AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN PARA EVITAR LA HUELGA EN AENA

Parece que poco a poco las cosas van recobrando la senda de la lógica a través de la negociación entre AENA y los sindicatos de los trabajadores de esta empresa pública. Hoy mismo la Federación de Servicios Públicos de UGT ha hecho público un comunicado de prensa anunciando que el ministerio de Fomento les ha hecho una contrapropuesta, lo que supone un paso adelante destacable en la negociación. Dicen también que el documento que les ha propuesto Fomento no es ya un borrador preliminar, sino que constituye una propuesta coherente y estructurada con la que poder sentarse a buscar una solución y, además, recoge aspectos hasta ahora considerados líneas rojas por la dirección de AENA. Y añaden “considerado todo lo cual, el texto constituye una oferta real de negociación, por primera vez en todo el proceso, que es el primer paso para vislumbrar que existe un camino, difícil pero posible, para la resolución del conflicto”.

Ayer mismo se produjo un debate en el club Diario de Mallorca para analizar este conflicto y sus peligrosas consecuencias en la temporada turística balear, donde intervinieron el dirigente de CC.OO. y miembro de la ejecutiva estatal en Aena, Ramón Carreras; la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Marilén Pol; el delegado sindical de UGT, Miquel Mas; la presidenta de las agencias Aviba, Sylvia Riera; y el director general de Desarrollo Turístico del Govern de les Illes Balears, Antoni Munar. El titular que en las páginas de Diario de Mallorca podemos leer es: “Sindicatos y patronal culpan al Gobierno en el conflicto de Aena” y se subtitula “la privatización de los aeropuertos despierta el rechazo de los trabajadores y los empresarios”. (Ver noticia en Diario de Mallorca)

Ayer, en la tertulia del programa “Bon dia Balears” de IB3 TV, con Joana Maria Roque, tuve la oportunidad nuevamente de exponer mi opinión sobre el conflicto derivado de la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) e insistir en los argumentos que utilizo contra aquellos que pretenden cercenar el derecho de huelga o, yendo más lejos, deslegitimar la función constitucional de los sindicatos.

HUELGA EN AENA

Nada más y nada menos que 22 días de huelga entre los meses de abril y julio (incluyendo la Semana Santa) han convocado los sindicatos que representan a los 11.000 trabajadores de AENA, la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que según decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero va a ser privatizada. En comunidades turísticas como Baleares, este anuncio supone un verdadero terremoto empresarial, político y social porque cuando media Europa está decidiendo dónde va a pasar sus vacaciones, se les envía el mensaje de que si optan por venir a Baleares, igual se encuentran con un caos importante en los aeropuertos, con retrasos y cancelaciones de vuelos.

Ante esta difícil tesitura, siempre hay quien, frente al anuncio en tiempo y forma y posterior ejercicio de un derecho constitucional (art. 28.2 CE) como es el derecho de huelga, carga las tintas sobre los trabajadores que se ven abocados a tan dura acción porque no tienen otra medida de presión, debido a que se pretende poner en manos de empresas privadas (en mayor o menor medida) lo que hasta ahora estaba completamente en manos de un ente público y los trabajadores han superado las correspondientes oposiciones.

Hay algunos que se atreven a tanto como a sugerir que se apruebe una ley de huelga, pero no lo proponen con la sana intención de favorecer o garantizar su ejercicio, sino para limitarlo a las bravas, cercenando un derecho fundamental. El mismísimo presidente de Ryanair (excelente compañía que todo el mundo sabe cuanto respeto profesa no sólo a los derechos de sus clientes, sino también a los derechos de sus trabajadores…) ha exigido a la Unión Europea que limite el ejercicio de huelga. No se reclama que haya avances en la negociación colectiva, sino que se exige la decapitación del Estado social. Yo estoy claramente a favor de una ley de huelga que permita superar el caduco y pre constitucional marco legal que impone eñ Real Decreto Ley 17/1977, y permita conjugar de forma más apropiada tanto el derecho de huelga como la prestación de los servicios esenciales a la comunidad. Pero no me parece bien que solo se reclame esta ley desde el punto de vista de aquellos que quieren cercenar un derecho constitucional y privar de él a miles de trabajadores.



De este y otros asuntos tuvimos oportunidad de charlar anoche en el programa ‘Tot 4’ del nuevo Canal 4 Business y subo el vídeo para aquellos a quienes les interese saber mi opinión sobre la privatización de AENA, la postura de los trabajadores y las repercusiones en los ciudadanos de Baleares y de los usuarios del transporte aéreo, que de forma forzosa somos todos en un archipiélago.

Por supuesto, deseo que se llegue a un acuerdo justo entre AENA y los sindicatos CC.OO, UGT y USO, pero no me parece bien que se criminalice de la huelga únicamente a los trabajadores. Es verdad que ellos deciden los días que las hacen (y pierden el salario correspondiente), pero es el Gobierno quien ha decidido privatizar y, además, fijará los servicios mínimos que ya veremos cuán respetuosos serán con el derecho de huelga de los trabajadores.

Quisiera apuntar, por último, cuando se critican las fechas en que la huelga ha sido convocada (el president Antich lo ha calificado de absolutament inoportuna y a mi me gustaría saber cuándo le parecería a él oportuna o justificada...), se olvida que los trabajadores de AENA ya hicieron en su día un ejercicio de responsabilidad cuando aplazaron sus legítimas protestas para cuando se hubiese solucionado el conflicto con los controladores aéreos y el SEPLA. Téngase eso en cuenta y que nadie caiga en el engaño de confundir y comparar las protestas de ahora con las de los controladores, que fueron ilegales y que nunca pudieron recibir el nombre de huelga.

EN BALEARES NO HAY REBAJAS DEL BILLETE DE TREN

La reducción de la velocidad máxima de circulación en autopistas y autovías para turismos y motocicletas en 10 km/h es la nueva ocurrencia que ha alumbrado el Gobierno para hacer frente al encarecimiento del precio del petróleo. A partir de ahora, el máximo permitido es de 110 km/h, y aquellos conductores de turismos y motos pillados por los radares de la Guardia Civil de Tráfico a una velocidad de entre 111 y 140 km/h serán multados con 100 euros. Por supuesto, el ministro Miguel Sebastián ha dicho hoy que es “absurdo” que se acuse al Gobierno de afán recaudatorio, porque Hacienda también recaudará menos por el impuesto sobre los hidrocarburos. Y tiene razón, pero sin duda recaudará muchísimo más en las multas por exceso de velocidad, cosa que se ha guardado mucho de comentar.

Lo que considero un abuso es que una medida como la expuesta sea obligatoria en todo el territorio nacional, y sin embargo, otra medida aprobada en el paquete de ahorro –al menos así se anunció en el Consejo de Ministros- y que beneficia a los ciudadanos que utilizan el transporte público, no sea aplicada en todo el territorio nacional, sino allí donde quiera el gobierno autonómico de turno. De tal modo que en Baleares, aunque gobierna un Ejecutivo del mismo color político que el Gobierno central y también está presidido por un miembro del PSOE, se decide que no se bajan las tarifas de tren y se quedan tan panchos.

La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, elogió el viernes pasado la medida del recorte de la velocidad máxima permitida, pero no le pareció oportuno rebajar el precio de tren en Mallorca (aviso para quien no lo sepa que esta es la única isla del archipiélago que cuenta con tren). Y teniendo en cuenta que como ciudadanos españoles que somos, también pagamos con nuestros impuestos a la RENFE, compañía de la cual no recibimos ningún servicio en todo el territorio, una vez más nos vemos agraviados y humillados como ciudadanos isleños. Pero en esta ocasión, y aquí viene lo más escandaloso del asunto, por decisión de nuestro propio gobierno autonómico, en teoría aquel que nos representa y nos defiende. Y probado queda lo bien que lo hace en esta ocasión…

ABLANDAR A LOS DETENIDOS

El día de las Islas Baleares el Delegado del Gobierno Ramón Socías, hizo unas polémicas declaraciones con respecto al modo en que, de orden de la fiscalía y el juzgado de instrucción de guardia, se habían practicado ciertas detenciones y conducciones al juzgado de algunos presuntos implicados en la operación Picnic, operación que ha traído consigo la voladura controlada del partido nacionalista Unió Mallorquina y su consiguiente desaparición como formación política que históricamente había desempeñado el papel de partido bisagra, tan incómodo para el bipartidismo españolista. Ramón Socías ha recibido un alud de críticas por parte del decano de los jueces de Palma, Francisco Martínez, de fuentes policiales del grupo de delincuencia económica del CNP, de los sindicatos policiales CEP y UFP, y la asociación corporativista Unión de Oficiales de la Guardia Civil (que en Baleares representa, se así puede decirse, a ¡15 mandos superiores!, porque al resto no los aceptan en sus elitistas filas), Esquerra Unida, y algunos medios de comunicación.



Oigamos bien lo que dijo el Delegado del Gobierno: “S’ha de tenir en compte que xerram de persones, hi ha sempre la presumpció d’innocència, i per tant, com en altres casos desgraciats jo crec que se podria actuar d’una altra manera. Evidentment, la Policia i la Guàrdia Civil en aquests moments, quan fan actuacions, actuen com a Policia Judicial però jo crec que se podria fer d’una altra manera”. También apuntó que “algunes actuacions han estat desproporcionades per la situació que es tractava, ja que els imputats no son condemnats, no se’ls acusa de delictes de sang” y añadió “amb una simple citació haguessin anat a declarar i ningú hagués intentat fugir”.

Desde el Diari de Balears me pidieron una valoración sobre lo sucedido y les envié esta respuesta:
“Des de l’Associació Democràcia i Justícia pensem que la Fiscalia anticorrupció s’està extralimitant amb les detencions que s’ordenen en el marc de les investigacions que impulsa el ministeri fiscal. Pareix obvi que el acusats que a l’hora de declarar, diuen el que els fiscals volen sentir, queden immediatament en llibertat i poden anar-se a ca seva tranquil•lament. I en canvi, els que es declaren innocents (a la qual cosa tenen tot el dret legal emparat en la Constitució), o senzillament no declaren o no diuen el que els fiscals volen sentir, han de romandre als calabossos de la Policia Nacional fins que s’esgota el termini legal de 72 hores. La detenció d’una persona, segons l’article 520 de la llei d'enjudiciament criminal, s’ha de fer “de la forma que menys perjudiqui al detingut en la seva persona, reputació i patrimoni”. Malauradament això a Balears amb molta freqüència, no passa així. Moltes detencions es fan amb una clara intenció de perjudicar-los, a deshores, amb una exposició del tot innecessària als mitjans de comunicació gràfics quan estan enmanillats, amb uns desplegaments policials que costa de veure fora de les operacions a Son Banya... I tot això es fa amb la intenció perversa de doblegar la seva voluntat i que diguin el que els fiscals volen sentir, sigui o no la veritat. I no és la primera vegada que això succeeix. És hora de dir prou i que es respecti la llei, perque els ciutadans volen justícia i que els polítics corruptes responguin dels seus delictes, però segons la llei i sense extralimitacions. Una cosa i altra no son incompatibles. Crida l’atenció que sigui el Delegat del Govern a les Illes, el Sr. Ramon Socíes, qui ho posi de manifest. Així doncs, des de la seva responsabilitat, que és molta, que insti a les institucions afectades a actuar amb respecte als drets dels detinguts i que es corregeixin els excessos d’aquells que ordenen que les coses es facin arbitràriament i amb intencions de coaccionar i vexar als detinguts que no es pleguen a la versió dels fiscals i de la Policia”.

Hay quien acusa ahora a Socías de criticar ahora lo que calló en agosto de 2009, cuando se produjeron las escandalosas detenciones de políticos del PP por el caso Palma Arena (Rafa Durán, Pepote Ballester, Jorge Moisés, Antoni Palerm, etc.) pero no me parece que la crítica sea justa y explicaré por qué. Recuerdo perfectamente que el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, el SUP, describió las conducciones de los detenidos al juzgado como “exhibiciones de leones en el circo” y, me gustaría recordarlo, todo eso sucedió porque los detenidos se negaron a declarar ante la policía y los fiscales, y se acogieron a su derecho constitucional de declarar ante el juez. Las mismas extralimitaciones de entonces se han repetido ahora.



Pero considero honesto recordar también que Ramón Socías dijo entonces que había dado instrucciones directas de que las conducciones se realizaran sin esposas y que fue desobedecido. Ordenó una investigación interna y el comisario de seguridad ciudadana asumió la responsabilidad de no trasladar las órdenes del Jefe Superior de Policía, Bartomeu Campaner a sus subordinados. Y tras esto, el SUP acusó al Delegado del Gobierno de dar una orden ilegal, contraria a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (Instrucción 12/2007) y que por hacerlo, debía dimitir o ser cesado.



Creo que Socías criticó lo sucedido en el año 2009 cuando los detenidos eran del PP y también lo ha hecho ahora, cuando los detenidos son (o eran) de UM. Pero me gustaría que no nos quedásemos en las palabras del máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad en Baleares, sino en el fondo del asunto. Las detenciones, a mi juicio, no se están practicando de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y alguien tiene que responder de estos atropellos, porque esto no es un atentado contra uno u otro partido, sino que es un atentado contra el Estado de Derecho y hay que denunciarlo bien alto. Que todos cumplan la Ley.

REPRESIÓN EN LOS PAÍSES ISLÁMICOS

Escribía el añorado José Saramago en su brillante novela “Ensayo sobre la lucidez” que “es regla inamovible del poder que resulta mejor cortar las cabezas antes de que comiencen a pensar, ya que después puede ser demasiado tarde”. Seguramente eso estarán barruntando ahora mismo la docena larga de sátrapas y tiranos que mal gobiernan sus países con puño de hierro, y que ahora, nadie sabe muy bien por qué, sus víctimas han decidido salir a la calle y reclamar libertad y el fin de los regímenes que dictatorialmente les oprimen desde hace décadas.

Era muy previsible (yo así lo anuncié hace unos días en IB3 TV) que estos autócratas que ahora ven amenazado su trono en Bahréin, Yémen, Marruecos, Argelia, Irán, Jordania, Libia y Siria, ante la protesta espontánea y pacífica de sus conciudadanos, recurrieran a la fuerza desmedida para reprimir las ansias de libertad. Y así tenemos el resultado trágico y luctuoso que detallan los medios de comunicación y que se incrementa de minuto en minuto. Antes de abandonar el poder, deciden sacar los tanques a la calle y ordenan al ejército y a la policía disparar contra los manifestantes. Queda feo decirlo, pero debo reconocer que no lamentaría en absoluto que a estos sátrapas les suceda lo mismo que le pasó a Chauchescu en Rumanía. Es lo que tiene enfrentarse a tu propio pueblo…

EL PP Y EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el Magistrado Pascual Sala, ha anunciado que en menos de un año habrá sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley que permite el matrimonio homosexual. El equilibrio entre miembros progresistas y conservadores se muestra actualmente inclinado a favor de los progresistas y por ello, domina cierta tranquilidad en el PSOE de que el recurso que presentó el Partido Popular no prosperará. Sin embargo, y al margen de las decisiones del TC, me gustaría hacer una valoración en términos políticos y sociales de lo que ha supuesto la entrada en vigor de la Ley 13/2005, conocida como Ley del matrimonio homosexual. Han transcurrido más de cinco años y medio, y se han constituido más de 20.000 nuevas familias. La sociedad española en general parece haber aceptado con normalidad este tipo de uniones, aunque lamentablemente comprobamos que aún persisten puntuales comportamientos homófobos de menosprecio, rechazo e insulto hacia el colectivo gay que merecen nuestra condena.

Sin embargo, y gracias al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, la polémica no se ha desvanecido del todo y los colectivos homosexuales han venido reclamando con insistencia al PP la retirada del citado recurso, petición que ha sido desoída. El líder del PP, Mariano Rajoy, lejos de buscar distanciarse de la polémica, ha preferido empantanar aún más a su formación asegurando que llegado el momento, está dispuesto a poner fin a la ley incluso en el caso de que el TC declare su constitucionalidad e incluso se negó a comprometerse públicamente a mantener la ley aún en ese caso, lo que muestra una preocupante tendencia a la involución con los efectos jurídicos, sociales y políticos que eso tendría para miles de ciudadanos y sus familias. Ante la avalancha de críticas, matizó días más tarde que esperaría a ver qué decide el TC y escucharía lo que opina la gente, aunque esta matización no clarifica nada y es ambigua como sólo puede serlo el enigmático líder del PP. Al fin y al cabo, en el programa electoral del PP para las elecciones del año 2008, nada decían sobre el particular...

En su partido son ya muchos los que consideran este asunto superado, empezando por Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre (que ya en septiembre de 2005 calificó de inoportuno el recurso de inconstitucionalidad presentado y se manifestó en contra), Alfonso Alonso (alcalde de Vitoria), Celia Villalobos, Elías Bendodo (presidente del PP de Málaga), Javier Gómez (portavoz del grupo de gays y lesbianas del PP) y muchos otros. Pero en contra de este criterio, no es baladí recordar que se impuso el criterio de los más conservadores y el PP consiguió vetar la ley en el Senado con el apoyo de cuatro senadores de CiU (131 votos a favor del veto y 119 en contra). Tampoco podemos olvidar la polémica comparecencia del catedrático Aquilino Polaino de la mano del PP ante la Comisión de Justicia del Senado, quien aseveró que la homosexualidad era una psicopatología, cuando este criterio hace años que está absolutamente desterrado por la comunidad científica internacional. Así pues, es razonable que los homosexuales seamos críticos y beligerantes con el PP en esta trascendental cuestión.

En la sociedad española hay actualmente mucha gente, incluidos muchos votantes del PP, que han aceptado con total normalidad la posibilidad de que los homosexuales se casen en igualdad de condiciones que los heterosexuales. Sin embargo, hay una minoría que lo rechaza de plano, no sólo en el aspecto semántico por más que lo digan una y otra vez, sino también en el plano filosófico y legal, sencillamente porque su religión prohíbe las relaciones homosexuales. Esta minoría, dirigida por la cúpula jerárquica de la Iglesia católica, se halla agrupada en torno al Foro español de la familia y la asociación hazteoir.org, con el contundente apoyo mediático de la cadena de la Conferencia episcopal y el grupo Intereconomía.

El PP debe recapacitar acerca de las consecuencias de congratularse con quienes se oponen al matrimonio gay, que son pocos por más que hagan mucho ruido, y despreciar a quienes aceptan los cambios sociales y las nuevas formas de familia con naturalidad y tolerancia. La sociedad actual es plural y diversa y no acepta ni posturas inmovilistas ni regresiones en los derechos de las personas gobernando en contra de un colectivo determinado, que eso y no otra cosa sería derogar la ley vigente. Cuando el señor Rajoy dice que “los radicalismos no son buenos en ninguna faceta de la vida”, debería meditar sobre con quién se está alineando él mismo y a quién está complaciendo con sus comentarios sobre el matrimonio homosexual y a quién agraviando. ¿Quiénes son los radicales? Dado que pretende ser el presidente de todos los españoles, debe actuar como tal y separarse de las minorías radicales involucionistas para estar con la mayoría de la sociedad. Para eso, sólo hacen falta dos cosas: por un lado, no gobernar en contra de nadie, acatando y respetando lo que decidieron 187 diputados frente a los 147 que estaban en contra; y por otro, entender el espíritu de la Constitución de 1978: que los hombres y mujeres en España tienen los mismos derechos, y que si bien el artículo 32 de la Carta Magna establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”, en ningún momento se especifica que el matrimonio tenga que ser heterosexual. La sociedad ya ha dado el paso y le conviene al PP no quedarse atrás para contentar a una minoría radical que pretende imponer sus convicciones religiosas. Sus contradicciones en este espinoso asunto pueden salirle muy caras. Muchos responsables del PP ya lo han visto y sólo hace falta de que convenzan a su líder de que aparque de una vez este asunto y acepte lo que diga el Constitucional sin más objeciones.

Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4567

O ESCAÑOS O BOMBAS

Por primera vez en su historia, Batasuna y sus herederos ideológicos se desmarcan de ETA y rechazan la violencia para hacer política, poder presentarse a las elecciones del 22 de mayo y, si así lo quieren los ciudadanos, entrar en los ayuntamientos. Rufino Etxeberría anuncia que con la fundación de un nuevo partido denominado “Sortu”, que según afirma “no es la continuidad de ninguna otra organización”, se da por cerrado el ciclo de la lucha armada y su justificación persistente por parte de Batasuna. ¿Es sincera esta conversión? ¿Obedece únicamente a la necesidad de presentar unas siglas a las próximas elecciones municipales o se han dado cuenta de que el terrorismo sólo les puede llevar a la cárcel, donde por cierto ya han estado casi todos los fundadores de la nueva formación? Aún es pronto para decirlo, pero ya se han levantado voces virulentas en contra de su legalización.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos se elaboró en el año 2002 para hacer frente a ETA y a su entorno político –Batasuna– y tener el instrumento jurídico que permitiera expulsar de las instituciones a quienes ocupaban escaños y a la vez empuñaban pistolas y asesinaban a los rivales políticos, cuando no establecían a quién había que liquidar y justificaban los crímenes, secuestros, extorsiones y demás actos terroristas. Se les impuso cumplir unos requisitos muy claros y optar por las palabras o las bombas. Sin embargo, cabe recordar que fue una ley muy contestada por parte de no pocas organizaciones políticas y por amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en Euskadi, que la consideraban un retroceso democrático porque privaba de voz a miles de ciudadanos, pues no se olvide que Euskal Herritarrok (la última marca legal con la que pudieron presentarse a unas elecciones municipales en junio de 1999) obtuvo 228.147 votos (el 19,63% de los electores) y 679 concejales en el País Vasco.

Tras ocho años y medio de aplicación de la Ley, esta ha demostrado su utilidad y el debilitamiento de ETA y su entorno operativo y político es evidente y de tal magnitud que no es fácil que puedan soportar cuatro años más proscritos de la vida política. Por eso tratan de inscribir una nueva organización que renuncia explícitamente a la violencia y marca distancias con ETA. Por eso y porque parecen haber concluido, tras un proceso interno de debate, que la violencia y el terrorismo les aparta de sus objetivos políticos más que les conduce a ellos. Pero es razonable que la sociedad española que ha sufrido su crueldad y sus crímenes, recele. Es muy normal que haya miles de ciudadanos que protesten en la calle ante el miedo de que puedan volver a estar en el Parlamento vasco y hasta en el Congreso de los Diputados (aun recordamos a Jon Idígoras, que en paz descanse, fumando en su escaño) y recelen de que sea una nueva trampa, la enésima, para colarse en las instituciones que les dan cargos y dinero. Ante este dilema sólo cabe la aplicación de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.

El PP en boca de su secretaria general, Mª Dolores de Cospedal, exigió al Gobierno que “no deje presentarse a Batasuna ni con un nuevo partido, ni con listas blancas ni con listas de partidos legales”. Merece la pena detenerse en esta exigencia, porque a fuerza de vivir en un estado de excepción política permanente nos hemos acostumbrado a no detectar las agresiones al sistema democrático. ¿Puede el poder ejecutivo en un Estado de Derecho impedir que otras formaciones políticas que hacen lo que la Ley les exige y cumplen los requisitos que en ella se imponen –aunque sea a regañadientes- impedir la legalización de una fuerza política para obstaculizar su concurrencia a unas elecciones? Como impone el sentido común y la separación de poderes, el órgano jurisdiccional competente no es ni puede ser jamás el Gobierno.

“Si la ley les hubiese obligado a decir '¡Viva España!' lo hubiesen dicho”, apuntó el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal. Y yo me pregunto perplejo: ¿Cabe esperar otra cosa que el cumplimiento de la Ley? Nada más podemos exigir, porque de lo contrario tendremos que concluir que no hay libertades políticas en este país, que sería tanto como darles la razón a los terroristas. Es perverso que algunos mantengan que si los batasunos cumplen a rajatabla lo que la Ley de Partidos exige, “han buscado una treta para burlar la Ley” y si no condenan la violencia, son lo mismo que ETA… ¿Qué les estamos demandando realmente? Oigo a Federico Jiménez Losantos preguntar “¿Han pedido la disolución de la banda? ¿Han pedido la entrega de las armas? ¿Han pedido que se entreguen los terroristas y tras pedir perdón a las víctimas, asuman las consecuencias penales de sus crímenes? ¡Noooooooo!”. Y yo me pregunto ¿es que acaso eso lo exige la Ley? ¡Noooooooo! Entonces, se les está pidiendo ir más allá de lo que la ley impone. El propio periodista lo reconoce un poco más tarde al decir “si aplican la ley de partidos la legalizarán”.

Si Sortu cumple estrictamente con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, solo puede ser legalizada y no hay nada más que hablar desde el punto de vista jurídico y político. Y cualquier maniobra para presionar a los Tribunales en un sentido o en otro ha de ser claramente denunciada. En los últimos años ha habido importantes avances en la lucha contra ETA y su entorno, como el encarcelamiento de los integrantes de la mesa nacional de Batasuna. Pero también importantes fracasos que han supuesto un deterioro brutal de las libertades públicas establecidas en la Constitución. Estoy hablando de la muy reciente sentencia del caso Udalbiltza y del cierre indebido del diario Eguin. Quizá sea la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos la mejor forma de propinar un certero descabello a ETA, porque en esta ocasión lo que les dará alas será una eventual prohibición. Y si vuelven a engañarnos, los promotores de la nueva formación acabarán todos a la cárcel. Ellos sabrán lo que les conviene: o escaños o bombas.

LOS POLÍTICOS SON UN PROBLEMA Y ELLOS, ENCANTADOS...

En general, los ciudadanos estamos muy preocupados por la crisis económica, la inflación, el paro, el aumento de la edad de jubilación, la delincuencia, la inmigración, el terrorismo etc. Pero también estamos muy preocupados, según constata en su encuesta de percepción de los principales problemas de España el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pues ya situamos a la clase política/los partidos políticos como la tercera causa de preocupación para los ciudadanos. Y no es extraño que así sea a tenor de lo que entre resignados y estupefactos, contemplamos día tras día. Citaré algunos ejemplos:

Un diputado del PP, Ignacio Uriarte, es condenado como autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir borracho y causar un accidente, a pagar una multa de 2.400 euros y privación del permiso de conducir por ocho meses. Y al tío no se le ocurre renunciar a su acta de diputado. Ahí seguirá, en su escaño en el Congreso y con antecedentes penales, lo cual no deja de ser curioso porque el último de los bedeles del Congreso no podría ni siquiera haber opositado si tuviese antecedentes penales, pero sin embargo una de sus señorías puede ser diputado y a la par, delincuente. ¿No es de chiste?

La secretaria de organización del PSOE de Madrid y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha sido condenada por el TSJ de Madrid a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y sigue en su cargo con todos los pronunciamientos favorables de su partido en Madrid y de la dirección federal de Ferraz, con la única concesión a la decencia pública de que no irá en las listas electorales pues se trata de una persona condenada, obviando que la propia condena consiste en eso mismo, en que no puede ocupar cargo público alguno. Quienes la apoyan arguyen con toda su cara dura que se trata de un asunto administrativo y que no se ha enriquecido, como si la prevaricación no fuese un delito y de los peores que puede cometer una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. ¿No parece una tomadura de pelo?

Los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, cobran cada uno cerca de 80.000 € brutos anuales con carácter vitalicio, retribución que compatibilizan con los abultados sueldos que perciben de dos compañías eléctricas (Endesa paga a Aznar 200.000 € y Gas Natural Fenosa paga a González 126.500 €) por las que acaban de ser fichados. ¿Ustedes creen que se les ha ocurrido renunciar a la asignación pública? Lo último que harían en su vida. Pero ni el PP ni el PSOE han criticado en lo más mínimo que esto esté sucediendo, a la vez que hablan de que es necesario prestigiar la política. ¿Cabe mayor cinismo?

Los partidos políticos y en general la clase política deben cambiar el modo en que se conducen y deben favorecer los comportamientos éticos, separando firmemente a quienes manchan la política al ser condenados por los Tribunales. Su desprecio hacia los ciudadanos es ofensivo. Y sin embargo, ellos encantados.

Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4383

1.040 AÑOS DE CÁRCEL Y UNA PALIZA

En la mañana del día 6 de enero de 2008, los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola fueron detenidos por miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. Los dos jóvenes venían de un monte cercano y les infundieron sospechas. Al pedirles la documentación y revisar las mochilas que portaban, comprobaron que llevaban 2 revólveres y 50 cartuchos de munición. Más tarde quedaría probado que los dos detenidos, junto a Mikel San Sebastián, fueron los autores del atentado con furgoneta bomba en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 y que causaron la muerte a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Por aquel crimen, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años de prisión cada uno de ellos. Sin embargo, al ser detenidos, según considera probado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, fueron sometidos a malos tratos y torturas. Fueron golpeados e insultados, y siempre según la sentencia, que no es firme y ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, a salvo de miradas indiscretas en una pista forestal, les propinaron una paliza a cada uno a base de puñetazos y patadas. Igor Portu sufrió hematomas, enfisemas, policontusiones, fractura de una costilla y hemoneumotórax, lesiones por las que tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Mattin Sarasola sufrió policontusiones y hematomas de menor gravedad que el primero.

Los agentes que les detuvieron replicaron que los terroristas se resistieron violentamente a su arresto y que se vieron obligados a aplicar la fuerza necesaria y proporcional al objeto de reducirles. Además, argumentan (con innegable razón) que es costumbre en los miembros de ETA denunciar torturas y malos tratos cuando son detenidos. Sin embargo, el Tribunal considera que las lesiones no fueron producto de la resistencia sino de naturaleza distinta, y considera más verosímil la versión de los etarras, sustentada por los médicos forenses.

Una asociación de reciente aparición, denominada Asociación pro Guardia Civil APROGC –y que se autodescribe como formada por “guardias que se sienten orgullosos de ser guardias civiles, que son lo que quisieron ser, y que entienden esta noble profesión como algo más que un trabajo”– ha criticado la sentencia en un comunicado al afirmar que “socialmente, los guardias civiles ya estaban medio condenados desde hace tiempo pues “jugaban en campo contrario”. Otra asociación profesional de mandos de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales, ha acusado a los jueces del País Vasco de “favorecer a ETA” y de permitir que “los terroristas ganen otra batalla”. El europarlamentario popular Alejo Vidal-Quadras ha escrito en la página web de Intereconomía: “En estos momentos tan dolorosos para la Benemérita, hay que reiterarles nuestra confianza plena, dar por buena su versión y no la de asesinos que siguen la consigna de denunciar agresiones cuando son detenidos llegando a autolesionarse y esperar que el Tribunal Supremo resuelva el recurso a favor de los defensores de la ley y en contra de sus transgresores. ¡Viva la Guardia Civil!”. Esta forma de poner en cuestión las decisiones adoptadas por los Tribunales de Justicia son altamente preocupantes en un estado de derecho, mucho más si provienen de un eurodiputado que actualmente es vicepresidente del Parlamento Europeo, por un lado, y por asociaciones profesionales de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, por el otro. Entristece comprobar cómo se enaltece a los Tribunales cuando toman decisiones de acuerdo al sentir de cada uno, y como se les vilipendia y se les descalifica cuando lo hacen contrariamente.

En mi opinión, el problema radica en algo que he apuntado antes, en creer que la de guardia civil es una “noble profesión” (¿acaso hay alguna que no lo sea?) que ha de considerarse como algo más que un trabajo, porque precisamente ese plus al que algunos se apuntan, ese “algo más”, algo así como un sacerdocio o una misión divina, es lo que lleva o puede llevar a infringir la Ley. Ese querer hacer algo más que lo que la Ley exige y permite, coloca a quienes así piensan en un podio ficticio de superioridad moral sobre el resto de mortales que les brinda el salvoconducto necesario para conculcar la Ley cuando ellos lo consideren necesario, según su criterio personal. Lo que Portu y Sarasola se merecen, sin lugar a dudas, son los 1.040 años de prisión para cada uno que les recetó la Audiencia Nacional, de los cuales deberán cumplir 40 íntegramente y sin posibilidad de reducción. La paliza que sufrieron, según la Audiencia de Guipúzcoa, es un plus que les puede costar carísimo a los cuatro guardias civiles condenados y que nunca debió haberse producido. Si alguien le ha servido en bandeja una batalla a los terroristas no han sido los jueces, sino aquellos que saltándose la Ley, decidieron delictivamente excederse en el ejercicio de sus funciones. Era innecesario, ilegal, contraproducente e inmoral. Son más que suficientes los 1.040 años de cárcel.

Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4328

EL AÑO DEL VOLANTAZO

Este año que termina será recordado por todos como el año en que Zapatero pegó un volantazo a la política económica de su gobierno y nos metió en cintura, después de haber disparado el gasto público derrochando como un manirroto, que es lo que hay que hacer para pasar de tener un superávit del 2% del PIB en 2006 y 2007, a un déficit del 11′1% en 2009. De la euforia económica a la depresión. Así, no es extraño que Pedro Solbes dijera basta y que, consecuentemente, ZP le enviara a la 8ª fila del Congreso de los Diputados hasta que dimitió por aburrimiento en septiembre del año pasado.

El año 2010 se ha convertido en un calvario para ZP, porque nunca entendió la gravedad de la crisis y, por tanto, primero negó que nos pudiera afectar, luego maniobró tarde y mal, con más incremento del gasto público, jurando que la crisis no la pagarían los más vulnerables y finalmente, con todas las alarmas sonando insistentemente, tuvieron que venir Obama y Merkel a cantarle las cuarenta. Sólo así Zapatero emprendió el camino de las reformas estructurales y el recorte del gasto público y de los derechos sociales -o lo que es lo mismo, del estado del bienestar-, consciente de que, como dijo en el Congreso, hará lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste y le cueste lo que le cueste, que no es otra cosa que enviar al PSOE a sus cuotas electorales más bajas de la historia de la democracia y servirle la victoria al PP rozando la mayoría absoluta. Pero mucho antes que ZP, son los ciudadanos de la clase media y media baja, los autónomos, los jóvenes, los pensionistas y los parados quienes están viviendo un auténtico calvario. La última vuelta de tuerca ha sido el regalo navideño de la subida del recibo de la luz y el gas en un 10%.

Así las cosas, el año que entra no se prevee mejor que este, pues las medidas de contención del gasto ralentizan la recuperación económica y no favorecen la creación de empleo, así que tenemos crisis para rato. Para evitar que Zapatero nos llame catastrofistas o anti-patriotas, pensaremos que también en 2010 hemos tenido momentos buenos, aunque circunscritos al ámbito deportivo, lo que parece un consuelo escaso para compensar las dificultades económicas. A pesar de todo ¡feliz año 2011!

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