Sortu ha sido legalizado, “el partido de ETA” como lo denomina un periódico de tirada nacional. Oyendo las tertulias radiofónicas parecería que han entregado la lehendakaritza a Otegui, poco menos. Tertulias todas de Madrid, claro. Opiniones monográficas. Poca pluralidad y menos confrontación de ideas. Pero es lo que hay cuando se tratan temas como éste, tan espinosos y tan dolientes, porque 35 años de sufrimiento y muerte no se olvidan así como así. Sin embargo, parece que de una vez los terroristas y quienes les aplaudían han entendido que con la violencia no se logrará nada y que con la política quizás consigan algo. De ahí que tantos se opongan a que una parte de la izquierda abertzale (otra parte ya lo está haciendo) se dedique a hacer política y no a poner bombas.
Sin embargo, un argumento que he oído en la radio me ha dejado intranquilo. Una periodista acusaba al Tribunal Constitucional de partir desde la voluntad inicial de legalizar Sortu, haber construido los argumentos jurídicos necesarios para llegar a tal fin, despreciando las pruebas e indicios presentados. Es decir, que el Constitucional había hecho el camino contrario al que la Ley establece que debe hacerse. Me pregunto si eso lo hace sólo el Constitucional o lo hacen también jueces y fiscales en otros casos.
Pero claro, si hasta el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, tras airearse sus viajes por todo el país alargando los fines de semana y cargando algunas facturas al erario público, se ha estado aferrando patéticamente al cargo y negando tener conciencia de haber hecho algo malo. Si rápidamente la fiscalía ha asegurado que no hay indicio de delito en su comportamiento, ¿qué esperanza nos queda de que la Justicia se administra como se debe? ¿Hacen falta más pruebas para ver que según cada caso, hacen lo que quieren?
La Justicia está herida de muerte por aquellos que tienen el deber de aplicarla. Suya es la responsabilidad y suyo es el descrédito que ya indica sin lugar a dudas la última encuesta del CIS, situando al colectivo de jueces y magistrados a la cola de la credibilidad.
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