NÚÑEZ ES UN MAL ENEMIGO

La sentencia del juez Francisco Úbeda dejó claro que el Consell no infringió ningún trámite procedimental, ni se había demostrado que la protección del edificio Gesa respondiese a desviación de poder o a fines distintos a los intereses públicos. Lo confirma ahora el TSJB, arrumbando definitivamente la teoría de la ‘vendetta’, aunque ya lo hacía la cronología de los hechos. Sentados los valores arquitectónicos y artísticos innegables y la absoluta legalidad del procedimiento, conviene recordar que la remodelación de la fachada marítima en 2004 suponía un pelotazo colosal. El derrumbe de las viviendas del Baluard del Príncep; el derribo de la sede de Gesa y la edificación de pisos de lujo, con aparcamiento subterráneo y centro comercial; la construcción del Palacio de Congresos y dos hoteles anexos;  bulevar peatonal y soterramiento del tráfico; reforma del Moll Vell con hoteles, comercios y zonas de ocio; y la guinda del pastel, la ópera de Santiago Calatrava. Esto es lo que tenía planeado el PP de Jaume Matas, un colosal proyecto especulativo y sobre todo, lucrativo, acorde a la ambición del líder. La “herencia recibida” a la que se debe referir José Ramón Bauzá.

 

José Luis Núñez se apuntó al negocio de construir pisos de lujo (quien sabe si animado por Matas y  Rodrigo de Santos), como los hoteleros se apuntaron al Palacio de Congresos para luego dar la espantada y dejarlo “como una ballena varada”, por utilizar el símil de Patxi Mangado. Sin embargo, cuando el Colegio de Arquitectos y su decano Luis Corral vieron el peligro que corría la gran obra de Josep Ferragut, solicitaron al Consell su protección. Núñez, para abortar la maniobra, se presentó al concurso de Can Domenge y ofreció 60 millones a sabiendas de que ni los valía ni los tendría que desembolsar jamás, solo para poder denunciar al Consell si Gesa era protegido. Y efectivamente, solo 6 días después de que la Comisión de Patrimonio catalogase el edificio, Núñez presentó la querella por Can Domenge, cuando la adjudicación a Sacresa había tenido lugar 8 meses antes. Maria Antònia Munar cayó en la trampa que le tendió Núñez, condenado en enero por el Supremo a 2 años y 2 meses junto a su hijo por sobornar inspectores de Hacienda aunque aún no han ingresado en la cárcel. Matas tenía razón cuando le dijo a Munar que Núñez era un mal enemigo. De no haber protegido Gesa, no hubiese existido el caso Can Domenge.

(Publicado en Última Hora)

EN GESA NO HUBO 'VENDETTA'

El TSJB ha dicho la última palabra sobre el edificio Gesa. La declaración de Bien  Catalogado se ajusta a la Ley y el edificio de Josep Ferragut es digno de protección. Ante esta sentencia procede dar el pésame a María Salom y a Mateo Isern. En marzo de 2012 anunciaron compungidos y con cara de funeral que no habían encontrado ningún técnico que asumiera la primera sentencia favorable a la descatalogación del edificio. En contra de su voluntad, pero obligada por los técnicos de Patrimonio del Consell, Salom se vio forzada a recurrir. No quería, pero no le quedó más remedio. “El PP siempre ha sido partidario de no proteger Gesa y como partido proponíamos su derrumbe”, dijo entonces Salom. El PP de Palma se verá privado de cumplir su promesa electoral de derruir el emblemático inmueble,   aunque siempre podrán enviar las excavadoras por la noche, como hizo Cirer con el Pont d’es Tren del arquitecto Bennàssar. Así es como habitualmente el PP protege “lo nostro”: reduciéndolo a escombros. ¿Dónde queda la teoría de la vendetta de UM contra Núñez? Una pura infamia. Fue Núñez quien denunció en Can Domenge a quienes protegieron legalmente Gesa a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos.

(Publicado en Última Hora)

CAMPS Y ESTARELLAS CONTRA ESCUELA CATÓLICA

La consellera d’Educació Joana Maria Camps, alias ‘na Moma’ y el secretario autonómico Guillem Estarellas, quien de verdad manda en la conselleria como todo el mundo sabe, se han equivocado de isla. Mallorca no es Sicilia para ir amenazando a todo Cristo (con perdón). El ínclito dúo no tiene reparos en comportarse cual caciques. Conocíamos su despotismo con los docentes de la pública y sus amenazas con el régimen disciplinario y las medidas cautelares para atemorizar a los profesores que cuestionan su errática política. Lo que no sabíamos es que se atreviesen a usar similares procedimientos en la concertada y con Escuela Católica.

Camps y Estarellas están muy enfadados con unas declaraciones críticas de Bernat Alemany, presidente de Escuela Católica. Tanto que se dirigieron a Monseñor Javier Salinas para exigir la cabeza de Alemany. Días más tarde Alemany fue reelegido nuevamente con el apoyo de más del 80% de las escuelas católicas. Camps y Estarellas amenazaron con que si las escuelas católicas querían acuerdos con la Conselleria, Alemany debía ser apartado de su cargo. El Obispo accedió a los deseos del Govern y dijo que hablaría con Alemany. No se plantó ante la coacción. No defendió la autonomía de Escuela Católica. No censuró al Govern por sus amenazas. Prefirió agachar la cabeza y quién sabe si pronto entregará de Alemany como Judas entregó a Jesús. ¿Es que no se da cuenta el Obispo de que su responsabilidad está en la Iglesia y no en contentar a los políticos? ¿Por qué no defiende a las personas que como Alemany, trabajan para mejorar la educación en las escuelas católicas?

El Govern actual es pernicioso para la Diócesis de Mallorca. Ha retirado subvenciones para conservar el patrimonio de la Iglesia, ha generado conflictos en materia educativa en asuntos donde no los había, ha retrasado los pagos de deudas pendientes y ahora amenaza con pagar tarde y mal a los centros de  Escuela Católica para ahogarles económicamente si el Obispo no defenestra a Alemany. ¿Qué más tiene que suceder para que la Iglesia y el Obispo alcen la voz? Es muy triste el espectáculo que está viviendo la Diócesis, demostrativo de una crisis enorme en la Iglesia de Mallorca, donde los curas se pegan en la calle y los obispos se arrodillan ante el poder político. Salinas comportándose como palanca de dos nulidades como Camps y Estarellas.

(Publicado en Última Hora)

INDULTO A MATAS

La mayoría del Parlament es favorable a que el Gobierno de Mariano Rajoy conceda el indulto al ex president Jaume Matas. Esta categórica afirmación se deduce del rechazo por el pleno el pasado martes a la proposición no de ley presentada por el grupo MÉS que instaba al Ejecutivo a denegar el indulto que solicitó Matas a fin de eludir su ingreso en prisión para cumplir una pena de 9 meses, pena que en buena lógica nadie que no tuviera antecedentes penales cumpliría en condiciones normales. No es el caso. Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia (cuyo departamento antiguamente se denominaba ministerio de Gracia y Justicia, para disipar cualquier duda desde el minuto cero) advirtió hace algunas semanas que el Gobierno no concederá indultos en casos de corrupción. Es más, presumió de no haberlo hecho nunca y como tal afirmación no se ajusta a la realidad, al día siguiente matizó lo dicho precisando que no ha indultado a ningún político que se haya “llevado dinero al bolsillo”. Según esto, Jaume Matas será indultado porque la condena que pesa sobre él de 9 meses de cárcel es por un delito de tráfico de influencias y no consta en la sentencia revisada por el Tribunal Supremo que él se llevase ni un céntimo de euro público a su bolsillo.

Cada cual puede sospechar lo que quiera, también la Fiscalía, pero Matas no ha robado. Tampoco Munar. Esta categórica afirmación se desprende de la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y a que ningún tribunal, tras un juicio justo, ha dicho lo contrario en sentencia firme. Cuando todos esperábamos que el juez Castro, tras años de minuciosa investigación, probara que el sobre coste del velódromo Palma Arena se lo había embuchado Jaume Matas, resulta que eso aún no ha sucedido y que por el momento solo consta según la Justicia que hizo gestiones para que su esposa trabajara en el Hotel Valparaíso y que se empeñó en contratar a Antonio Alemany “fort i no et moguis”. Pero de su pretendida riqueza amasada en innumerables comisiones, tras más de 5 años de investigación, no hay nada de nada. Por tanto, Jaume Matas será indultado, si se atiende a las premisas del Parlament y del ministro de Justicia.

Resulta curioso que algunos consideren un escándalo que el Gobierno pueda indultar a Matas, que no ha robado, y no sea igual de escandaloso que la Fiscalía consienta que los defraudadores se vayan de rositas tras pagar una multa.

 

(Publicado en Última Hora)

EL FRAUDE DEL VOLUNTARIADO

“Voluntariado trabajo social. Se precisa un voluntario. A la persona se la formará en atención a víctimas. Horario y días de asistencia en horario de 9 a 15 de lunes a viernes que es cuando estamos en las oficinas. No se remunera y se pagará transporte. Requerimientos: diplomado universitario (trabajador social).”

 

Este anuncio de la ONG Stop Accidentes ha estado disponible durante algunos días en Infojobs. No es algo extraordinario. Se ven a menudo anuncios similares de entidades e incluso de empresas que dicen buscar voluntarios, pero que realmente buscan trabajadores que no cobren y por quienes no haya que pagar cotizaciones sociales. Lo enmascaran de “voluntariado”, un concepto que se han encargado de poner de moda con conceptos como libertad y solidaridad, que están muy bien cuando lo son realmente, pero que frecuentemente esconden otro tipo de abusos inmorales, aparte de perjudicar a las entidades que sí cumplen con sus obligaciones legales.

Otro ejemplo: el martes día 2 de abril dio comienzo en la Universitat de les Illes Balears el 8è Fórum de l’ocupació de la UIB. Se supone que está destinado a los estudiantes matriculados en la UIB y a titulados universitarios en general. Su objetivo, como podemos leer en su web, es “ofrecer a los asistentes la información e instrumentos de trabajo necesarios para optimizar el proceso de búsqueda de trabajo y el acceso al mercado laboral”. Muy loable. Sin embargo, leyendo el programa encontramos una charla impartida por la  ONG Creu Roja Balears, con el título “El voluntariat com una oportunitat per adquirir experiència i créixer personalment i professionalment”. No se molestan en disimular su verdadera pretensión: engañar a la gente para que se apunten a trabajar gratis para adquirir experiencia. Un timo en toda regla.

 

Cuando el voluntariado se convierte en un instrumento de fraude a la Seguridad Social, cuando contribuye a precarizar el trabajo, cuando se suple a profesionales universitarios (especialmente en el Tercer Sector, como trabajadores sociales, educadores sociales, cuidadores, etc.), cuando se llevan a cabo tareas como por ejemplo el transporte sanitario,  perjudicando a las empresas y a sus trabajadores ejerciendo una competencia desleal, cuando todo esto sucede y además desde las Administraciones Públicas e instituciones como la UIB alientan que cosas así sucedan, el voluntariado prostituye su auténtica función.

Los voluntarios no pueden ni deben suplantar a los profesionales, porque si lo hacen perpetran un fraude a la sociedad de la mano de entidades que más que ONG se comportan como empresas que buscan el lucro sin atender a ningún principio ético ni moral. Y además lo hacen con conceptos como solidaridad, cooperación, etc., conceptos muy alejados de la realidad. Los ciudadanos no podemos quedarnos impasibles viendo como ciertas entidades, que además y para mayor escarnio han sido reconocidas de “utilidad pública” por el Gobierno, contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo. Si necesitan voluntarios y los buscan mediante anuncios en portales de búsqueda de empleo, ya no requieren voluntarios, sino trabajadores profesionales que aporten un trabajo a cambio de un salario justo.

 

El voluntariado se ha convertido para determinadas ONG en un sistema perverso para burlar sus obligaciones laborales y fiscales. Convendría que la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria empezaran a poner coto a este abuso, perpetrado sobre las espaldas de gente desesperada por conseguir un puesto de trabajo, a quien se engaña abusando de su buena fe y de su estado de necesidad. Estas organizaciones se comportan de forma ruin y ya es hora de denunciar públicamente su obsceno comportamiento.

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/12857-el-fraude-del-voluntariado)

CONDENA SIN PRUEBAS

Esta semana el Supremo ha celebrado la vista por el recurso de casación del caso Can Domenge. Recordemos que aquel fue el juicio donde no se juzgaba el soborno que dijo haber pagado Román Sanahuja, propietario de la constructora Sacresa, aunque no se habló de otra cosa. Fueron condenados todos los acusados (Bartomeu Vicens, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Maria Antònia Munar, Santiago Fiol y el propio Sanahuja) en una sentencia que batió todos los récords de rapidez (19 días tardaron en redactarla) y también de plagio, ya que los magistrados hicieron un grosero copiar y pegar de 23 folios del escrito de acusación de la Fiscalía.

Los condenados y las acusaciones han expuesto sus argumentos a favor y en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial. Si los analizamos, es alarmante la falta de pruebas con que fue condenado Miquel Àngel Flaquer, ex conseller de Hacienda del Consell. Es verdad que la pena no es excesiva (un año de cárcel y 13 de inhabilitación) pero la responsabilidad civil es astronómica (1.800.000 €). No participó en nada ilegal y jamás habló con Sacresa. No consta que recibiera comisión alguna ni que estuviera al corriente de las maniobras de Vicens y Nadal. Pero a pesar de todo fue condenado por fraude a la Administración y prevaricación.

Con Munar sucede otro tanto de lo mismo. Su delito fue ser la presidenta del Consell. Nadie, excepto Vicens, la ha vinculado con el amaño del concurso. No lo hizo Sanahuja ni tampoco Nadal. Pero Vicens, tras 3 años manteniendo una versión y escribiendo de su puño y letra desde la cárcel que estaba siendo presionado por la Fiscalía para implicar a Munar (“No les basta la condena, tienen que seguir torturando, es una vergüenza”, llegó a escribir en abril de 2011), cambió radicalmente de versión pocos días antes de iniciarse el juicio. Pactó con los fiscales a cambio de una reducción brutal de la condena, que pasó de 6 años a solo 8 meses, y de evitar la prisión a su mujer en el caso Metalumba, donde la Fiscalía pedía para ella 13 años de cárcel y se quedó en 2. Vicens declaró haber entregado dinero a Munar del soborno de 4 millones que su amigo Miquel Llinàs cobró de Sacresa. ¿Dónde están las pruebas? No las hay. Únicamente su palabra que no debiera valer nada porque es a cambio de un precio y bajo presión. Creíamos que hacían falta pruebas para condenar a alguien a la cárcel, pero estábamos equivocados.

(Publicado en Última Hora)

CRISIS DE VALORES

Hace ya un par de años, cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, quizás la persona más odiada por la derecha española, se nos recordaba a cada instante que la crisis y su origen era esencialmente una crisis de valores. Ahora que gobierna el PP de Mariano Rajoy ya no se dice tanto, porque por lo visto ya no hay crisis moral, sino que es exclusivamente económica, algo que se negaba hace unos años. Ahora se reconoce que la crisis es sistémica, que otros países también están gravemente afectados por ella y que la solución pasa por más Europa y por la unión bancaria, entre otras medidas.

Pero lo cierto es que en nuestra sociedad sufrimos una inversión de los referentes morales muy preocupante. Nos merece mucho más reconocimiento social un piloto de motos a un oncólogo, un geriatra o una cirujana. No ahorramos en elogios a cualquier deportista de renombre, pero denostamos al personal sanitario y de la educación pública. Pocas voces critican que el propio Govern de les Illes Balears solo vea méritos en hombres a la hora de otorgar las Medallas de Oro de la Comunidad Autónoma o los premios Ramón Llull, a menudo a deportistas o empresarios y no solo excepcionalmente a investigadores o intelectuales.

Confundimos la solidaridad y los derechos sociales, un pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que propugna la Constitución, con la caridad que denigra al que la recibe, obligado a su exhibición truculenta como hace la televisión pública en el programa “Entre todos” de La 1 de TVE. Y hemos llegado al extremo de que el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears anuncia la concesión de un doctorado ‘Honoris Causa’ a Rafel Nadal sin haber finalizado los trámites obligatorios para ello. Nadie podrá cuestionar que Nadal es nuestro deportista más universal y que atesora todos los méritos para haber recibido la práctica totalidad de grandes premios, distinciones y reconocimientos con que ha sido reconocida su trayectoria, desde la Medalla de Oro de Baleares (2008) hasta el Príncipe de Asturias de los Deportes (2008). Ahora bien, resulta bastante lamentable que el Rector de la UIB, Llorenç Huguet, compare el doctorado ‘Honoris Causa’ con las llaves de oro de Paris. La comunidad universitaria y la ciudadanía en general no merecen que el Rector Magnífico insulte de este modo su inteligencia. Si lo que él busca es hacerse una foto con un famoso para colgarla en Twitter, como un político cualquiera, quizás debiera optar a una alcaldía y abandonar la Universitat, donde según sus Estatutos deben reconocerse especialmente a personas que destaquen en el campo de la investigación y la docencia.

No hace muchos días se retiró un brigada de la Guardia Civil con 40 años de servicio. Un periódico local le agasajó con un panegírico de página completa en domingo. ¿A cuantos médicos de la sanidad pública balear se les ha dispensado este trato con motivo de su jubilación? ¿A cuantos investigadores de la UIB? ¿A cuantas enfermeras o fisioterapeutas? ¿A cuantos científicos?

La crisis de valores se pone en evidencia cuando enaltecemos a unos, por muchos méritos que atesoren, pero otros muchos profesionales sufren el desdén y la indiferencia. Y no te digo nada si son mujeres…

 

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/12712-crisis-de-valores)

GESA, UN EDIFICIO MAGNÍFICO Y POLÉMICO

Jamás pudo sospechar el arquitecto Josep Ferragut Pou cuando en 1963 recibió el encargo de proyectar el edificio que sería la sede de la eléctrica Gesa en la calle Joan Maragall de Palma,  que su mejor obra se convertiría en el edificio más polémico de toda la ciudad. La que sería su obra cumbre, empezada a edificar en 1967 y terminada en 1977, se vio envuelta en una polémica interminable que se prolonga hasta la actualidad. Él, que no pudo ver terminado el edificio al ser asesinado el 26 de febrero de 1968 por dos delincuentes en extrañas circunstancias a los 66 años de edad, nunca hubiese podido sospechar las discusiones técnicas, jurídicas y también políticas que su obra acabaría teniendo muchos años después de su muerte.

FACHADA MARÍTIMA

En mayo de 2003, tras la aprobación del planeamiento urbano del sector Levante de acuerdo a los planos del arquitecto Joan Busquets por encargo del Ayuntamiento de Palma, el constructor y ex presidente del Fútbol Club Barcelona José Luis Núñez, decidió invertir en Mallorca 73,6 millones de euros y comprar a Gesa unos 37.000 metros cuadrados de suelo edificable en la fachada marítima de la ciudad. La inversión era ciertamente arriesgada pero en pleno boom inmobiliario la rentabilidad de un solar en primera línea de mar en Palma de Mallorca estaba asegurada. A pesar de carecer de otros negocios conocidos e infraestructura propia en la isla, Núñez entendió –o alguien le invitó a que lo hiciera–, que el solar edificable propiedad de Gesa era una magnífica oportunidad ya que, como había presentado al público la entonces alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, acompañada del teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, junto a él se iba a construir el tan ansiado Palacio de Congresos y dos hoteles de lujo adyacentes, con un centro comercial y un aparcamiento subterráneo. La zona entera sería radicalmente remodelada, desde la entrada a la ciudad que sería convertida en un bulevard soterrando el tráfico rodado, hasta el Baluard del Príncep, cuyas viviendas militares serían derruidas y construido un centro de interpretación del caso antiguo. La posibilidad de construir allí 200 viviendas de lujo en tres bloques de edificios de alturas escalonadas de entre 5 y 7 pisos se antojaba un negocio muy lucrativo. La compra de Núñez a Gesa incluía el compromiso de la eléctrica de derribar el emblemático edificio de Ferragut y entregar el solar libre y listo para edificar pisos de lujo.

 

PETICIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

Al trascender a la opinión pública la posibilidad real de que el edificio Gesa pudiera acabar reducido a escombros, el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) solicitó al Consell de Mallorca la preservación del inmueble. El COAIB defendió entonces el valor arquitectónico del edificio y mostró su frontal oposición al derribo. El Consell inició los trámites legales para estudiar la petición del COAIB y en febrero de 2006 se solicitó un informe a la UIB, quien en un dictamen suscrito por la catedrática del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Catalina Cantarellas, informó a favor de la protección del emblemático edificio. Tras el informe de la UIB, en junio de 2006 la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Mallorca acordó la incoación del expediente de declaración como Bien Catalogado.

Ya en enero de 2007, Rodrigo de Santos en una rueda de prensa donde manifestó la oposición del consistorio a la protección del edificio, afirmó que era “un grano que conviene extirpar”. El PP movilizó todos sus resortes para oponerse a la protección del edificio y multitud de entidades presentaron alegaciones en contra: Afedeco, asociaciones vecinales, tres asociaciones hoteleras (Palma, Playa de Palma y Mallorca), además de Fomento de Turismo, entre otras. Sin embargo, otras muchas entidades se mostraron partidarias de proteger el edificio incluso con un nivel superior de protección: COAIB, ARCA, asociaciones de vecinos del Polígono de Llevant y Ses Veles, la plataforma Salvem La Façana y la Fundación Docomomo ibérico (documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno).

El 16 de febrero de 2007 la Comisión de Urbanismo informó favorablemente el expediente y fue elevado al Pleno del Consell. Tan solo seis días después de este informe favorable que materializaba de facto la conservación del edificio, José Luis Núñez presentó una querella criminal contra la adjudicación mediante concurso del solar de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, a pesar de que la adjudicación se había producido en junio de 2006, 8 meses atrás, con los votos a favor del PP y de UM. Inicialmente Núñez dirigió su querella contra todos aquellos que votaron a favor de la adjudicación de Can Domenge (PP y UM), aunque posteriormente los consellers del PP fueron exonerados al alegar que habían votado en virtud del pacto que tenían suscrito con los nacionalistas y porque los informes técnicos eran favorables, si bien el pacto entre PP y UM nada decía expresamente de Can Domenge y en caso de discrepancia en algo no precisado en el acuerdo, cada grupo tenía plena libertad de voto. El día 2 de abril de 2007 el Pleno del Consell aprobó la declaración de Bien Catalogado del edificio Gesa, con los votos a favor de todos los grupos (PSIB-PSOE, EU-EV, PSM y UM) y el único voto en contra del Partido Popular. Javier Rodrigo de Santos, responsable de Urbanismo de Cort,  se enfureció sobremanera y no dudó en acusar a las demás formaciones de “corruptas”. La catalogación del edificio Gesa supuso un grave contratiempo para el PP y especialmente para  Rodrigo de Santos, quien años más tarde sería condenado por malversación de caudales públicos y abusos sexuales a menores y actualmente cumple condena en la cárcel de Palma.

CAMBIOS EN EL PGOU

En las elecciones municipales de 2007 el 2º Pacte de Progreso logró desalojar al PP de las principales instituciones: Govern, Consell y Ayuntamiento de Palma. Aina Calvo logró hacerse con la alcaldía de Palma el 16 de mayo tras repartirse los departamentos entre el PSOE, Bloc y UM. Y paralizó las obras de la fachada marítima, iniciando una modificación del PGOU para que los solares adquiridos por Núñez pasasen a ser propiedad municipal, cediendo el inmueble de Emaya en la calle Joan Maragall y otros solares de segunda línea y trasladando la edificabilidad a otros solares en el Polígono de Levante. Esta modificación provocó una catarata de recursos por parte de los afectados, especialmente de Núñez.

PALACIO DE CONGRESOS

Una vez protegido el edificio Gesa e impedido legalmente el derribo, la fachada marítima que el PP había planeado en 2003 quedó desdibujada. Y los grupos hoteleros que habían mostrado interés en construir y explotar el Palacio de Congresos y los hoteles anexos decidieron uno detrás de otro, abandonar el proyecto. Primero los grupos Globalia, Iberostar y Sampol. Más tarde, en mayo de 2009, el grupo Barceló con el 95% de las acciones abandonaba el barco alegando motivos económicos y que el proyecto tenía poco futuro. Los hoteleros que se habían unido en 2007 en una UTE para construir, gestionar y explotar el Palacio de Congresos y su hotel, aparcamiento y centro comercial, y que tanto presionaron a la clase política para emprender un proyecto estrella que teóricamente permitiría desestacionalizar la oferta turística de Mallorca, dejaron en la estacada a la Administración. Además, Endesa fue condenada en octubre de 2011 a pagar 86 millones de euros a Núñez por no haber demolido el edificio como se había comprometido, aunque Endesa recurrió esta resolución judicial. 

NÚÑEZ CONDENADO POR SOBORNO

Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 el impulsor de la demolición del edificio Gesa, José Luis Núñez, fue juzgado por al Audiencia de Barcelona en el conocido como ‘caso Hacienda’, por el soborno a inspectores de la Agencia Tributaria. En julio de 2011 Núñez y su hijo fueron condenados a 6 años de prisión como autores de un delito continuado de cohecho activo e inductores de falsedad en documento oficial. Según la sentencia, sobornaron a inspectores de Hacienda en la década de los 90 con casi un millón de euros a cambio de que estos hiciesen la vista gorda y lograr defraudar más de 13 millones de euros. Además de la pena de prisión, fueron condenados a pagar 2 millones de multa y a la devolución de lo defraudado. Núñez recurrió y el Tribunal Supremo a finales de enero de 2014 confirmó la condena por cohecho, si bien redujo la pena hasta los 2 años y 2 meses de cárcel, al igual que para su hijo, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia. Ambos resultaron absueltos del delito de falsedad documental. Sin embargo, la Sala muestra su extrañeza porque los acusados no fueron acusados del delito de fraude fiscal.  

EL PP QUIERE EL DERRIBO

Aunque el Partido Popular se comprometió en su programa electoral a derribar el singular edificio si ganaba las elecciones municipales de 2011, al ocupar Cort de la mano de Mateo Isern sus planes tuvieron que paralizarse hasta que los tribunales se pronunciasen en los recursos interpuestos por Núñez.

 

En febrero de 2012 una sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 1 de Palma anuló la catalogación del singular edificio de Ferragut, teniendo en cuenta únicamente un dictamen pericial aportado por Núñez. La sentencia reconocía que la tramitación del expediente fue correcta y que no se había aportado “prueba alguna que permita determinar que la finalidad de dicha catalogación estuviere dirigida a alcanzar fines distintos de los legalmente previstos en la norma”, arrumbando la teoría de la “vendetta” aventada por algún medio de comunicación próximo al Grupo Barceló, con intereses en la fachada marítima. Sin embargo, el juez Francisco Úbeda concluyó que “no se alcanza a entender los intereses específicos de índole arquitectónica que han promovido la declaración de Bien Catalogado”. La sentencia fue recurrida por el Consell a regañadientes y su presidenta, María Salom, quien compareció con el alcalde de Palma para anunciar el recurso, aseguró que no podía hacer otra cosa porque ningún funcionario o técnico había querido firmar para no recurrir. Por su parte, Mateo Isern aseguró que el consistorio palmesano no recurriría la sentencia.

DECISIÓN DEL TSJB

El Tribunal Superior de Justicia tiene ahora la última palabra sobre la existencia del edificio. Y para mejor decidir, acordó solicitar un informe pericial a la Universidad Politécnica de Madrid. La autora del peritaje, la profesora Lilia Maure Rubio, ha concluido que el inmueble tiene valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento y no únicamente Bien Catalogado como el que actualmente posee. Además destaca que Josep Ferragut “es en las islas lo que Miguel Fisac en la península, dos contemporáneos cuya obra es ejemplo de innovación y genialidad”. Y alerta que “su pérdida, alteración de sus valores esenciales, o acoso urbanístico en su entorno inmediato iría en detrimento de nuestra propia historia contemporánea y del referente que el edificio constituye en la fachada marítima de Palma”.

 

Si el tribunal atiende las conclusiones de este peritaje independiente, la pervivencia del edificio Gesa está asegurada y el consistorio palmesano se vería en la obligación, como titular del edificio, de darle uso y asegurar su correcto mantenimiento y adecuada conservación.

 

(Publicado en Última Hora)

 

PRIORIDADES EQUIVOCADAS

Hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que sus actuaciones habían permitido la recuperación de 50 millones €. La mayor parte proviene de operaciones contra 2 cabecillas de la mafia rusa (Petrov y Romanov) y de la lucha contra el fraude fiscal. Esos 50 millones no son producto de la corrupción política ni de lejos. El fiscal jefe Barceló y el fiscal Carrau se mostraron exultantes, pero de una sola tacada ha sido  recuperada la misma cantidad para las arcas públicas que toda la recuperada por Anticorrupción desde 2006. Se trata de los 50 millones que TUI Travel PLC ha pagado a la Agencia Tributaria (30 millones en impuestos y 20 millones en intereses y la multa correspondiente) por 5 delitos fiscales de los que se responsabiliza el secretario del consejo de administración del turoperador para evitar la cárcel. Este dato quizás refleja que las prioridades están muy equivocadas porque se han dedicado y se dedican ingentes recursos a investigar contratos menores de 18.000 €, cuando se constata que las grandes defraudaciones y actividades del crimen organizado pasan inadvertidas. Es como si se dedicasen  todos los medios humanos y materiales disponibles al menudeo de droga, descuidando a los narcos más importantes que nutren a los clanes.

El miércoles próximo el Tribunal Supremo celebrará la vista por los recursos de Can Domenge que presentaron Munar, Nadal, Flaquer y Fiol. Vicens y Sanahuja pactaron con la Fiscalía y obtuvieron condenas menores. La sentencia, dictada solo 19 días después de la conclusión del juicio y con 28 folios copiados literalmente del escrito de conclusiones de la Fiscalía, condenó a Munar a 3 años por fraude a la Administración y otros 3 años por revelación de secretos. Está fuera de toda duda que Sacresa tuvo las bases del concurso con antelación a sus competidores, que se las proporcionó Nadal y que exculpó a Munar de ello en el juicio. Que a cambio de ganar el concurso el propietario de Sacresa, Román Sanahuja, entregó 4 millones en metálico en 2 pagos a Miguel Llinás, enviado de Vicens. Y que Vicens tenía 600.000 € en Andorra, cosa que ocultó deliberadamente en el juicio. Pero lo más preocupante es que Sanahuja sacara de las cuentas de Sacresa, como testificó en su día, 4 millones en efectivo sin que eso hiciese sonar las alarmas. Y tras una minuciosa investigación ese movimiento no levantase sospechas. ¿No parece increíble?

 

(Publicado en Última Hora)

LA PROCESSÓ DE L'ENCONTRE

Este martes una multitud de periodistas de diversos medios de comunicación acudieron a los juzgados a presenciar la Processó de l’Encontre. Aunque no era muy probable que sucediera, esperaban cual aparición mariana que Jaume Matas y Maria Antònia Munar se encontraran cara a cara en los juzgados y querían inmortalizar el momento como si se tratara del encuentro de la Mare de Déu con Jesús resucitado. Pero aún estamos en Cuaresma,  el martes no era domingo de Pascua ni los juzgados de Palma son lugar para que se desarrollen reuniones de este tipo. Tuvieron que fastidiarse sin poder disimular su contrariedad. Sin embargo la satisfacción era patente entre algunos porque esta vez Munar sí llevaba esposas en sus muñecas, aunque las disimulara bajo un pañuelo y presentaba un aspecto físico cada vez más demacrado. Otros se lamentaban porque no iba cargada con cadenas, una bola de hierro en cada tobillo o con harapos que permitieran la contemplación del cuerpo desnudo con sus llagas y úlceras correspondientes. Pero cuidado porque como dice un refrán castellano, “el que se ríe del mal de su vecino, a él le viene de camino”.

 

Por lo demás, las diferencias entre Matas y Munar son evidentes a simple vista. Ella acudió a declarar (tras la negativa del juez a que lo hiciese por videoconferencia) conducida por la Policía desde la cárcel de Palma. Él está en libertad mientras se tramita el expediente de indulto. Y es que no es lo mismo haber pertenecido a un gran partido político de ámbito nacional como el PP, que a otro pequeño y nacionalista como UM. En ambos casos, tanto Matas como Munar son acusados por coimputados que han pactado con la Fiscalía generosas rebajas de sus condenas por hechos delictivos que ellos sí cometieron exclusivamente en beneficio y lucro propios, Juan Francisco Gálvez y Bartomeu Vicens.

 

Vicens ya fue juzgado a finales de 2013 por el caso Metalumba, una pieza separada de Son Oms. Inicialmente la Fiscalía solicitaba para él 19 años de cárcel y 13 años para su mujer, Antonia Martorell. Tras el pacto correspondiente fue condenado a 5 años y 9 meses, y su mujer a solo 2 años, lo que la libró de la cárcel. Vicens con sus acusaciones está cumpliendo con su parte del trato. Y es que comprobamos que la palabra acusatoria de un coimputado vale más que la palabra exculpatoria de un testigo. Además, solo es tenida en cuenta cuando incrimina, nunca cuando exonera.

 

(Publicado en Última Hora)