CAN DOMENGE, NI REGALADO

Después de conocer que BMN-Sa Nostra ha logrado vender el solar de Can Domenge por 7 millones de euros ¿puede alguien creer que en el año 2006 valía 60 millones? ¿Ha perdido el 80% de su valor en sólo 6 años? De ser así, imagine el lector que si su piso le costó 150.000 €, ahora solo vale 30.000 €. ¡Es ridículo!

 

Can Domenge no valió nunca 60 millones y los 30 en que fue valorado era un precio justo y  ajustado a la legalidad. Las valoraciones hechas por Hacienda y el COAIB utilizaron normativa que evaluaba los activos inmobiliarios para finalidades financieras, incorrecta en este caso. Tras la venta de Sa Nostra es más razonable pensar que Can Domenge valía 30 millones y no 60, como fraudulentamente ofreció José Luis Núñez para reventar el concurso.

 

Núñez ofreció el doble de la cantidad máxima puntuable según las bases del concurso, sabiendo que eso no le otorgaría más puntos y de hecho quedó en décima posición. Su interés no estaba en Can Domenge, sino en la fachada marítima y en el solar de Gesa, donde aún pelea jurídicamente por demoler el singular edificio y levantar en su lugar tres bloques de pisos de lujo. Y aunque decía estar dispuesto a pagar 60 millones, no acudió a la subasta judicial en junio de 2012 cuando el precio de salida era de 5,1 millones. A Núñez Can Domenge no le interesa ni regalado, aunque es verdad que ahora debe estar más preocupado por el recurso que tiene pendiente en el Tribunal Supremo y que, de no prosperar, puede acabar encerrándole en la cárcel 6 años junto a su hijo, por sobornar (presuntamente) a inspectores de Hacienda.

 

Pero ¿por qué el Consell de Mallorca no ha comprado el solar para recuperarlo? Pudo concurrir a la subasta y no lo hizo. BMN-Sa Nostra se lo ofreció y lo rechazaron. ¿No les pareció un buen negocio recuperar el solar pagando 7 millones €, cuando 6 años antes recibió de la UTE Sacresa-Ferra Tur 30? ¿Les pareció poca una plusvalía de 23 millones y recuperar el solar? Al Consell tampoco le ha interesado Can Domenge ni regalado. Y sin embargo ejerce la acusación popular por decisión de Francina Armengol, quien en marzo de 2011 afirmó que su intención fundamental era recuperar el solar. El Consell va en contra de sus propios actos pues no ha movido un dedo para recuperar el solar.

 

¿Saben por qué en Can Domenge no hay ahora una urbanización de 528 viviendas diseñadas por el arquitecto Jean Nouvel? Porque no se le antojó ni a Catalina Cirer  ni a Rodrigo de Santos. No concedieron las licencias de obras y la adjudicataria no pudo empezarlas en el plazo establecido, con lo que se anuló la compraventa. Ahora tenemos un solar yermo cuando podríamos tener un barrio emblemático.

 

Publicado en el periódico Última Hora. Domingo 10.2.2013.
 

SON OMS: VÍA PENAL IMPROCEDENTE

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y los consellers Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Silvia Tur, además del ex conseller Josep Mayans, todos ellos de Gent per Formentera (GxF) han sido imputados por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y desobediencia. Esta imputación tiene su origen en una querella presentada por el empresario alemán Leo Stöber, administrador de la empresa constructora Sunway S.L, propietaria del complejo Punta Prima. Este defiende su derecho a desarrollar la segunda fase del proyecto ampliando la urbanización en 300 plazas más de las que ahora tiene, ante la oposición de los ahora imputados a través de las Normas Subsidiarias de Formentera, aprobadas en septiembre de 2010. El presidente Jaume Ferrer declaró recientemente que la motivación del querellante radica en que sus expectativas no se han visto cumplidas, le acusa de participar en un juego político para desacreditar al equipo de gobierno y defiende que su partido no quiere que Formentera tenga un desarrollo similar a Manhattan.

De forma bastante parecida otro empresario de la construcción, Ángel Ochando, denunció a Maximiliano Morales, Bartomeu Vicens, Jaime Montis, Miquel Munar y Bernardo Febrer porque según él, le estafaron y le exigieron una comisión del 15% a cambio de recalificar los terrenos de Son Oms para hacer un polígono industrial. Ahora, cinco años más tarde, la fiscalía anticorrupción ha solicitado el archivo de la causa al no detectar indicios de delito. Está claro que Ochando no vio cumplidas sus expectativas y que estaba insatisfecho con el resultado de la repartición efectuada por la junta de compensación del polígono Son Oms y por ello decidió actuar penalmente contra el resto de propietarios de Son Oms y contra los administradores. Es curioso que no actuase contra el ayuntamiento de Palma, en manos del PP, a pesar de que lamenta haber tenido que desembolsar más de dos millones de euros para la falca verde. Y por el contrario sí lo hizo contra los políticos de UM en el Consell de Mallorca, quienes carecían de toda competencia para recalificar y únicamente ejercían un control de legalidad.

Han transcurrido muchos años y se han vertido ríos de tinta sobre lo sucedido en Son Oms, según la versión de Ochando, pero el fiscal no ve motivos suficientes para continuar con la acción penal y sugiere al empresario que acuda a la vía civil. Severamente contrariado, Ochando vuelve ahora a los medios de comunicación a reiterar los mismos hechos que denunció en su día y que no se han llegado a probar jamás, quejoso de que no le hagan caso y de que la justicia proteja a aquellos que le estafaron. Nada dice del reciente informe pericial encargado por el juzgado que concluye que no hubo estafa en las aportaciones de los copropietarios del polígono a la junta de compensación. Y tampoco se puede obviar que Ochando no es ningún empresario modélico, sino más bien al contrario. Actualmente está a la espera de juicio y la fiscalía le acusa de insolvencia punible y pide para él tres años de cárcel.

Hemos llegado a un punto donde, abusando de la vía penal, cualquier promotor sin escrúpulos puede hacer que los políticos que gobiernan hagan lo que él quiera con la sola amenaza de ir con el cuento a la fiscalía anticorrupción. Y como eso es algo que nadie quiere, pues al final acaban sometiendo su voluntad y el bien común a la de dichos empresarios corruptos. Si lo que se reclama es más dinero, la vía penal es improcedente aunque siempre da más juego para que el caso tenga repercusión mediática. Donde haya una denuncia por comisiones que se quite un contencioso administrativo.

LA TRAÏCIÓ DE SON PUIG

 

L'Audiència Provincial ha declarat l'absoluta legalitat de la compra per part de Ràdio Televisió de Mallorca (RTVM) de la finca Son Puig per establir allà la seva seu, desmuntant definitivament la teoria conspirativa de la pilotada.

La constructora FCC es va presentar al concurs convocat per RTVM i publicat en el BOE l'abril de 2006. Va ser l'única entitat que es va presentar i el procés d'adjudicació es va ajustar a la legalitat. FCC i la seva empresa, Tema Concessionària, van complir sempre "les seves obligacions contractuals amb nombrosos i infructuosos esforços unilaterals davant de l'administració municipal", com apunta el tribunal. La persistent i contumaç negativa de l'Ajuntament de Palma de concedir les llicències municipals que emparassin l'execució de les obres va paralitzar el projecte. Tal cosa va succeir en el segon semestre de 2006, quan la Comissió del Centre Històric i Catàleg va informar negativament del projecte i per més solucions tècniques que hi va aportar FCC, tot va ser infructuós.
 

L'ínclit Javier Rodrigo de Santos, llavors tinent de batle de Catalina Cirer i regidor d'Urbanisme, es va oposar radicalment que Son Puig allotjàs la seu de RTVM, a costa d'arruïnar les arques del Consell, com ha succeït, i de contribuir amb entusiasme a la podridura urbanística de la finca. De la mateixa manera i en les mateixes dates, finals de 2006 i principis de 2007, va denegar tots els permisos a Sacresa per urbanitzar Can Domenge, impedint que es poguessin edificar els 528 habitatges projectats per Jean Nouvel. I així està ara mateix el solar: degradat i brut. Rodrigo de Santos, en la seva guerra contra UM, no estava disposat a permetre cap èxit del Consell de Mallorca per petit que fos. Ni a Can Domenge ni a Son Puig.

Després del canvi de govern i l'arribada a Cort de la socialista Aina Calvo el juny de 2007, la denegació dels permisos es va mantenir, malgrat l'informe favorable de la Comissió de Centre Històric de data 5-6-2007. Aina Calvo, que va assumir la batlia i també la Regidoria d'Urbanisme, estava decidida a fer la punyeta a Miquel Nadal, soci de govern involuntari que sempre va preferir Catalina Cirer i el PP que no l'esquerra. Recordem l'episodi del viatge de Nadal i Cirer en avioneta a Menorca a menjar llagosta al restaurant Jágaro l'11 de març de 2008. Encara que hem de reconèixer honestament que Aina Calvo mai no va estar interessada en res que no fossin els carrils bici. I òbviament, Son Puig no ho és.

 

Així doncs, la responsabilitat última que RTVM, en procés de liquidació per decisió del PP de Maria Salom, hagi de desemborsar més de 7.700.000 € a Tema Concessionària és dels qui amb traves burocràtiques absurdes van impedir la restauració de Son Puig: Javier Rodrigo de Santos (actualment a la presó) i Aina Calvo, actualment cap de l'oposició a Cort. L'edifici en ruïnes de Son Puig és un monument al seu sectarisme i a la seva incompetència, perquè tots, tant PP com PSOE, pactaven amb Unió Mallorquina però simultàniament, una vegada ocupada la poltrona, tots boicotejaven els seus projectes. I així estam, acumulant ruïnes i deutes.

Article publicat al diari Balears el 28 de gener de 2013.
http://dbalears.cat/actualitat/opinio/traicio-son-puig.html
En castellano: http://www.candomenge.es/8.html
 

 

 

CAMERON I EL DRET A DECIDIR

Fa impressió escoltar a David Cameron, primer ministre britànic, parlar sense complexes ni manies dels debats que hi ha al seu país sobre la permanència de la Gran Bretanya al si de la Unió Europea o sobre la independència d’Escòcia. Quan ahir en roda de premsa va anunciar la seva intenció de celebrar un referèndum el 2017 sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, sempre que ell resulti reelegit a les eleccions de 2015, va fer un símil molt clar. Va dir que reconeixia que “hi ha un gran debat social a Escòcia i no te cap sentit mirar cap a una altra banda”. Literalment: “Si els escocesos volen tenir el poder ells mateixos, no podem fer com si res. De la mateixa manera si la majoria del poble britànic vol recuperar les competències que vàrem transferir a la Unió Europea, ho hem de fer”.

Mirar cap una altra banda és el que està fent el Govern de Mariano Rajoy. Encara que el Govern espanyol i el Tribunal Constitucional s’oposin a que es celebri la consulta democràtica al poble de Catalunya sobre el seu futur polític, no estaran solucionant cap problema. El problema és damunt la taula i només pot fer-se més gran i empitjorar. La seva actitud immobilista no el soluciona, sinó tot el contrari. Quan argumenten que el procés soberanista encetat a Catalunya és un camí que no du enlloc i que es un carreró sense sortida, em pareix increïble que no s’adonin que parapetar-se en la Constitució de 1978 –criticada com mai fins i tot per importants sectors del PP i PSOE– és encara més un carreró sense sortida perquè el debat social i la voluntat del poble de Catalunya no s’esvairà màgicament. Aquest miracle no es produirà.

Cameron és un líder disposat a afrontar els problemes. Rajoy ja sabíem que només aspira a ajornar-los i mirar si es solucionen per ells mateixos. I això a Catalunya no passarà.

Joan Miquel Perpinyà. Escriptor i periodista.

Publicat al diari Balears el 24 de gener de 2013.

QUE NOS MEEN ENCIMA...

Finalmente el Gobierno de Rajoy acabará por meterle mano a los descuentos de residente en los trayectos por vía aérea y marítima. Parece que la medida está al caer, pues con el eufemismo “en el peor de los escenarios” que se ha puesto en la boca el director general autonómico de Puertos y Aeropuertos, parece estar confirmando que el Ejecutivo central limitará a entre 70 y 100 euros como máximo por trayecto lo que ahora es una subvención del 50%. Y si eso sucede, lo único que podremos hacer es irnos a la puerta de la Delegación del Gobierno y pedir a gritos que nos orinen encima. ¿Para qué andarse con remilgos? Si total, lo están deseando...

Después de que Rajoy y Montoro hayan menospreciado a los habitantes de estas islas reduciendo en un 46 % las inversiones del Estado en Baleares para 2013; después de habernos dejado a la cola de la inversión en todo el Estado; ¿qué mas pueden hacer para acabar de humillarnos?

Oír al diputado Miquel Ramis decir que “defenderemos los intereses de los ciudadanos de Baleares donde y ante quien haga falta” me recuerda tanto a aquello que dijo cuando conocimos los PGE, que lucharían por mejorar la inversión y que se debía a los ciudadanos de Baleares… que casi suena a burla. Si no existiese disciplina de voto nos los creeríamos, pero existiendo la dictadura estalinista de los partidos políticos, nuestros diputados y senadores harán lo que se les mande porque les importa un carajo quién les votó sino quién les colocó en las listas.

Somos españoles de tercera y el Gobierno central nos trata peor que a una colonia de Ultramar. Este expolio y el insulto permanente ya no hay quien lo sufra. El escarnio no puede ser mayor.

UN VIDEO DE PROSOCIAL

He elaborat aquest vídeo pels amics i amigues de Prosocial, l’Associació de Professionals, Estudiants i Persones compromeses amb l’Àmbit Social. Crec que en molt poc temps que duen en marxa han fet una bona feina i hi ha que recolzar-los perquè continuïn endavant en la seva denúncia.

¡Y ENCIMA TENEMOS LA CULPA NOSOTROS!

En los últimos años todos hemos comprobado cómo se han desplomado los salarios, tanto públicos como privados. También las pensiones han visto reducida su capacidad adquisitiva dado que se han incrementado por debajo del IPC. Las prestaciones por desempleo tampoco se han librado de los recortes. Hemos visto cómo se ha aumentado la edad de jubilación hasta los 67 años y se han endurecido las condiciones para lograr una pensión completa. Los ciudadanos se han visto obligados al copago farmacéutico, del que no se libran ni los pensionistas. Los inmigrantes sin papeles se han visto desatendidos y se les niega la asistencia sanitaria excepto en las urgencias, lo que supone no atender a enfermos crónicos por el hecho de su situación administrativa en la que se encuentran en territorio español. En este asunto ¡se ha llegado al cinismo de sugerirles que se hagan un seguro de 710 euros al año y más de 1.800 si son mayores de 65 años! Las tasas universitarias se han disparado y hay padres que no pueden enviar a sus hijos a la universidad. Se han endurecido las condiciones en las que una beca puede ser concedida. Y en algunas comunidades matricularse en FP de grado medio o superior cuesta más de 360 euros, lo que la convierte en inaccesible para muchos estudiantes sin  ingresos.

Qué decir del incremento generalizado de impuestos y tasas administrativas: IRPF, IVA, impuesto de patrimonio, céntimo sanitario, en muchas autonomías un euro por receta (además del copago establecido por el Gobierno central), incremento del canon del agua, del IBI, del transporte público (tren, bus e incluso taxi), del peaje del túnel de Sóller y los de la península, y así un largo etcétera. Las tasas portuarias y aeroportuarias son más caras, lo que compromete la competitividad de nuestros puertos y aeropuertos, las únicas vías de entrada al archipiélago. Ni siquiera se han librado de esta inaudita voracidad recaudadora los premios de Loterías y Apuestas del Estado, gravados a partir de ahora con el 20% aquellos que superen los 2.500 euros.

En Baleares se han establecido nuevos impuestos, que ahora el Govern del PP denomina impuestos ecológicos: aparcamientos en grandes superficies, bebidas embotelladas y alquiler de vehículos sin conductor. Y se han incrementado de forma generalizada las tasas, amén de crearse algunas nuevas como la inscripción en el registro de parejas de hecho, segunda revisión de la dependencia, amarre de barcos en Cabrera, excursiones en los parques naturales, etc. Padecemos un incremento sustancial del precio de la electricidad, gas, butano, teléfono y de los carburantes, que convierte a Baleares en la comunidad donde los ciudadanos pagan el combustible más caro.

Todo esto hace que el ciudadano medio, acribillado a tasas e impuestos que a menudo son confiscatorios, disponga de mucho menos dinero disponible para gastar, lo que repercute de forma directa en el consumo y singularmente en el comercio y que provoca el cierre de establecimientos y negocios.

Paralelamente a todo esto se ha producido una reducción radical del número de empleados públicos y se han congelado las convocatorias de nuevas ofertas, lo que inevitablemente ha incrementado el número de parados. Los derechos laborales de los asalariados han sufrido una mutilación gravísima con las sucesivas reformas laborales emprendidas por el Gobierno. Se ha abaratado el despido y se han dado mayores facilidades a los empresarios para iniciar expedientes de regulación de ocupación sin supervisión de la Administración. Todo esto nos ha conducido a unas tasas de desempleo record en España que sumadas a la disminución de políticas activas de empleo, cursos de formación para desempleados y servicios de orientación laboral abocan a un callejón sin salida a los casi seis millones de parados que hacen cola en las oficinas de empleo.

Por si todo esto no fuera poco, la imposición de tasas judiciales abusivas en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa impiden acceder a la Justicia a gente sin los suficientes recursos, lo que favorecerá la comisión de abusos por parte de los poderosos.

La paralización de ayudas a discapacitados y a personas dependientes, la reducción del número de docentes y sanitarios, el cierre de centros de salud y la limitación de los derechos laborales y sindicales configura un panorama catastrófico para el Estado social y democrático de Derecho que reconoce nuestra Constitución, nunca tan en cuestión como ahora.

Y como toda situación por dramática que sea, es susceptible de empeorar, pues además hay quien exige desde los medios de comunicación y desde tribunas públicas una ley de huelga que dificulte el ejercicio de este derecho fundamental reconocido en la Constitución y ponga fin a las protestas de la ciudadanía. Lo que sumado a un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la represión de tales protestas, nos transporta directamente a épocas predemocráticas casi sin darnos cuenta y sin que apenas nadie lo denuncie.

Con ser todo lo dicho gravísimo, lo peor es que se ha inoculado en los ciudadanos el virus de la sospecha general en el vecino. La culpa de todo lo que sucede es nuestra, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O más concretamente de los funcionarios, o de los inmigrantes sin papeles, o de los ancianos que no pagaban por sus medicamentos, de los universitarios que apenas pagaban por sus estudios o de los sindicalistas liberados. Esto es lo peor de todo, que no nos demos cuenta de que la ciudadanía es la víctima de la desastrosa gestión de una clase política privilegiada y de los abusos de banqueros corruptos y avariciosos. La colocación de Rodrigo Rato en Telefónica, después de haber quebrado Bankia, sin que ni PP ni PSOE hayan movido un dedo para que fuera procesado, lo prueba todo.

DE CABEZA HACIA UN ESTADO POLICIAL

En 2013 conoceremos la lista de grandes defraudadores y morosos. Es una magnífica noticia solo eclipsada por no ampliar la revelación con los nombres de los pederastas, los condenados por violencia de género y los portadores del VIH. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que además de vivir en una pseudo democracia tutelada nos estamos deslizando peligrosamente hacia un estado policial?

¿Recuerda alguien la polémica surgida entre PSOE y PP por el sistema de escuchas telefónicas SITEL durante la legislatura pasada? Ahora que el PP gobierna, ya no hay quejas sobre las garantías que ofrece SITEL o si supone un abuso del Estado contra el Gobierno. Sumemos a eso la denuncia de Amnistía Internacional España por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad en manifestaciones y concentraciones de protesta ocurridas en los últimos meses. ¿No es todo muy preocupante?

Pero lo más brutal es la filtración de “borradores policiales” a los medios de comunicación para, a través de la presión de la opinión pública, obligar a las autoridades judiciales a que investiguen a alguien, incluso a un partido político, sin que nadie se responsabilice de las acusaciones. La legalización de las denuncias anónimas. Pura GESTAPO. A partir de ahora, cuando un policía quiera causarle problemas a alguien no tiene más que escribir en un oficio una serie de acusaciones de cualquier delito, darle el nombre de “borrador de informe” al documento elaborado y enviárselo al periódico correspondiente (hay muchos y de variadas líneas políticas, con lo que solo hay que encontrar el que comulgue con las tesis de uno), aunque por el camino se cometan un montón de delitos. No es necesario que el “informe” esté registrado, ni que lleve la firma de ningún funcionario. El periódico en cuestión lo publicará sin mayor comprobación y se remitirá en todo momento a fuentes policiales anónimas, aunque se puede ahorrar el trámite anterior si lo hace el periódico directamente. Es lo que tienen los borradores de informe policial, que siempre los puede hacer cualquiera. Total, nadie se responsabilizará de lo que pone allí...

Para defender el buen hacer y la profesionalidad de los funcionarios policías, siempre habrá un sindicato policial (hay tantos como periódicos) que defenderá la legitimidad de cualquier policía para investigar lo que les plazca. Y oportunamente se acusará a quien critique este comportamiento estalinista de connivencia con el delincuente. Si alguien alegase que no hay ninguna prueba, el coro replicará rápidamente que es porque no se ha querido investigar. Y así acabamos de convertir España en un estado policial puro y duro. Donde los delitos, si no se han probado es porque no se han investigado. En tal de acabar con el proceso soberanista de Catalunya, lo que haga falta. Aunque sea convertirnos en un estado policial o directamente en una dictadura militar como propone la incalificable Asociación de Militares Españoles que defiende la intervención de las Fuerzas Armadas en Catalunya. ¿Se puede  ser más tarugo?

 

¿QUÉ SABE BENEDICTO XVI SOBRE LA PAZ?

Echemos un vistazo a algunos de los principales conflictos bélicos que hay ahora mismo en el mundo, muchos de los cuales jamás hemos oído en boca del Papa Benedicto siglo XVI –como acertadamente le denomina Matías Vallés–, más preocupado últimamente por cosas más mundanas, como su perfil de twitter o proclamar santos a otra hornada de religiosos y religiosas, siempre más de lo primero que de lo segundo, por supuesto.

Afganistán, Chad, Sudán, Colombia, Etiopía, Irak, Israel-Palestina, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia, Uganda, Yemen, etc. Desafortunadamente, la lista es bastante más larga, pero cito los que más vidas humanas se han cobrado según diferentes organismos internacionales.

A poco que analicemos, comprobaremos que ni en uno solo de los casos citados las partes enfrentadas han expresado jamás que la eutanasia sea uno de los motivos, siquiera colateral, que les ha empujado a empuñar las armas. Es más, no consta que en ninguno de esos países haya legislación al respecto o que la eutanasia se aplique de forma habitual y regular.

El aborto tampoco aparece como motivo de confrontación en estos países. Y el matrimonio homosexual está penado, incluso con la muerte, en la inmensa mayoría de ellos. Sin embargo, los bandos en conflicto no han expresado jamás preocupación por estos asuntos. Nunca han manifestado la más mínima intranquilidad por ellos, como no sea imponer la visión religiosa y teocrática de la vida y la política de un grupo, por encima del resto. ¿Les suena?

Si hiciéramos un ejercicio de cinismo de igual intensidad pero sentido contrario al que hace el Papa, podríamos afirmar que los países que reconocen el matrimonio homosexual son países donde se garantiza la paz y la democracia, lo que supone que este asunto no solo no es una amenaza para la paz sino una garantía de paz.

Sin embargo, el Papa de Roma, en su infinita sabiduría y santidad, ha alertado públicamente que la eutanasia, el aborto y el matrimonio gay son graves amenazas para la paz mundial. Parece que el santo padre ha aprovechado para arrimar el ascua a su sardina… Desde luego, ni una palabra sobre la mortalidad infantil provocada por la desnutrición, la pobreza, las enfermedades que no se combaten por falta de recursos sanitarios, la inestabilidad política motivada por el fanatismo religioso y la intolerancia. Tampoco una llamada de alerta sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, o los abusos que en casi todos los países que he citado sufren las mujeres por el hecho de serlo, condenadas a ser seres humanos inferiores que por naturaleza y por decisión de Dios, según algunos, no pueden llevar a cabo tareas que la divinidad encargó al hombre en exclusiva. ¿Les suena?

Es cierto que en su discurso, el Papa denuncia la creciente desigualdad entre ricos y pobres y también el capitalismo financiero no regulado, así como el terrorismo, la delincuencia internacional y los “fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión”, de la cual él se autoexcluye hábilmente, sin ningún razonamiento posterior.

Cuando el máximo representante de la Iglesia católica, líder espiritual de millones de hombres y mujeres en la Tierra, se pronuncia con esta ligereza sobre las amenazas a la paz, demuestra nítidamente que su visión de lo que es o no la paz está alejadísima de la realidad. Sus obsesiones le pueden y le impiden discernir el verdadero origen de los problemas que hoy sacuden a la humanidad.

Somos ya miles de personas los que creemos que la verdadera amenaza para la paz son el fanatismo, la intransigencia, la discriminación entre hombres y mujeres, las desigualdades y la negación de los derechos de los demás. Solo hay que observar qué sucede en los países que están en guerra. Y en todo esto, la Iglesia católica que dirige Benedicto XVI es una gran maestra.

LA POCA FE DE ROTGER

Empatizo con alguien que llora porque es algo que yo hago a menudo, lo de llorar digo. No puedo evitarlo. Es ver llorar a alguien e inmediatamente me pongo en su lugar. No importa si quien llora es alguien a quien no conozco de nada o si es alguien próximo a mí. Pero hay profesionales a los que no he visto llorar nunca, ni en las peores condiciones posibles, y otros que sí he visto sollozar a menudo y por ello empatizo aún más: los políticos.

 

Ayer vimos las lágrimas de Pere Rotger, obligado a dimitir de su cargo de presidente del Parlament por el juez Castro, el mismo que desimputó a velocidad de la luz a Rafael Torres. El mismo que ni tan siquiera ha llamado a declarar a la infanta Cristina, aunque ha interrogado a todos los empleados y proveedores del Instituto Nóos que era de su propiedad junto a su marido Iñaki Urdangarín. El mismo que ahora afirma que “no es función de este juzgado causar dimisiones”, pero las causa a discreción, según le interese y convenga.

Recuerdo también haber visto las lágrimas de Esperanza Aguirre cuando presentó su dimisión en septiembre de este año. Y las de su eterno rival aunque compañero de partido, Alberto Ruiz Gallardón, cuando dimitió en diciembre del año pasado para acabar de destrozar la Administración de Justicia después de haber arruinado Madrid. Un poco más atrás en el tiempo, recuerdo las lágrimas de Miquel Nadal cuando el 3 de diciembre, también por estas fechas pero en 2009, presentó su dimisión como conseller de Turismo del gobierno de Francesc Antich. También recuerdo la cara de Esperanza Crespí llorando desconsolada, a lágrima viva, cual virgen Dolorosa, mientras comunicaba a los empleados del Imfof su despido. No sabría decir cual de todos los casos citados era más impostado, aunque posiblemente el último se lleve la palma por la hipocresía y la caradura exhibida. Al fin y al cabo, los demás tenían motivos para llorar pero la regidora de Comercio, Trabajo y Juventud en el fondo se estaba partiendo la caja mientras enviaba caprichosamente a decenas de trabajadores al paro. Más recientemente lloró desconsolado José María Rodríguez, aunque parezca increíble, cuando dimitió como delegado del Gobierno en Baleares. Y también Rafa Torres al conocer su milagrosa desimputación, aunque él fue el beneficiario del curso de oratoria impartido por Over Marketing cuyo sobrecoste presuntamente pagaron los ciudadanos de Inca y que con tanta diligencia investiga el juez Castro.

Casi todos ellos me producen un sentimiento de aflicción y pena. No me alegro de su sufrimiento. Pero debo reconocer que en el caso más reciente, el de ayer mismo, de Pere Rotger, no es justo que eche la culpa a Rafael Torres y afirme sentirse traicionado por su sucesor. Aquí lo que ha pasado es que alguien gritó “¡sálvese el que pueda!” tras ver cómo embestían Castro y Horrach. Y el primero en declarar fue el que se largó solo llevándose el único bote salvavidas, dejando a los demás tirados y con el barco yéndose a pique.

Y además, creo que la culpa no es de Torres, sino del propio Rotger. A Torres le salvó su fe, como al samaritano del Evangelio de San Lucas 17, 11-19. Torres hizo una promesa a la virgen de Lluc y fue salvado. Sin embargo, a buen seguro Rotger no tuvo tanta fe porque no cabe ninguna duda de que de habérselo pedido a la Virgen con fervor, como hizo Torres, Nuestra Señora de Lluc no hubiese obrado un milagro con uno sí y con el otro no.

Más le hubiera valido al ex presidente del Parlament peregrinar a pie de Inca a Lluc como hizo Torres. ¡Cuántas lágrimas se hubiese ahorrado!