran muebles de Roche Bobois.
Debo destacar que la categórica afirmación de que “nadie se llevó un céntimo a la butxaca y tampoco nada de lo adquirido” es gratuita, dado que nada de eso se dice en la sentencia. Es más, la acusación popular –que no acusación privada–, denunció que algunos de los enseres adquiridos no figuraban en el inventario confeccionado por los funcionarios de Asuntos Internos al inspeccionar el pabellón del Sr. García Peña. Sin embargo, este asunto no fue investigado ni valorado en el juicio, ni ganas que hubo, puesto que el perjudicado en tal caso sería el Estado, no AUGC, y la Abogacía del Estado desistió de personarse en la causa. Por tanto, tan gratuito es afirmar que nadie se llevó nada, como gratuito e irresponsable sería sostener que se llevaron muebles que fueron comprados pero no aparecen en el inventario y por tanto se apropiaron indebidamente de ellos; o sostener que el coronel García Peña, si nada se hubiera descubierto, al finalizar su destino en Palma se hubiera llevado todos los muebles y los enseres adquiridos, pues de lo que había constancia oficial era de un gasto en obras por valor de 12.000 euros y nadie le hubiese podido reclamar nada de acuerdo con la documentación existente. Esa cuestión no se juzgó y nada de ello se dice en la sentencia. Se juzgó una falsedad en documento público. Nada más, pero nada menos.
También es rotundamente falso sostener que “en el ejercicio en curso no había partida presupuestaria para ello”. Si esto es así ¿como se explica que se asignaran casi de forma inmediata 12.000 euros en concepto de reparaciones de edificios? Para superar la tradición de las “cutres casa vivienda de la Guardia Civil”, la Administración sólo puede dedicar dinero a su reparación, no a amueblarlas a gusto y necesidad del inquilino, aunque sea el coronel jefe de la zona.
Debo congratularme del cambio de criterio de la Fiscalía a la vista de la Sentencia, que viene a darnos la razón, como ya nos la dio la Audiencia Provincial. Y debo darle la razón al Sr. Pizá cuando afirma que la personación en la causa de AUGC impidió un “pacto de conformidad”, que significaba en gran medida una burla a la Justicia (como suele suceder en los casos que tan acertadamente cita el Sr. Pizá en su artículo) e impunidad para uno de los ahora condenados. Vamos, un bautizo con cera del Corpus para los acusados. La gravedad de lo sucedido estriba no tanto en la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido y la severidad de la sentencia. La corrupción no admite medias tintas. Con nadie, ni político ni funcionario. Que un alto funcionario público, urda una trama que incluye falsificar documentos públicos e incitar a terceros que hagan lo propio, con el objetivo espurio de destinar un dinero para otros fines que no son los originariamente autorizados, para adquirir enseres de exclusivo uso y personal disfrute, es algo objetivamente grave. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial y así lo considera, también ahora, la Fiscalía. Aunque tengan estrellas en la bocamanga.
Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general de AUGC
LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS
El miércoles 9 de septiembre, leímos un artículo de opinión del Sr. Antonio Pizá, titulado “Estrellas en la bocamanga”, referido a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial, contra dos coroneles y un capitán de la Guardia Civil. No es necesario que el autor del artículo fuerce su imaginación en absoluto. Basta con que lea la sentencia que tan frívola y demagógicamente critica.
Resulta contradictorio aseverar por un lado que le “resulta imposible ver en esos dos coroneles de la Guardia Civil a un par de delincuentes”, y por otro lado, afirmar que “los coroneles idearon, en maldita la hora, la chapuza, obviamente ilegal, de simular unas facturas no reales”. Los coroneles García Peña y Cuadri fueron condenados a tres años de prisión como autor e inductor-cooperador necesario, respectivamente, de un delito de falsificación en documento público. Para tratar de apaciguar en lo posible el desasosiego del Sr. Pizá, debemos apuntar que no vemos en la citada sentencia “un punto de desproporción, de decaimiento de la relación causa-efecto, y de menoscabo del sentido común”, como tampoco lo ven los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, donde en una sentencia jurídicamente impecable, señalaron que los condenados infringieron la ley de forma “libre y voluntaria”, y además “de un modo personal y directo”. Y ahora, tras estudiar la sentencia –y aquí radica la novedad– tampoco lo ven como el Sr. Pizá la Fiscalía y concretamente los fiscales del Supremo.
Pasa por alto el articulista la circunstancia no desdeñable que los coroneles García Peña y Cuadri, y el capitán López García Trujillo, eran y son a día de hoy funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. De ahí que su voluntad inequívoca de transgredirla, o de tolerar su trasgresión, desoyendo en repetidas ocasiones las indicaciones del comandante interventor de la Comandancia, que así testificó en el juicio, les colocara voluntaria y completamente en el ámbito de la actuación delictiva. Fueron avisados –como si no lo supieran por ellos mismos– de que lo que pretendían hacer era ilegal. Y sin embargo, decidieron hacerlo.
El Sr. Pizá parece sostener la tesis de que la vivienda oficial donde iba a ser obligado a residir el coronel García Peña era una especie de infravivienda, que estaba en un estado lamentable y era, por tanto, prácticamente inhabitable. Me resulta difícil creer que su antecesor en el cargo, el coronel Cristóbal Santadreu, actualmente general jefe de la zona de Valencia, residiera junto a su esposa y sus dos hijos en una pocilga inhabitable e indigna. Diré más: cualquier guardia civil de Baleares cambiaría inmediatamente y con los ojos cerrados su vivienda oficial o particular por el pabellón del coronel; el cual, como sugiere el sentido común, es el mejor, el más grande, el más equipado y el que se encuentra en mejor estado –en óptimo estado, diría yo– de los varios centenares de pabellones oficiales existentes en las islas. Sin embargo, la “rigidez interna y la racanería presupuestaria por parte del poder político”, según el peculiar criterio del Sr. Pizá, le obligó a delinquir para poder habitar dignamente una pocilga. Porque pocilga seguirá siendo, suponemos, dado que el presupuesto aprobado para hacer obras de reforma no se ejecutó, contrariamente a lo certificado en falso por el coronel García Peña, y se destinaron los fondos recibidos a la compra de muebles y electrodomésticos. Por tanto, pocilga pero bien amueblada, con dinero de todos los contribuyentes –por tanto sí hay un daño a terceros y un detrimento en las arcas públicas–, aunque no fueran muebles de Roche Bobois.
Debo destacar que la categórica afirmación de que “nadie se llevó un céntimo a la butxaca y tampoco nada de lo adquirido” es gratuita, dado que nada de eso se dice en la sentencia. Es más, la acusación popular –que no acusación privada–, denunció que algunos de los enseres adquiridos no figuraban en el inventario confeccionado por los funcionarios de Asuntos Internos al inspeccionar el pabellón del Sr. García Peña. Sin embargo, este asunto no fue investigado ni valorado en el juicio, ni ganas que hubo, puesto que el perjudicado en tal caso sería el Estado, no AUGC, y la Abogacía del Estado desistió de personarse en la causa. Por tanto, tan gratuito es afirmar que nadie se llevó nada, como gratuito e irresponsable sería sostener que se llevaron muebles que fueron comprados pero no aparecen en el inventario y por tanto se apropiaron indebidamente de ellos; o sostener que el coronel García Peña, si nada se hubiera descubierto, al finalizar su destino en Palma se hubiera llevado todos los muebles y los enseres adquiridos, pues de lo que había constancia oficial era de un gasto en obras por valor de 12.000 euros y nadie le hubiese podido reclamar nada de acuerdo con la documentación existente. Esa cuestión no se juzgó y nada de ello se dice en la sentencia. Se juzgó una falsedad en documento público. Nada más, pero nada menos.
También es rotundamente falso sostener que “en el ejercicio en curso no había partida presupuestaria para ello”. Si esto es así ¿como se explica que se asignaran casi de forma inmediata 12.000 euros en concepto de reparaciones de edificios? Para superar la tradición de las “cutres casa vivienda de la Guardia Civil”, la Administración sólo puede dedicar dinero a su reparación, no a amueblarlas a gusto y necesidad del inquilino, aunque sea el coronel jefe de la zona.
Debo congratularme del cambio de criterio de la Fiscalía a la vista de la Sentencia, que viene a darnos la razón, como ya nos la dio la Audiencia Provincial. Y debo darle la razón al Sr. Pizá cuando afirma que la personación en la causa de AUGC impidió un “pacto de conformidad”, que significaba en gran medida una burla a la Justicia (como suele suceder en los casos que tan acertadamente cita el Sr. Pizá en su artículo) e impunidad para uno de los ahora condenados. Vamos, un bautizo con cera del Corpus para los acusados. La gravedad de lo sucedido estriba no tanto en la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido y la severidad de la sentencia. La corrupción no admite medias tintas. Con nadie, ni político ni funcionario. Que un alto funcionario público, urda una trama que incluye falsificar documentos públicos e incitar a terceros que hagan lo propio, con el objetivo espurio de destinar un dinero para otros fines que no son los originariamente autorizados, para adquirir enseres de exclusivo uso y personal disfrute, es algo objetivamente grave. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial y así lo considera, también ahora, la Fiscalía. Aunque tengan estrellas en la bocamanga.
Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general de AUGC
05 septiembre 2009
YINCANA DEL TERROR
El periódico Última Hora de hoy, publica en su página 21, sección local, este artículo:
Los chicos de ETA, banda de cobardes indeseables, más dedicados últimamente a emborracharse, ir de putas, fumar porros y hacer turismo en los alpes franceses –vamos, lo normal a su edad, oiga–, estaban apuntados a una yincana terrorífica, mientras más de 600 sufridos camaradas suyos están hospedados en los hoteles españoles que, cual paradores nacionales, tiene la secretaría general de instituciones penitenciarias diseminados por toda España –hay más de 57.000 clientes, fíjese cómo está la cosa–. El macabro juego consistía en ir de zulo en zulo en Francia, catorce en total que hayamos contado, dejando y recogiendo explosivos, para suministrar tan mortífera mercancía a los asesinos encargados de cruzar la frontera y cometer atentados. Tan pronto como fueron detenidos, le contaron a la policía francesa la localización exacta de los zulos. ETA ha sufrido un duro golpe a su infraestructura logística del que tardará en reponerse y que le causará cierto desabastecimiento de armas y elementos para fabricar bombas, buena noticia; pero, y aquí viene la mala noticia, los investigadores creen que al menos hay dos comandos con suficiente provisión de explosivos y suficiente autonomía para seguir cometiendo atentados de mayor o menor entidad. Dos comandos activos y de los que se sabe relativamente poco, que aparentemente han conseguido zafarse del rastreo de las Fuerzas de Seguridad. Uno, que podría refugiarse en el País Vasco y fue el autor del atentado de Arrigorriaga, que costó la vida al inspector del CNP Eduardo Puelles, y el perpetrado contra la casa cuartel de Burgos; y el otro comando, responsable de los atentados en Calvià y Palma de Mallorca, aunque no se sabe si aún se encuentra en la isla, o no. Por tanto, máxima alerta antiterrorista. ETA acostumbra a responder a su manera a las acciones de la policía. Y todos sabemos lo que eso significa.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró satisfecho cuando compareció ante la prensa el 19 de agosto por haber conseguido que los seis terroristas que figuraban en el cartel de los más buscados en el verano del 2007, ya estén todos entre rejas. Un apunte no banal: todos ellos fueron detenidos en Francia. Muestra de buena colaboración con nuestros vecinos del norte, aunque quizás de algo más. El dato que más desorienta es que el día 31 de junio, un día después de los atentados de Calvià, cuando se distribuyó el cartel solicitando la colaboración ciudadana para localizar a seis presuntos terroristas, se dijo que estaban en España. Sin embargo, días más tarde, la policía francesa detenía en Le Corbier-Villarembert (Francia) a Alberto Machain Beraza, que aparece en el citado cartel, junto a Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola. Si estaba localizado por la policía francesa y la policía española estaba al tanto de la operación, ¿por qué se incluyó en el listado de terroristas buscados en España? ¿No es desconcertante?
Joan Miquel Perpinyà
Los chicos de ETA, banda de cobardes indeseables, más dedicados últimamente a emborracharse, ir de putas, fumar porros y hacer turismo en los alpes franceses –vamos, lo normal a su edad, oiga–, estaban apuntados a una yincana terrorífica, mientras más de 600 sufridos camaradas suyos están hospedados en los hoteles españoles que, cual paradores nacionales, tiene la secretaría general de instituciones penitenciarias diseminados por toda España –hay más de 57.000 clientes, fíjese cómo está la cosa–. El macabro juego consistía en ir de zulo en zulo en Francia, catorce en total que hayamos contado, dejando y recogiendo explosivos, para suministrar tan mortífera mercancía a los asesinos encargados de cruzar la frontera y cometer atentados. Tan pronto como fueron detenidos, le contaron a la policía francesa la localización exacta de los zulos. ETA ha sufrido un duro golpe a su infraestructura logística del que tardará en reponerse y que le causará cierto desabastecimiento de armas y elementos para fabricar bombas, buena noticia; pero, y aquí viene la mala noticia, los investigadores creen que al menos hay dos comandos con suficiente provisión de explosivos y suficiente autonomía para seguir cometiendo atentados de mayor o menor entidad. Dos comandos activos y de los que se sabe relativamente poco, que aparentemente han conseguido zafarse del rastreo de las Fuerzas de Seguridad. Uno, que podría refugiarse en el País Vasco y fue el autor del atentado de Arrigorriaga, que costó la vida al inspector del CNP Eduardo Puelles, y el perpetrado contra la casa cuartel de Burgos; y el otro comando, responsable de los atentados en Calvià y Palma de Mallorca, aunque no se sabe si aún se encuentra en la isla, o no. Por tanto, máxima alerta antiterrorista. ETA acostumbra a responder a su manera a las acciones de la policía. Y todos sabemos lo que eso significa.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró satisfecho cuando compareció ante la prensa el 19 de agosto por haber conseguido que los seis terroristas que figuraban en el cartel de los más buscados en el verano del 2007, ya estén todos entre rejas. Un apunte no banal: todos ellos fueron detenidos en Francia. Muestra de buena colaboración con nuestros vecinos del norte, aunque quizás de algo más. El dato que más desorienta es que el día 31 de junio, un día después de los atentados de Calvià, cuando se distribuyó el cartel solicitando la colaboración ciudadana para localizar a seis presuntos terroristas, se dijo que estaban en España. Sin embargo, días más tarde, la policía francesa detenía en Le Corbier-Villarembert (Francia) a Alberto Machain Beraza, que aparece en el citado cartel, junto a Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola. Si estaba localizado por la policía francesa y la policía española estaba al tanto de la operación, ¿por qué se incluyó en el listado de terroristas buscados en España? ¿No es desconcertante?
Joan Miquel Perpinyà
03 septiembre 2009
El Consejo de la Guardia Civil
El día 22 de enero de este año se celebraron las elecciones constitutivas del Consejo de la Guardia Civil. Por tal motivo y a la vista del resultado electoral cosechado por AUGC, elaboré un informe que remití a la Junta Directiva Nacional de la organización y a su secretario general, Alberto Moya.
Desconozco qué se hizo de él o si sirvió para algo y no tengo constancia de que se distribuyera al resto de la Asociación, aunque sí me consta que algunos de los gráficos que incluye el informe fueron utilizados en las publicaciones de AUGC, aunque sin citar a su autor; pero eso es lo de menos.
Desconozco qué se hizo de él o si sirvió para algo y no tengo constancia de que se distribuyera al resto de la Asociación, aunque sí me consta que algunos de los gráficos que incluye el informe fueron utilizados en las publicaciones de AUGC, aunque sin citar a su autor; pero eso es lo de menos.
Por si pudiera tener más provecho del que tuvo en su día, cuando se lo envié a los dirigentes nacionales de AUGC, y para que todo el mundo conozca mi opinión sobre las elecciones y su resultado, lo he subido a internet. Se puede descargar pinchando en este enlace: http://www.4shared.com/file/129914537/32ac1d59/INFORME_RESULTADOS_ELECTORALES_CGC_2009_v02.html
En el año 2002, cuando participamos en las elecciones al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, lo hicimos con todas las reservas y aunque participamos en aquel órgano lo mejor que pudimos y supimos, pronto quedó de manifiesto que iba a servir de poco y que nos tomaban el pelo. En previsión de ello, AUGC reforzó su estructura y no apostamos excesivamente por el Consejo Asesor.
Tengo la impresión de que ahora ha sucedido justamente todo lo contrario: la organización parece tener todo su capital apostado en el Consejo de la Guardia Civil. Los 9 vocales de AUGC ahora están liberados, pero el conjunto de la Asociación desconoce a qué se dedican o en qué están trabajando todos y cada uno de ellos para lograr mejorar las condiciones de trabajo de los guardias civiles. En qué comisiones participan, los documentos que elaboran, las propuestas que hacen… Toda la fuerza de AUGC parece depender de 9 personas, de las que poco sabemos. Todo apostado por el Consejo de la Guardia Civil. Pero ¿y si acaba por ser otra tomadura de pelo y no sirve de nada? Parece más que dudoso que ahora, como se hizo en el año 2004, los vocales del Consejo de la Guardia Civil, llegado el caso, estén dispuestos a presentar su dimisión en bloque para deslegitimar el Consejo.
Por ejemplo, el común de miembros de la organización desconoce los datos que según el artículo 54.3 de la Ley Orgánica 11/2007 deben recibir los vocales del Consejo, esto es, conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus causas, sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo. No sabemos si se están recibiendo estos datos, y si no se están recibiendo, el motivo por el cual se incumple la Ley. Pero tampoco nos consta que los vocales de AUGC los estén reclamando. En general no sabemos nada, ni siquiera cuando se reúnen.
Creo que los 9 vocales deben informar con claridad de su trabajo en el Consejo, ahora que disponen de horas de servicio para desempeñarlo. Y más que de su trabajo, de los resultados de su trabajo. Y creo que no hay que jugar todas las bazas a una sola carta, porque en caso de que salga mal, el estropicio será considerable. Esta política que se ha emprendido ahora es justamente la contraria de la que se ejecutó entre 2002 y 2004, y alguien debiera explicar los motivos que han aconsejado este brusco cambio de rumbo.
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