25 octubre 2009

ESPAÑOLES BUENOS Y ESPAÑOLES MALOS


Precisamente ayer hizo 17 años que juré bandera en un solemne acto militar en la Academia de guardias de la Guardia Civil de Baeza (Jaén). Reconozcamos que la efeméride no merece una celebración por todo lo alto, ni cumple soltar fuegos artificiales, pero sí invita a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar y para aquellos que no lo sepan, conviene explicar qué es jurar bandera. Las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra (al que paradójicamente la Guardia Civil no pertenece desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978) en su artículo 428 y el artículo 59 del Reglamento de Actos y Honores Militares (RD 834/1984) regulaba dicho acto castrense hasta la aprobación de la Ley de la Carrera Militar en 2008.

La fórmula que se usaba hasta ese año era esta: “¿Juráis por Dios y por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre?” Todos los presentes debían responder en voz alta: “¡Sí, lo juramos!”. Continuaba el oficial que tomaba juramento: “Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá y premiará y si no, mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella”. Añadía los correspondientes vivas de rigor (a España y al Rey), y a continuación el capellán castrense añadía la siguiente invocación: “ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido”. Este ceremonial se celebraba de forma muy habitual en muchos cuarteles de toda España y millones de españoles lo han llevado a cabo, unos de forma voluntaria y feliz, y otros contra su voluntad.

Como ya he dicho, tras la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar el 1º de enero de 2008, su artículo 7º estableció una nueva fórmula para el juramento, con relevantes modificaciones en el fondo: el jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciara la siguiente formula: “¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?” Los soldados contestarán: “!Sí, lo hacemos!”. Y el jefe de la unidad militar replicará: “Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiara y si no, os lo demandara”.

Cuento esto porque hace tan solo unos pocos años este país se dividía en buenos españoles y malos españoles, aquellos que habían hecho la mili y los que no la habían hecho ni querían hacerlo, bien por declararse objetores de conciencia, bien por declararse insumisos. Recordemos que gracias a estos y aquellos, al movimiento social que generaron, a sus polémicas protestas y también al sacrificio que algunos de ellos hicieron incluso ingresando en la cárcel, desapareció la mili obligatoria y universal.

En el discurso que el coronel director de la Academia de guardias pronunció el día de mi jura de bandera, Antonio López López, quien años más tarde acabó como general mandando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se expresó en estos términos: “(…) su juramento no ha sido fruto de irreflexión inconsciente ni frivolidad de juventud sino que, plenamente asumido y valorado, absolutamente aceptadas sus consecuencias y la vinculación permanente que de ello se deriva, se convierte en ejemplo de la generosidad y de desprendimiento que nos gustaría ver seguido por toda la juventud española”. Y añadió: “Todos los que hoy han prestado juramento merecen el reconocimiento social, pero hay un núcleo, dentro de ellos, que merece concreta referencia por cuanto su gesto tiene especial relevancia dentro de un punto de vista comparativo: me refiero al de nuestras mujeres alumnas, que con el mayor entusiasmo, vienen a asumir deberes y obligaciones tradicionalmente asignados a los hombres según el viejo reparto de los papeles sociales. ¡Curiosos espectáculo y maravilloso ejemplo el que nos brindan, y que brindan a otra juventud esta vez masculina y ausente de aquí, que parece resistirse a aceptar que el servicio a la sociedad dignifica y engrandece a quien lo asume! Así lo exigen el buen sentido, la tradición, la solidaridad, la natural defensa de lo que nos es propio, el respeto a los demás y, también, la Ley. El artículo 30 de nuestra Constitución afirma que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”; concepto este, el de la defensa de España, que nosotros asumimos hasta sus últimas consecuencias, pero que debe ser también interpretado en sentido amplio, como una prestación personal no necesariamente cruenta que la Carta Magna define tanto como derecho como deber. Sin embargo, desgraciadamente no todos los españoles hacen la misma definición. Muchos hay que reivindican terca y obstinadamente sus derechos haciendo dejación de sus obligaciones con la misma terquedad y firmeza. En esto nos distinguimos: en que aquellos, cuando del servicio a España se trata lo interpretan como una desgraciada obligación mientras que nosotros lo reclamamos como un derecho irrenunciable. Por eso no podemos ser iguales. Por eso somos españoles privilegiados, porque hacemos pública reclamación del derecho a ser generosos en el servicio a quienes lo precisan”.

La sociedad española ha superado estos planteamientos arcaicos y su mentalidad caduca y rancia en muy pocos años. Españoles patriotas y buenos cristianos. Prácticamente nadie se acuerda ya del servicio militar obligatorio, de los sorteos anuales, de las juras de bandera masivas en los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR) ubicados en la mayoría de capitales de provincia. Pero para que existan las Fuerzas Armadas actuales, algunas voces fueron acalladas de forma totalmente injusta. Me estoy acordando del ex coronel Amadeo Martínez Inglés, quien fue expulsado del Ejército en 1990 por reclamar la desaparición de la mili obligatoria y por pedir públicamente la profesionalización del Ejército. Y qué curioso, eso lo hizo el PSOE. Contra todo pronóstico, quienes eliminaron la mili fueron los Populares de José María Aznar, no los socialistas de Felipe González. Paradojas de la política que es justo no olvidar.

Pero volviendo a mi jura de bandera, debemos reconocer lo mucho que ha cambiado la sociedad española, las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Civil. Hoy en día, un discurso desentonado, rancio y mohoso como el que pronunció el coronel López López sería motivo de escándalo. Aunque lo pensase, un funcionario público no puede expresarse de este modo, porque no hay españoles buenos y españoles malos. O al menos, no los hay desde esa muy peculiar, simplista, obtusa y sectaria visión de la realidad.

13 octubre 2009

La otra Guardia Civil

Ayer se celebró la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de España y de la Guardia Civil. Las autoridades correspondientes se encargaron de hacer un triunfal y autocomplaciente balance oficial de lo ocurrido en la Benemérita durante este último año. Como nadie las ha mencionado en sus discursos, plantearé yo algunas de las inquietudes que atenazan a muchos guardias civiles, esencialmente aquellos que no están en los despachos sino en la calle.

El asesinato en atentado terrorista de Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada, marca y marcará para siempre a la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma. Este hecho dramático y triste para todos, especialmente para sus familiares y sus compañeros de Palmanova, puso en evidencia que tampoco aquí estamos libres de sufrir los zarpazos de ETA. Pero este atentado también puso en evidencia las condiciones de seguridad (o mejor sería decir la ausencia de ellas) con que en muchos lugares se trabaja, que cabe calificar, siendo muy benevolentes, de manifiestamente mejorables. Es inadmisible a estas alturas de la lucha contra ETA que siga habiendo, no sólo en Baleares, sino en toda España, cuarteles sin las adecuadas medidas de seguridad. Tampoco se puede admitir la carencia de medios materiales adecuados a la labor que se desempeña y aún menos si esos medios materiales son equipos de seguridad individual como chalecos antibalas o guantes anti corte.

También es muy importante avanzar a mayor ritmo en la mejora de las instalaciones y en la construcción de nuevos cuarteles que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos. Actualmente no se progresa como sería deseable y muchos ofrecen un estado deplorable. Palmanova es el ejemplo más lastimoso, pero hay otros, como Formentera y Sóller.

En un escenario de recesión económica, el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas de contención del gasto que afectan a los funcionarios. Los guardias civiles no se escapan de esta realidad. Sin embargo, se corre el riesgo de aumentar aún más las diferencias salariales ya existentes, que son causa de oprobio para las Fuerzas de Seguridad dependientes del ministerio del Interior. El esfuerzo por reducir las diferencias salariales entre guardias civiles-policías nacionales por un lado, y policías autonómicas-policías locales por otro, realizado durante la legislatura pasada, se ha demostrado insuficiente ya que no se ha producido la equiparación salarial y es difícil que con la crisis actual se pueda plantear algo similar. Sin embargo, sigue habiendo muchos aspectos en los que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los funcionarios, que no significan aumento de las partidas presupuestarias. Hablo de la ampliación y mejora de derechos de representación colectiva, la mejora de la carrera profesional, el desarrollo de la regulación de las asociaciones profesionales y de la Ley de derechos y deberes, la mejora de los turnos y horarios de servicio, mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Todo esto redundaría en una mayor motivación del personal y por tanto, en mayores índices de eficacia.

Dos asuntos muy importantes que afectan a los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares: insularidad y policía autonómica. Urge equiparar la indemnización de residencia de los funcionarios de Baleares con la percibida por los de Canarias. En el actual contexto económico, el problema es más grave que nunca. El goteo incesante de agentes que se marchan a la península en cuanto pueden, es un mal ya endémico para nuestras plantillas que hay que atajar. Y ya hace demasiados años que se reclama sin ningún éxito, porque Madrid no demuestra la sensibilidad necesaria.

Durante el último debate de política general en el Parlament, fueron muchas las fuerzas políticas que plantearon la necesidad de crear la policía autonómica, de acuerdo con la previsión contemplada en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía del año 2007. Muchos agentes, a la vista de cómo nacieron y cómo se han desarrollado otros cuerpos de policía autonómicos (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), contemplan este fenómeno con natural preocupación. Este es un asunto que puede afectar a muchas familias y en ningún caso debería hacerse a espaldas y/o en perjuicio de los agentes de las Fuerzas de Seguridad que ya trabajan en las islas.

Al recibir la orden para que la escuadra que comandaba zarpase de Cádiz con destino a Cuba, a combatir contra la muy superior, moderna y poderosa flota norteamericana en 1898, el almirante Pascual Cervera Topete, cerciorado de que estaban siendo enviados a la segura destrucción de los navíos y al sacrificio de centenares de vidas, como así sucedió, escribió al ministerio en los siguientes términos: “Aun cuando estoy seguro de que nada nuevo digo a V.E. (…) En cambio de este deficiente estado de material, tengo la satisfacción de hacer constar que el espíritu del personal es inmejorable y que la patria encontrará en él cuanto quiera exigirle. ¡Lástima que mejor y más numeroso material con más recursos y menos trabas no ponga a este personal en condiciones de llevar cumplidamente su cometido! Y sin alargar más este escrito doy a V.E. la seguridad de que sean cuales fueren las contingencias del porvenir, estas fuerzas llenarán cumplidamente sus deberes”. No diré yo que en tan dramática situación se encuentre la Guardia Civil, pero el espíritu de las palabras de Cervera bien lo suscribirían muchos agentes. Que la Virgen del Pilar nos proteja y nos guarde, ya que parece que nadie más está dispuesto a hacerlo, por más que a algunos se les llene la boca de adulaciones y alabanzas en el día de hoy.

09 octubre 2009

TRAPOS SUCIOS

Hoy el periódico Última Hora publica en su página 14 este artículo de opinión:


TRAPOS SUCIOS

Dos agentes de la Guardia Civil de Inca han denunciado a su sargento en el juzgado de guardia por haberles vejado, insultado y finalmente, por encañonarles con su pistola y amenazarles con pegarles dos tiros. Parece que hay testigos de la conducta del suboficial y tanto los denunciantes como los testigos, han sido dados de baja médica por causas psicológicas. Al sargento le ha sido retirada el arma de fuego, lo que viene a ser la confirmación tácita de la existencia de irregularidades, aunque inexplicablemente no ha sido apartado del servicio y, por tanto, continúa ocupando una posición de superioridad jerárquica sobre los denunciantes y los testigos y, lo que es peor y más alarmante, sigue teniendo acceso a las armas de fuego del cuartel.

A la espera de que por parte de la Autoridad Judicial se aclare lo sucedido, el más elemental sentido de la prudencia aconseja adoptar las medidas cautelares que la ley prevé en estos casos y que según denuncia la asociación mayoritaria de guardias civiles AUGC, no se han implementado aún. Y además, leemos que algunos mandos de la comandancia están disgustados pues consideran que los guardias han hecho mal denunciando los hechos en el juzgado, con el argumento de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Me pregunto ¿cuánto tiempo tardarían esos mismos mandos en ordenar la detención y puesta a disposición del juzgado togado militar, de un guardia que echara mano a su arma de fuego para amenazarles a ellos? ¿Hablarían entonces de lavar los trapos sucios en casa? Debería ser motivo de reflexión la circunstancia de que los guardias habitualmente consideren inútil denunciar algo de forma interna, y opten por acudir a la vía jurisdiccional. Y en cualquier caso, ¿cómo puede reprocharse a un trabajador que acuda a los juzgados cuando presuntamente ha sido víctima de acoso laboral y de amenazas, lo que pudiera ser constitutivo de delito?

No es la primera vez, ni será la última, que se pretenda hacer pasar al agresor por víctima y a las víctimas por agresores. Y eso es lo que a buen seguro hubiera sucedido si se optara por “lavar los trapos sucios en casa”.


Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general deAUGC

15 septiembre 2009

LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS

El Diario de Mallorca de hoy, publica el siguiente artículo de opinion mío. Es la respuesta a otro artículo que a su vez fue publicado el pasado día 9 de septiembre y que se puede leer en este enlace.


LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS

El miércoles 9 de septiembre, leímos un artículo de opinión del Sr. Antonio Pizá, titulado “Estrellas en la bocamanga”, referido a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial, contra dos coroneles y un capitán de la Guardia Civil. No es necesario que el autor del artículo fuerce su imaginación en absoluto. Basta con que lea la sentencia que tan frívola y demagógicamente critica.

Resulta contradictorio aseverar por un lado que le “resulta imposible ver en esos dos coroneles de la Guardia Civil a un par de delincuentes”, y por otro lado, afirmar que “los coroneles idearon, en maldita la hora, la chapuza, obviamente ilegal, de simular unas facturas no reales”. Los coroneles García Peña y Cuadri fueron condenados a tres años de prisión como autor e inductor-cooperador necesario, respectivamente, de un delito de falsificación en documento público. Para tratar de apaciguar en lo posible el desasosiego del Sr. Pizá, debemos apuntar que no vemos en la citada sentencia “un punto de desproporción, de decaimiento de la relación causa-efecto, y de menoscabo del sentido común”, como tampoco lo ven los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, donde en una sentencia jurídicamente impecable, señalaron que los condenados infringieron la ley de forma “libre y voluntaria”, y además “de un modo personal y directo”. Y ahora, tras estudiar la sentencia –y aquí radica la novedad– tampoco lo ven como el Sr. Pizá la Fiscalía y concretamente los fiscales del Supremo.

Pasa por alto el articulista la circunstancia no desdeñable que los coroneles García Peña y Cuadri, y el capitán López García Trujillo, eran y son a día de hoy funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. De ahí que su voluntad inequívoca de transgredirla, o de tolerar su trasgresión, desoyendo en repetidas ocasiones las indicaciones del comandante interventor de la Comandancia, que así testificó en el juicio, les colocara voluntaria y completamente en el ámbito de la actuación delictiva. Fueron avisados –como si no lo supieran por ellos mismos– de que lo que pretendían hacer era ilegal. Y sin embargo, decidieron hacerlo.

El Sr. Pizá parece sostener la tesis de que la vivienda oficial donde iba a ser obligado a residir el coronel García Peña era una especie de infravivienda, que estaba en un estado lamentable y era, por tanto, prácticamente inhabitable. Me resulta difícil creer que su antecesor en el cargo, el coronel Cristóbal Santadreu, actualmente general jefe de la zona de Valencia, residiera junto a su esposa y sus dos hijos en una pocilga inhabitable e indigna. Diré más: cualquier guardia civil de Baleares cambiaría inmediatamente y con los ojos cerrados su vivienda oficial o particular por el pabellón del coronel; el cual, como sugiere el sentido común, es el mejor, el más grande, el más equipado y el que se encuentra en mejor estado –en óptimo estado, diría yo– de los varios centenares de pabellones oficiales existentes en las islas. Sin embargo, la “rigidez interna y la racanería presupuestaria por parte del poder político”, según el peculiar criterio del Sr. Pizá, le obligó a delinquir para poder habitar dignamente una pocilga. Porque pocilga seguirá siendo, suponemos, dado que el presupuesto aprobado para hacer obras de reforma no se ejecutó, contrariamente a lo certificado en falso por el coronel García Peña, y se destinaron los fondos recibidos a la compra de muebles y electrodomésticos. Por tanto, pocilga pero bien amueblada, con dinero de todos los contribuyentes –por tanto sí hay un daño a terceros y un detrimento en las arcas públicas–, aunque no fueran muebles de Roche Bobois.

Debo destacar que la categórica afirmación de que “nadie se llevó un céntimo a la butxaca y tampoco nada de lo adquirido” es gratuita, dado que nada de eso se dice en la sentencia. Es más, la acusación popular –que no acusación privada–, denunció que algunos de los enseres adquiridos no figuraban en el inventario confeccionado por los funcionarios de Asuntos Internos al inspeccionar el pabellón del Sr. García Peña. Sin embargo, este asunto no fue investigado ni valorado en el juicio, ni ganas que hubo, puesto que el perjudicado en tal caso sería el Estado, no AUGC, y la Abogacía del Estado desistió de personarse en la causa. Por tanto, tan gratuito es afirmar que nadie se llevó nada, como gratuito e irresponsable sería sostener que se llevaron muebles que fueron comprados pero no aparecen en el inventario y por tanto se apropiaron indebidamente de ellos; o sostener que el coronel García Peña, si nada se hubiera descubierto, al finalizar su destino en Palma se hubiera llevado todos los muebles y los enseres adquiridos, pues de lo que había constancia oficial era de un gasto en obras por valor de 12.000 euros y nadie le hubiese podido reclamar nada de acuerdo con la documentación existente. Esa cuestión no se juzgó y nada de ello se dice en la sentencia. Se juzgó una falsedad en documento público. Nada más, pero nada menos.

También es rotundamente falso sostener que “en el ejercicio en curso no había partida presupuestaria para ello”. Si esto es así ¿como se explica que se asignaran casi de forma inmediata 12.000 euros en concepto de reparaciones de edificios? Para superar la tradición de las “cutres casa vivienda de la Guardia Civil”, la Administración sólo puede dedicar dinero a su reparación, no a amueblarlas a gusto y necesidad del inquilino, aunque sea el coronel jefe de la zona.

Debo congratularme del cambio de criterio de la Fiscalía a la vista de la Sentencia, que viene a darnos la razón, como ya nos la dio la Audiencia Provincial. Y debo darle la razón al Sr. Pizá cuando afirma que la personación en la causa de AUGC impidió un “pacto de conformidad”, que significaba en gran medida una burla a la Justicia (como suele suceder en los casos que tan acertadamente cita el Sr. Pizá en su artículo) e impunidad para uno de los ahora condenados. Vamos, un bautizo con cera del Corpus para los acusados. La gravedad de lo sucedido estriba no tanto en la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido y la severidad de la sentencia. La corrupción no admite medias tintas. Con nadie, ni político ni funcionario. Que un alto funcionario público, urda una trama que incluye falsificar documentos públicos e incitar a terceros que hagan lo propio, con el objetivo espurio de destinar un dinero para otros fines que no son los originariamente autorizados, para adquirir enseres de exclusivo uso y personal disfrute, es algo objetivamente grave. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial y así lo considera, también ahora, la Fiscalía. Aunque tengan estrellas en la bocamanga.


Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general de AUGC

05 septiembre 2009

YINCANA DEL TERROR

El periódico Última Hora de hoy, publica en su página 21, sección local, este artículo:



Los chicos de ETA, banda de cobardes indeseables, más dedicados últimamente a emborracharse, ir de putas, fumar porros y hacer turismo en los alpes franceses –vamos, lo normal a su edad, oiga–, estaban apuntados a una yincana terrorífica, mientras más de 600 sufridos camaradas suyos están hospedados en los hoteles españoles que, cual paradores nacionales, tiene la secretaría general de instituciones penitenciarias diseminados por toda España –hay más de 57.000 clientes, fíjese cómo está la cosa–. El macabro juego consistía en ir de zulo en zulo en Francia, catorce en total que hayamos contado, dejando y recogiendo explosivos, para suministrar tan mortífera mercancía a los asesinos encargados de cruzar la frontera y cometer atentados. Tan pronto como fueron detenidos, le contaron a la policía francesa la localización exacta de los zulos. ETA ha sufrido un duro golpe a su infraestructura logística del que tardará en reponerse y que le causará cierto desabastecimiento de armas y elementos para fabricar bombas, buena noticia; pero, y aquí viene la mala noticia, los investigadores creen que al menos hay dos comandos con suficiente provisión de explosivos y suficiente autonomía para seguir cometiendo atentados de mayor o menor entidad. Dos comandos activos y de los que se sabe relativamente poco, que aparentemente han conseguido zafarse del rastreo de las Fuerzas de Seguridad. Uno, que podría refugiarse en el País Vasco y fue el autor del atentado de Arrigorriaga, que costó la vida al inspector del CNP Eduardo Puelles, y el perpetrado contra la casa cuartel de Burgos; y el otro comando, responsable de los atentados en Calvià y Palma de Mallorca, aunque no se sabe si aún se encuentra en la isla, o no. Por tanto, máxima alerta antiterrorista. ETA acostumbra a responder a su manera a las acciones de la policía. Y todos sabemos lo que eso significa.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró satisfecho cuando compareció ante la prensa el 19 de agosto por haber conseguido que los seis terroristas que figuraban en el cartel de los más buscados en el verano del 2007, ya estén todos entre rejas. Un apunte no banal: todos ellos fueron detenidos en Francia. Muestra de buena colaboración con nuestros vecinos del norte, aunque quizás de algo más. El dato que más desorienta es que el día 31 de junio, un día después de los atentados de Calvià, cuando se distribuyó el cartel solicitando la colaboración ciudadana para localizar a seis presuntos terroristas, se dijo que estaban en España. Sin embargo, días más tarde, la policía francesa detenía en Le Corbier-Villarembert (Francia) a Alberto Machain Beraza, que aparece en el citado cartel, junto a Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola. Si estaba localizado por la policía francesa y la policía española estaba al tanto de la operación, ¿por qué se incluyó en el listado de terroristas buscados en España? ¿No es desconcertante?



Joan Miquel Perpinyà

03 septiembre 2009

El Consejo de la Guardia Civil

El día 22 de enero de este año se celebraron las elecciones constitutivas del Consejo de la Guardia Civil. Por tal motivo y a la vista del resultado electoral cosechado por AUGC, elaboré un informe que remití a la Junta Directiva Nacional de la organización y a su secretario general, Alberto Moya.

Desconozco qué se hizo de él o si sirvió para algo y no tengo constancia de que se distribuyera al resto de la Asociación, aunque sí me consta que algunos de los gráficos que incluye el informe fueron utilizados en las publicaciones de AUGC, aunque sin citar a su autor; pero eso es lo de menos.

Por si pudiera tener más provecho del que tuvo en su día, cuando se lo envié a los dirigentes nacionales de AUGC, y para que todo el mundo conozca mi opinión sobre las elecciones y su resultado, lo he subido a internet. Se puede descargar pinchando en este enlace: http://www.4shared.com/file/129914537/32ac1d59/INFORME_RESULTADOS_ELECTORALES_CGC_2009_v02.html

En el año 2002, cuando participamos en las elecciones al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, lo hicimos con todas las reservas y aunque participamos en aquel órgano lo mejor que pudimos y supimos, pronto quedó de manifiesto que iba a servir de poco y que nos tomaban el pelo. En previsión de ello, AUGC reforzó su estructura y no apostamos excesivamente por el Consejo Asesor.

Tengo la impresión de que ahora ha sucedido justamente todo lo contrario: la organización parece tener todo su capital apostado en el Consejo de la Guardia Civil. Los 9 vocales de AUGC ahora están liberados, pero el conjunto de la Asociación desconoce a qué se dedican o en qué están trabajando todos y cada uno de ellos para lograr mejorar las condiciones de trabajo de los guardias civiles. En qué comisiones participan, los documentos que elaboran, las propuestas que hacen… Toda la fuerza de AUGC parece depender de 9 personas, de las que poco sabemos. Todo apostado por el Consejo de la Guardia Civil. Pero ¿y si acaba por ser otra tomadura de pelo y no sirve de nada? Parece más que dudoso que ahora, como se hizo en el año 2004, los vocales del Consejo de la Guardia Civil, llegado el caso, estén dispuestos a presentar su dimisión en bloque para deslegitimar el Consejo.

Por ejemplo, el común de miembros de la organización desconoce los datos que según el artículo 54.3 de la Ley Orgánica 11/2007 deben recibir los vocales del Consejo, esto es, conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus causas, sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo. No sabemos si se están recibiendo estos datos, y si no se están recibiendo, el motivo por el cual se incumple la Ley. Pero tampoco nos consta que los vocales de AUGC los estén reclamando. En general no sabemos nada, ni siquiera cuando se reúnen.

Creo que los 9 vocales deben informar con claridad de su trabajo en el Consejo, ahora que disponen de horas de servicio para desempeñarlo. Y más que de su trabajo, de los resultados de su trabajo. Y creo que no hay que jugar todas las bazas a una sola carta, porque en caso de que salga mal, el estropicio será considerable. Esta política que se ha emprendido ahora es justamente la contraria de la que se ejecutó entre 2002 y 2004, y alguien debiera explicar los motivos que han aconsejado este brusco cambio de rumbo.

29 agosto 2009

Visita al Museo modernista de Sóller Can Prunera

El jueves estuve en Sóller con Jose, visitando el Museo Modernista de Sóller Can Prunera, recién inaugurado. El edificio, construido entre 1909 y 1911, me pareció una maravilla modernista, tanto en el interior como en el exterior. Llama especialmente la atención la espectacular escalera circular. Es magnífico que la Fundació Tren de l'Art lo haya adquirido para que todos los ciudadanos podamos disfrutarlo.




En cuanto al fondo pictórico, se pueden contemplar obras de Joan Miró, Pablo Picasso, René Magritte, André Masson, Edvard Munch, Emile Nolde, Fernand Léger, Manuel Utrillo, Juan Gris, Egon Schiele y Amedeo Modigliani, entre otros.




Merece la pena hacer una visita al museo para contemplar el edificio que lo alberga.

28 agosto 2009

En el calabozo, todos iguales.


Hoy el periódico Última Hora, sección local (página 20), publica el siguiente artículo de opinión:

Si algo bueno tienen los calabozos de una comisaría o de un cuartel de la guardia civil, es que allí todos somos iguales. O debiéramos serlo, al menos. Quien ingresa en uno de ellos es un detenido. Y aquí termina el atributo de la oración copulativa. Un detenido, que no un preso, es sólo eso: un detenido. Y nadie añade a la condición de detenido si es rico o pobre, si joven o viejo, si mujer u hombre, si del PP o del PSOE, si es médico o está en el paro. Detenido y punto. Hay quien reclama trato de favor para los detenidos de su propia casta política. Quizás lo hagan en previsión de que algún día pudiesen ser ellos quienes ostenten la consideración de detenido y ocupen tales dependencias.

Hemos oído hablar a la Presidenta del Partido Popular de Baleares de trato “inhumano”, como si se hubiera producido una violación de los derechos humanos de los detenidos o hubiesen sido objeto de tortura. Pero no se conoce que haya ido al juzgado a denunciar los abusos. Ni a Amnistía Internacional, siquiera, para que lo investigue. Ahora sabemos que lo hizo por indicación expresa de la dirección nacional de su formación. Y más parece que se trata de desviar la atención del problema que supone tener al portavoz del PP de Palma, Rafa Durán, detenido y en los calabozos, y ahora también, imputado y en libertad bajo fianza. Tras el levantamiento del secreto del sumario, ya ni siquiera oímos a los implicados ni a sus compañeros de filas hablar de su inocencia. Sólo critican cómo fueron esposados y conducidos, en las condiciones en que se produjo la detención (en el despacho oficial de la Casa Consistorial), las 72 horas de privación de libertad y la posterior conducción a los juzgados de Vía Alemania. Y tan mala no sería cuando al quedar en libertad, Durán dio las gracias a los funcionarios por el trato que habían tenido con él, lo cual resulta chocante si analizamos lo que posteriormente denuncia la eurodiputada Estarás al hablar de trato inhumano.

Los sindicatos de policía, por su parte, criticaron que los detenidos fueran exhibidos ante los medios de comunicación gráficos como animales de zoo, aunque han afirmado que se trató mejor a los detenidos por la operación espada que al resto de detenidos, al permitírseles asearse, cambiarse de ropa y algún que otro trato de favor de poca importancia, que no suele permitirse normalmente al resto de detenidos.

Sin embargo, la instrucción que dio el delegado del Gobierno, Ramón Socías, en el sentido de que no se pusiesen lazos de seguridad o grilletes a los detenidos, no podía ser cumplida en mi opinión, sin desobedecer igualmente otras órdenes e instrucciones internas. Todos los detenidos deben ser esposados, sin excepciones por razón de afiliación política. Otra cosa es la exhibición pública a que fueron sometidos, aunque creo que sobre este particular debiera ser el Juzgado Decano de Palma quien dictara órdenes sobre la conveniencia de permitir captar imágenes de los detenidos cuando son conducidos a los calabozos de Vía Alemania, en aras de proteger debidamente su derecho constitucional a la intimidad.

Los excesos verbales de los líderes del PP, alguno de los cuales ha sido ministro e incluso vicepresidente del Gobierno, son absolutamente impropios de dirigentes políticos. Si el PP está siendo perseguido, no es por policías, fiscales y jueces, sino por quienes, al amparo de sus siglas y ocupando cargos de responsabilidad, han llevado a cabo actividades presuntamente ilícitas que deben ser en todo caso objeto de investigación las haga quien las haga, tenga el carné del partido que tenga y haya ocupado el cargo que haya ocupado. Con la que está cayendo, me gustaría ver quién es el valiente, juez, fiscal o policía, que se atreve a tirar hacia delante un sumario donde haya implicado algún miembro del PP. Lo ponen a parir al instante. Sospecho que es precisamente por eso que asistimos atónitos a esta campaña.

20 agosto 2009

LA GOTA QUE COLMA EL VASO


Era un día de verano, como hoy, 20 de agosto de 2000. Sallent de Gállego (Huesca). Cuartel de la Guardia Civil. Son las 6 de la mañana. Irene Fernández Pereda, de 32 años y su compañero de patrulla, José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, se disponen a iniciar su servicio hasta las 14:00 h. Se montan en el Nissan Patrol que está aparcado en la calle frente, al cuartel. Allí lleva desde el día anterior por la noche, sin ninguna vigilancia. El cuartel de Sallent de Gállego es de los que no están abiertos las 24 horas por falta de personal, como tantos otros. Tampoco hay circuito cerrado de TV. La patrulla que finalizó el servicio a las 22:00 h. lo dejó aparcado y cerrado en el reservado para vehículos de la Guardia Civil que está a la puerta del cuartel. Los asesinos de ETA aprovecharon esta circunstancia para adosar una bomba lapa con 10 kilos de explosivo en los bajos del todoterreno. Irene Fernández se convirtió así en la primera mujer guardia civil asesinada por ETA. Triste efeméride.


Casi 9 años más tarde, el 30 de julio de este año 2009, ETA coloca una bomba lapa en los bajos de otro Nissan Patrol aparcado frente a la oficina de atención al ciudadano de Magalluf (Calvià). Tuvieron toda la noche para hacerlo, pues los vehículos oficiales de la Guardia Civil en Calvià pasan la noche en la calle. Sin vigilancia, como todo el mundo sabe. Murieron Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. El primer atentado de ETA con víctimas mortales en Baleares. Triste efeméride.

Han pasado casi nueve años entre un atentado y otro, pero los asesinos de ETA han podido actuar siguiendo el mismo modus operandi, y se han encontrado con las mismas facilidades: vehículos policiales aparcados en la vía pública durante horas, también por la noche, sin vigilancia y sin cámaras de seguridad.


Algunos guardias civiles tienen la sensación de estar abandonados a su suerte por los Gobiernos de turno. Y los atentados de Burgos y Mallorca parecen haber sido la gota que colma el vaso de estos pacientes y abnegados funcionarios, que se lo echan todo a la espalda y que sólo protestan en voz alta cuando la razón les desborda, porque saben de qué forma se reprimen las quejas en la Benemérita Institución, gracias a su naturaleza militar, aunque se tenga toda la razón del mundo. Eso aquí es lo de menos.

¿No sabemos todos los españoles en qué estado están la mayoría de las casas cuartel y puestos diseminados por la geografía nacional? Cualquiera que haya visitado uno, lo habrá comprobado con sus propios ojos. Pero tras lo sucedido en Palmanova, los guardias y sus familias han dicho basta, aunque desgraciadamente unos pocos piensen que morir asesinado por ETA viene implícito en el empleo, lo cual es una aberración. Una cosa es que la sociedad no le ponga a ningún polideportivo de nueva construcción el nombre de un guardia civil asesinado por los etarras; o que ninguna fundación de abultado presupuesto lleve el nombre de ningún agente de las fuerzas de seguridad víctima del terrorismo. Pero otra cosa muy distinta es que las instalaciones donde trabajan los agentes carezcan de medidas de seguridad adecuadas.

Los guardias civiles y sus familiares parecen mostrar síntomas de cansancio de poner las víctimas que luego son condecoradas a título póstumo por las autoridades gubernamentales. Y es comprensible, porque llevan desde el 7 de junio de 1968, cuando fue asesinado el guardia civil de tráfico José Pardines Arcay en Villabona (Guipúzcoa) poniendo muchas víctimas, familiares, amigos y compañeros: 208 hasta hoy; y muchas casas cuartel de la Guardia Civil tienen las mismas medidas de seguridad de entonces. O sea, muy pocas. Y a nadie parece importarle, hasta que hay muertos. Es necesario que haya víctimas y entonces, se revisan las medidas de seguridad. Y yo pregunto: ¿cómo se revisaron después del atentado de Sallent de Gállego? ¿Trascurrirán nueve años y volveremos a ver agentes asesinados por bombas lapa en vehículos de la Guardia Civil aparcados en la calle?


El ministro del Interior debe coger el toro por los cuernos y dotar de sistemas de seguridad a todas las instalaciones dependientes de su ministerio. Sólo se trata de dinero. Pero ¿acaso no merece la pena la inversión, en tal de ahorrarnos una sola víctima y ponérselo algo más difícil a las alimañas terroristas? No es fácil encontrar una sola dependencia oficial de cualquier departamento ministerial que no cuente con videocámaras. Sin embargo, en la Guardia Civil parece ser habitual.

La derrota de ETA pasa por la firmeza en nuestras convicciones democráticas y en el Estado de Derecho, la unidad de todos los demócratas para no dar nada a los terroristas y por último, y no menos importante, la seguridad de todos los amenazados directamente por los etarras. Y eso pasa, en la medida de lo posible, por aumentar las medidas de seguridad en las dependencias policiales. Todo riesgo es eliminable, aunque no sea totalmente. Si no lo es, debe ser reducido al mínimo. Y no parece que a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil esta máxima de la protección de riesgos laborales se les haya aplicado con rigor, sino todo lo contrario. El Gobierno debe escuchar las justas reivindicaciones de los guardias civiles. Ha llegado la hora de hacer los esfuerzos que sean necesarios, que sólo son presupuestarios, y no exponer a los guardias civiles a mayores riesgos que los estrictamente indispensables. 208 muertos ya son bastantes, hasta para la Guardia Civil.


18 agosto 2009

NO ES AUSTERIDAD

El diario Última Hora de hoy, 19 de agosto de 2009, publica este artículo:


Este año se cumplen 50 años de la fundación de la organización terrorista ETA. En este medio siglo de terror, ETA puede presumir de haber acabado con la vida de 828 seres humanos, que se dice pronto. De ellos, 208 eran guardias civiles, el colectivo profesional más castigado con diferencia, por el delirio etarra. Las instalaciones del cuerpo han sufrido 90 ataques, causando 35 muertos (11 niños) y más de 300 heridos. ETA siempre ha considerado a la Guardia Civil su enemigo número uno, y la Guardia Civil ha hecho lo propio con ETA, por supuesto. Posiblemente esta sea la causa de que la Benemérita goce de tanto prestigio entre gran parte de la ciudadanía y sea una de las instituciones del Estado mejor valoradas, según las encuestas del CIS.



Sin embargo, el hecho de estar en el punto de mira de ETA no ha sido tomado en consideración como debiera, a la vista del estado de muchas de las instalaciones y dependencias de la Guardia Civil en todo el país y particularmente en Baleares, también en cuanto a un aspecto vital: la seguridad. La tradicional carencia de todo tipo de medios materiales e instalaciones, que no la austeridad con que en muchas ocasiones se ha camuflado, ha sido en la Guardia Civil auténtica marca de la casa. Cualquiera que haya entrado en un cuartel de la Benemérita lo habrá podido comprobar con sus propios ojos. Huyamos de cualquier comparación con otros cuerpos de policía, o con otros departamentos de la Administración. Los muebles que en el aeropuerto de Palma, por citar sólo un ejemplo, son retirados por obsoletos, la comandancia de la Guardia Civil los recicla con gratitud y fruición. Caridad interadministrativa. La guardia civil, más verde y ecológica que nadie, recicla mejor que asociaciones como RETO o la ONG REMAR. Al fin y al cabo, no hace tantos años que los guardias civiles pagaban de su bolsillo las bombillas que se fundían en los cuarteles y hasta el papel higiénico.

Leímos en la prensa que hace unos tres años, en el puesto principal de Palmanova (frente al que se encontró la 2ª bomba lapa que se explosionó de forma controlada), un detenido, tras tomarle declaración, fue puesto en libertad. En lugar de irse hacia la calle, sin ser terrorista, entró en el vestuario de los agentes y sustrajo una pistola del interior de una taquilla. ¿Esto no puede ser catalogado como deficiencia de seguridad? También vimos publicado no hace ni siquiera un año que unos delincuentes, sin ser terroristas, entraron en las cocheras exteriores de la comandancia saltando el muro y sustrajeron un vehículo que suponían cargado de droga, ¿esto no puede ser catalogado como deficiencia de seguridad? También sabemos ahora que algunos coches oficiales de la Guardia Civil quedan aparcados en la calle por falta de un sitio más adecuado donde dejarlos, sin vigilancia y sin cámaras de seguridad, ¿esto no puede ser catalogado como deficiencias de seguridad?



Los resquicios en esta materia deben desaparecer. Hará falta tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, y sólo hará falta dinero, pero debe hacerse inexcusablemente. Y si con ello logramos que aquellos que deben garantizar la seguridad y la libertad de todos, y que son un objetivo declarado de ETA, gocen de mayor seguridad, creo que el esfuerzo habrá valido la pena. No hay ninguna empresa en España que pueda argumentar razones económicas para no dotar a sus trabajadores de la mayor seguridad posible en el ámbito laboral. Siendo así, que no lo haga el Estado con sus trabajadores.


Joan Miquel Perpinyà
Ex-secretario general de AUGC