CAMALEÓNICO RUBALCABA

Recuerdo a Rubalcaba afirmar categórico el 20 de marzo de 2007 ante la Comisión de Interior del Congreso: “Defiendo el derecho de los guardias civiles a manifestarse, lo defiendo, pero de uniforme no. (…) Le digo lo que yo pienso. ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí. ¿Tienen derecho a ir de uniforme? No”. Este era en 2007 el criterio del actual candidato del PSOE  expresado tras la manifestación de guardias civiles uniformados tan solo 60 días antes en Madrid. Tres años más tarde y mediando la convocatoria de dos manifestaciones contra la política gubernamental, el Gobierno cercena de raíz el derecho constitucional de manifestación de los guardias civiles, recurriendo de forma sorpresiva y obscena –con la complicidad del PP– a una enmienda en el Senado del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. Se elude así todo debate en la Comisión de Interior, ya que la comisión competente es la de Economía y Hacienda. Una canallada.

Tres años más tarde, el PSOE desanda sus pasos y deroga el artículo que reconocía el derecho de manifestación en la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, que ellos mismos impulsaron y negociaron con la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que yo entonces presidía. El PSOE te lo da, el PSOE te lo quita.

No descubro nada si afirmo que Rubalcaba es un tipo camaleónico capaz de decir una cosa y al día siguiente la contraria sin despeinarse, según le convenga. Cuenta ahora con la gran ventaja de haber descabezado de facto a la AUGC a base de expedientar a sus dirigentes, de forma que no pueden abrir el pico porque se juegan su expulsión. Se lo han puesto fácil y se han convertido en rehenes del Gobierno. Harían bien en dejar paso a otros compañeros para que hagan lo que ellos no pueden hacer so pena de suicidarse profesionalmente de forma inútil. Carecen de capacidad de maniobra y son un obstáculo que lastra a la asociación. Y Rubalcaba aprovecha la circunstancia y demuestra que además de camaleónico, es astuto y maligno. Los guardias anuncian otra manifestación que les puede costar la carrera a los convocantes y de nada servirá. Rubalcaba les ha hecho jaque mate.

(Publicado en La Gaceta, edición Baleares, hoy 25 de julio de 2011)

EL TURNISMO PACÍFICO PP-PSOE

Dos son los libros que en lo que llevamos de verano he leído sobre la monarquía en España. El primero del historiador menorquín recientemente fallecido, Gabriel Cardona, titulado “Alfonso XIII, el rey de espadas” (Planeta de los libros, 2010). El segundo, “La Monarquía necesaria. Pasado, presente y futuro de la Corona en España” de Tom Burns Marañón (Editorial Planeta 2007).

Burns explica que Felipe González le confesó que en 1976, antes de que Adolfo Suárez fuese designado presidente del Gobierno por el S.M. el Rey, el entonces vicepresidente y ministro de Governación Manuel Fraga Iribarne tenía la absoluta certeza de que iba a ser nombrado presidente del Gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro. Entonces, en el transcurso de una reunión, Fraga propuso que después de las elecciones habría un gobierno conservador encabezado por él mismo y que al cabo de unos años, unos diez o doce según el recuerdo de González, el gobierno de Fraga daría paso a uno socialdemócrata encabezado por González. Así, la restauración de la monarquía se asentaría sobre el llamado “turnismo pacífico” de conservadores y socialistas, a imagen y semejanza de la 2ª restauración, cuando el reinado de Alfonso XIII se asentó en el intercambio en el poder entre los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. La ley del péndulo. 

Pero ¿cómo garantizar la alternancia en el poder de forma exacta sin recurrir al caciquismo ni al pucherazo? En democracia es imposible hacerlo. Pero la realidad es que efectivamente está sucediendo inexorablemente. Merced al enorme poder que acumulan socialistas y populares, al control de los medios de comunicación de unos y otros, al control de la Justicia, las instituciones y los órganos constitucionales, y a una ley electoral que les beneficia clarísimamente en detrimento de los demás partidos. Ocho años para los populares, ocho años para los socialistas. Y las comunidades autónomas, que se arreglen como puedan. Ahí sí que pueden pescar los nacionalistas y los restantes partidos, solos o en coalición, siempre que no se les ocurra tocar el pastel estatal ni las componendas entre los dos partidos mayoritarios. Si tal cosa sucediera, como pasó con el Plan Ibarretxe, o con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aténganse a las consecuencias: PSOE y PP se alían para acabar con semejantes veleidades. Utilizan sus poderosos resortes partidistas y unidas sus fuerzas, acaban con cualquiera que se interponga. Y no hay más que hablar. Yo no sé qué tenga de cierta esta teoría, pero a mí no me parece descabellada en absoluto. Y me hace sospechar que vivimos en una democracia tutelada.

MALOS PACTOS

Un comportamiento apartado de la ética y a veces plenamente delictivo (las escuchas ilegales del tabloide británico News of the World) puede acabar arrastrando a todo un imperio empresarial como el de Rupert Murdoch al desastre. En la política sucede algo parecido con la diferencia que el nivel de exigencia ética debe ser infinitamente mayor. Por eso considero que se equivoca el Partido Popular cuando acepta tener por aliados políticos  a personas con pocos escrúpulos y debiera exigir gobernar como lista más votada y vencedora de las elecciones sin entregar contrapartidas.

Cuando el PP de Alcudia acepta pactar con la edil tránsfuga Carme García,  logra la alcaldía a costa de asociarse con alguien que se comporta de forma políticamente inaceptable e inmoral. Su última fechoría al afirmar que, aunque entregó el carné del partido, nunca causó baja en el PSM-Iniciativa Verds, con la única pretensión de usurpar un grupo municipal para cobrar dinero público es el colmo de la caradura. ¿Alguien así es de fiar?

Cuando el PP de Campos acepta pactar con +Acció, entregando numerosas e importantes áreas de gestión (entre ellas, cómo no, urbanismo) a alguien que tan solo 14 días antes entregó la alcaldía a la formación con menos representación en el consistorio (seguramente como fórmula de presión para conseguir todo lo que ahora ha obtenido), se coloca en una situación absolutamente vulnerable para sufrir en cualquier momento una nueva moción de censura que envíe a Sebastià Sagrera a la oposición.

El PP hace mal en aceptar a estos socios de gobierno. No hay que entregarles áreas de responsabilidad o cuotas de poder y presupuesto. Ponen precio a sus votos y cualquier día se pueden cambiar de bando apoyando a quien más les convenga. Son muy malos compañeros de viaje y generalmente, malos socios de gobierno. No miran por el interés general sino por el suyo personal.

Recuerdo al señor Bauzá e Isern afirmar categóricos que si no obtenían mayoría absoluta, no gobernarían. Creo que en buena medida la clave de sus aplastantes victorias fue ese contundente mensaje. Lástima que no todos los candidatos del PP hayan adoptado ese honesto criterio, porque hay pactos que es mejor no hacer aunque haya que estar en la oposición cuatro años.

RÉMORAS DEL PASADO

Cuando el director del Centre de Recerca Económica de “Sa Nostra”, Antoni Riera, plantea que es necesario realizar una reforma estructural a medio plazo de la administración pública, todos pensamos en el copago de la sanidad o en la reducción del número de funcionarios, con el consiguiente aumento de trabajadores en paro. Pero no se trata de eso. Como él mismo explicó, hay que estudiar muy bien qué partidas se recortan, porque algunos de estos recortes podrían afectar a la economía. También yo opino que no todos los recortes son buenos y hay que contener el gasto corriente al máximo, sin afectar en lo posible a los servicios públicos esenciales.

Mientras el país reflexiona sobre esto, surge la polémica por la visita de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, al Lazareto de Mahón y nos enteramos de la  existencia de residencias públicas, mayoritariamente de la administración central, destinadas a proporcionar servicios vacacionales a los funcionarios de determinados ministerios, en flagrante competencia desleal con el sector hotelero. El ministerio de Defensa se lleva la palma en cuanto a la titularidad de residencias y clubes deportivos para el disfrute de los militares y sus familias. Esto es lo que ha de abordarse con urgencia cuando hablamos de reformar la administración pública. ¿Cuántos millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado dedicamos a mantener edificios, servicios y personal cuya labor no repercute de forma directa en los ciudadanos?

La Guardia Civil pronto inaugurará la casa cuartel de Palmanova. Junta a las instalaciones policiales se han construido 32 viviendas con un coste de 3,8 millones de euros. ¿Por qué razón hay que facilitar vivienda a unos pocos agentes cuando todos ellos podrían costearse el alquiler de una, como hacen el resto de trabajadores? Rémoras del pasado. Llevamos años  aceptando como normal cosas que no tenemos por qué soportar. Es buena hora de adelgazar la administración y prescindir de cosas superfluas que no revierten en la ciudadanía ni en los servicios públicos, sino que son privilegios heredados de épocas pasadas. He aquí un terreno dónde reestructurar y procurar un importante ahorro.

RIGOR PERIODÍSTICO

La fiscalía anticorrupción y la policía buscan a un hombre extranjero vinculado laboralmente a un constructor que supuestamente habría pagado un soborno de entre cuatro y seis millones de euros por ganar el concurso para la edificación de un proyecto en el solar de Palma. De nada le habría servido ya que destinando tan descomunales cantidades para amaños, pronto se arruinó y se vio inmerso en concurso de acreedores. Los bancos se quedaron con todo lo que tenía incluido el solar adjudicado fraudulentamente.  Las pesquisas las dirige un juzgado de instrucción de Palma, el cual lleva semanas investigando una pieza declarada secreta tratando de poner luz en el caso. Se inició al tener conocimiento la fiscalía de labios de un ciudadano que conocía los hechos de forma indirecta. Los datos pudieron ser corroborados a través de una segunda persona, pero este testigo sólo sabía del caso por referencias. Otros medios también apuntaron en idéntico sentido.

“Alguien está siendo investigado al estar implicado presuntamente en algún delito no concretado, cometido por no se sabe muy bien quién, cuando hizo algo con claros indicios de ilegalidad, aunque no está claro dónde ni en qué momento y aun está por determinar su grado de implicación en el caso con exactitud”.

Esto que acabo de relatar con ironía y a ratos con frases literales tomadas de la prensa,  es la noticia de la semana para algunos. Lo único riguroso del artículo son los datos del yate del empresario, obtenidos en internet, salvando la errata de confundir manga por calado. Solo hay acusaciones de corrupción disparatadas basadas en testimonios “de segundas personas o por referencias” pero esto es suficiente para llenar una portada y dramatizar un relato sin prueba alguna. Instalados como estamos en un clima de sospecha generalizada, todo vale. Lo que cuenta es vender periódicos, aún a cuenta del rigor periodístico del que han abdicado.

CAUSAS POR CONSECUENCIAS

En estos días comprobamos estupefactos que hay quienes pretenden colarnos causas por consecuencias, no sé si por maledicencia o porque confunden el origen de una situación con el acontecimiento que resulta de ella. Se acusa a los implicados en casos de corrupción de demorar deliberadamente los procesos presentando recursos. ¿No será más bien que la falta clamorosa de jueces, personal y medios materiales que padece endémicamente la Justicia retrasan la instrucción de las causas de forma completamente desproporcionada y abusiva? Quien ejerce un derecho a nadie ofende. Yo no veo ningún afán de demorar los procedimientos en aquellos acusados que, no estando conformes con decisiones del juez instructor, elevan los recursos que la Ley prevé. Es la misma Ley la que establece los recursos que se pueden plantear con el objetivo de reclamar contra las resoluciones judiciales, ya sea ante la autoridad que las dictó o ante alguna otra. Por tanto, ¿qué reproche se puede hacer a quien ejerce la acción que la propia Ley pone a su disposición en caso de disconformidad? Es más, el hecho de no recurrir determinadas resoluciones es determinante en el proceso, pues implica conformidad con lo decidido por el Juez. Por tanto, es perentorio recurrir las decisiones con las que uno está disconforme y a nadie debe extrañar este comportamiento.

El propio presidente del TSJIB, Antoni Terrasa, afirmó tras despachar con el president Bauzá que la falta de magistrados en la Audiencia Provincial hace que se acumulen retrasos en la resolución de los recursos que se presentan por los interesados. Reconocimiento palmario que la causa de los retrasos no está en que los procesados planteen los recursos que la Ley prevé, sino en el lamentable hecho que no hay magistrados para resolverlos ágilmente. Son ya muchas las personas que llevan meses y meses imputados sin ir a juicio. Y no son ellos los culpables de este retraso. No confundamos.

LOS 346 PARADOS

Teresa, una señora de 47 años, lleva desempleada desde 2008. Trabajaba en un hotel del Arenal de camarera de habitaciones, un trabajo de temporada que le permitía sacar adelante a sus dos hijos.

Al empezar la siguiente temporada no la llamaron del hotel. Reducción de personal. Así son las cosas. Al principio sobrevivió con la prestación por desempleo. Luego, al agotarla, pidió la ayuda familiar. Más tarde, los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma le pagaron el alquiler unos meses. Ahora es Cáritas quien lo hace, pero sólo el 50%. No hay para más. Ella limpia casas por horas, porque de algo tienen que vivir ella y sus hijos. Pura economía sumergida. Teresa no entiende de política. No llega a tanto.

La trabajadora social del Ayuntamiento la envió al IMFOF. Allí, la apuntaron en la lista de “corporaciones locales”, un programa en el que su perfil encaja a la perfección: parada de larga duración, mayor de 45 años, con menores a su cargo, sin prestaciones de ningún tipo.

Será contratada por el Ayuntamiento durante cuatro meses, a media jornada y dos meses a jornada completa. Deberá hacer cursos para facilitar su reinserción al mercado laboral.

Un par de días antes de empezar, se entera por la prensa que el Ayuntamiento de Palma ha decidido aplazar su contratación y la de 345 parados como ella, hasta septiembre si hay suerte. Ella se va a su oficina del IMFOF y llorando, desesperada, pide explicaciones. ¿Qué le van a decir?

La regidora de Comercio, Trabajo y Juventud, Esperanza Crespí, ha decidido aplazar la contratación de los 346 parados del proyecto ‘Fent Feina’, subvencionado y aprobado por el SOIB, hasta que la conselleria de Turismo y Trabajo les pague las facturas pendientes. 

Teresa sale del IMFOF y se marcha directa a Cáritas a pedir que le ayuden a pagar el alquiler del mes próximo.

Que sea la Administración la que de empleo a los parados de larga duración, no me parece lo más inteligente. Pero suspenderlo como se ha hecho, es una canallada. Cort también debe dinero a muchos proveedores, pero les pide que tengan paciencia y que sigan haciendo el trabajo porque ya cobrarán. Entonces, no hagan ustedes lo contrario. Los 346 del IMFOF se lo agradecerán.

CIRCO PENITENCIARIO

Ahora que se nombra a los mejores para ocupar los cargos políticos de las instituciones, creo de justicia proponer para el cargo de coordinador de fiestas y saraos de Palma al señor Manuel Avilés, actual director del centro penitenciario de la ciudad. Creo que es una persona que ha demostrado y demuestra cotidianamente una aptitud fuera de duda en la organización de todo tipo de actos: combates de boxeo, conciertos, comidas multitudinarias, desfiles de modelos, etc. No creo que en la historia de nuestra ciudad haya habido un dinamizador sociocultural –no hablo ya de regidores, que por descontado– como este funcionario público del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias de acrisolado currículum y dilatadísima  experiencia profesional. No creo que podamos desperdiciar su sobresaliente talento.

No pasa una semana sin que el señor Avilés salga en los medios de comunicación, ya sea organizando una “pepinada” para que los reclusos se coman los pepinos que Alemania no quiere, ya sea con las reclusas desfilando con diseños de moda, ya sea viendo un concierto de flamenco de Diego “el cigala”, ya sea con iniciativas destinadas a que los presos que consumen droga no gocen del “bis a bis”, y tantas otras que no recuerdo.

No seré yo quien diga que tales iniciativas no son positivas para la población reclusa. Estoy convencido que sucede todo lo contrario. Sin embargo, llama la atención que tal hiperactividad penitenciaria no haya sido copiada al resto de cárceles del Estado, siendo, como estamos convencidos que es, sumamente positiva para los reos. A este ritmo, pronto habrá que dotar a la cárcel de un gabinete de prensa propio. O quizás sea más prudente y discreto hacer el trabajo que corresponde con menor despliegue mediático. Al fin y al cabo, suficiente tienen los presos con estar encerrados como para, además, que les saquen en la prensa fotografiados con el director de la cárcel.

(Publicado en La Gaceta, edición Baleares, el 21 de junio de 2011)

UNA CUESTIÓN VITAL

Cort se ha cubierto de gloria en el caso del bombero Alejandro Ribas. Quizá este sea el ejemplo máximo y más dramático de ineficacia administrativa vivida en Palma en los últimos años. Que un trabajador del Cos de Bombers fallezca luchando contra un incendio entra dentro de lo posible. Pero que hayan transcurrido diez meses desde el siniestro y, como denuncian los familiares del fallecido, no haya un informe técnico oficial que establezca lo que sucedió, las causas de la muerte y los responsables de las fatales deficiencias tanto en el material como en la organización de los bomberos de Palma, es deplorable. Lo único que ha hecho el consistorio palmesano es inaugurar una plaza con su nombre en Can Pastilla, muy poco para alguien que dio su vida salvando las de sus conciudadanos.
Si no nos importa como ciudadanos en qué condiciones, con qué medios materiales, con qué preparación, con qué medidas de seguridad trabajan los funcionarios públicos que tienen la obligación de acudir a nuestro rescate si acontece un desastre, ¿cómo podremos exigirles que cumplan debidamente con lo que esperamos de ellos?

Los bomberos, un colectivo de trabajadores admirable, tuvo que ayudar económicamente a la esposa de Ribas y a su hijo de dos años entregándoles parte de lo recaudado con el calendario anual porque, según informaron, en octubre del año pasado aún no se había abonado a su familia el seguro de vida suscrito por Cort. Y además, la seguridad social le denegó la correspondiente pensión a su viuda porque no estaban casados cuando tienen un hijo en común y muchos años de convivencia. Una completa indecencia.
Mientras no haya explicaciones oficiales de las causas del siniestro será imposible actuar para impedir que vuelva a ocurrir. Y por tanto, es una cuestión vital no solo para los bomberos, sino para todos los ciudadanos que dependemos de ellos si algo fatal ocurre. Y ocurre todos los días, aunque no queramos verlo.

ESTO SÍ QUE ME FASTIDIA...

Mucho me fastidia desayunar con la noticia de la excarcelación de un terrorista sanguinario como Troitiño. Igual que me fastidió el día que excarcelaron a De Juana Chaos. E imagino que al mismo nivel que los días que previsiblemente serán excarcelados muchos otros asesinos etarras que han pagado muy barato todo el dolor que han causado con su fanatismo criminal. Mucho me duele ver cómo se intenta homenajear a estos asesinos a su salida de prisión o a la llegada a sus pueblos de origen, aunque me reconforta y me tranquiliza comprobar que el Estado de Derecho impide actos de enaltecimiento de la tarea criminal que protagonizaron estos desgraciados.

Pero reconozco que lo que más me duele es leer que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, pida explicaciones al “ámbito judicial” por la excarcelación de Troitiño y que reclame al Gobierno que “busque el camino que sea” para que el antiguo asesino del Comando Madrid vuelva a la celda. La AVT se apresura a poner a parir al Tribunal Constitucional por permitir esta excarcelación, acusándolo de estar politizado, pero a las víctimas hay que comprenderlas en sus reclamaciones siempre, porque son eso precisamente, víctimas. Pero que un diputado autonómico del Parlamento vasco y presidente regional de un partido democrático exija explicaciones a un poder del estado independiente de los demás y exija a otro actuaciones ilegales, porque ilegal es pedir al Ejecutivo que encarcele a alguien, pone de manifiesto que no cree en la separación de poderes, básica en todo Estado de Derecho que se precie de serlo. Y exigir al Gobierno que “por el camino que sea” se encarcele a alguien, ahonda en que está imbuido de esa descreencia en lo que nos enseñaron hace ya cinco siglos Locke, Montesquieu y Rousseau.

Esa fórmula del “como sea” es una llamada a la apertura de nuevas causas, ya sean verídicas o no porque todo vale, como se hizo con De Juana. Y eso nos devuelve a la barbarie y a destruir el Estado de Derecho. Y eso sí que me resulta insufrible de verdad, porque va contra la ley y no lo hacían ni los romanos en el siglo I antes de Cristo. Me duele aún más que verles a ellos salir de la cárcel entre vítores de sus familiares y amigos. Si las leyes no nos gustan, modifiquémoslas. Pero mientras estén en vigor, hay que respetar las decisiones del los Tribunales encargados de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Si no lo hacemos así, el sistema democrático del que tanto nos vanagloriamos tiene los días contados. ¡Y eso sí que me fastidia!

Si Basagoiti quiere que España cree su propio Guantánamo en el peñón de Alhucemas para los terroristas de ETA sean allí confinados sin juzgarlos nunca y sin derecho alguno, que lo diga. Posiblemente muchos le aplaudan y quizás eso le haga ganar muchos votos. Pero tratar de impedir que alguien que según los jueces ya ha cumplido su condena, sea puesto en libertad, y exigirle al Gobierno que lo haga, me parece una vulneración brutal de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho. No es eso lo que se espera de un partido constitucionalista, que no parece creer lo necesario en la Constitución. Y eso sí que me fastidia...