Es digna de análisis la escasísima valoración que hacen los ciudadanos no ya de la oposición, sino de su papel de alternativa creíble al Partido Popular y al gobierno de José Ramón Bauzá. Cuando se les pregunta por este problema, los dirigentes del PSIB aducen que hace poco que están en la oposición y que necesitan más tiempo para que los ciudadanos vean que hay otra forma de gestionar la crisis.
Este argumento lo utilizó Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE, en el V Fórum Radio Mallorca hace casi dos semanas y resulta paradójico que sea tan similar al que utiliza el vicepresidente económico, Josep Ignaci Aguiló, cuando defiende que se han adoptado las medidas económicas adecuadas para iniciar la recuperación, aunque hace falta más tiempo para empezar a ver los resultados. Tiempo es lo que reclaman gobierno y oposición. ¡Qué paradoja! Y también los ciudadanos que ven amenazada su casa por el desahucio bancario por impago de la hipoteca, o aquellos que no pueden pagar los impuestos y piden más tiempo para saldar sus deudas, aunque con poco éxito.
El PSIB es incapaz de hacer autocrítica. No la hicieron tras las elecciones autonómicas y municipales que les precipitaron al vacío. No la hicieron cuando Rubalcaba consiguió lo que nadie había conseguido antes: que Mariano Rajoy ganase unas elecciones y encima por goleada. Obviamente por fallos del contrario y no por méritos propios, como estamos comprobando en carne propia. Y no han hecho autocrítica cuando llevan un año en la oposición. Porque si hemos analizado desde todos los ángulos posibles la gestión de José Ramón Bauzá al frente del Govern, y lo hemos hecho y la hemos calificado de decepcionante, hemos de analizar igualmente la gestión de Francina Armengol al frente de la oposición. Y como dicen las encuestas publicadas, los ciudadanos no se creen a un partido que niega toda responsabilidad sobre la situación actual, cuyos líderes son los mismos que nos colocaron en la dramática situación en que ahora nos encontramos, cuyos gurús pontifican desde la prensa escrita con peroratas que los ciudadanos no leen porque no hay Cristo que resista un artículo de Antich o de Manera sin bostezar y perder el punto.
No hay alternativa creíble en el PSIB y no es tiempo lo que necesitan los ciudadanos para apreciar sus cualidades. El tiempo lo necesitan ellos para comprender que son el pasado y el futuro no pasa por ellos ni teniendo todos los vientos de la crisis favorables, ni los torpes manejos de un Govern como el que pilota la nave. Ni así consiguen sacar cabeza. Y lo peor es que no la sacarán hasta que se den cuenta de que lo que requiere el proyecto socialista no es más tiempo, sino una auténtica renovación que ni ha habido, ni los actuales dirigentes socialistas quieren que haya.
Es lamentable que no comprendan que el tiempo que dicen necesitar lo tuvieron de sobras: cuatro años en el poder enseñaron a la ciudadanía balear que su proyecto, de tenerlo que es dudoso, es incapaz de aportar soluciones a nuestra situación. Sus propuestas son viejas e ineficaces, tanto como sus nombre y apellidos: Francina Armengol, Vicenç Thomàs, Antoni Diéguez, Cosme Bonet, Joana Barceló, Xico Tarrés, Pilar Costa, etc. Lo demostraron durante cuatro años desastrosos y aún quieren más. Ni renovación ni autocrítica. Condujeron la nave socialista al desastre y allí la han dejado, reclamándose a sí mismos y pidiendo más tiempo. Casi nada.
26 junio 2012
23 junio 2012
CONSTRUIR REALIDADES FICTICIAS
Sortu ha sido legalizado, “el partido de ETA” como lo denomina un periódico de tirada nacional. Oyendo las tertulias radiofónicas parecería que han entregado la lehendakaritza a Otegui, poco menos. Tertulias todas de Madrid, claro. Opiniones monográficas. Poca pluralidad y menos confrontación de ideas. Pero es lo que hay cuando se tratan temas como éste, tan espinosos y tan dolientes, porque 35 años de sufrimiento y muerte no se olvidan así como así. Sin embargo, parece que de una vez los terroristas y quienes les aplaudían han entendido que con la violencia no se logrará nada y que con la política quizás consigan algo. De ahí que tantos se opongan a que una parte de la izquierda abertzale (otra parte ya lo está haciendo) se dedique a hacer política y no a poner bombas.
Sin embargo, un argumento que he oído en la radio me ha dejado intranquilo. Una periodista acusaba al Tribunal Constitucional de partir desde la voluntad inicial de legalizar Sortu, haber construido los argumentos jurídicos necesarios para llegar a tal fin, despreciando las pruebas e indicios presentados. Es decir, que el Constitucional había hecho el camino contrario al que la Ley establece que debe hacerse. Me pregunto si eso lo hace sólo el Constitucional o lo hacen también jueces y fiscales en otros casos.
Pero claro, si hasta el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, tras airearse sus viajes por todo el país alargando los fines de semana y cargando algunas facturas al erario público, se ha estado aferrando patéticamente al cargo y negando tener conciencia de haber hecho algo malo. Si rápidamente la fiscalía ha asegurado que no hay indicio de delito en su comportamiento, ¿qué esperanza nos queda de que la Justicia se administra como se debe? ¿Hacen falta más pruebas para ver que según cada caso, hacen lo que quieren?
La Justicia está herida de muerte por aquellos que tienen el deber de aplicarla. Suya es la responsabilidad y suyo es el descrédito que ya indica sin lugar a dudas la última encuesta del CIS, situando al colectivo de jueces y magistrados a la cola de la credibilidad.
Sin embargo, un argumento que he oído en la radio me ha dejado intranquilo. Una periodista acusaba al Tribunal Constitucional de partir desde la voluntad inicial de legalizar Sortu, haber construido los argumentos jurídicos necesarios para llegar a tal fin, despreciando las pruebas e indicios presentados. Es decir, que el Constitucional había hecho el camino contrario al que la Ley establece que debe hacerse. Me pregunto si eso lo hace sólo el Constitucional o lo hacen también jueces y fiscales en otros casos.
Pero claro, si hasta el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, tras airearse sus viajes por todo el país alargando los fines de semana y cargando algunas facturas al erario público, se ha estado aferrando patéticamente al cargo y negando tener conciencia de haber hecho algo malo. Si rápidamente la fiscalía ha asegurado que no hay indicio de delito en su comportamiento, ¿qué esperanza nos queda de que la Justicia se administra como se debe? ¿Hacen falta más pruebas para ver que según cada caso, hacen lo que quieren?
La Justicia está herida de muerte por aquellos que tienen el deber de aplicarla. Suya es la responsabilidad y suyo es el descrédito que ya indica sin lugar a dudas la última encuesta del CIS, situando al colectivo de jueces y magistrados a la cola de la credibilidad.
13 junio 2012
ARROGANCIA ABSOLUTA
Uno de los rasgos definitorios más marcados de este primer año de gobierno de José Ramón Bauzá está siendo la holgada mayoría absoluta que da apoyo a su gobierno. Los 35 diputados que votaron su investidura aquel 15 de junio de 2011 han hecho que el presidente no pierda ni un minuto de su tiempo en buscar otros apoyos parlamentarios o extraparlamentarios en las difíciles decisiones que ha tenido que tomar. Tampoco se molesta excesivamente en explicar con detalle lo que hace el Govern y a dónde nos conduce, más allá de mantras vacuos –sabemos lo que hay que hacer–. El nivel dialéctico del Parlament es paupérrimo y no pasa del cruce de acusaciones entre el partido en el gobierno y los dos grupos de la oposición. A pesar de la gravedad de la situación que atravesamos, nadie siente la necesidad de concertación.De este modo, Bauzá se parapeta en el programa electoral de su partido y en sus 35 diputados, sin atender ni a la oportunidad ni a la inteligencia, no digamos ya al debate y al consenso. Ni rectifica ni matiza nada, pues lo considera un síntoma de debilidad.
De este modo hemos pasado de la mayoría absoluta a la arrogancia absoluta. Y en materia especialmente sensible, como es la lengua. Con lo que costó llegar a un consenso en esta cuestión, el Partido Popular desanda el camino andado, retrocede 26 años atrás y dinamita el frágil equilibrio que existía y que ya nunca volverá a verse. La representante del PSOE anunció que lo primero que haría si vuelve al Govern es derogar la Ley de la Función Pública que ha impulsado el conseller Gornés y que no exige el conocimiento de la lengua catalana para ser empleado del gobierno autonómico, sino que lo puntúa como un mérito puntuable más, salvo algunas excepciones como en la enseñanza, donde sí es obligatorio.
El PP argumenta que lo llevaba en su programa electoral. Pero también llevaba la reducción de impuestos y del número de desempleados y no lo está cumpliendo ni parece que tenga intención de hacerlo. ¿Realmente había una amplia demanda social que justificase esta iniciativa? ¿Era imprescindible abrir este melón y modificar la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por todos los partidos en 1986? ¿No había otro modo menos traumático de abordar el problema desde el diálogo y no desde el rodillo parlamentario? ¡Claro que lo había! Pero Bauzá no ha tenido el más mínimo interés en explorar otro camino porque las mayorías absolutas son así. Ha bastado un año en el Consolat de Mar para que no sienta ninguna necesidad de hablar con nadie, ni de atender a los ciudadanos -incluso a los que le votan-, mucho menos a los que no le hacen pero de los que él también es el presidente, aunque parezca no darse cuenta.
Porque Bauzá, quiera o no, sea consciente o no, es el presidente de todos los baleares. Debe gobernar para todos y no sólo para aquellos que le votaron. No debe olvidar que más de un 40% de habitantes del archipiélago no fueron a votar el 22 de mayo del año pasado y 4 de cada 10 de los que votaron, no le eligieron a él. Por tanto, es su obligación buscar el diálogo y el consenso en todo aquello que sea posible, algo a lo que parece haber renunciado sin ningún motivo. Ni intentarlo siquiera.
Mientras tanto, tras doce meses en el gobierno, Bauzá ha pasado de 35 a 34 diputados, y el paro sigue azotando a los habitantes de las islas, muchos de los cuales han agotado sus subsidios y prestaciones. Pagamos la gasolina más cara de todo el Estado. Las empresas siguen cerrando, los trabajadores ganan menos por el mismo trabajo o más y seguimos siendo líderes en desahucios en todo el Estado. Tenemos un montón de problemas sin resolver en materia turística, económica, de competitividad, de formación, en la enseñanza, en la industria y en el comercio. Y el Govern se dedica a crear nuevos. Incluso tiene una convocatoria de huelga indefinida de médicos de la sanidad pública, como si no bastase con el incremento de las listas de espera quirúrgicas o el cierre de hospitales y centros de salud. Y lo único que se le ocurre es culpar a la oposición sin buscar soluciones alternativas…
En esta coyuntura económica, social y política, ¿no sería más prudente dedicarse a unir esfuerzos y a trabajar para solucionar los problemas de la gente antes que generar más división en temas que no son ningún problema para la ciudadanía? Es lo que tienen las arrogancias absolutas.
Son capaces de convertir a cualquier gobernante en una escultura de mármol, sin necesidad de meditar, sin necesidad de rectificar, sin necesidad de modular su voluntad a la oportunidad y a la conveniencia. Y así es imposible salir del hoyo en el que estamos metidos todos.
De este modo hemos pasado de la mayoría absoluta a la arrogancia absoluta. Y en materia especialmente sensible, como es la lengua. Con lo que costó llegar a un consenso en esta cuestión, el Partido Popular desanda el camino andado, retrocede 26 años atrás y dinamita el frágil equilibrio que existía y que ya nunca volverá a verse. La representante del PSOE anunció que lo primero que haría si vuelve al Govern es derogar la Ley de la Función Pública que ha impulsado el conseller Gornés y que no exige el conocimiento de la lengua catalana para ser empleado del gobierno autonómico, sino que lo puntúa como un mérito puntuable más, salvo algunas excepciones como en la enseñanza, donde sí es obligatorio.
El PP argumenta que lo llevaba en su programa electoral. Pero también llevaba la reducción de impuestos y del número de desempleados y no lo está cumpliendo ni parece que tenga intención de hacerlo. ¿Realmente había una amplia demanda social que justificase esta iniciativa? ¿Era imprescindible abrir este melón y modificar la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por todos los partidos en 1986? ¿No había otro modo menos traumático de abordar el problema desde el diálogo y no desde el rodillo parlamentario? ¡Claro que lo había! Pero Bauzá no ha tenido el más mínimo interés en explorar otro camino porque las mayorías absolutas son así. Ha bastado un año en el Consolat de Mar para que no sienta ninguna necesidad de hablar con nadie, ni de atender a los ciudadanos -incluso a los que le votan-, mucho menos a los que no le hacen pero de los que él también es el presidente, aunque parezca no darse cuenta.
Porque Bauzá, quiera o no, sea consciente o no, es el presidente de todos los baleares. Debe gobernar para todos y no sólo para aquellos que le votaron. No debe olvidar que más de un 40% de habitantes del archipiélago no fueron a votar el 22 de mayo del año pasado y 4 de cada 10 de los que votaron, no le eligieron a él. Por tanto, es su obligación buscar el diálogo y el consenso en todo aquello que sea posible, algo a lo que parece haber renunciado sin ningún motivo. Ni intentarlo siquiera.
Mientras tanto, tras doce meses en el gobierno, Bauzá ha pasado de 35 a 34 diputados, y el paro sigue azotando a los habitantes de las islas, muchos de los cuales han agotado sus subsidios y prestaciones. Pagamos la gasolina más cara de todo el Estado. Las empresas siguen cerrando, los trabajadores ganan menos por el mismo trabajo o más y seguimos siendo líderes en desahucios en todo el Estado. Tenemos un montón de problemas sin resolver en materia turística, económica, de competitividad, de formación, en la enseñanza, en la industria y en el comercio. Y el Govern se dedica a crear nuevos. Incluso tiene una convocatoria de huelga indefinida de médicos de la sanidad pública, como si no bastase con el incremento de las listas de espera quirúrgicas o el cierre de hospitales y centros de salud. Y lo único que se le ocurre es culpar a la oposición sin buscar soluciones alternativas…
En esta coyuntura económica, social y política, ¿no sería más prudente dedicarse a unir esfuerzos y a trabajar para solucionar los problemas de la gente antes que generar más división en temas que no son ningún problema para la ciudadanía? Es lo que tienen las arrogancias absolutas.
Son capaces de convertir a cualquier gobernante en una escultura de mármol, sin necesidad de meditar, sin necesidad de rectificar, sin necesidad de modular su voluntad a la oportunidad y a la conveniencia. Y así es imposible salir del hoyo en el que estamos metidos todos.
08 junio 2012
MEDIDAS QUE HAY QUE MEDITAR
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hábil como ella sola, ha vuelto a demostrar una vez más el animal político que lleva dentro. En una rueda de prensa celebrada ayer junto a su vicepresidente y su consejero de Economía, anunció un incremento de hasta 64 tasas (incluyendo los centros de día para ancianos, el cobro de la FP de grado superior, las escuelas públicas infantiles o nuevos peajes en autovías) que van a dejar a los ciudadanos tiritando, además de una nueva reducción del salario de los funcionarios (un 3,3%), de los interinos (un 10% con igual reducción de la jornada laboral) y otro 10% los cargos políticos.
Sin embargo, los medios de comunicación se quedan únicamente en su intención de reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid de los 129 actuales a 65. Digo intención porque se requiere para ello la modificación del Estatuto de Autonomía y, por tanto, 2/3 partes de la Asamblea. Es decir, que los propios diputados autonómicos se hagan el haraquiri.
Tengo para mí que esta propuesta se quedará solo en eso, porque nadie suele ser proclive al suicidio, ni siquiera colectivamente. Y además, el grueso de las medidas de recorte impulsadas por Esperanza Aguirre en Madrid sin duda permitirán ahorrar (1.045 millones de euros, estima el ejecutivo autonómico) y cumplir con las exigencias de reducción del déficit.
Pero será a costa de someter a un mayor quebranto a los ciudadanos, quienes reaccionan reduciendo al máximo el consumo, lo que está desplomando la actividad comercial, que hace que se recauden menos impuestos y se cierren negocios, cuyos trabajadores incrementan las listas del paro. Y en esta dinámica de recesión nos hallamos sumidos y sin visos de solución, embarcados en un tren que solo trae más cierre de negocios y más paro.
Raudo y veloz, el presidente José Ramón Bauzá se ha apresurado a decir “¡yo ya lo había pensado!” (claro, claro…) y manifestó que “hace semanas que trabajamos en esta línea”. Se refiere a la reducción del número de diputados. Un par de semanas atrás, Mabel Cabrer, la portavoz parlamentaria de los populares, dijo que estaban en ello.
Es una pena que las medidas que afectan a los políticos sean siempre tan meditadas y las que afectan a los ciudadanos, singularmente a los más desfavorecidos, sean tomadas tan a la ligera. Demasiada tibieza. Con lo fácil que hubiese sido dejar el sueldo de los miembros de su gabinete en el mismo que cobraban los de su predecesor, y reducirse el sueldo en el 10% que se aplica a sí misma Esperanza Aguirre. Todos le aplaudiríamos, daría ejemplo, no es cosa que haga falta pensar mucho, nadie se opondría. Y no necesita modificar el Estatut de Autonomía.
Sin embargo, los medios de comunicación se quedan únicamente en su intención de reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid de los 129 actuales a 65. Digo intención porque se requiere para ello la modificación del Estatuto de Autonomía y, por tanto, 2/3 partes de la Asamblea. Es decir, que los propios diputados autonómicos se hagan el haraquiri.
Tengo para mí que esta propuesta se quedará solo en eso, porque nadie suele ser proclive al suicidio, ni siquiera colectivamente. Y además, el grueso de las medidas de recorte impulsadas por Esperanza Aguirre en Madrid sin duda permitirán ahorrar (1.045 millones de euros, estima el ejecutivo autonómico) y cumplir con las exigencias de reducción del déficit.
Pero será a costa de someter a un mayor quebranto a los ciudadanos, quienes reaccionan reduciendo al máximo el consumo, lo que está desplomando la actividad comercial, que hace que se recauden menos impuestos y se cierren negocios, cuyos trabajadores incrementan las listas del paro. Y en esta dinámica de recesión nos hallamos sumidos y sin visos de solución, embarcados en un tren que solo trae más cierre de negocios y más paro.
Raudo y veloz, el presidente José Ramón Bauzá se ha apresurado a decir “¡yo ya lo había pensado!” (claro, claro…) y manifestó que “hace semanas que trabajamos en esta línea”. Se refiere a la reducción del número de diputados. Un par de semanas atrás, Mabel Cabrer, la portavoz parlamentaria de los populares, dijo que estaban en ello.
Es una pena que las medidas que afectan a los políticos sean siempre tan meditadas y las que afectan a los ciudadanos, singularmente a los más desfavorecidos, sean tomadas tan a la ligera. Demasiada tibieza. Con lo fácil que hubiese sido dejar el sueldo de los miembros de su gabinete en el mismo que cobraban los de su predecesor, y reducirse el sueldo en el 10% que se aplica a sí misma Esperanza Aguirre. Todos le aplaudiríamos, daría ejemplo, no es cosa que haga falta pensar mucho, nadie se opondría. Y no necesita modificar el Estatut de Autonomía.
06 junio 2012
EL ESCÁNDALO DÍVAR
Imaginemos que usted trabaja en una compañía que tiene su sede en Palma, aunque tiene delegaciones en otras ciudades de todo el país y que por motivos de trabajo usted se ve obligado a mantener reuniones fuera de la localidad donde radica su empresa. Algunas reuniones duran varias horas y otras requieren de varios días, dependiendo de la importancia.
Ahora imaginemos que usted mantiene unas 10 reuniones que requieren viajar fuera aunque duran un par de horas. Sin embargo, usted decide por su cuenta y riesgo alargar las reuniones 4 días, incurriendo en cuantiosos gastos que carga a su empresa, tales como almuerzos en restaurantes de lujo, hospedarse en hoteles de cuatro estrellas, etcétera.
Nunca informa de con quién se reúne, ni quién le acompaña, ni qué actividad concreta estuvo realizando que requiriera alargar tanto los viajes.
Sin embargo, otro trabajador de su empresa se entera de esto y se lo comunica a sus jefes. ¿Qué cree que sucedería?
Hay varias opciones:
A) Le despedirían inmediatamente.
B) Le despedirían, no sin antes exigir el pago de los gastos en que incurrió.
C) Le darían la enhorabuena por ser tan listo y le ascenderían.
D) Impedirían toda investigación, declararían los gastos como secretos y seguiría en su puesto.
En España, a un alto cargo de la Administración (en este caso de Justicia, pero eso es irrelevante) le pillan en idéntica circunstancia a la imaginada y se opta por la opción D. Prácticamente nadie piensa en ninguna otra opción de las propuestas, excepto la opinión pública que observa estupefacta qué clase de gentuza dirige el país desde las instituciones más relevantes.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha hecho justo lo que le estoy contando y no pasa absolutamente nada. No solo eso, sino que el tipo tarda tres semanas en dar explicaciones ante los medios de comunicación, la fiscalía se opone a investigar y el Gobierno bloquea que comparezca ante el Parlamento.
¿Y aún hay gente que no entiende que estemos al borde del precipicio? Yo lo que no comprendo es cómo no estalla una revolución…
Ahora imaginemos que usted mantiene unas 10 reuniones que requieren viajar fuera aunque duran un par de horas. Sin embargo, usted decide por su cuenta y riesgo alargar las reuniones 4 días, incurriendo en cuantiosos gastos que carga a su empresa, tales como almuerzos en restaurantes de lujo, hospedarse en hoteles de cuatro estrellas, etcétera.
Nunca informa de con quién se reúne, ni quién le acompaña, ni qué actividad concreta estuvo realizando que requiriera alargar tanto los viajes.
Sin embargo, otro trabajador de su empresa se entera de esto y se lo comunica a sus jefes. ¿Qué cree que sucedería?
Hay varias opciones:
A) Le despedirían inmediatamente.
B) Le despedirían, no sin antes exigir el pago de los gastos en que incurrió.
C) Le darían la enhorabuena por ser tan listo y le ascenderían.
D) Impedirían toda investigación, declararían los gastos como secretos y seguiría en su puesto.
En España, a un alto cargo de la Administración (en este caso de Justicia, pero eso es irrelevante) le pillan en idéntica circunstancia a la imaginada y se opta por la opción D. Prácticamente nadie piensa en ninguna otra opción de las propuestas, excepto la opinión pública que observa estupefacta qué clase de gentuza dirige el país desde las instituciones más relevantes.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha hecho justo lo que le estoy contando y no pasa absolutamente nada. No solo eso, sino que el tipo tarda tres semanas en dar explicaciones ante los medios de comunicación, la fiscalía se opone a investigar y el Gobierno bloquea que comparezca ante el Parlamento.
¿Y aún hay gente que no entiende que estemos al borde del precipicio? Yo lo que no comprendo es cómo no estalla una revolución…
03 junio 2012
EL AÑO QUE VIENE SERÁ MEJOR... SI DIOS QUIERE
Por más que se diga, el Partido Popular de Baleares que lidera José Ramón Bauzá y su nuevo secretario general, Miquel Vidal, es un partido cohesionado y fuerte. A pesar de que pueda parecer a primera vista que hay cierta división, no es cierto. No hay ningún problema grave. Si el presidente hace y deshace a voluntad, sin contar con nadie excepto con su sanedrín, eso no supone ningún problema porque para eso ha sido elegido. Todo el mundo calla. Incluso alguno de los alcaldes a los que tanto dinero les debe el Govern y que les tiene al borde del corte de la luz y sin poder pagar las nóminas de los funcionarios (las suyas siempre quedan a salvo, naturalmente), vitorean al líder y se suman eufóricos a su ejecutiva.
El Partido Popular es una formación bien disciplinada y sometida al líder. Históricamente ha demostrado que sólo cuando su máximo dirigente emprende políticas de centro o centro izquierda, al margen de su base social, pueden surgir problemas. Y ese no es el defecto de Bauzá. Siempre que escore a la derecha, no hay peligro de amotinamiento general. Puede haber, como ha pasado ahora, algunos descontentos que lo expresen públicamente, pero jamás habrá una revuelta seria si las políticas son netamente de derechas. Ya sea en materia económica o en materia lingüística.
Aquellos que se quejaban de que el congreso de 2010 fue de personas y no programático, ya tienen las cuatro ponencias aprobadas por unanimidad y entre aplausos. Y además, justo es reconocerlo, el actual líder del partido es el único al que nunca le ha atemorizado someterse al sistema de un afiliado, un voto. No se parapeta en compromisarios ni en agrupaciones dominadas por estómagos agradecidos, como hacen otras formaciones políticas. En esto, Bauzá es pionero en Baleares y nadie lo podrá discutir.
Sin embargo, el nivel de vacuidad de los discursos que hemos oído en el Trui Teatre durante el XIV Congreso Regional de los populares es tan elevado como preocupante. Recuerda al “sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer…” que encumbró al presidente a todos los programas de zapping de la televisión nacional. Incluso el discurso de María Dolores de Cospedal del viernes fue decepcionante, porque más allá de los halagos de rigor a los anfitriones y los ataques a la oposición, no hubo nada que un ciudadano de a pié, preocupado y cabreado por las subidas de impuestos, los recortes en la sanidad pública y en la educación de sus hijos, pueda echarse a la boca. El único rastro de concreción en todo lo que han dicho los líderes populares, ha sido la aseveración de José Ramón Bauzá al mostrarse convencido de que el próximo año por estas fechas la situación económica y laboral será mejor. No es mucho, pero es algo. Suerte que no añadió “si Dios quiere…”.
Entonces, si no pasa nada extraordinario, celebraremos el segundo aniversario de su investidura como presidente, el ecuador de su mandato. Y más valdrá que para entonces se aprecien los resultados de tanto sacrificio exigido a los habitantes de esta comunidad, que no a los políticos que inundaban el teatro del colegio La Salle. De otro modo, los aplausos y vítores cosechados se tornarán silbidos agrios. Y se comenzarán a afilar los cuchillos de cara al siguiente congreso, el de 2014.
Porque en esto, el PP no se diferenciará en nada del PSOE. O hay resultados positivos, o los electores les mandarán a su casa. Porque si algo nos está enseñando la crisis es que tanto los parados que no encuentran trabajo como los empresarios que se ven obligados a cerrar sus negocios por quiebra, no muestran el más mínimo apego por el partido en el poder, sea cual sea su color político. Y este tipo de ciudadanos cada vez son más.
El Partido Popular es una formación bien disciplinada y sometida al líder. Históricamente ha demostrado que sólo cuando su máximo dirigente emprende políticas de centro o centro izquierda, al margen de su base social, pueden surgir problemas. Y ese no es el defecto de Bauzá. Siempre que escore a la derecha, no hay peligro de amotinamiento general. Puede haber, como ha pasado ahora, algunos descontentos que lo expresen públicamente, pero jamás habrá una revuelta seria si las políticas son netamente de derechas. Ya sea en materia económica o en materia lingüística.
Aquellos que se quejaban de que el congreso de 2010 fue de personas y no programático, ya tienen las cuatro ponencias aprobadas por unanimidad y entre aplausos. Y además, justo es reconocerlo, el actual líder del partido es el único al que nunca le ha atemorizado someterse al sistema de un afiliado, un voto. No se parapeta en compromisarios ni en agrupaciones dominadas por estómagos agradecidos, como hacen otras formaciones políticas. En esto, Bauzá es pionero en Baleares y nadie lo podrá discutir.
Sin embargo, el nivel de vacuidad de los discursos que hemos oído en el Trui Teatre durante el XIV Congreso Regional de los populares es tan elevado como preocupante. Recuerda al “sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer…” que encumbró al presidente a todos los programas de zapping de la televisión nacional. Incluso el discurso de María Dolores de Cospedal del viernes fue decepcionante, porque más allá de los halagos de rigor a los anfitriones y los ataques a la oposición, no hubo nada que un ciudadano de a pié, preocupado y cabreado por las subidas de impuestos, los recortes en la sanidad pública y en la educación de sus hijos, pueda echarse a la boca. El único rastro de concreción en todo lo que han dicho los líderes populares, ha sido la aseveración de José Ramón Bauzá al mostrarse convencido de que el próximo año por estas fechas la situación económica y laboral será mejor. No es mucho, pero es algo. Suerte que no añadió “si Dios quiere…”.
Entonces, si no pasa nada extraordinario, celebraremos el segundo aniversario de su investidura como presidente, el ecuador de su mandato. Y más valdrá que para entonces se aprecien los resultados de tanto sacrificio exigido a los habitantes de esta comunidad, que no a los políticos que inundaban el teatro del colegio La Salle. De otro modo, los aplausos y vítores cosechados se tornarán silbidos agrios. Y se comenzarán a afilar los cuchillos de cara al siguiente congreso, el de 2014.
Porque en esto, el PP no se diferenciará en nada del PSOE. O hay resultados positivos, o los electores les mandarán a su casa. Porque si algo nos está enseñando la crisis es que tanto los parados que no encuentran trabajo como los empresarios que se ven obligados a cerrar sus negocios por quiebra, no muestran el más mínimo apego por el partido en el poder, sea cual sea su color político. Y este tipo de ciudadanos cada vez son más.
02 junio 2012
POLÍTICOS INSOLIDARIOS
Satisface ver cómo el Govern de les Illes Balears maniobra ágil y eficazmente ante la “grave y complicada situación económica internacional, española y de las Islas Baleares” que ha provocado variaciones en las previsiones de crecimiento de nuestra economía. Ayer el Consell de Govern aprobó un contundente paquete de actuaciones a través de un Decreto ley de medidas en materia de personal y administrativas, para la reducción del déficit público del sector público de la Comunidad Autónoma y de otras instituciones autonómicas. Conforta comprobar que nuestro gobierno no se relaja y que adopta más medidas de ahorro y recaudación. Pero nunca para ellos mismos, sino para los demás. El gasto de personal es excesivo a todas luces y conviene reducirlo a toda costa. Las ventajas espectaculares de las que los empleados públicos han disfrutado durante años deben ser eliminadas en un sacrificio solidario con el resto de la población. ¿Quién podría oponerse? Obviamente, solo aquellas personas insolidarias y poco dispuestas al bien común en tal de mantener sus privilegios.
Pero resulta que siempre son los mismos los que dejan a salvo sus privilegios y sus ventajas espectaculares. Los recortes se exigen a los mismos: los más desfavorecidos, los trabajadores, los pensionistas, los enfermos, los parados. ¿Planea el Govern alguna reducción en las pagas extraordinarias de los políticos y diputados? O mejor, ¿por qué no se reduce a la mitad el número de diputados del Parlament? Habida cuenta de la tan de moda disciplina de voto, con 5 diputados (3 del PP, 1 del PSOE y 1 del PSM) sería más que suficiente y fíjense lo que nos ahorraríamos. Por descontado, ya viene siendo hora que los partidos se financien con las cuotas de sus afiliados. Ya está bien de que la fiesta al paguemos todos.
Se nos habla de emergencia económica, pero las medidas para salvar el barco siempre recaen en los pasajeros de 2ª y 3ª clase. Los de 1ª, los políticos y los cargos de confianza, se dedican a dictar decretos ley que obligan a los demás a apretarse bien fuerte el cinturón, pero nunca contemplan ni una sola medida que les afecte a ellos. “Ya hubo un ERE de políticos y altos cargos”, clama el vicepresidente Aguiló y el conseller portavoz Bosch. Pero siempre hay margen para apretar un poco más… lo hemos comprobado en el Consell de Govern de ayer… pero nuestros gobernantes y políticos no están dispuestos a las apreturas a que someten al resto de ciudadanos. ¡Insolidarios!
Pero resulta que siempre son los mismos los que dejan a salvo sus privilegios y sus ventajas espectaculares. Los recortes se exigen a los mismos: los más desfavorecidos, los trabajadores, los pensionistas, los enfermos, los parados. ¿Planea el Govern alguna reducción en las pagas extraordinarias de los políticos y diputados? O mejor, ¿por qué no se reduce a la mitad el número de diputados del Parlament? Habida cuenta de la tan de moda disciplina de voto, con 5 diputados (3 del PP, 1 del PSOE y 1 del PSM) sería más que suficiente y fíjense lo que nos ahorraríamos. Por descontado, ya viene siendo hora que los partidos se financien con las cuotas de sus afiliados. Ya está bien de que la fiesta al paguemos todos.
Se nos habla de emergencia económica, pero las medidas para salvar el barco siempre recaen en los pasajeros de 2ª y 3ª clase. Los de 1ª, los políticos y los cargos de confianza, se dedican a dictar decretos ley que obligan a los demás a apretarse bien fuerte el cinturón, pero nunca contemplan ni una sola medida que les afecte a ellos. “Ya hubo un ERE de políticos y altos cargos”, clama el vicepresidente Aguiló y el conseller portavoz Bosch. Pero siempre hay margen para apretar un poco más… lo hemos comprobado en el Consell de Govern de ayer… pero nuestros gobernantes y políticos no están dispuestos a las apreturas a que someten al resto de ciudadanos. ¡Insolidarios!
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