20 enero 2012

¡TODOS A LA CÁRCEL!


La ocurrencia del ministro Montoro de plantear la inclusión en el código penal de una nueva figura delictiva para inhabilitar a los “malos gestores del dinero público” es, en mi opinión, una nueva forma de pasar la responsabilidad de los partidos políticos, sus dirigentes y sus aparatos de poder, a la Justicia, cuyos órganos de gobierno nombran ellos mismos, así como los jueces de los tribunales más importantes que han de juzgarlos si cometen algún delito. Concretamente Montoro ha dicho: "A través de la Ley de Transparencia vamos a exigir responsabilidades penales. Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto".

Este brindis al sol que lleva implícito un alto porcentaje de tomadura de pelo, se adereza días más tarde con esta noticia: “El PP endurecerá los controles internos sobre corrupción política”. Los subtítulos aclaran aún más: “La ponencia del congreso de febrero aborda «la gestión negligente y el derroche»”. Y se complementa con unas estremecedoras declaraciones del heredero en la presidencia de la Comunidad Autónoma Valenciana, que inexplicablemente encabeza el ranking de las comunidades con mayor déficit público aunque lleva gobernada 16 años por el PP, lo que no ha impedido que esté al borde de la bancarrota por razones que nadie en el PP alcanza a comprender. Dice el señor Alberto Fabra: “No se puede mantener el ritmo de vida de los últimos años”. En este patético lamento no aclara al ritmo de vida de quién se está refiriendo, lo cual es un ejercicio de sutileza nada desdeñable. Y de cinismo.


Si alguien llega al gobierno de una institución, en general es porque antes un partido político (normalmente PSOE o PP, salvo algunas raras excepciones en ciertas comunidades autónomas que no citaré para mantener la intriga) le ha colocado en sus listas electorales. Los ciudadanos no confeccionan las listas. Tampoco los programas, pero eso es harina de otro costal. Cuando un partido político hace candidato normalmente a uno de sus afiliados lo hace porque considera que es el mejor para gestionar la cosa pública. Sin embargo, comprobamos como en no pocas ocasiones resulta ser una calamidad que degenera en una ruina económica. Yo apoyo firmemente la propuesta de Montoro sí y sólo sí se endosa la responsabilidad civil subsidiaria de los desmanes de los políticos al partido que los presentó en sus listas. Desde luego, antes de engañarnos a los ciudadanos debieron engañar a los partidos para que los nombraran candidatos y, por tanto, alguna responsabilidad tendrán los partidos en la ineptitud de nuestros gobernantes, porque como todo el mundo sabe no somos los ciudadanos quienes proclamamos candidatos. Sí es nuestra responsabilidad haberlos elegido para que nos roben cuanto puedan y está acreditada la capacidad de este país para poner al frente a los más corruptos e inútiles, a quienes se venera y se pide autógrafos como si fuesen futbolistas famosos o toreros de moda.

Creíamos que las ocurrencias eran cosa del PSOE y de Rodríguez Zapatero. Por eso seguramente han sido enviados por los ciudadanos a criar malvas. Pero comprobamos aliviados que el PP también tiene las suyas. Al fin y al cabo, nadie podrá creer en propuestas semejantes cuando se asciende a ministro de Justicia a un gestor público que ha acreditado su capacidad para gastar más allá de los límites que tiene su presupuesto, acumulando una deuda de 7.008 millones de euros. Temo que el sistema penitenciario español no pueda absorber el ingente número de políticos manirrotos a los que se condenará por gastar lo que no tienen. En lugar de eso y para no colapsar las cárceles propongo que los partidos políticos sean responsables civiles subsidiarios de los desmanes de sus candidatos y respondan económicamente. Al fin y al cabo, no se conoce ni un solo caso de un político que haya sido apartado de su responsabilidad por el partido que lo presentó y declarado mal gestor, aunque sea evidente que lo es. Todo lo contario. Se hace ver que es buenísimo y que el resto son mucho peores. Así pues, asuman su responsabilidad y déjense de ocurrencias, que no está el ánimo de la gente para aguantar bobadas. No imagino al Ministro de Justicia firmando un proyecto de Ley que le llevaría directo a Alcalá Meco. Y con él a los ídolos de Rajoy, los líderes del PP valenciano, con toda su mayoría absoluta y su gurteliana financiación. ¿Se imaginan?

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