LA POLICÍA LOCAL DE PALMA Y LAS COMPETENCIAS DUPLICADAS

A menudo se nos dice que hay que equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit. Para ello, se reduce el sueldo de los empleados públicos, se deja de contratar interinos, no se convocan nuevas oposiciones, se incrementan los impuestos y las tasas, pero nada es suficiente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció recientemente que eliminará organismos autónomos, entes y empresas públicas ante las excesivas duplicidades. La reforma de la Administración es la siguiente reforma que nos tocará vivir. Más gente al paro. Pero hablemos de las duplicidades que el PP quiere eliminar, a la vez que en Palma (de Mallorca) se esfuerza en multiplicarlas, por ejemplo en el área de seguridad ciudadana y policía.

Cristóbal Montoso, ministro de Hacienda, explica que se trata de evitar que los ayuntamientos tengan que financiar las denominadas competencias impropias que corresponden a otras administraciones. Pero en Palma, el alcalde Mateo Isern, el concejal de seguridad ciudadana Guillem Navarro, el director general del ramo Enrique Calvo (perdón por la reiteración pero así es el organigrama que todos pagamos) y el intendente jefe Antonio Vera, están trasformando la Policía Local en Policías de Nueva York.

A más de una rueda de prensa por semana, el regidor Guillem Navarro no da abasto en  crear y publicitar nuevas unidades de la policía (aunque sólo sean puntuales reestructuraciones, como la de la unidad de atestados e investigación de accidentes), pero siempre insistiendo en que ni se aumenta plantilla ni suponen más gasto público, lo que sorprende si tenemos en cuenta que los perros de la unidad canina (que ya tiene la Policía Nacional, nueva duplicidad que pagamos todos) acostumbran a comer, deben ser atendidos por veterinarios, necesitan perreras decentes, etc. Y todo eso cuesta dinero.

Vemos a la Policía Local hacer macro controles en los accesos de Son Banya, escopeta y pinchos en mano (y siempre acompañados de la tele, eso que nunca falte) asumiendo esas competencias impropias de las que habla Montoro.

Se crea una nueva unidad de seguridad integral y se nos anuncia que van a patrullar en coche por la ciudad y que acudirán a los avisos que hagan los ciudadanos cuando llamen al 092. Estamos sorprendidos, porque parece que hasta la fecha eso no pasaba. Curioso. El miércoles 14 de marzo leo en Última Hora que se ha producido la primera detención de la USEI (que así es como se denomina la flamante nueva creación del alcalde Isern). Un conductor al volante de un coche hace un giro incorrecto. Los agentes lo interceptan y resulta que no tenía carné de conducir. Me pregunto si caso de no existir esta nueva unidad, caso de que aún fueran policías locales de toda la vida, con su uniforme amarillo y azul de siempre, no hubieran detenido al imprudente conductor.

Tenemos una policía local de más de 950 agentes dedicada en los últimos meses a hacer de todo menos el trabajo que les es propio. Y me pregunto si no sería más efectivo y evitaría duplicidades (con el consiguiente ahorro) que el alcalde Isern se reuniese con el delegado del Gobierno, José María Rodríguez, y que cada cual hiciese su trabajo según las competencias que la Ley les otorga, en lugar de volcar a la Policía Local a cuestiones que no le corresponden ya que debe hacerlas y las hace el Cuerpo Nacional de Policía. Ahora, desde que el PP ganó las elecciones, ha decidido invadir competencias que no son suyas y el mismo trabajo lo hacen ahora dos cuerpos independientes y descoordinados, cada uno por su lado. Con el agravante que en Palma la Policía municipal ha hecho expresa dejación de su responsabilidad entregando el control y la sanción de las infracciones de tráfico a los trabajadores de una empresa privada llamada Dornier. Leo en Diario de Mallorca que “Los vigilantes de la ORA pusieron el 60% de las multas de tráfico en 2011”. Y ¿para eso tenemos a 950 agentes municipales? ¿Para que el 60% de su trabajo lo haga personal privado sin formación ni categoría profesional adecuada? Mientras tanto, la Policía Local ha mostrado su intención de asumir funciones de Policía Judicial en investigación de faltas y delitos tales como hurtos, violencia de género, lesiones, entre otros, que es trabajo que hace eficazmente la Policía Nacional, quien tiene además la competencia legal.

Dedíquese la Policía Local de Palma a hacer lo que les corresponde y déjense de crear nuevas unidades a bombo y platillo que duplican las competencias y cuestan dinero que no tenemos, porque las escopetas, los perros, los nuevos uniformes, los vehículos valen dinero. O que la Policía Nacional rea replegada porque si el mismo trabajo ahora lo hacen los municipales, seguramente no hará falta tanto personal. ¿O no se trata de evitar duplicidades? Se le acumula el trabajo a Mariano Rajoy en Palma, si quiere hacerlo efectivamente.

¡TODOS A LA CÁRCEL!

La ocurrencia del ministro Montoro de plantear la inclusión en el código penal de una nueva figura delictiva para inhabilitar a los “malos gestores del dinero público” es, en mi opinión, una nueva forma de pasar la responsabilidad de los partidos políticos, sus dirigentes y sus aparatos de poder, a la Justicia, cuyos órganos de gobierno nombran ellos mismos, así como los jueces de los tribunales más importantes que han de juzgarlos si cometen algún delito. Concretamente Montoro ha dicho: "A través de la Ley de Transparencia vamos a exigir responsabilidades penales. Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto".

Este brindis al sol que lleva implícito un alto porcentaje de tomadura de pelo, se adereza días más tarde con esta noticia: “El PP endurecerá los controles internos sobre corrupción política”. Los subtítulos aclaran aún más: “La ponencia del congreso de febrero aborda «la gestión negligente y el derroche»”. Y se complementa con unas estremecedoras declaraciones del heredero en la presidencia de la Comunidad Autónoma Valenciana, que inexplicablemente encabeza el ranking de las comunidades con mayor déficit público aunque lleva gobernada 16 años por el PP, lo que no ha impedido que esté al borde de la bancarrota por razones que nadie en el PP alcanza a comprender. Dice el señor Alberto Fabra: “No se puede mantener el ritmo de vida de los últimos años”. En este patético lamento no aclara al ritmo de vida de quién se está refiriendo, lo cual es un ejercicio de sutileza nada desdeñable. Y de cinismo.

Si alguien llega al gobierno de una institución, en general es porque antes un partido político (normalmente PSOE o PP, salvo algunas raras excepciones en ciertas comunidades autónomas que no citaré para mantener la intriga) le ha colocado en sus listas electorales. Los ciudadanos no confeccionan las listas. Tampoco los programas, pero eso es harina de otro costal. Cuando un partido político hace candidato normalmente a uno de sus afiliados lo hace porque considera que es el mejor para gestionar la cosa pública. Sin embargo, comprobamos como en no pocas ocasiones resulta ser una calamidad que degenera en una ruina económica. Yo apoyo firmemente la propuesta de Montoro sí y sólo sí se endosa la responsabilidad civil subsidiaria de los desmanes de los políticos al partido que los presentó en sus listas. Desde luego, antes de engañarnos a los ciudadanos debieron engañar a los partidos para que los nombraran candidatos y, por tanto, alguna responsabilidad tendrán los partidos en la ineptitud de nuestros gobernantes, porque como todo el mundo sabe no somos los ciudadanos quienes proclamamos candidatos. Sí es nuestra responsabilidad haberlos elegido para que nos roben cuanto puedan y está acreditada la capacidad de este país para poner al frente a los más corruptos e inútiles, a quienes se venera y se pide autógrafos como si fuesen futbolistas famosos o toreros de moda.

Creíamos que las ocurrencias eran cosa del PSOE y de Rodríguez Zapatero. Por eso seguramente han sido enviados por los ciudadanos a criar malvas. Pero comprobamos aliviados que el PP también tiene las suyas. Al fin y al cabo, nadie podrá creer en propuestas semejantes cuando se asciende a ministro de Justicia a un gestor público que ha acreditado su capacidad para gastar más allá de los límites que tiene su presupuesto, acumulando una deuda de 7.008 millones de euros. Temo que el sistema penitenciario español no pueda absorber el ingente número de políticos manirrotos a los que se condenará por gastar lo que no tienen. En lugar de eso y para no colapsar las cárceles propongo que los partidos políticos sean responsables civiles subsidiarios de los desmanes de sus candidatos y respondan económicamente. Al fin y al cabo, no se conoce ni un solo caso de un político que haya sido apartado de su responsabilidad por el partido que lo presentó y declarado mal gestor, aunque sea evidente que lo es. Todo lo contario. Se hace ver que es buenísimo y que el resto son mucho peores. Así pues, asuman su responsabilidad y déjense de ocurrencias, que no está el ánimo de la gente para aguantar bobadas. No imagino al Ministro de Justicia firmando un proyecto de Ley que le llevaría directo a Alcalá Meco. Y con él a los ídolos de Rajoy, los líderes del PP valenciano, con toda su mayoría absoluta y su gurteliana financiación. ¿Se imaginan?