Desde julio de 2003 a octubre del año 2006 fui secretario de comunicación y portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Puedo decir sin exagerar, aunque no quisiera caer en la inmodestia porque el mérito no fue únicamente mío sino de todo un equipo de personas, que aquella época fue en la que mayor presencia y relevancia tuvo AUGC y nuestras reivindicaciones en los medios de comunicación de ámbito nacional, especialmente en la televisión y en los editoriales de los principales rotativos del país.
Sé lo que ello conlleva, lo difícil que es, cómo trabaja la prensa y cómo se debe respetar su trabajo en todo caso y ponérselo fácil a los periodistas. Aunque muchas veces me llevé importantes disgustos, porque queriendo o sin querer, los periodistas (y sobre todo los becarios en verano…) hacen su trabajo no todo lo diligentemente que sería deseable, como en todos los colectivos, y a veces escriben cosas que no son ciertas.
El caso que más dolores de cabeza me trajo en su día fue el conocido como ‘Caso Roquetas’, ocurrido en el verano del año 2005, cuando un ciudadano falleció en el cuartel de la Guardia Civil al que había acudido a pedir auxilio por una pelea con otras personas, estando bajo la influencia de las drogas y en un gran estado de excitación y violencia. Algunos guardias civiles que intervinieron en el caso resultaron heridos. Y algunos utilizaron armas prohibidas para calmarle, como porras eléctricas… Aquello derivó, además de en la muerte de una persona, en un juicio seguido en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, por delito de atentado grave contra la integridad moral, delito de lesiones y delito de homicidio imprudente, contra 9 guardias destinados en el Puesto de Roquetas de Mar. Tres guardias civiles fueron condenados aunque recurrieron sus sentencias y el Tribunal Supremo zanjó definitivamente la cuestión condenando al teniente al mando del cuartel a un año de prisión por imprudencia grave con resultado de muerte y suspensión de su cargo durante el tiempo de la condena. Y a dos agentes más por sendas faltas de lesiones. Sobre este asunto y su repercusión en los medios de comunicación ya escribí profusamente en mi libro "El caso Roquetas, la Guardia Civil en la prensa", que podéis descargaros en este blog.
Cuento todo esto porque hace algunas semanas en Toledo, como ya expliqué, intervine ante los delegados del 9º Congreso del SUP. Mi intervención fue íntegramente leída y la he puesto a disposición de todos en este blog. Pues bien, llegó a mis manos el periódico “El día de Toledo”, en su edición del miércoles día 10 de junio. En la página 5, correspondiente a la sección local, dan cuenta de lo acontecido en el Congreso del SUP y en una columna a la derecha, con mi foto en la cabecera, titulan entrecomillado: “No acepto el látigo disciplinario del reglamento, no somos lacayos”. La crónica la firma el/la periodista con iniciales C.M. de la redacción Toledo. Y escribe: “La Asamblea Nacional (sic) del SUP también sirvió de merecido homenaje al anterior secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá, quien invitó a todos los perseguidos “a no aceptar el látigo disciplinario del reglamento” y pidió “que no paren hasta lograr avances en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”. En un emotivo discurso, el agente insistió varias veces en que “no somos lacayos, somos funcionarios y trabajadores de la seguridad nacional”. Al terminar este párrafo, se inserta un destacado con el siguiente texto: “Insistió en la necesidad de seguir trabajando para que se pueda reformar en (sic) reglamento disciplinario de la Guardia Civil”.
Se supone, o así lo dictan las facultades de periodismo, que un texto entrecomillado es trascripción literal de las palabras dictadas por el orador. Pero yo en absoluto dije lo que la periodista me atribuye, como se puede comprobar leyendo mi intervención. Si fuera verdad que yo hubiese dicho tales cosas, eso eventualmente pudiera acarrearme problemas disciplinarios serios. Pero yo no dije nada de eso que la periodista me atribuye y son testigos todos los presentes al acto, empezando por el propio ministro del Interior y el director general de la Policía y de la Guardia Civil. Pero en fín, estas son cosas que ocurren y tampoco hay que darles mayor impotancia.
Sin embargo, cosas parecidas me han sucedido en bastantes ocasiones, que a uno le atribuyen cosas que no ha dicho jamás, como sucedió en el Caso Roquetas, donde se dijo que AUGC, por boca mía, se iba a personar como acusación popular y eso jamás fue cierto… pero cuando estas cosas suceden, y por más que lo desmentimos públicamente en rueda de prensa, ya no interesaba la verdad de lo ocurrido, ni nuestra posición como organización, sino entregar una cabeza de turco -la mía, por supuesto- a los “indignadísimos” guardias civiles que habían leído la noticia en algunos periódicos.
Sé lo que ello conlleva, lo difícil que es, cómo trabaja la prensa y cómo se debe respetar su trabajo en todo caso y ponérselo fácil a los periodistas. Aunque muchas veces me llevé importantes disgustos, porque queriendo o sin querer, los periodistas (y sobre todo los becarios en verano…) hacen su trabajo no todo lo diligentemente que sería deseable, como en todos los colectivos, y a veces escriben cosas que no son ciertas.
El caso que más dolores de cabeza me trajo en su día fue el conocido como ‘Caso Roquetas’, ocurrido en el verano del año 2005, cuando un ciudadano falleció en el cuartel de la Guardia Civil al que había acudido a pedir auxilio por una pelea con otras personas, estando bajo la influencia de las drogas y en un gran estado de excitación y violencia. Algunos guardias civiles que intervinieron en el caso resultaron heridos. Y algunos utilizaron armas prohibidas para calmarle, como porras eléctricas… Aquello derivó, además de en la muerte de una persona, en un juicio seguido en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, por delito de atentado grave contra la integridad moral, delito de lesiones y delito de homicidio imprudente, contra 9 guardias destinados en el Puesto de Roquetas de Mar. Tres guardias civiles fueron condenados aunque recurrieron sus sentencias y el Tribunal Supremo zanjó definitivamente la cuestión condenando al teniente al mando del cuartel a un año de prisión por imprudencia grave con resultado de muerte y suspensión de su cargo durante el tiempo de la condena. Y a dos agentes más por sendas faltas de lesiones. Sobre este asunto y su repercusión en los medios de comunicación ya escribí profusamente en mi libro "El caso Roquetas, la Guardia Civil en la prensa", que podéis descargaros en este blog.
Cuento todo esto porque hace algunas semanas en Toledo, como ya expliqué, intervine ante los delegados del 9º Congreso del SUP. Mi intervención fue íntegramente leída y la he puesto a disposición de todos en este blog. Pues bien, llegó a mis manos el periódico “El día de Toledo”, en su edición del miércoles día 10 de junio. En la página 5, correspondiente a la sección local, dan cuenta de lo acontecido en el Congreso del SUP y en una columna a la derecha, con mi foto en la cabecera, titulan entrecomillado: “No acepto el látigo disciplinario del reglamento, no somos lacayos”. La crónica la firma el/la periodista con iniciales C.M. de la redacción Toledo. Y escribe: “La Asamblea Nacional (sic) del SUP también sirvió de merecido homenaje al anterior secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá, quien invitó a todos los perseguidos “a no aceptar el látigo disciplinario del reglamento” y pidió “que no paren hasta lograr avances en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”. En un emotivo discurso, el agente insistió varias veces en que “no somos lacayos, somos funcionarios y trabajadores de la seguridad nacional”. Al terminar este párrafo, se inserta un destacado con el siguiente texto: “Insistió en la necesidad de seguir trabajando para que se pueda reformar en (sic) reglamento disciplinario de la Guardia Civil”.
Se supone, o así lo dictan las facultades de periodismo, que un texto entrecomillado es trascripción literal de las palabras dictadas por el orador. Pero yo en absoluto dije lo que la periodista me atribuye, como se puede comprobar leyendo mi intervención. Si fuera verdad que yo hubiese dicho tales cosas, eso eventualmente pudiera acarrearme problemas disciplinarios serios. Pero yo no dije nada de eso que la periodista me atribuye y son testigos todos los presentes al acto, empezando por el propio ministro del Interior y el director general de la Policía y de la Guardia Civil. Pero en fín, estas son cosas que ocurren y tampoco hay que darles mayor impotancia.
Sin embargo, cosas parecidas me han sucedido en bastantes ocasiones, que a uno le atribuyen cosas que no ha dicho jamás, como sucedió en el Caso Roquetas, donde se dijo que AUGC, por boca mía, se iba a personar como acusación popular y eso jamás fue cierto… pero cuando estas cosas suceden, y por más que lo desmentimos públicamente en rueda de prensa, ya no interesaba la verdad de lo ocurrido, ni nuestra posición como organización, sino entregar una cabeza de turco -la mía, por supuesto- a los “indignadísimos” guardias civiles que habían leído la noticia en algunos periódicos.
La indignación, curiosamente, ya había desaparecido por completo cuando el Tribunal Supremo dictó las condenas contra tres de los imputados y en un voto particular, uno de los magistrados Enrique Bacigalupo, instaba a la condena a todos los procesados, excepto a dos de ellos, como coautores de un delito de lesiones en concurso ideal con homicidio por imprudencia, sugiriendo una pena de un año y seis meses de prisión respectivamente, con la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo que durase la condena a prisión. Y para el teniente jefe del Puesto de Roquetas de Mar, añadía seis meses más de prisión como autor de un delito de lesiones con inhabilitación por un plazo de dos años imponiéndole el pago de un indemnización al hijo mayor de edad de la víctima de 150.000 euros, misma cantidad que fijaba en beneficio de su viuda y que, según resaltaba el voto particular, deberían satisfacer por partes iguales cada uno de los acusados.
Que curiosa es la naturaleza humana… que puede hacer ir y venir la indignación de la gente a su antojo y conveniencia… a eso se llama manipulación. Pero no hay injuria que soporte el paso del tiempo.
Que curiosa es la naturaleza humana… que puede hacer ir y venir la indignación de la gente a su antojo y conveniencia… a eso se llama manipulación. Pero no hay injuria que soporte el paso del tiempo.
Pero a pesar de las 35 candidaturas que concurren a las elecciones, es prácticamente imposible que consigan obtener escaño ningún partido que no sea PP, PSOE, Coalición por Europa (CiU, PNV, BNG, etc.), Izquierda Unida y Europa de los Pueblos – Verdes (ERC, EA, etc.) ¿Cómo me aventuro a hacer este pronóstico tan radical? Voy a tratar de explicarlo y a hablar claro, cosa que no hacen normalmente los partidos que concurren a las elecciones ni sus candidatos.
Esta foto está tomada el 19 de febrero de 2007, un mes después de la manifestación de guardias civiles de uniforme celebrada el 20 de enero en Madrid. Nos entrevistamos en Palma y se interesó por los expedientes que el Gobierno nos había abierto por la protesta. Se ofreció a plantear una pregunta escrita a la Comisión Europea al objeto de llamar la atención de la Comisión Europea y del resto de los países de la Unión sobre las actuaciones del Gobierno español ante el ejercicio del derecho de manifestación de los guardias civiles en los siguientes términos:
Por otra parte, existe la posibilidad de votar en blanco o de abstenerse, cuestión muy peliaguda para la credibilidad de las decisiones del futuro parlamento europeo si continúa aumentando el número de ciudadanos que se desentiende de las elecciones. Recordemos que en las elecciones del 2004 la participación no superó el 45% en España y también en el conjunto de la Unión, y para estas elecciones del 7 de junio el eurobarómetro indicaba que la tasa de abstención podría aumentar hasta el 66%. A pesar de los esfuerzos que van a hacer las 34 candidaturas que concurren a las elecciones para movilizar a la ciudadanía, es muy probable que en esta ocasión aún sean más de 19.039.553 hombre y mujeres, que fueron abstencionistas en el año 2004, quienes decidan quedarse en casa o ir a la playa. ¿Es posible que casi 20 millones de personas estén equivocadas o es una opción bastante juiciosa, como acción y opción personal de protesta? 