EL PALACETE DE MATAS

Quién nos iba a decir en la Nochebuena de 2009 y en los días posteriores, donde todos los medios de comunicación se hicieron eco del registro del palacete del expresident Jaume Matas en la calle de Sant Feliu, que en mayo de 2017, casi 8 años más tarde, el asunto quedaría en agua de borrajas y que el mismo juez que ordenó la entrada y registro, ordenaría archivar la pieza separada sobre el supuesto enriquecimiento súbito e injustificado del exministro. Con todo lo que se ha investigado a Matas, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni la Agencia Tributaria, han conseguido aflorar “cuentas, depósitos, fondos o cualquier otro activo patrimonial oculto, dentro o fuera de España”, como bien señala fiscal el -ya en excedencia- Pedro Horrach. Habremos de suponer que si después de tanta actividad investigadora, no se ha encontrado la caja de Cola Cao de Matas, igual es que no existe. Pero hemos de manejarnos con más prudencia que la diputada Núria Riera en Twitter a la hora de lanzar las campanas al vuelo, porque está claro que el expresidente del Partido Popular y del Govern de les Illes Balears experimentó un incremento patrimonial no justificado y usaba reiteradamente “dinero opaco” para adquirir bienes y contratar servicios, pero no se ha podido probar que el origen de esos fondos fuera ilícito o producto de ningún delito.

 Algo falla en este país cuando un responsable político -nada menos que un exministro y expresidente de comunidad autónoma- incrementa de forma notoria su patrimonio y sin embargo, no puede ser llevado a juicio porque no está tipificado como delito. Mucho se habla sobre la conveniencia de introducir este delito en el Código Penal, pero nada se hace al respecto, a diferencia de lo que sucede en muchos países de la Unión Europea y de Iberoamérica.

Ya debimos imaginar que esto acabaría así, porque por más que el juez José Castro y el fiscal Horrach buscaron y buscaron, no encontraron la dichosa caja fuerte llena de dinero que andaban buscando en el palacete. Pero Jaume Matas ya nunca se recuperó de semejante mazazo, como nadie hubiera podido hacerlo nunca. Incluso con las tres condenas que ya lleva a sus espaldas por ahora, no se ha probado que se haya enriquecido por esos delitos. Pero de nada sirve eso, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía piensa en él como el mayor de los ladrones que esta tierra ha criado. Y sin embargo, no lo es.

(Publicado en Última Hora)

ANTES DEBE SER JUZGADO

¿Cree usted, querido lector, que alguien debe ir a la cárcel sin haber sido juzgado antes? Estoy convencido de que la gente mayoritariamente responderá que no, con muy buen criterio. Pues nada más que eso es lo que sucede con Marcos, el conductor de 23 años que al volante de un todoterreno, supuestamente atropelló a Dani Viñals el sábado pasado, estando bajo la influencia del alcohol y las drogas. Es muy comprensible que los familiares y amigos de la víctima pidan a gritos justicia en la puerta de los juzgados, cuando vieron salir en libertad al presunto homicida. Sin embargo, conviene no precipitarse. Como norma general, nadie que no haya sido juzgado debe ir a la cárcel. La prisión preventiva es una medida que solo el juez de instrucción puede imponer y para evitar que se destruyan pruebas o que el sospechoso se fugue. En este caso, la prisión preventiva no era una medida indispensable para evitar tales peligros y según el criterio del juez de guardia, es suficiente con prohibir al acusado conducir y obligarle a comparecer semanalmente en el juzgado.

El sábado por la mañana se produjeron dos accidentes mortales en la isla de Ibiza, donde solo hay un equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico. En cada accidente mortal los especialistas deben elaborar, además del correspondiente atestado, un completo y pormenorizado informe técnico, que servirá al juez para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Pero cuando Marcos fue presentado ante el juez, ese informe técnico no estaba, ni mucho menos, finalizado, porque es materialmente imposible hacerlo en tan poco tiempo. El juez, por tanto, determinó lo mejor ya que sus datos para tomar una decisión eran limitados. Tiempo habrá de juzgar al presunto responsable y de enviarlo a la cárcel, si es que un tribunal lo condena. 

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

SINDICATOS HABLANDO DE CORRUPCIÓN

Este lunes 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, cuando en el telediario informaban de las manifestaciones que con tal motivo se desarrollan en las principales ciudades del país, casi me da algo cuando escuché al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, hablar de la corrupción del PP. ¿No pretenderá que nos hayamos olvidado de los casos de corrupción que han afectado a los sindicatos en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid o de los ERE fraudulentos en Andalucía o en los cursillos de formación o incluso en el caso del líder de la UGT en Asturias, José Ángel Fernández Villa, que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su fortuna en el extranjero? Y es que para reprochar la corrupción a los demás, uno debe exhibir una hoja de servicios impoluta, cosa que no ocurre con los sindicatos, lamentablemente.

También los líderes socialistas se despojaron del traje y vistiendo sus chaquetas de pana se pusieron a manifestarse con el carné de la UGT en la boca. Mucho tengo yo que perder la memoria para olvidarme de que fueron gobiernos socialistas presididos por Felipe González y ministros socialistas tanto de Defensa como de Interior quienes protagonizaron la mayor de las represiones contra el sindicato clandestino de la Guardia Civil, encarcelando a sus dirigentes a través de tribunales militares en plena democracia, sin la menor contemplación, por el único pecado de reclamar la desmilitarización de la Guardia Civil y la legalización del sindicalismo en el Cuerpo, a la vez que se manifestaban el 1º de mayo entonando ‘La Internacional’ con el puño en alto.

De Podemos mejor no decir nada, porque ellos son la novia en la boda y el muerto en el entierro. No hay manifestación en este país que no conviertan ellos en suya, hasta llegar al punto de desfachatez que las manifestaciones de afectados por los alquileres en Ibiza, isla donde ellos gobiernan de la mano con el PSOE, acude a las concentraciones de protesta incluso la consellera insular de vivienda, como si las protestas no fueran con ella.

Y es que vivimos una época de mucho postureo y donde lo principal es acaparar titulares y telediarios. La superficialidad y el argumento fácil lo inunda todo y de ahí que se lancen mociones de censura sin ninguna posibilidad de prosperar, y se vistan como obligaciones morales. Como si no hubiera habido elecciones generales en España no hace ni doce meses, donde los españoles dieron más votos al PP -en el Senado incluso con mayoría absoluta- sin que los asuntos de corrupción no sean más ni peores. Pero no importa, porque de lo que se trata es de atizar la movilización ciudadana y hacer ingobernable el país. Ya lo dijo Pablo Iglesias, que quería movilización en las calles y así hemos tenido el 1º de mayo más participado en los últimos años.

(Publicado en mallorcadiario.com)

PUÑETEROS INTERVENTORES

Días atrás tuvo lugar un acontecimiento de alcance mundial a escala planetaria, que ríete tú de la coincidencia en el poder de Barak Obama y José Luis Rodríguez Zapatero. Ustedes no lo habrán notado, entretenidos como están con sus cosas, pero es algo que habrá cambiado la vida de los habitantes de Ibiza y Formentera para siempre y no creo exagerar. La presencia entre nosotros del presidente del Parlament, que viste como cualquiera de nosotros (yo diría que incluso un poco peor muy a conciencia) y come plato del día como muchos de nosotros (aunque a nadie de nosotros se nos ocurriría presumir de ello) es algo que transformará la sociedad radicalmente como nos tiene prometido Podemos. Baltasar Picornell estuvo en las Pitiusas desde el miércoles hasta el viernes. Se reunió con los presidentes de los consells insulars, Vicent Torres y Jaume Ferrer, que le ilustraron sobre los problemas que afectan a las islas. Él les escuchó atentamente, según cuentan, aunque no costa que tenga ninguna competencia para hacer nada al respecto. También se reunió con representantes de la sociedad civil, aunque más pareciera un encuentro de viejos colegas porque todos son de su cuerda ideológica en una demostración palmaria del peor sectarismo que se recuerda por parte de un presidente de la Cámara legislativa autonómica. Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera -con el candidato de Esquerra Unida Artur Parrón al frente-, Plataforma Sociosanitària -con el director insular de Turismo Vicent Torres ‘Benet’ al frente-, GEN-GOB, Amics de la Terra, Prou y la PAH-Eivissa -con la concejal de Turismo de Vila Gloria Corral al frente-. Vamos, que al presidente Balti le hemos pagado entre todos un tour de escándalo para ver a los amigotes. Que pretenda hacerse pasar esta gira por un viaje institucional es, además de denigrar al Parlament, una burda tomadura de pelo que causa rubor. ¿Esto era a lo que se refería con acercar el Parlament a la ciudadanía? A una parte de la ciudadanía, sería mejor decir, la que le es afín ideológicamente, para que quede claro el desprecio que siente para los que votan a otras fuerzas políticas alejadas de la suya, con quienes no se molesta en reunirse.

Las amenazas de Ferrer

Que con lo que se va sabiendo de determinadas adjudicaciones a dedo por parte del Consell de Formentera, a su presidente Jaume Ferrer le dé por lanzar amenazas de querellas, es de chiste. No es José Manuel Alcaraz quien debe retractarse de sus acusaciones, sino Ferrer quien debe dar explicaciones y así desmontar, si es que está en condiciones de hacerlo, las acusaciones del líder ‘popular’ que, por si no lo sabía, es el jefe de la oposición. Da la sensación de que lo que Jaume Ferrer busca es silenciar al PP con amenazas de querellas, que mucho me temo solo se quedarán en las fanfarronadas de rigor y que no se atreverá a formalizar. Últimamente están en Gent per Formentera muy excitados, pues no aceptan ni sentencias judiciales en su contra ni, como se está viendo, que la oposición denuncie presuntos mangoneos que deben ser aclarados de forma inmediata. Ni tampoco aceptan las advertencias del interventor, que en esto parecen ir de la mano con Sant Antoni.

Ilegalidades que 'Cires' no ve

Tampoco en la bahía de Portmany aceptan ni críticas ni sentencias judiciales, pero el colmo del despropósito es que el concejal de Hacienda, Fran Tienda, presuma de que el equipo de gobierno ha sido elegante. Se me ocurren bastantes calificativos, pero el de elegante no lo hubiera dicho nunca. El hecho incontestable es que hay un informe del interventor que advierte de ilegalidades en los contratos menores adjudicados por el ayuntamiento, por mucho que ahora se encarguen nuevos informes a la interventora accidental para remontarse al pasado y esparcir la sombra de la duda a sus antecesores, como si eso fuera a hacer que desaparezcan las irregularidades denunciadas por el actual interventor, que está de baja médica. Tales críticas ya le han hecho acreedor del título de enemigo público número uno por parte del gobierno municipal de Pep Tur ‘Cires’, desbancando al jefe de la Policía Local, Javier Verdugo. 'Cires' se defiende diciendo que él no ve ninguna ilegalidad -estaría bueno que reconociese que sí las hay- y que hay técnicos que lo ven de una manera y otros que lo ven de otra. Así las cosas, lo mejor que se puede hacer es despedir al secretario y al interventor, porque con la palabra del primer edil ha de ser suficiente. Yo no sé si, como dice Fran Tienda, antes de llegar ellos reinaba el caos, pero lo que sí puedo garantizar es que el actual consistorio de Sant Antoni parece haberse puesto el mundo por montera, dispuestos a hacer de su capa un sayo y a triturar a todo funcionario que se oponga a sus planes.

Que pasen un feliz domingo.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

PALOS DE CIEGO

Los magistrados de la Audiencia Provincial parecen determinados a poner freno a algunos excesos en la instrucción de la causa de presunta corrupción en el seno de la Policía Local de Palma. La orden de alejamiento que el juez Manuel Penalva impuso a José María Rodríguez tras su declaración judicial en calidad de investigado, fue revocada tras el oportuno recurso al considerar que la medida no fue justificada. Además y aquí viene lo más grave, los magistrados de la sección primera consideran que Penalva no ha puesto a su disposición ningún indicio de la presunta comisión delictiva de Rodríguez. Seguramente porque no los tiene. Y es que en este caso hay mucha literatura periodística y pocos hechos probados. Es por esto que la Audiencia de Palma está examinando con lupa todos los recursos que le llegan y tirando para atrás algunas de las medidas adoptadas por el juez. La de Rodríguez es la más reciente, pero hace muy poco, a finales de marzo, ya ordenaron la puesta en libertad de dos agentes de la Policía Local encarcelados preventivamente desde octubre, acusados de episodios de homofobia contra una compañera lesbiana. Los jueces estimaron el recurso de los agentes y les dejó en libertad al entender que había otras formas de proteger a la denunciante menos gravosas que la prisión preventiva.

En este caso la Audiencia está cribando buena parte de las decisiones que adopta el juez instructor y se diría que están atando en corto tanto a Penalva como al fiscal Subirán, hartos de que se dispersen de lo fundamental de la causa. La Policía Judicial está desbordada ante las continuas peticiones y requerimientos que reciben, que tienen todas las características de ser palos de ciego en una investigación que no avanza y que se eterniza. Pronto llegará el día en que desde el Palau de Can Berga haya de revisarse la prisión preventiva de Tolo Cursach y Tolo Sbert y puede haber sorpresas.

Tampoco cabe descartar sorpresas durante los próximos días en el caso de los contratos otorgados por Més a su jefe de campaña electoral Jaume Garau. La Policía cree que se han cometido delitos, ya que al fraccionamiento de algún contrato hay que sumar que se vestían los expedientes con ofertas presentadas por diferentes empresas que estaban bajo el control de Garau. Vamos, un fraude a la administración de manual. De producirse alguna detención el terremoto político sería devastador.

(Publicado en Última Hora)

PURGA EN SANT ANTONI

Procede felicitar efusivamente al equipo de gobierno de Sant Antoni de Portmany por su tarea de denigración de la labor de todo funcionario público que ose criticar o poner objeciones a su gestión, plagada de irregularidades y veremos si también de ilegalidades. Una gestión que desprecia las leyes de forma tan ostentosa y que purga a cualquier funcionario que advierta de ello, ya sea el jefe de la Policía Local o el interventor municipal, merece un autobús propio de esos que Podem y Hazte Oír han puesto de moda. Los mandamases de Sant Antoni que gobiernan el municipio como si fueran señoritos en su cortijo, donde solo rige su real gana y nada más, van sumando damnificados a su ya larga lista de trabajadores públicos laminados por hacer su trabajo. Comenzaron con las manifestaciones de burla y desprecio hacia la Policía Local. Continuaron con el propio jefe del Cuerpo, al que pretenden echar del cargo tras haber denunciado a la concejala Aída Alcaraz por acoso laboral. Ahora le ha llegado el turno al interventor municipal, que tras elevar un informe alertando de la ilegalidad continuada que está perpetrando el equipo de gobierno con el alcalde Pep Tur ‘Cires’ al frente, con los contratos menores que adjudica excediendo del importe máximo permitido o con duración excesiva, ha tenido que recurrir a la baja médica. El alcalde se negó a debatir sobre el asunto en el pleno de febrero, ignorando con evidente desprecio, que se trata no de su dinero, con el que hará lo que le dé la gana, sino con el dinero de los vecinos de Sant Antoni. Lo que comenzó siendo una pandilla de gamberros pasándose de graciosos en las redes sociales ha devenido, como suele suceder, en una banda que disfruta pisoteando la ley, triturando a quienes no doblan el espinazo y enviando al psiquiatra a todo aquel que no les ría las gracias.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

AGUIRRE TIRA LA TOALLA EN UN PP NOQUEADO

La dimisión de Esperanza Aguirre de sus cargos en el PP como concejala y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid es un gesto postrero de dignidad política al que estaba abocada porque no había forma de seguir en sus responsabilidades tras la detención y encarcelamiento de quien fuera vicepresidente de su gobierno en la Comunidad de Madrid y sucesor en el cargo, Ignacio González. Su labor de oposición a la alcaldesa Manuela Carmena, en estas circunstancias y con las sospechas de financiación ilegal del PP de Madrid, del que también fue presidenta Aguirre, había devenido en imposible.

Aguirre afirma que dimite para asumir sus responsabilidades ya que “no vigiló lo suficiente”, tras confesar que se siente “engañada y traicionada”. Esta manifestación pilla al presidente del Gobierno y del Partido Popular de viaje oficial en Madrid, pero no parece que él tenga ninguna intención de hacer nada, como suele ser habitual en su comportamiento en episodios similares.

Todo ha llegado al punto de que ya son legión los cargos o excargos del PP que desfilan por los juzgados y la imagen del partido está por los suelos. Por más que quieran decorarse con los éxitos económicos, con el crecimiento, con la reducción del paro, con la balanza fiscal, con las exportaciones, la evolución de la prima de riesgo y el comportamiento del Ibex35, nada puede hacerse para acallar el escándalo y aplacar la indignación ciudadana ante el enésimo caso de corrupción que afecta al partido más votado de España y que ostenta el Gobierno del país.

El PP no puede seguir negando la evidencia y confiando en que sean los tribunales quienes le hagan la limpieza. Si se tratara de un par de casos, sería algo factible. Pero con lo que se está viendo es absurdo pretenderlo y no queda más remedio que abordar un proceso de renovación que mejor sería fuera de refundación. El PP debe soltar lastre si quiere seguir teniendo posibilidades de gobernar, porque de lo contrario seguirá perdiendo apoyo electoral hasta que las fuerzas de izquierdas sean capaces de sumar los suficientes apoyos como para desalojarlos del poder, como ha sucedido en Balears.

La marcha de Aguirre pone fin a una época, pero aún quedan muchos dinosaurios en Génova que debieran hacer lo que ha hecho ella e irse a su casa. Por iguales motivos, si quieren. Aunque solo sea por no haber vigilado lo suficiente.

(Publicado en mallorcadiario.com)

MODERAR LA CODICIA

Dada la situación de emergencia que en materia de vivienda padecen las Pitiusas, fruto de la codicia desenfrenada que lleva a muchos a pedir auténticas barbaridades por alquilar una habitación o incluso un colchón en una habitación a compartir, hemos de comenzar a hablar de corrupción ciudadana. Tras la corrupción política viene ahora la corrupción común, asequible a todo el mundo y que tienta a todo aquel que ahora disponga de un sofá, una cama, no digo ya una habitación donde quepan dos camas. Por cada cama se pueden pedir 400 e incluso 500 euros, gastos aparte, y aún habrá quien diga que es una ganga. Todo en negro, por supuesto, que demanda no faltará. El que tiene un piso vacío puede pedir una auténtica fortuna, que se la pagarán, pero no será un médico de Can Misses con su familia, ni un profesor de instituto, ni un policía nacional, porque estará fuera de alcance. Pero no importa, porque se ha instalado en la conciencia colectiva que de lo que se trata ahora mismo, a estas alturas de temporada, es sacar el máximo beneficio de cualquier posibilidad de alojamiento, sin atender nada más. Vamos, como hizo Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, alcalde de Sant Josep de Sa Talaia, cuando subastó los lotes de playa al mejor postor. Haciéndolo nuestros líderes políticos la senda está marcada y no queda más que copiar el ejemplo. Y así estamos.

Porroig

Los hay que recurren a la ‘okupación’ para tener casa y los hay que, aun teniendo casa, a menudo de lujo, no se resisten a ‘okupar’ un espacio público que no es de su propiedad. Lo que ha sucedido esta semana en Porroig es paradigmático y muy revelador de la gravedad de la situación. Si no se actúa con contundencia y sin remilgos, no habrá forma de hacer que la gente respete la Ley y la propiedad privada, pero también la propiedad pública. Gente que se cree con derecho de tomar aquello que está a su alcance, sin más derecho que su libre albedrío y voluntad. Afortunadamente, la conciencia social y medioambiental de muchos ciudadanos hace que rápidamente se denuncien casos como el vivido esta semana en las redes sociales y obligando a las autoridades competentes a actuar, aunque no sabemos con qué consecuencias para los usurpadores.

Airbnb

Terraferida reveló este sábado la magnitud de la oferta de vivienda vacacional que oferta el portal Airbnb, quizás la más importante de las webs de comercialización de este segmento turístico. 4.716 alojamientos con un total de 26.915 plazas. Sencillamente brutal. No hay por qué pensar que todas ellas son ilegales, pues habrá muchas que estén regularizadas y dadas de alta como alquiler vacacional. Pero ¿cuántas de esas plazas son ilegales? Terraferida estima que el 80% podría ser ilegal. He aquí la razón por la que ahora mismo es casi imposible encontrar vivienda a precio razonable en Ibiza y Formentera. El mercado de alquiler residencial está desprovisto de alojamientos porque casi todos, en esta época del año, son destinados a los turistas.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos, además de volver a manifestarse como hicieron ayer los de la plataforma de afectados por los alquileres? Las autoridades deben reforzar la inspección y aplicar sanciones económicas muy duras -recurriendo incluso al precinto de los inmuebles en caso de reincidencia-, que disuadan a los propietarios de pisos de alquilarlos a turistas, sino a residentes y trabajadores. Pero los muchísimos ciudadanos que también están ahora mismo alquilando una habitación o una cama a algunos de los currantes que vienen a hacer la temporada, deben moderar su avaricia y dejar de exigir barbaridades por una simple cama en una habitación compartida. Es responsabilidad de todos parar esta espiral perversa y autodestructiva en la que cualquiera puede verse atrapado en cualquier momento. No se puede criticar la corrupción política y a la vez montar tiendas de campaña en una terraza y cobrarlas a precio de oro, o alquilar furgonetas con una cama plegable dentro, como si fuesen apartamentos en Playa d’en Bossa. Y del mismo modo en que criticamos en las redes sociales a un restaurante por cobrar mucho por comer a la carta junto al mar, debemos censurar a aquellos que sacan tajada de la situación insostenible e inaudita que atraviesa la isla en materia de vivienda. Se dirá que se trata de la ley de la oferta y la demanda y cada cual es libre de lavar su conciencia del modo que quiera, pero luego no vale quejarse de las listas de espera en Can Misses o de los robos en las casas en el campo por falta de funcionarios.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)

EL MOTORISTA FANTASMA

El caso de presunta corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, siendo todo lo grave que se quiera y teniendo aspectos propios de una novela negra ambientada en Chicago años 20, parece eternizarse. Quizá porque se ha acrecentado ficticiamente, mucho más de lo que hay en realidad. Que unos cuantos policías locales sin escrúpulos se beneficiasen de copas gratis y sexo con prostitutas, a cambio de hacer la vista gorda en determinados locales de Palma y Calvià, es una cosa; y otra muy distinta es sostener -y probar, cuidadito- que había una auténtica banda criminal organizada, compuesta íntegramente por funcionarios públicos y dirigida por políticos de un partido concreto, dedicada a todas las actividades delictivas que se contemplan en el Código Penal y alguna más. Cuando se mete aire en el globo y se sopla sin parar, acaba por reventar. Algunos han querido exhibir el globo más grande de la feria, en lugar de hacer lo que se acostumbra en toda investigación penal, que es ceñirse a los hechos y no dejar volar la imaginación en base a leyendas urbanas, relatos delirantes de motoristas fantasmas, francotiradores en azoteas y orgías sexuales grabadas en vídeo.

En este caso se están destapando auténticos ajustes de cuentas y algunos materializan su venganza, ahora que el momento parece ser propicio. Algunas patrañas vertidas por drogadictos y delincuentes multirreincidentes de la peor calaña o por, sencillamente, cualquiera que vea la oportunidad de cobrarse alguna vieja deuda pendiente. El exdiputado y exconcejal del PP de Palma, Carlos Veramendi, defendido por el abogado Agustín Aguiló, ha sido exonerado por el juez de los delitos de los que venía siendo acusado durante ocho meses. Se sostuvo -ahora sabemos que sin pruebas- que Veramendi cometió tráfico de influencias y coacciones, utilizando a la Policía Local para que actuase a su favor, inspeccionando locales próximos a su domicilio. Nada de eso se sostenía y el juez Penalva, con el informe favorable del fiscal Subirán, ha acordado el archivo de la causa. Una buena noticia para el veterano político, que difícilmente compensa el mal trago de verse injustamente acusado y vilipendiado, en un asunto tan escabroso y desagradable.

Ya son muchos los meses que duran las investigaciones, parcialmente declaradas secretas, y se diría que las pesquisas no avanzan ni estando Tolo Cursach en prisión preventiva.

(Publicado en Última Hora) 

ALGÚN DÍA HABRÁ PARADOR

Tranquilícense todos. Que nadie se ponga nervioso. La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, asegura que algún día habrá Parador de Turismo en Vila, pero como es algo que depende de varias administraciones, Ajuntament de Vila, Consell d’Eivissa y Gobierno de España, pues las cosas de palacio van despacio y no hay forma de concretar cuándo se reanudarán las obras. Entre el Cetis y el Parador, los habitantes de la isla andan un poco desanimados porque no hay forma de ver la luz al final del túnel. Si añadimos a esto la construcción del nuevo edificio de los juzgados, que quizás en 2020 estará terminado, aunque eso no hay forma de saberlo a ciencia cierta, pues al final uno tiene la sensación de que Eivissa es El Escorial, donde las obras son eternas y nunca se terminan.

Igual de alucinantes son las obras de emergencia que se llevan a cabo para reforzar el acantilado de sa Penya, cuya erosión pone en peligro la muralla y la Casa Broner. 2,3 millones de euros para proteger 3.000 metros de talud, inyectando hormigón a alta presión e instalando doble mallazo para evitar desprendimientos y levantando una nueva escollera de 1.080 toneladas que proteja el acantilado del oleaje. Para llevar a cabo esta gran obra de ingeniería, ha habido que construir un camino de tierra por el que los camiones puedan llegar hasta la playa de Baix sa Penya. Y nada de esto cuenta ahora mismo con la declaración de impacto ambiental, pese a la magnitud de la obra. Los hay que sin ningún dato científico, achacan la erosión del acantilado a la construcción del dique de Botafoc. Dicen que aquello cambió las corrientes marinas en la boca del Puerto de Vila. Nada dicen de cómo va a afectar al entorno lo que se está haciendo. Los cornetas del Apocalipsis hacen sonar sus trompetas sólo a ratos, según sea quien manda hacer las obras.

(Publicado en Periódico de Ibiza y Formentera)