El Diario de Mallorca de hoy, publica el siguiente artículo de opinion mío. Es la respuesta a otro artículo que a su vez fue publicado el pasado día 9 de septiembre y que se puede leer en este enlace.
LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS
El miércoles 9 de septiembre, leímos un artículo de opinión del Sr. Antonio Pizá, titulado “Estrellas en la bocamanga”, referido a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial, contra dos coroneles y un capitán de la Guardia Civil. No es necesario que el autor del artículo fuerce su imaginación en absoluto. Basta con que lea la sentencia que tan frívola y demagógicamente critica.
Resulta contradictorio aseverar por un lado que le “resulta imposible ver en esos dos coroneles de la Guardia Civil a un par de delincuentes”, y por otro lado, afirmar que “los coroneles idearon, en maldita la hora, la chapuza, obviamente ilegal, de simular unas facturas no reales”. Los coroneles García Peña y Cuadri fueron condenados a tres años de prisión como autor e inductor-cooperador necesario, respectivamente, de un delito de falsificación en documento público. Para tratar de apaciguar en lo posible el desasosiego del Sr. Pizá, debemos apuntar que no vemos en la citada sentencia “un punto de desproporción, de decaimiento de la relación causa-efecto, y de menoscabo del sentido común”, como tampoco lo ven los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, donde en una sentencia jurídicamente impecable, señalaron que los condenados infringieron la ley de forma “libre y voluntaria”, y además “de un modo personal y directo”. Y ahora, tras estudiar la sentencia –y aquí radica la novedad– tampoco lo ven como el Sr. Pizá la Fiscalía y concretamente los fiscales del Supremo.
Pasa por alto el articulista la circunstancia no desdeñable que los coroneles García Peña y Cuadri, y el capitán López García Trujillo, eran y son a día de hoy funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. De ahí que su voluntad inequívoca de transgredirla, o de tolerar su trasgresión, desoyendo en repetidas ocasiones las indicaciones del comandante interventor de la Comandancia, que así testificó en el juicio, les colocara voluntaria y completamente en el ámbito de la actuación delictiva. Fueron avisados –como si no lo supieran por ellos mismos– de que lo que pretendían hacer era ilegal. Y sin embargo, decidieron hacerlo.
El Sr. Pizá parece sostener la tesis de que la vivienda oficial donde iba a ser obligado a residir el coronel García Peña era una especie de infravivienda, que estaba en un estado lamentable y era, por tanto, prácticamente inhabitable. Me resulta difícil creer que su antecesor en el cargo, el coronel Cristóbal Santadreu, actualmente general jefe de la zona de Valencia, residiera junto a su esposa y sus dos hijos en una pocilga inhabitable e indigna. Diré más: cualquier guardia civil de Baleares cambiaría inmediatamente y con los ojos cerrados su vivienda oficial o particular por el pabellón del coronel; el cual, como sugiere el sentido común, es el mejor, el más grande, el más equipado y el que se encuentra en mejor estado –en óptimo estado, diría yo– de los varios centenares de pabellones oficiales existentes en las islas. Sin embargo, la “rigidez interna y la racanería presupuestaria por parte del poder político”, según el peculiar criterio del Sr. Pizá, le obligó a delinquir para poder habitar dignamente una pocilga. Porque pocilga seguirá siendo, suponemos, dado que el presupuesto aprobado para hacer obras de reforma no se ejecutó, contrariamente a lo certificado en falso por el coronel García Peña, y se destinaron los fondos recibidos a la compra de muebles y electrodomésticos. Por tanto, pocilga pero bien amueblada, con dinero de todos los contribuyentes –por tanto sí hay un daño a terceros y un detrimento en las arcas públicas–, aunque no fueran muebles de Roche Bobois.
Debo destacar que la categórica afirmación de que “nadie se llevó un céntimo a la butxaca y tampoco nada de lo adquirido” es gratuita, dado que nada de eso se dice en la sentencia. Es más, la acusación popular –que no acusación privada–, denunció que algunos de los enseres adquiridos no figuraban en el inventario confeccionado por los funcionarios de Asuntos Internos al inspeccionar el pabellón del Sr. García Peña. Sin embargo, este asunto no fue investigado ni valorado en el juicio, ni ganas que hubo, puesto que el perjudicado en tal caso sería el Estado, no AUGC, y la Abogacía del Estado desistió de personarse en la causa. Por tanto, tan gratuito es afirmar que nadie se llevó nada, como gratuito e irresponsable sería sostener que se llevaron muebles que fueron comprados pero no aparecen en el inventario y por tanto se apropiaron indebidamente de ellos; o sostener que el coronel García Peña, si nada se hubiera descubierto, al finalizar su destino en Palma se hubiera llevado todos los muebles y los enseres adquiridos, pues de lo que había constancia oficial era de un gasto en obras por valor de 12.000 euros y nadie le hubiese podido reclamar nada de acuerdo con la documentación existente. Esa cuestión no se juzgó y nada de ello se dice en la sentencia. Se juzgó una falsedad en documento público. Nada más, pero nada menos.
También es rotundamente falso sostener que “en el ejercicio en curso no había partida presupuestaria para ello”. Si esto es así ¿como se explica que se asignaran casi de forma inmediata 12.000 euros en concepto de reparaciones de edificios? Para superar la tradición de las “cutres casa vivienda de la Guardia Civil”, la Administración sólo puede dedicar dinero a su reparación, no a amueblarlas a gusto y necesidad del inquilino, aunque sea el coronel jefe de la zona.
Debo congratularme del cambio de criterio de la Fiscalía a la vista de la Sentencia, que viene a darnos la razón, como ya nos la dio la Audiencia Provincial. Y debo darle la razón al Sr. Pizá cuando afirma que la personación en la causa de AUGC impidió un “pacto de conformidad”, que significaba en gran medida una burla a la Justicia (como suele suceder en los casos que tan acertadamente cita el Sr. Pizá en su artículo) e impunidad para uno de los ahora condenados. Vamos, un bautizo con cera del Corpus para los acusados. La gravedad de lo sucedido estriba no tanto en la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido y la severidad de la sentencia. La corrupción no admite medias tintas. Con nadie, ni político ni funcionario. Que un alto funcionario público, urda una trama que incluye falsificar documentos públicos e incitar a terceros que hagan lo propio, con el objetivo espurio de destinar un dinero para otros fines que no son los originariamente autorizados, para adquirir enseres de exclusivo uso y personal disfrute, es algo objetivamente grave. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial y así lo considera, también ahora, la Fiscalía. Aunque tengan estrellas en la bocamanga.
Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general de AUGC
Mostrando entradas con la etiqueta Caso facturas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Caso facturas. Mostrar todas las entradas
15 septiembre 2009
27 febrero 2009
Artículo sobre la sentencia del "caso facturas"
Este artículo que escribí tan pronto conocimos la sentencia del 'caso facturas' ha sido publicado hoy en el rotativo "Última Hora", el periódico de mayor tirada en Baleares. Es mi valoración estrictamente personal de la sentencia.
SIN AUGC NO HUBIERA HABIDO JUICIO
El miércoles 25 de febrero conocimos la sentencia del conocido como “caso facturas”, donde fueron juzgados el coronel de la Guardia Civil Fco. Javier García Peña (quien fuera primer jefe de la Comandancia entre agosto de 2005 y septiembre de 2006), el también coronel del mismo Cuerpo Luis Cuadri Duque (quien ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Baleares y que en el momento de los hechos ocupaba el cargo de segundo jefe de la Comandancia) y el capitán José López García Trujillo (actual jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Calvià), además del constructor Jaime Ferragut (fallecido hace algunas semanas, desdichadamente).
La sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma condena a penas que cabe calificar de severas y ejemplarizantes a los cuatro acusados. A los dos coroneles, García Peña y Cuadri, les impone idéntica pena: 3 años de prisión, multa de 6 meses a razón de 6 €/día, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 2 años y al pago de ¼ parte de las costas del proceso a cada uno de ellos. Estas penas se imponen a García Peña como autor de un delito de falsificación en documento público y a Cuadri como inductor - cooperador necesario. Recordemos que la fiscalía solicitaba el sobreseimiento libre de las actuaciones contra Cuadri. El capitán Trujillo es condenado a una pena de 6 meses de prisión, multa de 6 meses a razón de 6 €/día e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 años, además del pago de ¼ parte de las costas procesales por haber inducido a su buen amigo, el constructor Jaime Ferragut, a cometer un delito de falsificación en documento oficial (expedir una factura falsa por valor de 12.505,32 €)
La Justicia ha hablado, de forma clara y rotunda. Y aunque la sentencia aun no es firme, cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cosa que a buen seguro los coroneles harán para evitar su ingreso en prisión. Desde AUGC en su día decidimos personarnos como acusación popular bajo dos premisas básicas: erradicar de raíz cualquier caso de corrupción que se detectara en el seno del Instituto Armado y conseguir acabar con la sensación de impunidad que algunos altos mandos del Cuerpo tienen a la hora de ejercer sus responsabilidades, infringiendo la ley de forma “libre y voluntaria” como los acusados hicieron, “de un modo personal y directo”, como establece literalmente la sentencia.
Las penas que solicitó provisionalmente la fiscalía en su momento nos parecieron excesivamente laxas y poco adecuadas a la gravedad de lo sucedido y a las pruebas e indicios existentes, considerando no tanto la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, según declara probado el Tribunal sentenciador, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido. Por eso, el letrado de AUGC, Jacobo Planas de Oleza, quien ha llevado a cabo una excelente, eficaz y muy profesional labor durante todo el proceso, solicitó penas considerablemente mayores y más severas que las propuestas por el Ministerio Fiscal. Finalmente, la Justicia nos ha dado la razón y sólo cabe acatar la sentencia, y esperar que actos como los llevados a cabo por los condenados, no vuelvan a acontecer jamás. La ciudadanía debe tener plena y total confianza en la Guardia Civil y en la honorabilidad y la honradez de quienes integramos esta Institución, cuya misión constitucional es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Y humildemente, creemos haber contribuido a que la honestidad de los 86.000 hombres y mujeres que a ella pertenecemos, quede fuera de toda duda, a pesar de las inevitables y contadas excepciones en un colectivo tan numeroso, porque sin AUGC el caso no hubiese sido ni juzgado siquiera. El Tribunal ha entendido la gravedad de lo que hicieron los ahora condenados, como demuestra la Sentencia, sensibilidad que echamos de menos en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado (que ni siquiera se personó en el proceso), y en el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías.
Joan Miquel Perpinyà
SIN AUGC NO HUBIERA HABIDO JUICIO
El miércoles 25 de febrero conocimos la sentencia del conocido como “caso facturas”, donde fueron juzgados el coronel de la Guardia Civil Fco. Javier García Peña (quien fuera primer jefe de la Comandancia entre agosto de 2005 y septiembre de 2006), el también coronel del mismo Cuerpo Luis Cuadri Duque (quien ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Baleares y que en el momento de los hechos ocupaba el cargo de segundo jefe de la Comandancia) y el capitán José López García Trujillo (actual jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Calvià), además del constructor Jaime Ferragut (fallecido hace algunas semanas, desdichadamente).
La sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma condena a penas que cabe calificar de severas y ejemplarizantes a los cuatro acusados. A los dos coroneles, García Peña y Cuadri, les impone idéntica pena: 3 años de prisión, multa de 6 meses a razón de 6 €/día, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 2 años y al pago de ¼ parte de las costas del proceso a cada uno de ellos. Estas penas se imponen a García Peña como autor de un delito de falsificación en documento público y a Cuadri como inductor - cooperador necesario. Recordemos que la fiscalía solicitaba el sobreseimiento libre de las actuaciones contra Cuadri. El capitán Trujillo es condenado a una pena de 6 meses de prisión, multa de 6 meses a razón de 6 €/día e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 años, además del pago de ¼ parte de las costas procesales por haber inducido a su buen amigo, el constructor Jaime Ferragut, a cometer un delito de falsificación en documento oficial (expedir una factura falsa por valor de 12.505,32 €)
La Justicia ha hablado, de forma clara y rotunda. Y aunque la sentencia aun no es firme, cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cosa que a buen seguro los coroneles harán para evitar su ingreso en prisión. Desde AUGC en su día decidimos personarnos como acusación popular bajo dos premisas básicas: erradicar de raíz cualquier caso de corrupción que se detectara en el seno del Instituto Armado y conseguir acabar con la sensación de impunidad que algunos altos mandos del Cuerpo tienen a la hora de ejercer sus responsabilidades, infringiendo la ley de forma “libre y voluntaria” como los acusados hicieron, “de un modo personal y directo”, como establece literalmente la sentencia.
Las penas que solicitó provisionalmente la fiscalía en su momento nos parecieron excesivamente laxas y poco adecuadas a la gravedad de lo sucedido y a las pruebas e indicios existentes, considerando no tanto la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, según declara probado el Tribunal sentenciador, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido. Por eso, el letrado de AUGC, Jacobo Planas de Oleza, quien ha llevado a cabo una excelente, eficaz y muy profesional labor durante todo el proceso, solicitó penas considerablemente mayores y más severas que las propuestas por el Ministerio Fiscal. Finalmente, la Justicia nos ha dado la razón y sólo cabe acatar la sentencia, y esperar que actos como los llevados a cabo por los condenados, no vuelvan a acontecer jamás. La ciudadanía debe tener plena y total confianza en la Guardia Civil y en la honorabilidad y la honradez de quienes integramos esta Institución, cuya misión constitucional es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Y humildemente, creemos haber contribuido a que la honestidad de los 86.000 hombres y mujeres que a ella pertenecemos, quede fuera de toda duda, a pesar de las inevitables y contadas excepciones en un colectivo tan numeroso, porque sin AUGC el caso no hubiese sido ni juzgado siquiera. El Tribunal ha entendido la gravedad de lo que hicieron los ahora condenados, como demuestra la Sentencia, sensibilidad que echamos de menos en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado (que ni siquiera se personó en el proceso), y en el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías.
Joan Miquel Perpinyà
26 febrero 2009
Sentencia condenatoria en el "caso facturas"
Lamento haber estado 57 días sin escribir en el blog, pero he estado ocupado con varias cosas, fundamentalmente cuidando mi salud y defendiéndome lo mejor que he podido del expediente por falta muy grave que aún se me instruye. Dentro de poco, espero poder hablar de ello, pero de momento prefiero no tocar el tema.
Retomo nuevamente el blog con el asunto donde lo dejé el día 31 de diciembre del año pasado, que no es otro que el “caso facturas”. Finalmente, la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dictado sentencia. Una sentencia dura y ejemplar, que podéis descargaros de forma íntegra en este enlace:
http://www.4shared.com/file/89678923/12a4c346/sentencia_caso_facturas.html
El coronel García Peña ha sido condenado como autor de un delito de falsificación de documento oficial a 3 años de prisión, multa de 1.080 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 2 años. El coronel Luis Cuadri es considerado por el Tribunal como inductor / cooperador necesario, por lo que recibe exactamente la misma pena. Finalmente, el capitán López García Trujillo es considerado inductor de un delito de falsificación de documento público y condenado a 6 meses de prisión, multa de 1.080 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por 2 años. El constructor que se prestó a elaborar la factura falsa por valor de algo más de 12.000 euros también ha sido condenado, aunque su responsabilidad penal ha extinguido dado que falleció el 5 de febrero.
La fiscalía solicitó penas considerablemente inferiores e incluso no presentó cargos contra el coronel Luis Cuadri. Sin embargo, AUGC, personada en el caso como acusación popular cuando yo era Secretario
Así pues, considero que se ha hecho Justicia. Algunos de los condenados ya han anunciado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo. Hacen bien, porque de no hacerlo los dos coroneles deberían ingresar en prisión al ser la pena superior a dos años, aunque carezcan de antecedentes penales. Están en su derecho, pero la sentencia pone a cada cual en su sitio y por más que trataron de que AUGC no se personara en la causa y que no hubiera juicio, por más que nos impusieron una fianza de 10.000 euros para persuadirnos de abandonar el caso, por más que alegaron que AUGC carecía de legitimación en la causa, finalmente la Justicia nos ha dado la razón.
11 diciembre 2008
CASO FACTURAS (II)
El día 10 de diciembre, el último día del juicio por el 'caso facturas' (y casualmente, el último día de la sanción de 12 meses de suspensión de empleo que he cumplido por la manifestación del 20 de enero de 2007 en Madrid), Europa Press emitió este teletipo:
Socías niega que intentase "disculpar a nadie" en torno al caso Facturas aunque defiende que "no hubo enriquecimiento"
El delegado del Gobierno remarca que no había "ningún lujo" entre los muebles comprados ya que "no eran de Roche-Bobois, sino de Ikea y Leroy Merlin"
PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, negó hoy que haya intentado "disculpar a nadie" con sus declaraciones efectuadas el pasado lunes en torno a los tres altos mandos de la Guardia Civil que entre ayer y hoy han declarado en el juicio por el caso Facturas, aunque defendió que la falsificación de la que se les acusa "no fue para enriquecerse" sino para amueblar la vivienda oficial del coronel Javier García Peña.
En declaraciones efectuadas a los medios tras la reunión mantenida con alcaldes y representantes municipales de las islas, Socías alegó que "en ningún momento" ha intentado "justificar nada" sino al contrario, "fui muy claro" cuando apuntó que los acusados deberían haber tenido "mucho más cuidado como servidores públicos que eran", pese a que consideró que en la actuación de los tres agentes de la Benemérita, "no hubo ánimo de hacer daño".
Es así como respondió a las críticas efectuadas esta mañana por el ex secretario general de la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyà, quien recriminó la actitud "de disculpa" de Socías ante el caso Facturas. Sin embargo, el representante del Gobierno central en las islas incidió en que "nadie se ha llevado dinero a su bolsillo" aunque como funcionarios públicos "deben ser muy respetuosos con la Ley".
"Falsificaron unas facturas para hacer una actuación no contemplada en el presupuesto que Peña tenía asignado", aseveró Socías, quien subrayó que los funcionarios "debemos ser los primeros en dar ejemplo y no falsificar, pese a que en este caso no fue para enriquecerse sino para amueblar una vivienda". En relación con los muebles, también defendió que "no es que sean de Roche-Bobois, sino de Ikea y Leroy Merlin", por lo que "no había ningún lujo".
"Sí que se hizo mal porque se falsificaron facturas, pero la justicia será la que determinará en qué tipo de responsabilidad han incurrido los actores de este desgraciado suceso", remarcó el delegado.
En relación con las declaraciones de Perpinyà, realizadas a su salida del juicio por el caso Facturas, Socías aseguró no tener "nada que comentar" aunque consideró que el ex secretario atraviesa una situación "complicada" en la Guardia Civil a nivel disciplinario, de modo que "entiendo que sus declaraciones puedan verse condicionadas por ello".
AYUDAS MAYORES EN DETERMINADOS ESCALAFONES
Tal y como comentó, lleva "muchos años trabajando en una agrupación no reconocida legalmente, intentando mejorar la calidad de vida de los guardias, y seguramente estas críticas que ha hecho a raíz del juicio tendrían más validez en otras circunstancias". Según aclaró respecto a las ayudas reservadas a los jefes de comandancia, se otorgan cuando hay traslados por mudanza y son mayores en según que escalones, pero "se perciben en todos", como los periodos de permiso. "Cuando se sube de escalafón muchas veces son mayores", recalcó.
En concreto, Perpinyà reclamó hoy reformas integrales en el seno del Instituto Armado a fin de evitar que se produzcan "privilegios asquerosos" como los del caso Facturas -cuyo juicio quedó hoy visto para sentencia-, por no haberse adaptado el Instituto Armado a los controles y parámetros democráticos actuales. Con las declaraciones de los cuatro acusados del caso ha quedado "patente", en su opinión, que los altos mandos de la Guardia Civil cuentan con unos "privilegios inexplicables en el siglo XXI y derivados de la época de Franco".
Al parecer hay quien se ha sentido ofendido por mis declaraciones, en concreto por la expresión "privilegios asquerosos", cuando es evidente que me estaba refiriendo, como así lo especifica el teletipo de EP, a lo visto y oído por todos en el juicio por el caso facturas, que ha sido tan triste como lamentable y no puedo más que ratificarme en ello. La prensa lo ha explicado todo bastante bien y sólo hay que consultar la hemeroteca para ver lo que ha sucedido durante el juicio y la imagen que se ha dado de la cúpula de la Guardia Civil en Baleares durante el año 2005.
En cuanto a las afirmaciones del Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, a quien vemos en esta imagen propiedad del map, pronto le responderé a sus afirmaciones de forma pública a través de un artículo en los medios de comunicación, que reproduciré aquí oportunamente cuando sea publicado.
Lamento muchísimo que Socías, a quien considero un buen representante del Gobierno central y que hasta ahora había sido muy correcto y amable con AUGC, de repente se muestre tan desinformado con respecto a AUGC y particularmente, tan desagradable conmigo.
Caso facturas (I)
Ayer miércoles, como ya dije, quedó visto para sentencia el denominado ‘caso facturas’, donde se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares, sección 1ª, los coroneles Javier García Peña, Luis Cuadri Duque, el capitán José López García Trujillo y el constructor Jaime Ferragut.
Ayer el acto de vista oral se limitó a los informes finales de las representaciones letradas de las partes (Ministerio Público, Acusación popular ejercida por AUGC y los acusados ya citados). Pero como ya comenté, el juicio ha dado para mucho y hemos podido saber de boca de los propios acusados y en ocasiones de sus defensores, muchos privilegios que ostentan y cómo se manejan ética y moralmente algunos de ellos, por no decir todos los que ocupaban el banquillo de los acusados.
Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención que el coronel Cuadri reconociera abiertamente que se llevaba fatal con el ahora general de brigada Jaime Santandreu, jefe de la Zona de la Comunidad Valencia, quien siendo coronel, era el primer jefe de la comandancia de Baleares. Y ahora también se llevaba, hablando coloquialmente, peor que fatal, con el también primer jefe, el coronel García Peña. Una pregunta ingenua que me viene a la cabeza: ¿con cual de sus superiores se ha llevado bien este señor? Cuadri con nadie cuadra y perdonen la disonancia y también el pareado. Lo extraño es que nunca se planteara afiliarse a AUGC, porque debía temer continuamente que su enemistad con sus jefes le acarrease problemas profesionales, como nos suele suceder a todos, que en cuanto no le doras la píldora a tu jefe, pues eso presupone estar discriminado de por vida o, al menos, en el punto de mira. Sé de lo que hablo y muchos me comprenderéis…
Gracias al juicio, hemos podido comprobar con certeza lo que ya sabíamos, que cada vez que hay un cambio de jefe de Comandancia, se adjudican 4.000 euros para obras de mejora y mantenimiento en el pabellón oficial. Los servicios jurídicos de AUGC deberán plantearse seriamente preparar las instancias correspondientes para que cada guardia civil a quien se le adjudique un pabellón, solicite inmediatamente una aportación extraordinaria de crédito presupuestario, si no de igual cuantía, algo menor, por eso del rango y del empleo, además de la seguridad, para adecentar el pabellón que reciba. Sin embargo, García Peña, logró no se sabe cómo (él dijo que hablando con el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General, lo cual desde aquí invito a hacer a todo aquel que se halle en similar situación de recibir un pabellón en mal estado, que llame por teléfono a la dirección general y pregunte por el jefe de acuartelamientos) y quizás valga la pena instar que se investigue esta circunstancia,;e incluso antes de tomar posesión oficial del cargo, donde estuvo presente, por cierto, Joan Mesquida, el triple de la cantidad habitual, esto es 12.000 euros para hacer obras, reformas que en absoluto tenía intención de hacer y que pretendía destinar casi en su totalidad a adquisición de mobiliario y otros enseres, pues como dijo alguien que no recuerdo en el juicio, García Peña vino a Palma con un pan debajo del brazo, sin muebles y sin intención de comprarlos de su peculio, sino del crédito concedido por la Guardia Civil, con un planeado engaño, haciendo creer que se trataba de obras de reformas y rehabilitación.
El coronel Cuadri manifestó que el coronel García Peña había solicitado los planos del pabellón semanas antes de viajar a Palma, para saber cómo era y que, por supuesto, se los enviaron, dado que era práctica habitual. Sugiero a todos los lectores que a partir de ahora, cuando vayan destinados a algún lugar escriban por correo a su nueva Unidad solicitando los planos del pabellón, a ver si se los envían o si se muere esperándolos… pero si es algo que se suele hacer con los jefes de comandancia, no veo cual es la pega para que se haga con el resto de funcionarios públicos…
Por otra parte, también hemos sabido que el Coronel García Peña, siendo capitán y estando destinado en Madrid, conoció a Cuadri, quien también era capitán. Este último viajó a la capital junto a su esposa, para declarar por un asunto oficial de tráfico de drogas ante la Audiencia Nacional y el entonces capitán García Peña estuvo encargado de llevarle, traerle, asistirle en todo aquello que pudiera necesitar, acompañar a la esposa de Cuadri mientras este estuviera declarando en la Audiencia Nacional, etc. Privilegio este que no estando reconocido en ninguna norma de la que tengamos conocimiento, recomiendo a todos aquellos guardias civiles que vayan a Madrid en comisión de servicio, solicitar por escrito. También a mí, cuando he estado en Madrid por cuestiones oficiales, me hubiese venido de perlas que me hubiesen venido a buscar en coche oficial y que un compañero me hubiera llevado y traído por todo, sin tener yo que preocuparme por nada. Ni metro, ni autobús, ni nada. Y junto a mí, mi pareja, que acompañado se viaja mejor. Al menos Cuadri y yo opinamos así. Habrá quien opine lo contrario, pero no quiero desviarme del tema que nos ocupa, por más que podría, pero no quiero ni vale la pena desviar la atención de lo que estamos tratando ahora mismo…
Como ya relaté y se han hecho eco de ello los medios de comunicación, Cuadri declaró ante la sección 1ª de la Audiencia Provincial que cada comandancia era un “reino de Taifas y allí el jefe hace lo que le da la gana”. Observación que no admite discusión porque es real y lo sabemos los 78.000 agentes de la Guardia Civil, y cuya sinceridad no esperaba nadie, y que además, no debe extrañar si proviene de alguien que ha dicho antes, en fase de instrucción ante la Policía Judicial lo siguiente: “(…) es notorio que el equipo de entretenimiento (guardias civiles que realizan pequeñas obras de carpintería, fontanería, albañilería y electricidad) lo emplea el jefe de la unidad que lo tiene a su disposición cuando necesita hacer una pequeña obra o reparación en el mismo, por tanto no creo que el anterior adjudicatario que era el entonces coronel Santandreu, lo dejara en tan malas condiciones como al parecer dice el coronel Peña”. Cuadri declaró que el pabellón del jefe lo retocan cada vez que se incorpora un nuevo primer jefe y que, por tanto, no debía estar en mal estado, siendo falso lo que decía García Peña de que en ese pabellón no se habían hecho obras desde hacía 20 años, cuando era jefe de la comandancia el teniente coronel nieva, quien fuera años más tarde subdirector general de operaciones siendo director general Ferrán Cardenal.
Cuadri acusó a García Peña de que decidió no traer muebles a Palma y que vino con una mano delante y otra detrás, porque tenía la intención de comprarlos una vez estuviera ya en la comandancia, aunque el comandante interventor Asís Olmedo le indicó al menos en tres ocasiones que eso no podía hacerse y que además, era imposible.
El comandante interventor manifestó que lo habitual es que para este tipo de obras de elaboren 3 presupuestos, pero que en este caso tan sólo se aportó uno al expediente. Y declaró en el juicio que le dijo a García Peña que esos 12.000 euros asignados como ampliación de crédito del concepto presupuestario 212 (obras y reparaciones) eran un caramelo envenenado si se dedicaban a cualquier otra cosa. García Peña no le hizo ni caso, que para eso era coronel y el interventor, sólo comandante. Y ahora tendrá que asumir sus responsabilidades. Ya sean penales, ya sean disciplinarias. Tengo curiosidad por saber si a él le propondrán la separación del servicio como a mí, con todo lo que sabemos que ha hecho, o lo dejarán en algo menos grave, que para eso lleva tres estrellas de ocho puntas de coronel y, como dijo su defensor, “el coronel García Peña lleva 40 años de servicios al pie del cañón, no sesteando en las salas de oficiales ni en divanes de psicólogos buscando una baja”. Muchos de los presentes, al oír la solidez del argumento del defensor de García Peña en la sala de vistas, estuvimos a punto de poner a su nombre nuestras cuentas corrientes, las posibles herencias, los bienes muebles e inmuebles, pero luego, en los corrillos, pensamos que mejor era dejar las cosas como cada cual las tuviera, no fuera a ser que algún día le diera por echarse una siesta en la sala de oficiales. Si me gustaría añadir que yo jamás me he enfrentado a una acusación delictiva, como la que ahora recae sobre García Peña, Cuadri y López García Trujillo, pero aún así dudo mucho que en fase disciplinaria les pidan la expulsión del Cuerpo, como el en Pliego de Cargos se pide para mí con una clamorosa ausencia de actividad probatoria que permita mantener la acusación que formula y con una intencionalidad clara e indiscutible: intimidar y amenazar. Pero ya debieran saber que ese tipo de tácticas que me atrevo a calificar de mafiosas, conmigo no valen. Todo lo contrario. Me reafirman en lo correctamente ético y moral de las acusaciones que mantengo. Yo por las buenas, voy donde haga falta. A empujones no voy a ningún lado. Digo esto para los correveidiles y para ciertos dirigentes de AUGC.
La Defensa de Cuadri, el ilustre letrado don Rafael Perera, habló en su informe final de que todo el mundo conoce la austeridad con que viven los mandos de la Guardia Civil. Aquí por poco me echan de la sala a mí y a todos aquellos, periodistas incluidos, que no podíamos parar de reír...ni yo ni todos los que estábamos en la sala. La Presidenta del Tribunal echó mano de la campanilla y pararon los murmullos. No tuvo que hacerla sonar… Lo cierto es que nadie podrá rebatir el argumento del ilustrísimo letrado don Rafael Perera, porque es verdad que raramente oímos quejarse de su sueldo a los altos mandos de la Guardia Civil, acostumbrados como están y aceptadas como tienen la austeridad y a las asperezas e incomodidades que el ejercicio del mando trae consigo. Sólo somos los quejosos y permanentemente insatisfechos miembros de las escalas inferiores quienes, habituados a la vida lujosa y opulenta que nuestras excesivas y insólitas nóminas nos permiten y casi obligan a llevar, desde que salimos de la academia hasta que nos jubilamos, nosotros somos quienes constantemente, llevados por un infinito afán de codicia y por una ambición desmedida y sin control, continuamente solicitamos al Gobierno que nos aumente aún más nuestras ya cuantiosísimas y suculentas nóminas para no tener que disminuir nuestro exagerado tren de vida.
Y por hoy, es suficiente. Mañana os contaré más sobre el juicio...
Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención que el coronel Cuadri reconociera abiertamente que se llevaba fatal con el ahora general de brigada Jaime Santandreu, jefe de la Zona de la Comunidad Valencia, quien siendo coronel, era el primer jefe de la comandancia de Baleares. Y ahora también se llevaba, hablando coloquialmente, peor que fatal, con el también primer jefe, el coronel García Peña. Una pregunta ingenua que me viene a la cabeza: ¿con cual de sus superiores se ha llevado bien este señor? Cuadri con nadie cuadra y perdonen la disonancia y también el pareado. Lo extraño es que nunca se planteara afiliarse a AUGC, porque debía temer continuamente que su enemistad con sus jefes le acarrease problemas profesionales, como nos suele suceder a todos, que en cuanto no le doras la píldora a tu jefe, pues eso presupone estar discriminado de por vida o, al menos, en el punto de mira. Sé de lo que hablo y muchos me comprenderéis…
Gracias al juicio, hemos podido comprobar con certeza lo que ya sabíamos, que cada vez que hay un cambio de jefe de Comandancia, se adjudican 4.000 euros para obras de mejora y mantenimiento en el pabellón oficial. Los servicios jurídicos de AUGC deberán plantearse seriamente preparar las instancias correspondientes para que cada guardia civil a quien se le adjudique un pabellón, solicite inmediatamente una aportación extraordinaria de crédito presupuestario, si no de igual cuantía, algo menor, por eso del rango y del empleo, además de la seguridad, para adecentar el pabellón que reciba. Sin embargo, García Peña, logró no se sabe cómo (él dijo que hablando con el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General, lo cual desde aquí invito a hacer a todo aquel que se halle en similar situación de recibir un pabellón en mal estado, que llame por teléfono a la dirección general y pregunte por el jefe de acuartelamientos) y quizás valga la pena instar que se investigue esta circunstancia,;e incluso antes de tomar posesión oficial del cargo, donde estuvo presente, por cierto, Joan Mesquida, el triple de la cantidad habitual, esto es 12.000 euros para hacer obras, reformas que en absoluto tenía intención de hacer y que pretendía destinar casi en su totalidad a adquisición de mobiliario y otros enseres, pues como dijo alguien que no recuerdo en el juicio, García Peña vino a Palma con un pan debajo del brazo, sin muebles y sin intención de comprarlos de su peculio, sino del crédito concedido por la Guardia Civil, con un planeado engaño, haciendo creer que se trataba de obras de reformas y rehabilitación.
El coronel Cuadri manifestó que el coronel García Peña había solicitado los planos del pabellón semanas antes de viajar a Palma, para saber cómo era y que, por supuesto, se los enviaron, dado que era práctica habitual. Sugiero a todos los lectores que a partir de ahora, cuando vayan destinados a algún lugar escriban por correo a su nueva Unidad solicitando los planos del pabellón, a ver si se los envían o si se muere esperándolos… pero si es algo que se suele hacer con los jefes de comandancia, no veo cual es la pega para que se haga con el resto de funcionarios públicos…
Por otra parte, también hemos sabido que el Coronel García Peña, siendo capitán y estando destinado en Madrid, conoció a Cuadri, quien también era capitán. Este último viajó a la capital junto a su esposa, para declarar por un asunto oficial de tráfico de drogas ante la Audiencia Nacional y el entonces capitán García Peña estuvo encargado de llevarle, traerle, asistirle en todo aquello que pudiera necesitar, acompañar a la esposa de Cuadri mientras este estuviera declarando en la Audiencia Nacional, etc. Privilegio este que no estando reconocido en ninguna norma de la que tengamos conocimiento, recomiendo a todos aquellos guardias civiles que vayan a Madrid en comisión de servicio, solicitar por escrito. También a mí, cuando he estado en Madrid por cuestiones oficiales, me hubiese venido de perlas que me hubiesen venido a buscar en coche oficial y que un compañero me hubiera llevado y traído por todo, sin tener yo que preocuparme por nada. Ni metro, ni autobús, ni nada. Y junto a mí, mi pareja, que acompañado se viaja mejor. Al menos Cuadri y yo opinamos así. Habrá quien opine lo contrario, pero no quiero desviarme del tema que nos ocupa, por más que podría, pero no quiero ni vale la pena desviar la atención de lo que estamos tratando ahora mismo…
Como ya relaté y se han hecho eco de ello los medios de comunicación, Cuadri declaró ante la sección 1ª de la Audiencia Provincial que cada comandancia era un “reino de Taifas y allí el jefe hace lo que le da la gana”. Observación que no admite discusión porque es real y lo sabemos los 78.000 agentes de la Guardia Civil, y cuya sinceridad no esperaba nadie, y que además, no debe extrañar si proviene de alguien que ha dicho antes, en fase de instrucción ante la Policía Judicial lo siguiente: “(…) es notorio que el equipo de entretenimiento (guardias civiles que realizan pequeñas obras de carpintería, fontanería, albañilería y electricidad) lo emplea el jefe de la unidad que lo tiene a su disposición cuando necesita hacer una pequeña obra o reparación en el mismo, por tanto no creo que el anterior adjudicatario que era el entonces coronel Santandreu, lo dejara en tan malas condiciones como al parecer dice el coronel Peña”. Cuadri declaró que el pabellón del jefe lo retocan cada vez que se incorpora un nuevo primer jefe y que, por tanto, no debía estar en mal estado, siendo falso lo que decía García Peña de que en ese pabellón no se habían hecho obras desde hacía 20 años, cuando era jefe de la comandancia el teniente coronel nieva, quien fuera años más tarde subdirector general de operaciones siendo director general Ferrán Cardenal.
Cuadri acusó a García Peña de que decidió no traer muebles a Palma y que vino con una mano delante y otra detrás, porque tenía la intención de comprarlos una vez estuviera ya en la comandancia, aunque el comandante interventor Asís Olmedo le indicó al menos en tres ocasiones que eso no podía hacerse y que además, era imposible.
El comandante interventor manifestó que lo habitual es que para este tipo de obras de elaboren 3 presupuestos, pero que en este caso tan sólo se aportó uno al expediente. Y declaró en el juicio que le dijo a García Peña que esos 12.000 euros asignados como ampliación de crédito del concepto presupuestario 212 (obras y reparaciones) eran un caramelo envenenado si se dedicaban a cualquier otra cosa. García Peña no le hizo ni caso, que para eso era coronel y el interventor, sólo comandante. Y ahora tendrá que asumir sus responsabilidades. Ya sean penales, ya sean disciplinarias. Tengo curiosidad por saber si a él le propondrán la separación del servicio como a mí, con todo lo que sabemos que ha hecho, o lo dejarán en algo menos grave, que para eso lleva tres estrellas de ocho puntas de coronel y, como dijo su defensor, “el coronel García Peña lleva 40 años de servicios al pie del cañón, no sesteando en las salas de oficiales ni en divanes de psicólogos buscando una baja”. Muchos de los presentes, al oír la solidez del argumento del defensor de García Peña en la sala de vistas, estuvimos a punto de poner a su nombre nuestras cuentas corrientes, las posibles herencias, los bienes muebles e inmuebles, pero luego, en los corrillos, pensamos que mejor era dejar las cosas como cada cual las tuviera, no fuera a ser que algún día le diera por echarse una siesta en la sala de oficiales. Si me gustaría añadir que yo jamás me he enfrentado a una acusación delictiva, como la que ahora recae sobre García Peña, Cuadri y López García Trujillo, pero aún así dudo mucho que en fase disciplinaria les pidan la expulsión del Cuerpo, como el en Pliego de Cargos se pide para mí con una clamorosa ausencia de actividad probatoria que permita mantener la acusación que formula y con una intencionalidad clara e indiscutible: intimidar y amenazar. Pero ya debieran saber que ese tipo de tácticas que me atrevo a calificar de mafiosas, conmigo no valen. Todo lo contrario. Me reafirman en lo correctamente ético y moral de las acusaciones que mantengo. Yo por las buenas, voy donde haga falta. A empujones no voy a ningún lado. Digo esto para los correveidiles y para ciertos dirigentes de AUGC.
La Defensa de Cuadri, el ilustre letrado don Rafael Perera, habló en su informe final de que todo el mundo conoce la austeridad con que viven los mandos de la Guardia Civil. Aquí por poco me echan de la sala a mí y a todos aquellos, periodistas incluidos, que no podíamos parar de reír...ni yo ni todos los que estábamos en la sala. La Presidenta del Tribunal echó mano de la campanilla y pararon los murmullos. No tuvo que hacerla sonar… Lo cierto es que nadie podrá rebatir el argumento del ilustrísimo letrado don Rafael Perera, porque es verdad que raramente oímos quejarse de su sueldo a los altos mandos de la Guardia Civil, acostumbrados como están y aceptadas como tienen la austeridad y a las asperezas e incomodidades que el ejercicio del mando trae consigo. Sólo somos los quejosos y permanentemente insatisfechos miembros de las escalas inferiores quienes, habituados a la vida lujosa y opulenta que nuestras excesivas y insólitas nóminas nos permiten y casi obligan a llevar, desde que salimos de la academia hasta que nos jubilamos, nosotros somos quienes constantemente, llevados por un infinito afán de codicia y por una ambición desmedida y sin control, continuamente solicitamos al Gobierno que nos aumente aún más nuestras ya cuantiosísimas y suculentas nóminas para no tener que disminuir nuestro exagerado tren de vida.
Y por hoy, es suficiente. Mañana os contaré más sobre el juicio...
09 diciembre 2008
Segunda parte del artículo de opinión del Caso Facturas
Hoy el periódico Última Hora de Baleares ha publicado la segunda parte del artículo de opinión que ayer ya se empezó a publicar. Ahí va:
El coronel Sr. García Peña, durante los meses de julio a octubre de 2005, fue adquiriendo mobiliario y multitud de otros elementos para su residencia oficial, bien a través de los fondos que le eran anticipados por la Caja de la comandancia, bien mediante compras directas efectuadas por él mismo, cuyo importe recuperaba posteriormente de la Caja Pagadora, previa presentación de facturas y justificantes de pago. El importe total de esas compras ascendió a 12.208’11 €. La mayoría de dicho mobiliario nuevo fue relacionado en un inventario que suscribió el propio Sr. García Peña y que aparece con fecha 1 de noviembre de 2005, sin visar por nadie más y en ningún caso por algún superior suyo, por lo cual no es peregrino sospechar que una vez que se descubrió lo ocurrido, García Peña decidiese incluir todo lo comprado en el inventario. Sin embargo, existen muebles que fueron adquiridos y no figuran ni en el inventario ni en el Acta de entrada en domicilio que el Servicio de Asuntos Internos levantó en fecha 6 de septiembre de 2006.
Los delitos de los que son acusados por la acusación particular, ejercida por AUGC: son un delito continuado de falsificación de documento oficial, un delito de falsedad de certificaciones, un delito de falsificación en documento mercantil, y una falta de apropiación indebida. Por ello se solicita para el Coronel García Peña, quien fuera en el momento de los hechos máximo responsable de la Guardia Civil en Baleares, una pena de cinco años de cárcel y multa de 15 meses a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial por 4 años por el delito continuado de falsificación de documento oficial. La pena de suspensión de seis meses por el delito de falsedad de certificaciones, y una multa de un mes a razón de ocho euros diarios por la falta de apropiación indebida. Por el contrario, la fiscalía solicita penas irrisorias, concretamente la pena mínima de 3 meses de prisión por el delito de falsedad en certificación de obras con la atenuante muy cualificada de confesión.
Para el coronel Luis Cuadri, quien entonces era 2º jefe de la Comandancia de Baleares, se solicitan cinco años de prisión, multa de quince meses a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial por un tiempo de cuatro años, al considerarle responsable del delito continuado de inducción a la falsificación de documento oficial, dado que supuestamente fue el propio García Peña fue quien le acusó de haberle propuesto llevar a cabo los delitos de los que está procesado. La fiscalía solicita la libre absolución, puesto que no hay más testimonios que le incriminen que las declaraciones de García Peña.
Para el capitán José López García Trujillo se piden dos años de prisión al considerarle autor por inducción del delito de falsificación en documento mercantil. Y para el empresario Jaime Ferragut se solicitan otros dos años de prisión como autor del mismo delito. En estos dos casos, la fiscalía solicita para ambos tres meses de prisión.
Las penas que solicita la fiscalía son considerablemente menores, por no decir ridículas. ¿Por qué razón? Al parecer, hubo un intento de llegar a un acuerdo extra-judicial por el cual el coronel García Peña, el capitán José López García Trujillo y el empresario Jaime Ferragut aceptarían ser condenados a penas mínimas, evitando así que se celebrara juicio público y la consiguiente vergüenza y el escarnio de ver a tres oficiales de la Guardia Civil sentados en el banquillo de los acusados, con la repercusión mediática correspondiente. Sin embargo, la personación en la causa como acusación particular por parte de AUGC, trastocó los planes de evitar el juicio en vista pública.
La instrucción de esta causa fue un “marrón” desde el mismo día en que saltó el asunto a los medios de comunicación y según parece, nadie quería tener que lidiar con el morlaco, de forma que hubo una agria polémica entre los titulares de los Juzgados de Instrucción 8 y 9 de Palma sobre la competencia a la hora de entender de la causa. Finalmente, el Juez Decano Martínez Espinosa declaró competente al Juzgado de Instrucción nº 9, según las normas de reparto aleatorio.
No cabe duda de que García Peña certificó por escrito y con su firma que Construcciones Calabruix S.L. había realizado las obras conforme al presupuesto elaborado por la misma empresa por un importe total de 12.505,32 € y que tal certificación es falsa, además del resto de documentos necesarios en el expediente y que ya hemos detallado. El comandante Asís Olmedo, interventor de la Comandancia de Baleares, afirmó que García Peña mostró un gran desconocimiento de los procedimientos legales establecidos para la gestión económica y que trató de asesorarle sobre ello. También declaró que Cuadri le llamó a su despacho para incidir en las obras del pabellón del coronel García Peña, preguntándole cómo se podía hacer la obra ya que el coronel tenía unas facturas de compras que había efectuado y quería solucionar el problema. El interventor declaró sentirse sorprendido, porque Cuadri no tenía entre sus competencias el control de la gestión económica. Y además, manifestó que se sintió incómodo porque la solución aportada y que se ajustaba a la legalidad, parecía no satisfacer ni a García Peña ni a Cuadri. Por supuesto, el interventor niega haber presenciado la entrega de sobre alguno con dinero y del inventario no sabe nada porque eso se escapa de sus funciones y competencias.
Jaime Ferragut Ferrá, propietario y administrador único de Construcciones Calabruix S.L. dijo que no conocía a García Peña más que porque se lo había presentado el capitán Trujillo. Que un día fue a visitar a Trujillo a su despacho de la comandancia de Palma, donde solía acudir a menudo, y que este capitán le dijo si quería hacer un trabajo, pidiéndole un presupuesto para realizar la obra para la vivienda del coronel. Le llevó un presupuesto, y Trujillo le pidió una factura y un número de cuenta donde hacienda le haría el pago de la obra, y que así la cobraría y luego ya se le avisaría cuando tuviera que hacerla. Efectivamente, le ingresaron el dinero de Hacienda pero nadie, ni el capitán Trujillo ni nadie contactó con él sobre esta cuestión. Niega rotundamente haber hecho entrega de sobre alguno, ni al capitán Trujillo ni a nadie y atribuye el hecho de que se le paguen 12.000 € y después de un año “la obra no se haya realizado a que no hay control, que se han olvidado, que se han despreocupado”. ¿Puede alguien creerse esto?
El 22 de agosto de 2005, según consta en el sumario, el capitán Trujillo le entregó al constructor Ferragut un oficio del coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares en el que se le notifica que ha sido adjudicatario de la mencionada obra y que tiene un plazo de dos meses para realizarla. ¿Por qué si en el propio documento constaba que tenia dos meses de plazo para efectuar la obra, no lo hizo? Ferragut contestó que dada la relación que le unía con Trujillo, este le dijo que no se preocupara y que ya le avisaría, cosa que jamás hizo.
El coronel Cuadri era jefe interino de la Zona de Baleares a la llegada del nuevo jefe, el coronel García Peña. Nos abruma la sinceridad con la que al ser preguntado sobre el estado en que se encontraba el pabellón del jefe de la Comandancia, este responde: “(…) es notorio que el equipo de entretenimiento (guardias civiles que realizan pequeñas obras de carpintería, fontanería, albañilería y electricidad) lo emplea el jefe de la unidad que lo tiene a su disposición cuando necesita hacer una pequeña obra o reparación en el mismo, por tanto no creo que el anterior adjudicatario que era el entonces coronel Santandreu lo dejara en tan malas condiciones como al parecer dice el coronel Peña”. Aquí procede una pregunta de las que eternamente viene haciendo AUGC y que jamás nadie contesta: ¿por qué debe haber guardias civiles haciendo trabajos que nada tienen que ver con la seguridad pública, y “a disposición” del jefe de turno, a quien las reparaciones les salen gratis? Aquellos que no vivimos en viviendas oficiales de la Guardia Civil, cuando se nos rompe un grifo o un enchufe, o una persiana, llamamos a un técnico para que nos lo arregle. Y lo pagamos. ¿Por qué tienen que tener los jefes un trato diferente? ¿Acaso su sueldo no les da para ello?
Cuadri se contradice con el comandante interventor, pues manifiesta no acordarse de haberle llamado a su despacho. Por tanto, niega lo afirmado por el comandante interventor sobre su reunión en su despacho, ya que García Peña era quien tenía el mando de la unidad. Cuadri también niega rotundamente haber recibido de García Peña un sobre con dinero. Y también niega haber sugerido al coronel García Peña establecer contacto con una empresa constructora para justificar las obras que este quería hacer en su vivienda oficial. Sin embargo, si manifiesta que García Peña le preguntó si conocía algún contratista para que le hiciera un presupuesto de las obras y le dijo que conocía a Jaime Ferragut, que además era amigo del capitán Trujillo. Cuando el personal de Asuntos Internos le preguntó a Cuadri por qué el comandante interventor afirmó en su declaración que él se había interesado en varias ocasiones por la forma en que se podía solucionar el problema de la justificación de las obras y las compras efectuadas por García Peña, dijo que no tenía ni idea. Así pues, Cuadri niega toda participación en ninguna falsificación en documento público, en documento mercantil o cualquier malversación de caudales, lo cual contradice la versión de García Peña, quien le incrimina directamente como inductor.
Como vemos, son muchos los interrogantes que durante el juicio esperamos ver aclarados, pero lo que está realmente claro para nosotros es que las penas deben ser ejemplares, no ridículas como pretende la fiscalía, dado que los máximos responsables de la Guardia Civil en Balears se dedicaran presuntamente a semejantes tejemanejes, de probarse los hechos relatados, es realmente grave y el castigo que el Tribunal debe imponerles ha de tener en cuenta, no sólo los hechos, sino también los cargos y responsabilidades públicas de los procesados, que además les proporcionaban una relativa impunidad fuera de toda duda. No olvidemos que se sientan en el banquillo los máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares en el año 2005. Por infinitamente mucho menos, por la vía disciplinaria en la Guardia Civil se suspende de empleo y sueldo a compañeros y compañeras por muchos más meses de los que pide la Fiscalía en este caso. Y sé de lo que estoy hablando. Yo mismo lo he padecido y lo padezco aún en la actualidad. Pero parece que hay dos varas de medir… Y no nos parece justo ni razonable que se trate desde la Fiscalía con tanta benevolencia actuaciones presuntamente delictivas perpetradas presuntamente por jefes de la Guardia Civil que tenían a su mando más de 1.700 funcionarios públicos en todo el archipiélago y que debían predicar la honradez y la honestidad dando ejemplo de ella, no haciendo supuestamente chanchullos tan cutres como de los que vienen siendo acusados. Confiamos en que el Tribunal aclarará lo sucedido y pondrá a cada cual en su sitio.
Es pronto para hacer una valoración final de lo que hoy hemos presenciado en la Audiencia Provincial, pero prometo hacerlo tan pronto como el juicio quede visto para Sentencia, porque todo ha sido fortísimo. Prometo contarlo con todo detalle, porque ha habido declaraciones tan sinceras y tan dignas de encomio, como que todo un coronel de la Guardia Civil reconozca que "cada comandancia funciona como un reino de taifas, donde el jefe hace lo que quiere". Aun estoy perplejo y abrumado por tanta sinceridad.
---
Un adelanto se puede leer en la prensa de Baleares:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/09/baleares/1228828321.html
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008120900_2_417103__MALLORCA-coronel-Garcia-admite-firmo-facturas-falsas
El coronel Sr. García Peña, durante los meses de julio a octubre de 2005, fue adquiriendo mobiliario y multitud de otros elementos para su residencia oficial, bien a través de los fondos que le eran anticipados por la Caja de la comandancia, bien mediante compras directas efectuadas por él mismo, cuyo importe recuperaba posteriormente de la Caja Pagadora, previa presentación de facturas y justificantes de pago. El importe total de esas compras ascendió a 12.208’11 €. La mayoría de dicho mobiliario nuevo fue relacionado en un inventario que suscribió el propio Sr. García Peña y que aparece con fecha 1 de noviembre de 2005, sin visar por nadie más y en ningún caso por algún superior suyo, por lo cual no es peregrino sospechar que una vez que se descubrió lo ocurrido, García Peña decidiese incluir todo lo comprado en el inventario. Sin embargo, existen muebles que fueron adquiridos y no figuran ni en el inventario ni en el Acta de entrada en domicilio que el Servicio de Asuntos Internos levantó en fecha 6 de septiembre de 2006.
Los delitos de los que son acusados por la acusación particular, ejercida por AUGC: son un delito continuado de falsificación de documento oficial, un delito de falsedad de certificaciones, un delito de falsificación en documento mercantil, y una falta de apropiación indebida. Por ello se solicita para el Coronel García Peña, quien fuera en el momento de los hechos máximo responsable de la Guardia Civil en Baleares, una pena de cinco años de cárcel y multa de 15 meses a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial por 4 años por el delito continuado de falsificación de documento oficial. La pena de suspensión de seis meses por el delito de falsedad de certificaciones, y una multa de un mes a razón de ocho euros diarios por la falta de apropiación indebida. Por el contrario, la fiscalía solicita penas irrisorias, concretamente la pena mínima de 3 meses de prisión por el delito de falsedad en certificación de obras con la atenuante muy cualificada de confesión.
Para el coronel Luis Cuadri, quien entonces era 2º jefe de la Comandancia de Baleares, se solicitan cinco años de prisión, multa de quince meses a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial por un tiempo de cuatro años, al considerarle responsable del delito continuado de inducción a la falsificación de documento oficial, dado que supuestamente fue el propio García Peña fue quien le acusó de haberle propuesto llevar a cabo los delitos de los que está procesado. La fiscalía solicita la libre absolución, puesto que no hay más testimonios que le incriminen que las declaraciones de García Peña.
Para el capitán José López García Trujillo se piden dos años de prisión al considerarle autor por inducción del delito de falsificación en documento mercantil. Y para el empresario Jaime Ferragut se solicitan otros dos años de prisión como autor del mismo delito. En estos dos casos, la fiscalía solicita para ambos tres meses de prisión.
Las penas que solicita la fiscalía son considerablemente menores, por no decir ridículas. ¿Por qué razón? Al parecer, hubo un intento de llegar a un acuerdo extra-judicial por el cual el coronel García Peña, el capitán José López García Trujillo y el empresario Jaime Ferragut aceptarían ser condenados a penas mínimas, evitando así que se celebrara juicio público y la consiguiente vergüenza y el escarnio de ver a tres oficiales de la Guardia Civil sentados en el banquillo de los acusados, con la repercusión mediática correspondiente. Sin embargo, la personación en la causa como acusación particular por parte de AUGC, trastocó los planes de evitar el juicio en vista pública.
La instrucción de esta causa fue un “marrón” desde el mismo día en que saltó el asunto a los medios de comunicación y según parece, nadie quería tener que lidiar con el morlaco, de forma que hubo una agria polémica entre los titulares de los Juzgados de Instrucción 8 y 9 de Palma sobre la competencia a la hora de entender de la causa. Finalmente, el Juez Decano Martínez Espinosa declaró competente al Juzgado de Instrucción nº 9, según las normas de reparto aleatorio.
No cabe duda de que García Peña certificó por escrito y con su firma que Construcciones Calabruix S.L. había realizado las obras conforme al presupuesto elaborado por la misma empresa por un importe total de 12.505,32 € y que tal certificación es falsa, además del resto de documentos necesarios en el expediente y que ya hemos detallado. El comandante Asís Olmedo, interventor de la Comandancia de Baleares, afirmó que García Peña mostró un gran desconocimiento de los procedimientos legales establecidos para la gestión económica y que trató de asesorarle sobre ello. También declaró que Cuadri le llamó a su despacho para incidir en las obras del pabellón del coronel García Peña, preguntándole cómo se podía hacer la obra ya que el coronel tenía unas facturas de compras que había efectuado y quería solucionar el problema. El interventor declaró sentirse sorprendido, porque Cuadri no tenía entre sus competencias el control de la gestión económica. Y además, manifestó que se sintió incómodo porque la solución aportada y que se ajustaba a la legalidad, parecía no satisfacer ni a García Peña ni a Cuadri. Por supuesto, el interventor niega haber presenciado la entrega de sobre alguno con dinero y del inventario no sabe nada porque eso se escapa de sus funciones y competencias.
Jaime Ferragut Ferrá, propietario y administrador único de Construcciones Calabruix S.L. dijo que no conocía a García Peña más que porque se lo había presentado el capitán Trujillo. Que un día fue a visitar a Trujillo a su despacho de la comandancia de Palma, donde solía acudir a menudo, y que este capitán le dijo si quería hacer un trabajo, pidiéndole un presupuesto para realizar la obra para la vivienda del coronel. Le llevó un presupuesto, y Trujillo le pidió una factura y un número de cuenta donde hacienda le haría el pago de la obra, y que así la cobraría y luego ya se le avisaría cuando tuviera que hacerla. Efectivamente, le ingresaron el dinero de Hacienda pero nadie, ni el capitán Trujillo ni nadie contactó con él sobre esta cuestión. Niega rotundamente haber hecho entrega de sobre alguno, ni al capitán Trujillo ni a nadie y atribuye el hecho de que se le paguen 12.000 € y después de un año “la obra no se haya realizado a que no hay control, que se han olvidado, que se han despreocupado”. ¿Puede alguien creerse esto?
El 22 de agosto de 2005, según consta en el sumario, el capitán Trujillo le entregó al constructor Ferragut un oficio del coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares en el que se le notifica que ha sido adjudicatario de la mencionada obra y que tiene un plazo de dos meses para realizarla. ¿Por qué si en el propio documento constaba que tenia dos meses de plazo para efectuar la obra, no lo hizo? Ferragut contestó que dada la relación que le unía con Trujillo, este le dijo que no se preocupara y que ya le avisaría, cosa que jamás hizo.
El coronel Cuadri era jefe interino de la Zona de Baleares a la llegada del nuevo jefe, el coronel García Peña. Nos abruma la sinceridad con la que al ser preguntado sobre el estado en que se encontraba el pabellón del jefe de la Comandancia, este responde: “(…) es notorio que el equipo de entretenimiento (guardias civiles que realizan pequeñas obras de carpintería, fontanería, albañilería y electricidad) lo emplea el jefe de la unidad que lo tiene a su disposición cuando necesita hacer una pequeña obra o reparación en el mismo, por tanto no creo que el anterior adjudicatario que era el entonces coronel Santandreu lo dejara en tan malas condiciones como al parecer dice el coronel Peña”. Aquí procede una pregunta de las que eternamente viene haciendo AUGC y que jamás nadie contesta: ¿por qué debe haber guardias civiles haciendo trabajos que nada tienen que ver con la seguridad pública, y “a disposición” del jefe de turno, a quien las reparaciones les salen gratis? Aquellos que no vivimos en viviendas oficiales de la Guardia Civil, cuando se nos rompe un grifo o un enchufe, o una persiana, llamamos a un técnico para que nos lo arregle. Y lo pagamos. ¿Por qué tienen que tener los jefes un trato diferente? ¿Acaso su sueldo no les da para ello?
Cuadri se contradice con el comandante interventor, pues manifiesta no acordarse de haberle llamado a su despacho. Por tanto, niega lo afirmado por el comandante interventor sobre su reunión en su despacho, ya que García Peña era quien tenía el mando de la unidad. Cuadri también niega rotundamente haber recibido de García Peña un sobre con dinero. Y también niega haber sugerido al coronel García Peña establecer contacto con una empresa constructora para justificar las obras que este quería hacer en su vivienda oficial. Sin embargo, si manifiesta que García Peña le preguntó si conocía algún contratista para que le hiciera un presupuesto de las obras y le dijo que conocía a Jaime Ferragut, que además era amigo del capitán Trujillo. Cuando el personal de Asuntos Internos le preguntó a Cuadri por qué el comandante interventor afirmó en su declaración que él se había interesado en varias ocasiones por la forma en que se podía solucionar el problema de la justificación de las obras y las compras efectuadas por García Peña, dijo que no tenía ni idea. Así pues, Cuadri niega toda participación en ninguna falsificación en documento público, en documento mercantil o cualquier malversación de caudales, lo cual contradice la versión de García Peña, quien le incrimina directamente como inductor.
Como vemos, son muchos los interrogantes que durante el juicio esperamos ver aclarados, pero lo que está realmente claro para nosotros es que las penas deben ser ejemplares, no ridículas como pretende la fiscalía, dado que los máximos responsables de la Guardia Civil en Balears se dedicaran presuntamente a semejantes tejemanejes, de probarse los hechos relatados, es realmente grave y el castigo que el Tribunal debe imponerles ha de tener en cuenta, no sólo los hechos, sino también los cargos y responsabilidades públicas de los procesados, que además les proporcionaban una relativa impunidad fuera de toda duda. No olvidemos que se sientan en el banquillo los máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares en el año 2005. Por infinitamente mucho menos, por la vía disciplinaria en la Guardia Civil se suspende de empleo y sueldo a compañeros y compañeras por muchos más meses de los que pide la Fiscalía en este caso. Y sé de lo que estoy hablando. Yo mismo lo he padecido y lo padezco aún en la actualidad. Pero parece que hay dos varas de medir… Y no nos parece justo ni razonable que se trate desde la Fiscalía con tanta benevolencia actuaciones presuntamente delictivas perpetradas presuntamente por jefes de la Guardia Civil que tenían a su mando más de 1.700 funcionarios públicos en todo el archipiélago y que debían predicar la honradez y la honestidad dando ejemplo de ella, no haciendo supuestamente chanchullos tan cutres como de los que vienen siendo acusados. Confiamos en que el Tribunal aclarará lo sucedido y pondrá a cada cual en su sitio.
Es pronto para hacer una valoración final de lo que hoy hemos presenciado en la Audiencia Provincial, pero prometo hacerlo tan pronto como el juicio quede visto para Sentencia, porque todo ha sido fortísimo. Prometo contarlo con todo detalle, porque ha habido declaraciones tan sinceras y tan dignas de encomio, como que todo un coronel de la Guardia Civil reconozca que "cada comandancia funciona como un reino de taifas, donde el jefe hace lo que quiere". Aun estoy perplejo y abrumado por tanta sinceridad.
---
Un adelanto se puede leer en la prensa de Baleares:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/09/baleares/1228828321.html
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008120900_2_417103__MALLORCA-coronel-Garcia-admite-firmo-facturas-falsas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)