POLÉMICA CON EL SEGUNDO CASINO

Está sucediendo ante nuestras mismísimas narices un caso paradigmático de lo que consideran nuestros políticos que es un concurso público. Se trata del concurso para la licencia de instalación y explotación del segundo casino de Mallorca. El Reglamento de casinos de juego de Baleares establece que la autorización para instalar y explotar un casino se efectuará previa convocatoria de un concurso público. No da otra opción que la de convocar un concurso, que se presente todo aquel que reúna los requisitos y que gane el mejor. No el que quieran los políticos, sino el mejor. Y así se hizo por parte de la Vicepresidencia Económica – Dirección General de Comercio y Empresa del Govern de les Illes Balears, publicando las bases que rigen el concurso en el BOIB del 29 de diciembre de 2012.

Un concurso es, según lo define el diccionario de la RAE, “Competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas”. Así pues, aquella propuesta que mejor se ajuste al pliego de condiciones y obtenga la mayor puntuación según unos criterios objetivos debe resultar la ganadora. Pero resulta que el alcalde de Palma Mateo Isern y el teniente de alcalde Álvaro Gijón se muestran extrañados de que una empresa de las que se presentó al concurso, Bingo Teatro Balear, que no es la que ellos quisieran que ganase, haya obtenido la máxima puntuación según los técnicos de la Mesa de Contratación del Govern. Se habla de malestar notable en el gobierno municipal del PP y en la dirección del Consorcio de la Playa de Palma, y también en el Ayuntamiento de Calvià, en manos del PP. Sin embargo, en la citada Mesa de Contratación no hay ningún representante de los Ayuntamientos de Palma y Calvià, y por tanto su opinión no deja de ser una mera expresión de lo que les gustaría que sucediera, que en este caso y por lo que comprobamos, se aleja sustancialmente de las bases del concurso convocado por el Govern balear. El Govern debe sujetarse escrupulosamente a las bases del concurso y no apartarse ni un milímetro de él.

Estamos ante un caso emblemático de manipulación e intento de amaño de un concurso que de materializarse merece la máxima atención de la Fiscalía. Ante la convocatoria de un concurso público, unos políticos de la administración local (Isern y Gijón) muestran su predilección por una de las empresas concursantes. Y ante el resultado de las puntuaciones otorgadas por la Mesa de Contratación se muestran decepcionados y expresan –con gran sinceridad, todo hay que reconocerlo– que el concurso se convocó para que se instalase el casino en la Playa de Palma. Es decir, para que la licencia se concediese a una de las empresas concursantes, sin atender ninguna otra oferta.

 

Las bases del concurso son públicas y en ellas se determina los aspectos de la oferta a valorar. Y si una de las empresas, según los criterios técnicos, obtiene la máxima puntuación, esa es la que debe ganar al margen de otras consideraciones políticas que desprenden un tufo a corrupción que empieza a ser algo más que molesto. Después de lo que hemos vivido en esta Comunidad Autónoma parece increíble que los políticos del PP se atrevan a intentar influir en el resultado de un concurso público para que gane una de las ofertas que no ha obtenido la mayor puntuación. Creíamos que Mateo Isern nos traía otra forma de hacer política… pero parece que la cabra tira al monte y que su política es la de siempre. En este caso ni siquiera se cuidan de decirlo.

Ya se intentó un primer amaño al otorgar 20 puntos si el casino se ubicaba en una “zona turística madura”, sin que en la fecha de la convocatoria hubiese ninguna zona así declarada, lo que se hizo por decreto el 7 de junio de este año. Sin embargo, los técnicos de la Mesa de Contratación no han querido prestarse a una manipulación tan burda y cutre que recuerda mucho a la filtración de los exámenes de ascenso a oficial la Policía Local de Palma. Sencillamente no han aceptado el traje a medida que suponía la declaración de la Playa de Palma como “zona turística madura” y aquí radica el gran malestar de Isern y  Gijón. Afortunadamente ellos no son quienes deben decidir, pero ya comprobamos cómo despliegan todas sus armas para otorgar el concurso del segundo casino a la empresa que ellos previamente ya habían decidido. Cualquiera puede imaginar a cambio de qué.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10310-polemica-con-el-segundo-casino)

A POR LOS DE UM

La Fiscalía va a por la cúpula de la extinta Unió Mallorquina. No se salva nadie. Munar, Nadal, Flaquer, Buils, Julve, Lliteres, Mateo y Eugenia Cañellas, Vidal, Mas, Losada, Rodríguez, Segura, Massanet, Castañer, Mir, Colom y Moragues. 18 capitostes para quien los fiscales Carrau y Subirán piden penas de prisión en la pieza Cilma del caso Voltor. De hecho, creen que todos conformaban una asociación ilícita para delinquir, con estructura piramidal. Deducir eso por el hecho de que una empresa no hiciera un determinado trabajo –aunque sí lo cobrara– es ir muy lejos y hacen falta más que suposiciones para demostrarlo. Pero los fiscales pescan con la red grande y no les importa si se llevan por delante a gente que nada tenía que ver con el asunto porque ya no persiguen a cada uno de los supuestos delincuentes, sino a todos los miembros de UM en su conjunto.

Esta tendencia del Ministerio Público de ver en todo a gente conchabada para delinquir contrasta con su miopía con el Instituto Nóos y con Aizoon. Consideran que la Infanta Cristina de Borbón, a pesar de ser propietaria al 50% de Aizoon, nada tenía que ver con la trama protagonizada supuestamente por su esposo Iñaki Urdangarin y Diego Torres. ¿No sería más fácil sospechar que Iñaki fuera el testaferro de su esposa? Y quién sabe si nos quedamos cortos. Dada la facilidad de la Fiscalía para atribuir tramas organizadas y redes delictivas, podrían en su delirio pensar que la Casa Real tuvo algo que ver en el saqueo de las arcas públicas. La defensa numantina que los fiscales hacen de la Infanta Cristina es vergonzante. Incluso el Fiscal General del Estado, sin haber interrogado a la hija del Rey, afirmó hace unas semanas que la Infanta ignoraba que en Nóos se cometían ilegalidades.

Con todo lo que vamos descubriendo de la trama Gürtel o con el asunto de los ERES de Andalucía, se sigue sin ver ninguna actuación contundente contra el PP ni contra el PSOE, como las vimos contra UM hasta conseguir su desaparición. Si en Unió Mallorquina alguien cometió alguna ilegalidad, es de Justicia que se aclare y que pague por ello. Pero la criminalización general a todo un partido político, a todos los que tuvieron alguna responsabilidad en él, e incluso a sus militantes es inaceptable. No lo hacen con el PSOE, ni con el PP, ni con nadie. Es fácil adivinar por qué sí con UM.

(Publicado en Última Hora)

¡A QUIÉN LE IMPORTAN LOS DERECHOS HUMANOS!

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resuelve que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ con efectos retroactivos vulnera el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades individuales ha levantado ampollas en España. Dejando a un lado la indignación y el dolor de las víctimas del terrorismo, que considero absolutamente normal y comprensible, hemos visto ataques furibundos contra el tribunal y contra sus miembros, en especial el designado en 2007 a propuesta del Reino de España, Luis López Guerra.

La actividad de la banda terrorista ETA durante 40 años y las más de 800 personas asesinadas, y en especial el hecho de que ETA aún existe y mantiene sus arsenales, además de centenares de presos y huidos, aunque decretó el 20 de octubre de 2011 un cese definitivo de su actividad armada, hacen que sea casi imposible abordar aspecto alguno de este espinoso asunto sin ser tachado de equidistante, en el mejor de los casos. Puedo asegurar que yo no lo soy en absoluto y que los 19 años de permanencia en la Guardia Civil me enseñaron mucho sobre ETA y sobre las víctimas, muchísimas de ellas pertenecientes al Cuerpo. Sin embargo, también me interesó mucho conocer directamente la realidad social que se vivía en Euskadi, lo que me llevó a percibir que las cosas eran muy distintas a como las narraban los medios de comunicación de Madrid.

En mi opinión, la ‘Doctrina Parot’ representaba un cambio penológico que tenía muy difícil justificación legal. Sin embargo el Gobierno con el apoyo del PSOE y del PP decidieron asumir el desgaste correspondiente pero evitar la excarcelación de decenas de presos sanguinarios que habían acabado con la vida de muchas personas de forma cruel y despiadada y sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho. No quisieron soltar a aquellos que conforme a la doctrina de beneficios penitenciarios aplicados hasta la fecha ya habían cumplido su condena. De ahí que surgiera la ‘Doctrina Parot’ como única forma de evitar la excarcelación de los etarras. Tanto PSOE como PP pelearon duro para que el Tribunal Supremo bendijese la legalidad de la operación y más tarde el Tribunal Constitucional, pero era previsible que aquello acabara en Estrasburgo. Prefirieron mirar hacia otro lado y evitar las excarcelaciones de terroristas y pensaron “este marrón que se lo coma Estrasburgo”, porque sabían que el TEDH lo tumbaría.

En España ha sucedido lo que en muchos países que han sufrido el terrorismo: se han utilizado atajos que en mayor o menor medida suponían vulneración de los Derechos Humanos, cuando no directamente crímenes de Estado. Lo han hecho los poderes públicos en la creencia de que no había otro modo de actuar, por pura impotencia y a veces para corregir errores pasados, sin caer en la cuenta que la vulneración de los DD.HH. nunca es la solución de nada.

 

En España nunca se han tenido en cuenta las denuncias de Amnistía Internacional sobre las normas antiterroristas. Nunca se han investigado seriamente las denuncias de malos tratos a terroristas detenidos, ni las muertes bajo custodia policial o penitenciaria. Nunca se ha formado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad a conciencia en este asunto. Nunca se han castigado severamente los excesos. Ni siquiera se han adoptado medidas contundentes para evitar que sucedieran, como la instalación de videocámaras en el interior de los centros de detención. Aquello parecían “daños colaterales” y que los que los denunciaban estaban del lado de los terroristas. Sin embargo, cuando estos asuntos salen de las fronteras nacionales son consideradas prácticas ilegales y no tienen defensa posible. Y esto mismo ha sucedido con la ‘Doctrina Parot’. Pero que nadie se llame a engaño. Sucedió muchas veces antes cuando tribunales de otros países denegaban extradiciones. Hace unos días un tribunal de Bélgica acaba de denegar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui atendiendo los argumentos de su abogado, quien alegó “el peligro de violación de los derechos humanos que corren los vascos por la justicia española”.

 

Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, no aceptan ser sometidos a otros tribunales distintos a los suyos. Ese es el modo de evitarse disgustos como el que España ha tenido. Pero precisamente por su desprecio declarado a los Derechos Humanos cargan con la etiqueta correspondiente, aunque a ellos parezca darles igual. España quiso parecer un país respetuoso con los Derechos Humanos sin serlo. Y ahora vemos el resultado.

Sin embargo yo no creo que debamos rasgarnos las vestiduras. ETA ha sido derrotada y la lección que debemos aprender es que hay que dar pasos para que la paz sea definitiva, total y sin posibilidad de marcha atrás. A mi juicio –y me expongo a la crítica, lo sé– nuestros gobernantes no debieran hacer como si ETA aún existiese y deben favorecer un clima que permita dar por zanjada esta tremenda herida nacional. El terrorismo ya no es una de las preocupaciones fundamentales de los españoles según las encuestas del CIS. No hagamos como si aún lo fuera. Nuestro Estado de Derecho es fuerte y tiene mecanismos sobrados para maniobrar en esta situación. Pero los atajos no dan resultados.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10152-a-quien-le-importan-los-derechos-humanos)

POGROMO DE POLÍTICOS

Las juezas de la Audiencia habrán concedido a lo largo de su carrera  centenares de suspensiones de condena a narcotraficantes, maltratadores, estafadores, ladrones, agresores sexuales, personas violentas, conductores borrachos y todo tipo de criminales que se han librado de la cárcel por tener condenas menores de 2 años y carecer de antecedentes penales. Pese a que reconocen la nula peligrosidad criminal de Jaume Matas y que la pena impuesta por el Supremo no es grave, han decidido vengarse. La frustración que les causó la sentencia, como reconoció el fiscal Horrach, desató un pogromo a políticos que persigue encarcelar al mayor número posible de ellos, aunque sea por penas menores. Nada hay más arbitrario porque a igual condena menor, unos se libran, como Miquel Oliver y otros deberán ingresar. Dicen que Matas tiene otras causas abiertas, pero obvian que la suspensión de la condena está condicionada a que el penado no vuelva a delinquir en un plazo determinado. Se demuestra así que Matas no tiene ningún trato de favor, sino que es víctima de una cacería judicial.

Los magistrados pretenden resarcirse del varapalo del Supremo y en lugar de cobrar 10.840 euros de multa a Matas, harán que entre todos costeemos los 55 euros al día que cuesta un preso. La cárcel no es gratis y además en este caso no sirve para nada, como reconocen Sus Señorías. Primero fue Munar y más tarde Cardona, quien pronto no será el único conseller de Matas entre rejas. El ex president es la siguiente pieza a batir a toda costa y sea como sea. Le reprochan que no se haya arrepentido, pero ¿han demostrado los jueces arrepentimiento por haberle condenado indebidamente a 6 años? Ni piden perdón ni aceptan la sentencia del Supremo.

Matas, contrariamente a lo que los jueces de la Audiencia dijeron, no se quedó ni un céntimo público. No malversó, no defraudó a la Administración, no falsificó documentos ni tampoco prevaricó. Pero aún así lo encierran para escarmiento general. No para castigo de sus delitos, sino para que sirva de ejemplo, como en los autos de fe de la Santa Inquisición. Mientras tanto los mismos jueces se entretienen echando por tierra el trabajo de la Guardia Civil y absuelven a ‘La Paca’, ‘El Moreno’, ‘La Guapi’, ‘El Ico’ y otros 87 narcos este año anulando escuchas telefónicas. Parece que consideran preferible encerrar antes a políticos que a narcotraficantes de Son Banya.

 

(Publicado en Última Hora)

UN POLÍTICO POCO POLÍTICO

El alcalde Mateo Isern es un político poco político. En muchos aspectos dice cosas y actúa de modo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Transmite franqueza y sinceridad, algo que se agradece. Ante una irregularidad supuestamente cometida por varios altos cargos y funcionarios del Ajuntament de Palma en el concurso de ascenso a oficial de la Policía Local ha actuado con transparencia y contundencia. Compareció y explicó profusamente lo ocurrido. Dijo qué iba a hacer al respecto, no sin antes pedir disculpas a la ciudadanía, algo inaudito. Forzó la dimisión del director de Seguridad Ciudadana Enrique Calvo y días más tarde la del intendente jefe de la Policía Local Antonio Vera. Recordemos que ya cesó hace un año al asesor de distrito Antoni Ensenyat por un episodio de violencia contra su ex mujer. Entonces no dio la cara directamente pero ahora ha corregido este detalle, lo cual le honra.

 

Sin embargo Isern se ha pasado de frenada a la hora de adoptar medidas cautelares contra el intendente Vera y los oficiales Barceló, Javier y Adrover, ya que un cese en funciones por 6 meses es una medida excesivamente severa que no se aplicaría ni en la mismísima Guardia Civil, institución militar donde una suspensión cautelar no puede exceder de 3 meses. Se les retira el 70% de sus retribuciones cuando ni siquiera han declarado ante el juez –lo harán el 27 de noviembre–, pero el alcalde ya les ha juzgado y condenado anticipadamente. Quizás lo hace para distraer la atención y así proteger al concejal del ramo, Guillermo Navarro, que está en una situación política límite. Y mientras miramos hacia Vera y Calvo (a quien el PP mantiene en la presidencia de la junta local de Es Pont a pesar de ser el principal sospechoso), no advertimos los repugnantes movimientos y la motivación del agente Dani M. que desveló el asunto cuando fue descubierto por colaborar con los Ángeles del Infierno, junto a otro agente local ahora encarcelado, Nicanor G. Se repite así el esquema de un presunto delincuente que al tener problemas señala a otros que están más arriba para irse de rositas.

 

Como la Guardia Civil investiga el asunto por orden judicial, otro día les contaré cómo hacen ellos para “amañar” los ascensos con una técnica mucho más refinada por ancestral con idéntico objetivo: que habitualmente –no siempre– asciendan los afines al mando. No solo sucede en la Policía Local de Palma.

 

(Publicado en Última Hora)

TODOS SOMOS MÁS POBRES

Al principio de la crisis, allá por 2008, lamentábamos la situación de todos aquellos españoles obligados a trabajar duramente a cambio de un sueldo que rozaba los mil euros. Eran una nueva clase social: los mileuristas. Gente que casi malvivía sin posibilidad de progresar y los jóvenes sin posibilidad de independizarse. Hoy, 5 años más tarde, quien es mileurista tiene mucha suerte. Primero porque significa que tiene trabajo y no pertenece al 21% de parados que quieren trabajar y no encuentran un puesto de trabajo, lo cual es casi como si te hubiese tocado la lotería de Navidad. Y segundo, porque aunque en un ejercicio de cinismo mayúsculo el ministro Montoro niegue que los sueldos han caído, sino que se “ha reducido su crecimiento”, todos aquellos que trabajan, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, saben que trabajan mucho más y en peores condiciones, por bastante menos dinero de lo que lo hacían en 2008.

Las entidades sociales que atienden a los más desfavorecidos de nuestros conciudadanos  han advertido alarmados que el 18,5% de la población balear está por debajo del umbral de la pobreza. Vamos, que son pobres y malviven con menos de 307 euros al mes. Mucha gente ha perdido sus casas al quedar en el paro y dado que la crisis está durando tanto, muchos ya han agotado las prestaciones por desempleo y están acogidos a la renta mínima de inserción. Los bancos de alimentos y los comedores sociales están desbordados. El VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social presentado recientemente por Cáritas Española, junto a su memoria de 2012, advierte de una de cada tres personas que ellos atienden lleva más de tres años demandando ayuda. Esto significa que además de ser legión los socorridos por Cáritas, hasta colocar a la entidad al límite de su capacidad, se está cronificando la situación. Y todos sabemos que cuanto más dura una situación así, más difícil es salir de ella. Quienes sufren la situación con mayor dureza son los niños. La pobreza infantil afecta en Mallorca a unos 45.000 niños, el 36% de los menores de 16 años. La población infantil empobrecida se ha disparado un 56% a consecuencia de la crisis y esto se traduce en absentismo y fracaso escolar, así como en un incremento de consumo de drogas, embarazos no deseados y abortos.

Lamentablemente nuestra sociedad parece anestesiada ante estos datos indiscutibles que describen una realidad social dramática. Tampoco parece preocupar a los políticos, más ocupados en tirarse los trastos a la cabeza y en sus absurdos reproches cada martes en el Pleno del Parlament antes que en analizar la situación de los más necesitados y en buscar formas de ayudarles a salir de su agónica situación.

Paralelamente al empobrecimiento general de la clase trabajadora vemos que el número de millonarios en España (técnicamente aquellos que tienen un patrimonio superior al millón de dólares, 740.000 € al cambio) aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013. Ya llegan hasta las 402.000 personas según un informe de Credit Suisse. Esto ha sucedido en plena recesión y mientras el paro alcanzaba máximos históricos.

La clase media está siendo triturada y va camino de desaparecer. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres lo son cada vez más. El nivel de injusticia social es vergonzoso y las señales de alarma ni siquiera nos sacan de nuestro letargo, de la hipnosis a la que estamos sometidos entre fútbol, fórmula 1, concursos de canto y sálvames varios. Ni siquiera nos altera que la televisión pública RTVE emita de lunes a viernes un programa bochornoso como “Entre todos”, donde se pone en evidencia cómo el Gobierno ha hecho descarada dejación de sus obligaciones y los derechos sociales han sido sustituidos por la caridad. El país, como antes le sucedió a Grecia, Portugal e Irlanda, tras el rescate es más pobre y con más parados. Y todos más pobres e insolidarios.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/9997-todos-somos-mas-pobres)

DELINCUENTES CON TALENTO

Nuestra sociedad no valora suficientemente a la gente con talento. Es injusto. Debemos reconocer públicamente a la gente que es capaz de tirar adelante proyectos, pese a las dificultades. Tenemos entre nosotros a un emprendedor de lujo: Miquel Oliver Reus. Su estrecha vinculación con el PSOE fue la llave de su prosperidad en los negocios. Su padre fue presidente del PSIB; uno de sus hermanos, Pere Antoni, fue director general del Govern Antich; y su actual pareja fue concejal en Palma con Ramón Aguiló. Cuando Jaume Matas llegó al Consolat de Mar en 2003 ordenó el veto a la empresa de Oliver y este se dirigió a camelar al Consell de Mallorca, la única institución que no estaba bajo el control del PP. Se reunió con Miquel Nadal y le comentó la posibilidad de vender el 50% de las acciones de Video U, la productora que tenía junto a su ex esposa Luisa Almiñana y su amigo Ramón Rullán.

 

Se llevó el dinero de la venta, los famosos 300.000 euros que según Nadal le entregó Munar –sin más prueba que la palabra de uno contra la del otro, aunque el tribunal creyó a Nadal ignorando las pruebas de descargo–. Se embolsó el dinero de las subvenciones otorgadas a Video U. Y cuando fue descubierto, lo negó todo para meses más tarde, en febrero de 2010, asesorado convenientemente por su hermano Antoni, magistrado del TSJB, decidirse a colaborar con la Fiscalía y entregar una declaración escrita, la misma que entregaron Almiñana y Rullán, donde implicaban a otras personas que interesaban a los fiscales infinitamente más que ellos. Entre los tres devolvieron el día antes de empezar el juicio 120.000 €, una muy pequeña parte del botín. Oliver y su banda lograron dos atenuantes muy cualificadas y fueron condenados a 1 año y 3 meses de cárcel por malversación de caudales públicos, eludiendo entrar en prisión.

 

Estamos ante un crimen perfecto urdido por un genio. Él tenía los problemas, él tramó el fraude, su empresa solicitó las subvenciones –aunque sostuvo la delirante tesis que fue Margarita Sotomayor, a la sazón directora insular de Comunicación, quien le instó a hacerlo-, no hicieron el trabajo y se llevaron la pasta. Una vez descubiertos señalaron a otros y ahora ellos están libres mientras aquellos están en la cárcel. Hay que reconocer que encarcelar a Miquel Oliver y sus secuaces no luce en absoluto, pero encerrar a Nadal y Munar, eso es otro cantar.

 

(Publicado en Última Hora)

SU DELITO, LA PRESIDENCIA DE MALLORCA

Decía Nietzsche que alegrarse del mal ajeno es la forma máxima del resentimiento. Evitemos caer en tan mezquino comportamiento. Maria Antònia Munar está en la cárcel porque los jueces de la Audiencia Provincial creyeron a pies juntillas la versión de Miquel Nadal, a pesar de haberla cambiado para lograr una atenuante que reduce a menos de la mitad el tiempo de cárcel que cumplirá (ella 66 meses y él 31,5). Creyeron a los que ofrecieron vender Video U, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, quienes sólo por señalarla a ella se han ido de rositas. Impunidad total. La palabra de unos consumados y contumaces embusteros con trato de favor de la Fiscalía ha valido más que la palabra de Munar y el testimonio de dos funcionarios chóferes de la ex presidenta que negaron la versión de Nadal. Margalida Sotomayor paga caro su negativa a pactar con la Fiscalía y defender su inocencia. Los caraduras que sugirieron el mangoneo, se llevaron la pasta y solo devolvieron una pequeña parte del botín están libres, riéndose a carcajadas de haber burlado a todos y de ver que la opinión pública se muestra satisfecha porque los políticos están entre rejas y ellos no. Somos así de necios.

 

El Tribunal Supremo ha demostrado que su vara de medir es distinta según quién se siente en el banquillo. Lluc Tomás (PP), Javier Rodrigo de Santos (PP) o Jaume Matas (PP), vieron generosamente reducidas sus penas, cuando no directamente absueltos.  Los de Unió Mallorquina no tienen suerte en Madrid. No reciben el mismo trato que los sospechosos del PP ni del PSOE. Buils, Vicens, Nadal y Munar no han conseguido convencer a los jueces, aunque cabe preguntarse si había alguna posibilidad de hacerlo. Todo estaba escrito de antemano. La filtración de la sentencia al periódico El Mundo horas antes de hacerla pública no es una anécdota más.

 

Munar insiste en su inocencia. Alega que no fue propietaria de Video U nunca. Los jueces exhiben como única prueba la palabra de otros imputados: la declaración de Nadal con el episodio de los 300.000 € en el coche oficial y la existencia de dos testaferros, no uno. Se pregunta el Supremo ¿para qué quería Nadal dos testaferros? Y me pregunto yo ¿para qué quería Munar a Nadal si el dinero era suyo? Basta muy poco para encerrar a alguien 5 años y medio. Su delito es haber sido la presidenta de Mallorca y nacionalista. Delito gravísimo para la Justicia, aquí y en Madrid.

 

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JUECES GARANTISTAS CON LOS NARCOS

Felicitaciones a los miembros de la Guardia Civil en el día de la Virgen del Pilar,  aunque tengan poco que celebrar. Quisiera ver a los soberbios jueces de la Audiencia Provincial de Palma que tan cómodamente juzgan y dictan sentencias desde sus confortables despachos de Can Berga, hacer seguimientos o vigilancias en el poblado de Son Banya entre basura, excrementos y ratas. Es inaudito el desprecio con que pisotean el ímprobo y sacrificado trabajo de los guardias civiles del EDOA que durante meses han  investigado las tramas del narcotráfico. No se trata de desmantelar un punto de venta, sino de ir a la génesis del asunto para capturar a los que introducen la droga en Mallorca.

Si una cosa sucede una vez, es una anécdota; pero si algo sucede tres veces, con idénticos argumentos, se constata indubitadamente la determinación de los magistrados de la Audiencia de echar por tierra el trabajo de las Fuerzas de Seguridad con sentencias que además de inexplicables, parecen dirigidas a humillar a los agentes acusándoles de no hacer lo necesario para acabar con los supermercados de la droga. O como dijo el fiscal Julio Cano durante el juicio del caso Kabul, exigiéndoles “la misma prueba para autorizar unas escuchas que la que se necesita para una sentencia condenatoria”. Los guardias civiles solicitaron los pinchazos con elementos que a la Fiscalía y a los jueces de instrucción les parecieron fundados. Se confirmaron las sospechas y se comprobó la existencia de los delitos. Se registraron domicilios y se incautó  droga y dinero. Pero la Audiencia sentencia que no había indicios suficientes para ordenar los pinchazos. Todo el caso a la papelera. Impunidad total.

Su afán garantista ha permitido que solo en este año 2013 hayan sido absueltos 21 acusados en la operación Dragone, otros 36 en la operación Kabul y ahora otros 12 en la operación Benazir: en total 69 narcotraficantes de rositas. Mientras tanto los mismos jueces envían a prisión a personas que no suponen ningún peligro para los ciudadanos, incluso por condenas de un año de cárcel o sin que haya sentencia firme. O se permite que el chico que adquirió material para fabricar explosivos y causar una masacre en la UIB, tras llegar a otro hediondo pacto con la Fiscalía, sea condenado a tan solo 4 años de cárcel cuando podría ser condenado a 20. Dejan a los peligrosos en libertad y encierran a personas inofensivas.

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BOLOS SIN SÍMBOLOS

Hace unos días ingresó en prisión Llorenç Casasnovas Pons, ex concejal de Ciutadella, para cumplir una condena a un año de prisión. Aunque habitualmente nadie va a la cárcel por condenas no superiores a dos años si carece de antecedentes penales, los jueces de la Audiencia Provincial de Palma consideraron que en este caso el condenado debía ser encarcelado. Lo mismo pasó con Joaquín Rabasco, ex líder de ASI, quien fue a la cárcel para cumplir dos años. Ambos deber parecer peligrosísimos políticos a los que hay que tener aislados para que puedan rehabilitarse, a juicio de los jueces de la Audiencia de Palma. Los mismos jueces que tienen en la cárcel preventivamente a Josep Joan Cardona y Maria Antònia Munar sin que haya sentencia firme, alegando que pueden escaparse, algo infundado, peregrino y absurdo. Los mismos jueces que exigen que vaya al trullo a sus 74 años de edad el peligrosísimo reo Antoni Alemany. Los mismos jueces que pretenden enviar a la cárcel al ex presidente Jaume Matas por una condena de 9 meses, si el Fiscal se decide a pedirlo, aunque en Madrid no son partidarios de encarcelar a ex ministro de España.

Los profesores de la enseñanza pública que están en huelga exigen la retirada del proyecto de Ley sobre el uso de los símbolos que se tramita en el Parlament por la vía de urgencia. En ella se prevén sanciones de hasta 10.000 € a los que coloquen símbolos no permitidos en edificios oficiales de la Caib en lo que se considera un escarmiento para los que han secundado la campaña “Enllaçats per la llengua” colocando el lazo cuatribarrado en los colegios. La delegación de la Obra Cultural Balear de Santa Margalida, sin embargo, consintió en humillarse al organizar un bolo sin ningún símbolo, escudo o bandera que identificara a los organizadores. Nadie hubiese adivinado que los organizadores eran de la OCB porque no había ni una triste senyera. El conferenciante fue el fiscal Pedro Horrach. Es de suponer que quieren estar a bien con la Fiscalía Anticorrupción por si investiga las generosas subvenciones que recibieron años atrás. O quizás que se relaje en el asunto del Camí, que mantiene imputado a Emili Gallardo y a Miquel Ensenyat, ambos del PSM. ¿Quién sabe? Es inaudito que la OCB renuncie a situar los símbolos tradicionales de la tierra por los que tan dignamente luchan los docentes, solo para darle gusto al fiscal Horrach organizándole un bolo.

 

 

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