CORRUPCIÓN JUDICIAL

Dos jueces fueron expedientados por retrasos y desatención en sus juzgados. Sin embargo, y para corroborar que ellos solo hacían lo que se acostumbra en la Justicia española, otros jueces como ellos tramitaron sus expedientes con idéntico retraso y desatención, lo que motivó que se sobrepasase el plazo de seis meses previsto en la Ley, de tal modo que los dos jueces primeros se han librado de ser sancionados.

Así es como funciona la Justicia española. Sin contemplaciones. Un grupo de altos funcionarios con altísimas prerrogativas sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos, que ahora además amenazan con huelgas ilegales contra el Gobierno que ellos no pueden llevar a cabo, aunque lo hacen cuando les place, y cuyas infracciones disciplinarias quedan habitualmente impunes porque priman intereses corporativos sobre el interés general.

Como es de ver la corrupción no es solamente política, administrativa o empresarial. También la hay judicial. Y mucha. Solo que nadie la persigue, no es castigada y por tanto, no consta que los jueces infrinjan la ley. Absoluta impunidad. Una magnífica pescadilla judicial que se muerde la cola con retraso y desatención mientras exigen normas sobre ‘cargas de trabajo’, convocatoria de oposiciones para ser el único colectivo funcionarial que en estos tiempos que corren se incremente y puedan trabajar aún menos o con más retraso y desatención.

La judicatura en España no se ha convertido en un obstáculo contra la corrupción judicial, sino en un elemento esencial en su reproducción y desarrollo. Esta afirmación se desprende de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de mantener secretas las sanciones que se impongan a los jueces y magistrados. Más oscurantismo y mayor corporativismo no se imagina.

Ya nadie discute que la crisis que nos azota tiene su origen en una crisis de valores. El estamento judicial también sufre una gravísima crisis de honestidad y padece un desarrollo moral por el cual los ciudadanos valoran a los jueces como el peor colectivo profesional público según la encuesta del CIS de mayo pasado, donde un 58,2% de los españoles manifestó tener poca o ninguna confianza en el trabajo de los jueces, seguidos de los inspectores de Hacienda (50,1%) y del personal diplomático (42,5%).

Aún estoy esperando oír el pronunciamiento de un solo juez o de una sola de sus asociaciones profesionales, manifestando su preocupación por la impunidad de los dos jueces que han eludido la Ley que tienen obligación de acatar y aplicar. Será porque la satisfacción es general y nadie tiene motivo de queja. ¿Por qué si no?

IMPUESTOS DE IZQUIERDAS

Más impuestos. Este es el jarabe que nos receta el vicepresidente Josep Ignaci Aguiló para curarnos de esta terrible crisis que padecemos. Además de la dieta a pan y agua que ya llevamos desde hace más de un año, muertos de hambre como estamos, ahora deberemos tomar tan amargo jarabe para “colocarnos en la senda de la recuperación”.
 

Sin embargo, no fue esta la receta que oímos a los dirigentes del PP ni mucho menos a su presidente, José Ramón Bauzá, cuando nos presentó sus propuestas antes de las elecciones. Justamente dijo todo lo contrario: que bajaría los impuestos para que los ciudadanos tuvieran más dinero con el que consumir e invertir y así aumentar la actividad económica y la recaudación.

Encima, se tiene la desfachatez de afirmar que los nuevos impuestos creados son medioambientales –como si un euro no fuera lo mismo que un euro medioambiental– y que tendrán el mínimo impacto en la ciudadanía. ¿Acaso no todos consumen agua? Pues ahora la pagaremos más cara. ¿Acaso no todos consumen bebidas embotelladas? Pues ahora pagarán más por ello. ¿Acaso no van muchos con su coche al hipermercado? Pues ahora pagarán por ello. ¿Acaso no tiene que alquilar un vehículo si el suyo se le estropea o se accidenta? Pues ahora a pagar se ha dicho.

Durante su discurso de investidura, el 14 de junio del año 2011, el presidente Bauzá declaró solemne: “Mi compromiso es hacer una gestión pública responsable, la reducción del gasto de las administraciones, la cancelación de cualquier gasto superfluo, la reducción de personal mediante amortización de puestos... todo ello encaminado a bajar impuestos y dinamizar la economía”.

No solo no ha bajado los impuestos sino que los ha subido escandalosamente, de modo que en Baleares pagamos el combustible más caro de todo el Estado. Un gobierno que ha faltado a su palabra y a su compromiso con los ciudadanos de una forma tan flagrante está totalmente deslegitimado para pedir más esfuerzos y más sacrificios a la ciudadanía.

No puede salir tan barato que se falte a la palabra dada. No puede quedar impune tanto embuste y tanta impostura.

VEJADOS POR MONTORO Y LOS DIPUTADOS DE BALEARES

Suerte que el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, es gran amigo del presidente del Govern José Ramón Bauzá. Si llega a ser enemigo y a querer ridiculizar al PP de Baleares, no quiero ni pensar lo que hubiese podido llegar a hacer.
 

Si la inversión prevista por los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en nuestra Comunidad Autónoma eran de solo 78,7 millones de euros, con una reducción del 45% con respecto al año 2012, lo que llevó al presidente y al vicepresidente del Govern y del PP balear a calificar los presupuestos como “injustos” e “inaceptables ¿por qué razón los cinco diputados del PP no han presentado enmiendas? ¿Por qué razón no han interrumpido su plácido letargo para hacer algo en beneficio de los electores que les han colocado en el escaño? ¿Por qué no han alzado la voz claramente en contra de este abuso que sitúa a Baleares a la cola de la inversión per cápita de todo el Estado?

El diputado Miquel Ramis dijo al conocerse las cifras de los presupuestos que lucharían por mejorar la inversión y que se debía a los ciudadanos de Baleares. Y acabamos de comprobar de qué forma ejercen su compromiso sus señorías. Ahora alega Ramis que “no podemos presentar una enmienda que no esté firmada por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso”. ¡Acabáramos! Entonces no es a los ciudadanos de Baleares a quien se deben los diputados populares, sino a los líderes del Partido Popular que es a quienes la generosa nómina que cobran y el cargo que ostentan. Los ciudadanos no les importan ni mucho ni poco: nada.

Ahora nos dicen que en el Senado se intentará arreglar este desaguisado. Y me recuerda al entrenador de fútbol que al terminar la primera parte del encuentro, perdiendo por 3-0, reclama que aún quedan 45 minutos para la remontada. Verdaderamente lamentable.

ACTIVIDADES, BIENES Y RENTAS DE NUESTROS DIPUTADOS AUTONÓMICOS

El 15 de septiembre del año pasado, Pere Rotger, poco después de acceder por segunda vez al cargo de presidente del Parlament tras las elecciones autonómicas celebradas el 22 de mayo, anunció en la radio autonómica que pediría que los diputados autonómicos hicieran público su patrimonio, siguiendo el ejemplo de los miembros del Congreso y del Senado. Y se comprometió a presentar una propuesta en este sentido a la Mesa de la Cámara y a la Junta de Portavoces.

Unos pocos días más tarde, Fina Santiago y Biel Barceló anunciaron la presentación de una propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara balear para que los diputados autonómicos estuviesen obligados a hacer público su patrimonio.

En abril del mismo año el Partido Popular vetó una iniciativa en idéntico sentido. Sin embargo, la predisposición del presidente Rotger en el sentido de avanzar en la misma transparencia que ya tienen las Cortes Generales hacía preveer un cambio en las filas populares. Pere Rotger pareció haber captado el sentir de las manifestaciones ciudadanas asociadas al movimiento 15-M y dijo que tras las elecciones había “un antes y un después”.

Nada más lejos de la realidad, porque el 8 de noviembre el Grupo Popular votó en contra de la propuesta de cambiar el reglamento de la cámara para obligar a los diputados a presentar una declaración de sus bienes patrimoniales y de las actividades económicas que les proporcionen ingresos. PSIB-PSOE y PSM-IV-ExM se quedaban solos.

¿Qué argumentó el Partido Popular? Fernando Rubio justificó la negativa de los populares en que hace tan solo siete meses que se reformó el reglamento después de 20 años de vigencia, por lo que consideró necesario "huir de reformas exprés". Es una pena que no se lo dijese a Pere Rotger antes, para evitarle tan estruendoso ridículo, aunque ya nadie se acuerde.

¿Por qué motivo los ciudadanos tienen derecho a conocer la declaración de actividades, bienes y rentas, incluyendo el resultado de sus declaraciones de IRPF y hasta el número de coches que poseen Miquel Ramis, Enrique Fajarnés, Juan Carlos Grau, Rogelio Araujo, Pablo Martín, Sofía Hernánz y Guillem García -los diputados por Baleares de PP y PSOE- y sin embargo les está absolutamente vetado conocer iguales datos de los diputados autonómicos?

Quizás de existir igual obligación de transparencia, no estaríamos ahora hablando día sí y día también de la farmacia y los negocios del presidente Bauzá.

El único popular que pareció entender la demanda ciudadana, el mismísimo presidente de la Cámara autonómica, Pere Rotger, recibió tal varapalo que nunca más volvió a desmarcarse de la disciplina militar de su formación.

CERRAR LOS OJOS A LA REALIDAD

Pilar Costa, portavoz del PSIB, afirma que “No podemos cerrar los ojos a la realidad”. ¿Acaso no es lo que llevan haciendo desde las últimas generales?

Su partido cosechó en Baleares 20.000 votos menos en las municipales y 95.000 votos menos en las generales, de los que sí les otorgaron su confianza en anteriores elecciones. Sin embargo, nadie se ha dado por aludido, nadie asumió el fracaso y han condenado al PSIB al descrédito, a la falta de credibilidad que pagan, y pagarán, en cada convocatoria electoral a la que concurran sin renovarse radicalmente.

Veamos algunos diagnósticos aparecidos hoy en la prensa local:
Miguel Payeras (UH): “Quién va a creer a Rubalcaba o a Chacón diga lo que digan? El partido socialista necesita urgentemente unas nuevas direcciones que corten radicalmente con el presente y el pasado inmediato”.

Antonio Tarabini (DdM): “Hoy el PSOE carece de liderazgo, no trasmite un discurso político sólido y coherente, su ideología socialdemócrata es confusa y difusa, no se le percibe como alternativa de poder sólida y creíble”.

José Jaume (DdM): “Qué más tiene que acontecer para que el PSOE diga que o se cambia todo o se perece. Puede que quieran mortificarse hasta el final, apurar el cáliz, aguardando a lo que está escrito que han de padecer en las elecciones catalanas. (…) Si Pérez Rubalcaba no entiende que es menos creíble que el peor Rajoy, si no acepta que conduce a su partido a la ruina, la suerte del socialismo español está echada”.

Si el PSOE no es capaz de sacar conclusiones de este desastre que les coloca, como confesó ayer Juan Fernando López Aguilar, en la peor situación de los últimos 35 años, estará no ya cavando su propia tumba, sino mucho peor: arrojándose a ella con determinación.

Y lo mismo podría decirse del PSIB-PSOE, que aunque muy activo a la hora de denunciar farmacias y vinotecas, y de mirar hacia otro lado cuando el escándalo lo protagoniza alguien de los suyos, está completamente falto de un discurso creíble para el electorado y de una imagen real de alternativa de gobierno al Partido Popular.

UN REVÉS EN LA RECONQUISTA DEL PSOE

José María Barreda afirmó en el Comité Federal del PSOE celebrado el sábado 26 de noviembre del año pasado que “la reconquista ahora empieza por Tarifa”, refiriéndose a la pelea que tenía que dar el PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas. Y efectivamente, la batalla se decantó sorpresivamente de su lado al lograr alcanzar el gobierno andaluz junto a Izquierda Unida, a pesar de que por primera vez en su historia el PP logró ser la fuerza mas votada. Iniciada la reconquista, parece que las huestes socialistas han perdido fuelle ante un enemigo que se muestra desubicado y con exceso de problemas propios, pero que resiste con dignidad porque no tiene rival que merezca ese nombre.
 

En Galicia el PSOE se ha desplomado y el PP renueva su mayoría absoluta con Núñez Feijoo a la cabeza, lo que permite a Mariano Rajoy darse un breve respiro hasta las elecciones autonómicas catalanas del 25 del mes que viene, tras lo cual tendrá previsiblemente un horizonte despejado de citas electorales hasta las europeas de mediados del 2014.

Y en el País Vasco los socialistas ceden la segunda posición a los proetarras de Bildu al perder nueve escaños. Está clarísima la opinión que a los electores vascos les merece la gestión de Patxi López, con todo su aire de superioridad moral y su impostado aire de suficiencia, tan propio de la izquierda y más cuando gobierna. El PNV vuelve al Olimpo del que nunca debieron salir, según su parecer.

Así pues, las elecciones en País Vasco han supuesto, por utilizar el símil de Barreda, el Desastre de la Vega de Granada, donde en 1319 el reino nazarí venció a las fuerzas de la Corona de Castilla, frenando durante más de un siglo el fin de la reconquista cristiana de la península.

Rubalcaba y el PSOE no son vistos por la ciudadanía como una alternativa seria y creíble al PP, a pesar de todo. Lo mismo sucede en Baleares y lo vienen advirtiendo las encuestas. Sin embargo, el PSOE se muestra incapaz de reaccionar y sigue capitaneado por aquellos líderes que lo han conducido al desastre. Y espérate tú a ver lo que pasa en Catalunya el mes que viene…

ENDURECER EL CÓDIGO PENAL

En España cualquier problema se soluciona endureciendo el Código Penal. Cuando sucede algo que provoca un determinado revuelo mediático, rápidamente se anuncia un incremento de penas y problema resuelto. Como consecuencia de esta política, que supone contemplar penas de prisión o aumentar el tiempo de condena, tenemos las cárceles repletas de presos, muchos de ellos preventivos –es decir, aún no juzgados– por todo tipo de conductas ilícitas.

Todo delito que no se condena a pena de cárcel no nos parece debidamente castigado, sin pararnos a pensar lo que cuesta tener a un ser humano en prisión y, lo más importante de todo, si eso favorece o no su reinserción en la sociedad.

“Tolerancia cero” es la expresión de moda con todo tipo de conducta antisocial, sin pararnos a reflexionar que no todas revisten igual gravedad ni deben ser corregidas de igual modo porque no es lo mismo defraudar a Hacienda, causar un incendio forestal por una imprudencia, difundir el vídeo de tu ex por Youtube o acabar con la vida de un ser humano.

En este sentido, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo ayer en TVE que España tiene el Código Penal “más duro de Europa” y que “los problemas de la sociedad española no se pueden resolver aumentando y endureciendo las penas. Este no es el camino en un Estado democrático”. Y ha añadido: “No se puede utilizar el Derecho Penal para dar respuesta a asuntos concretos que han tenido determinados intereses mediáticos”.

El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Esto que proclama nuestra Carta Magna, ese texto solemne que celebramos con un día festivo en diciembre pero que por lo demás incumplimos todo el año, en especial en lo relativo a los derechos fundamentales y las libertades públicas (Capítulo II), es repetidamente vulnerado por los poderes públicos.

Sea porque en España hace 37 años vivíamos en un régimen totalitario de carácter militar, sea porque a menudo los españoles tomamos las decisiones en caliente (y nos encanta hacerlo así, sin meditar las consecuencias), creemos que la cárcel lo soluciona todo y en absoluto es así. Me atrevo a decir que en no pocas ocasiones lo empeora todo.

Nuestro Código Penal ya recoge un amplio abanico de sanciones que, además de no suponer un gasto para los contribuyentes, suponen un beneficio para el conjunto y ayudarían de forma real a la reeducación y reinserción social del condenado, además de obligarle a reparar el daño ocasionado. En especial, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, contemplada en el artículo 39.i.

La cárcel, por más que a la gente le guste ver a los delincuentes entrar en ella conducidos por la Guardia Civil, no sirve de nada y raramente reinserta. Y, además, resulta carísima. Cada preso cuesta alrededor de 60 euros diarios, lo que para una población reclusa de casi 77.000 personas (una de las tasas más elevadas de Europa, con 153 reclusos por cada 100.000 habitantes cuando sabemos que los índices de delincuencia son significativamente inferiores a la media europea) arroja una cifra en el presupuesto de Instituciones Penitenciarias realmente impresionante: más de 1.100 millones de euros, de los cuales el 35% son extranjeros. La empresa de transporte regular de pasajeros por carretera más grande de toda España es la Guardia Civil, con su servicio de autocares para trasladar a los presos entre las cárceles y los juzgados.
Aparte del abuso que se hace en España de la prisión preventiva, la cárcel solo debiera ser el destino de aquellos delincuentes realmente peligrosos o de muy difícil reinserción. Eso es lo que se hace en el resto de países de la Unión Europea y por eso tienen una población reclusa muy inferior a la nuestra.

En el contexto actual, merece la pena reflexionar sobre los resultados de la reforma del Código Penal de 1995 y la que ahora impulsa el Gobierno. Y también sobre la aplicación de penas alternativas a las privativas de libertad para aquellos delitos que no supongan un peligro concreto para los ciudadanos y para los que el ingreso en prisión del reo no supone una mejor reinserción social, sino únicamente satisfacer el ansia de venganza de la sociedad, que además de resultar inútil, es carísima.

LA GUARDIA CIVIL NO TIENE QUE VERTEBRAR NADA

Durante 19 años de mi vida formé parte de una importante Institución, apreciada por muchos ciudadanos, aunque también denostada por otros tantos: la Guardia Civil.

Me enseñaron la Constitución y las demás leyes que regulan su funcionamiento y sus competencias. Sin embargo nunca jamás leí nada de lo que tan rotunda y tajante afirmó la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, durante la celebración de la Fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España y de la Guardia Civil.

La delegada dijo que la Guardia Civil vertebra España. Y es muy preocupante oírselo decir a la representante del Gobierno legítimamente elegido, porque no hay ni una sola Ley que sustente esa función o que diga que España requiere ser vertebrada por un cuerpo armado de naturaleza militar. Supongo que Palmer reproduce lo que le indican desde el ministerio del Interior que manda Jorge Fernández Díaz, torpe y patético personaje que sabe aún menos que ella y que está consiguiendo hacer bueno a su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que ya es decir.

Y me preocupa esta afirmación porque parecería que si algún día la Guardia Civil se unifica con el Cuerpo Nacional de Policía, que a mi juicio es lo que debería suceder mejor pronto que tarde, entonces España se desvertebraría y desaparecería, y eso es una soberana memez.

También me preocupa porque hace unos meses oí al presidente Aznar afirmar que “el PP es la única fuerza que vertebra España”, lo que equipara al PP con la Guardia Civil y eso es aún más preocupante porque el partido en el Gobierno puede acabar teniendo la tentación de utilizar a esta fuerza militar como Chávez utiliza a las Milicias Bolivarianas de Venezuela. O quizás ya lo esté haciendo.

Eso de que “La Guardia Civil vertebra España” lo puede decir el afamado escritor Lorenzo Silva y no pasa nada. Pero que lo diga Teresa Palmer es harto preocupante. La Guardia Civil vertebra tanto España como lo hace El Corte Inglés o el AVE. Es suficiente con que la Benemérita lleve a cabo su misión constitucional y legal de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Pero que nadie cargue más misiones a la Guardia Civil, que con las que la Constitución y las leyes le otorgan ya tiene más que suficiente. Y la vertebración de España, por más que diga la señora delegada del Gobierno, no forma ni ha formado jamás parte de ellas. Un país que necesitase ser vertebrado por militares armados, habría de acogerse a otro régimen político distinto al de la democracia.

Quizás peco de iluso, pero sería genial que un político se documentase antes de leer un discurso y evitase poner su ignorancia tan en evidencia. Aún más si es la máxima responsable de la Guardia Civil en Baleares.

PROPUESTAS CONTRADICTORIAS

Últimamente me viene a la cabeza una de las frases que el ex presidente José María Aznar utilizaba habitualmente.

Era algo así como: sólo puede haber un partido, un programa y un líder. Esas fueron durante muchos años las directrices por las que se regía el Partido Popular. Uno podía estar de acuerdo o no, pero no cabe duda de que unas ideas simples, muy claras y nada contradictorias ayudaban a reforzar el papel de una formación política de ámbito nacional con vocación de gobernar. Lamentablemente eso parece haberse perdido en el partido que actualmente ejerce la acción de gobierno en el Gobierno del Estado y en buena parte de sus comunidades autónomas.

Alguien tendría que explicar por qué el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, plantea compensaciones por la subida del IVA en el ámbito cultural, cuando su partido a nivel nacional no ha dado directrices en ese sentido. Así, no extraña que Fabra desde la Comunidad Valenciana califique su propuesta de “desafortunada”.
Pero es que la propia secretaria general nacional del PP, María Dolores de Cospedal, simultáneamente presidenta de Castilla-La Mancha, propone la reducción del número de diputados autonómicos de su comunidad autónoma y la supresión de los sueldos a los parlamentarios y mantener tan solo las dietas por asistencia a plenos y comisiones. ¿Qué razón hay para que tal medida se verifique en Castilla-La Mancha y no en Baleares, donde tanto el presidente Bauzá como el portavoz Bosch han mostrado su desacuerdo?

Buena parte del crédito de los partidos nacionales se debe a justamente eso: su carácter nacional. Un solo partido, un solo programa y un único líder. Internamente, todo el debate que haga falta. De cara al ciudadano: todos a una. De lo contrario, su desprestigio

POLÍTICOS FORRADOS

Muchas de sus señorías en el Congreso y en el Senado están forradas. ¡Vaya chasco! Nosotros creyendo que las investigaciones sobre el patrimonio de Jaume Matas se habían iniciado por las sospechas –y una oportuna denuncia anónima convenientemente enviada a la Fiscalía Anticorrupción– sobre el tren de vida del ex presidente y ahora descubrimos que era de los más pobres de la clase –clase política, se sobreentiende–. Así, tendremos que creernos que los bienes que atesoran políticos como Rubalcaba, Bono, Salgado, Blanco, etcétera, los han logrado con el sudor de su frente, honrada y esforzadamente. Y que su tren de vida se acomoda a sus ingresos. ¡Seguro!

Reconozco no tener claro si prefiero que gestione el presupuesto público un ricachón o un manirroto sin un duro en su cuenta corriente. Dudo entre un político rico y otro que tras muchos años en política, no tiene –perdón, no declara tener– nada más que 1.400 euros de saldo medio, como el madrileño Tomás Gómez. ¿Cómo le vamos a fiar la llave de la caja a un tío incapaz de ahorrar mientras percibe un generoso sueldo que para sí quisieran cinco millones de españoles?

Sugiero al juez Castro que extienda prudentemente la sombra de la duda e investigue con el rigor que atesora el notable patrimonio de los parlamentarios, especialmente los de Baleares y no sólo los del PP, si es posible. ¿De dónde salen sus abultados patrimonios? Muchos tienen importantes propiedades y no sabemos cómo se han obtenido. Convendrá aclararlo, si es que interesa algo más que cargarse a Matas, lo cual es dudoso. Al final resultará que ni era tan rico como parecía, ni Antich tan humilde como su espartana figura sugiere. Nos consuela que estando en el Senado cobrando aún más de lo que recibía como presidente de Baleares, podrá terminar de pagar sus deudas personales. Las que ha dejado en el Consulado de Mar, más de 1.100 millones de euros, le importan un pimiento. Las pagamos todos.